Hoy se reportó que en el edificio de Medicina Tropical de la UCV estaba, con un récipe falso, la misma persona que se hizo pasar por madre de un preso político en Zona 7 junto a Jorge Rodríguez. Alertamos sobre este intento de saboteo chavista contra nuestro centro de acopio(1/3)
RESCATEMOS LA ESPERANZA | Fabiana fue rescatada con vida luego de 48 horas de pasado el doble terremoto. Vivía en las Residencias Ritamar en La Guaira. Su sonrisa e inocencia al sostener una conversación con el equipo de rescate, impactan al mundo.
Con calma y una conducta alegre y contagiosa en medio de tanta destrucción, Fabiana le grita a Venezuela que hay esperanza. Su sonrisa le grita al mundo que hay esperanza.
Pero ese grito debe ser un llamado a la acción urgente del Estado, a utilizar el máximo de sus capacidad para que podamos contar la historia de cientos de NNA que aún están bajo los escombros.
Ya la sociedad civil mostró su capacidad organizativa, su disposición irrestricta. Los grupos de rescate hacen su trabajo pero hasta ahora las trabas las está poniendo el Estado, que dispone de las maquinarias y recursos que se requieren en estas situaciones. Las trabas no las pone la sociedad, que vuelve a demostrar capacidad de resolver colectivamente sus tragedias, incluso a pesar del Estado represivo.
En la atención del terremoto, la respuesta de la institucionalidad gubernamental ha sido lenta, casi al punto de criminal, y la vida de decenas de miles de compatriotas corre riesgo cada minuto que pasa.
El principio de Prioridad Absoluta de la Protección Integral exige a los Estados actuar con celeridad y con todas las medidas y recursos necesarios para proteger, sobre todo, a la infancia y la adolescencia.
La sonrisa de Fabiana nos habla de una sociedad que puede salvarse si se dispone. De una sociedad que tiene esperanza si se decide. Su madre, Karina Blanco, celebra la vida hoy. Venezuela entera se inunda de esperanza.
Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado este lunes por @delcyrodriguezv, recordamos que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
Al crear el Arco Minero del Orinoco, las autoridades no consideraron la existencia de parques nacionales, reservas forestales y otras figuras de protección ambiental, menos aún, a los territorios ancestrales y tradicionales de pueblos indígenas, que no fueron consultados.
No se realizaron los estudios de impacto ambiental y sociocultural, obligatorios por ley.
Con el Arco Minero del Orinoco se transgredió abiertamente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho humano a un medio ambiente sano.
La puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco, impulsó el avance de la minería ilegal descontrolada en todo el sur del país, trascendiendo los límites geográficos establecidos en el propio Decreto de creación del Arco Minero del Orinoco.
Además, se atizaron las disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer el control de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
Las tensiones entre indígenas y actores estatales y grupos armados no estatales, -incluyendo a las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC- han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas, que ha sido impulsada por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco.
La paralización de los procesos de demarcación de territorios indígenas; el abandono de las obligaciones estatales de proveer salud, alimentación y seguridad a sus comunidades; la ausencia de garantías para los derechos a la movilidad, educación y a la participación política en igualdad de condiciones y el desmantelamiento de la institucionalidad y la guardería ambiental, forman parte de un amplio repertorio de abusos y ausencias estatales que echan por tierra todos los avances que se alcanzaron con la aprobación de la Constitución de 1999.
Insistimos, la minería ilegal se ha expandido más allá de los límites establecidos en el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, impactando intensamente otras áreas que deben ser protegidas, como la Reserva Forestal La Paragua, el parque nacional Canaima y todo el estado Amazonas, entre otros.
En la actualidad, la actividad minera ejercida sin ningún tipo de regulación institucional, pero con evidente complicidad oficial, genera graves daños ambientales como deforestación, contaminación mercurial de suelos, agua y ecosistemas en general.
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Recién, la Sra. @delcyrodriguezv aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025. Pero eso no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas.
La malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.
Se han registrado más de 390 muertes entre indígenas Yanomami, en su mayoría por malaria, en los últimos años.
Un panorama tan complejo, urge respuestas inmediatas.
Las autoridades venezolanas deben asumir un compromiso real con la protección de la Orinoquía y la Amazonía y, sobre todo, con los pueblos que la habitan.
Ello incluye el cumplimiento de:
- Los procesos de demarcación, auto-demarcación y entrega de titularidad de tierras a los pueblos indígenas.
- Respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la asociación autónoma de los pueblos y organizaciones indígenas.
- Paralización de los proyectos de mega-minería en el marco del Arco Minero del Orinoco, hasta tanto no se realicen, adecuadamente, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas afectados.
- Lucha eficaz y sostenible contra la minería ilegal, el desalojo de grupos irregulares y el desmantelamiento de las gobernanzas ilícitas que controlan el territorio.
- Suscripción y adopción del Acuerdo de Escazú.
- Cumplimiento del plan de salud Yanomami, y compromisos para extenderlo al resto de los pueblos y comunidades indígenas.
📣COMIENZA TUITAZO | #CierrenTODOSLosCentrosDeTortura
Hoy 22 de enero alzamos la voz en redes para exigir el cierre inmediato de todos los centros de tortura en Venezuela. El Estado sigue matando personas bajo custodia, manteniéndolas en condiciones inhumanas y retrasando excarcelaciones anunciadas que nunca llegan.
El Helicoide, El Rodeo I, Guaicaipuro, Zona 7, Yare, Tocorón, Tocuyito, El INOF, Ramo Verde, La Crisálida y calabozos policiales ya no son cárceles: son espacios de tortura, incomunicación, abandono médico y castigo también contra las familias.
En menos de dos meses dos presos políticos murieron bajo custodia del Estado en Zona 7 y El Helicoide esperando ser liberados. No fue un accidente: fueron muertes prevenibles.
Al 20 de enero, las excarcelaciones anunciadas alcanzan menos del 10%, mientras más de 1.000 personas siguen injustamente detenidas. El retraso también es tortura.
¡Súmate! Postea con los hashtags: #CierrenTODOSLosCentrosDeTortura #QueSeanTodos
En la siguiente carpeta consiguen material de campaña ➡️https://t.co/nprmkaSoRo
Publica, denuncia, nombra los centros y suma voces.
Cada centro abierto es una amenaza. Cada día de silencio es complicidad.
Cerrar los centros de tortura es salvar vidas.
En El Rodeo I, presos políticos permanecen incomunicados y sin garantías judiciales.
La detención se convierte en castigo y represalia política.
#CierrenTodosLosCentrosDeTortura#QueSeanTodos
El uso de cárceles como El Rodeo I para castigar ideas políticas viola el derecho a la vida y a la integridad personal.
Eso es tortura.
#CierrenTodosLosCentrosDeTortura
Veinte meses han pasado desde que Carlos Julio Rojas fue privado de libertad, y su situación continúa siendo motivo de profunda alarma. Periodista y defensor de derechos humanos, permanece detenido en El Helicoide y -según denuncia de sus familiares- sin acceso efectivo a una defensa adecuada, ni pública ni privada, una condición que vulnera principios esenciales del debido proceso.
Su caso evidencia una violación sostenida de derechos fundamentales garantizados por la Constitución venezolana y por los estándares internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a proteger la libertad, la defensa y la dignidad de toda persona.
Como organización defensora de derechos humanos en Venezuela, exigimos que se restablezcan de inmediato sus garantías y se ponga fin a su detención arbitraria.
#JusticiaYLibertad
#LibertadYa Es profundamente preocupante la situación de Carlos Julio Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, quien lleva 20 meses detenido en el Helicoide sin acceso a una defensa adecuada, ya sea pública o privada. Su caso refleja una grave violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Venezuela, que sigue vigente y debe ser respetada.
Ninguna persona debe permanecer privada de libertad sin un debido proceso, sin cargos claros o por motivos arbitrarios. La detención prolongada sin juicio justo es una forma de violación de los derechos DD.HH.y atenta contra el Estado de derecho.
@_Provea@LabPazVe
#Amnistía
#HumanRightsWatch
#ONUDerechosHumanos
#ForoPenalInternacional
#NavidadSinPresosPoliticos
#LibertadYaCarlosJulioRojas
LIBERENLOS | Todo el pueblo venezolano exige que liberen a los #PresosPoliticos. Fueron detenidos injustamente sólo por opinar distinto al gobierno, por defender derechos, por informar, por luchar pacíficamente. Para que haya paz en Venezuela exige #NavidadSinPresosPoliticos
Desde las elecciones de julio de 2024, 7 presos políticos han muerto bajo custodia. Sus familias enfrentan la Navidad con duelo e indignación.
#NavidadSinPresosPolíticos
Tras las elecciones de 2024, 220 menores fueron detenidos. Hoy 5 niños siguen presos. Ningún niño debería pasar la Navidad encarcelado.
#NavidadSinPresosPolíticos
La violencia sexual y de género no se detiene en Navidad. La Misión de la ONU documentó 22 casos vinculados a la represión en #Venezuela.
#NavidadSinPresosPolíticos
Esta Navidad, al menos 20 periodistas y trabajadores de la prensa están presos por informar. Sin libertad de expresión, no hay celebración posible.
#NavidadSinPresosPolíticos
Esta Navidad, trabajadores y sindicalistas están presos por defender derechos laborales y exigir condiciones dignas en #Venezuela. Sus familias enfrentarán las fiestas con una ausencia injusta en la mesa. Defender el trabajo no es un delito.
#NavidadSinPresosPolíticos
Esta Navidad, maestros y profesores están presos por alzar la voz en defensa de la educación y de sus derechos. Sus aulas están vacías y sus familias incompletas. Enseñar no es un delito.
#NavidadSinPresosPolíticos
Mujeres mayores de 70 años pasan la Navidad presas por razones políticas en #Venezuela. Castigar la vejez también es violencia de Estado.
#NavidadSinPresosPolíticos
Más de 80 presos políticos enfrentarán la Navidad con su salud en riesgo y sin atención médica adecuada. La prisión no puede ser una condena a muerte.
#NavidadSinPresosPolíticos