Colapsó la política infame de @nayibbukele de hacinar personas como cucarachas en enormes galpones patibularios, sin fórmula de juicio y de manera indefinida.
Ya tiene al 1,67% de la población del país en esas mazmorras infrahumanas y se acaba de ver obligado a reconocer el desastre humanitario y judicial que ocasionó, debido al cual ya han muerto varios millares de personas sin que nunca se les hubieran hecho cargos formales y controvertibles.
Para dorar la píldora, ha celebrado “juicios” en los que “juzga” en gallineros enormes a miles de seres humanos ante un mismo juez y con un solo abogado defensor (de oficio) para todos. Los acusados comparecen acurrucados, semidesnudos, amarrados de pies y manos y sin derecho a emitir palabra alguna. Al final, en todo los casos, las sentencias masivas, redactadas por Bukele, no sorprenden a nadie: son condenatorias y sin segunda instancia para una apelación.
Solamente contra menos del 1% de los confinados hay pruebas relativamente sólidas.
El Salvador es el país con la tasa de población penitenciaria más alta del mundo.
Mientras todo esto ocurre, Bukele, su familia y su entorno están entregados a la más vergonzosa y descarada corrupción oficial. Saquean los bienes públicos a manos llenas y a la vista de todos.
Este régimen del terror les quitó los bienes y borró del Registro Civil a los periodistas que se atrevieron a denunciarlo. Los que sobrevivieron están en el exilio y se esconden de sicarios que el dictador suele mandar a buscarlos.
A estas alturas, Bukele le ha hecho más daño a ese país que todas las bandas o “maras” que dice combatir.
La paz de El Salvador no es tal sino miedo y silencio generalizados. Es el inconfundible avasallamiento del terrorismo de estado con careta de orden y libertad, como la que pretenden montar, por ejemplo, Espriella en Colombia y Noboa en El Ecuador.
Mensaje para el Señor Presidente de la República @ABDELAESPRIELLA y @carlossuarezr
Me permito poner en su conocimiento, con la formalidad que exige su investidura y la firmeza que demanda la gravedad de los hechos, una situación que afecta directamente la integridad de una entidad del Estado PRO-LIBERTADES y que, de no ser atendida con celeridad, constituye un riesgo institucional de primer orden.
La señora Lina María Garrido Martín(@linamariagarri1) identificada con cédula de ciudadanía 1.116.777.084, ocupa el cargo de Directora General de Agencia, Código E3 Grado 5, de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en virtud del Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026 y del Acta de Posesión N.º 004 de la misma fecha. Para acceder a dicho empleo de libre nombramiento y remoción, acreditó una experiencia profesional que, según la documentación aportada ante las autoridades competentes y los registros públicos consultados, presenta inconsistencias graves que configuran, a juicio de los denunciantes, los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal e inducción en error al nominador, además de una posible falta disciplinaria gravísima y un detrimento patrimonial al Estado.
En particular, la servidora pública certificó haber desempeñado el cargo de Directora de la Asociación de Ganaderos de las Sabanas de Arauca (ASOSABANA), NIT 901141467-9, entre el 13 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2022. Sin embargo, los certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Arauca y la respuesta oficial de esa entidad del 8 de octubre de 2026 (radicado CDCCAE26-2201) dan cuenta de que únicamente se encuentra inscrita el Acta de Constitución de la asociación, fechada el 19 de diciembre de 2017, y que no existen actas posteriores registradas. En ninguno de los documentos públicos de la Cámara aparece el nombre de la señora Garrido Martín, ni se evidencia la existencia estatutaria del cargo que ella alegó haber ejercido. De las cinco certificaciones de experiencia presentadas para el nombramiento, tres son objeto de cuestionamiento formal por los mismos motivos.
Estas irregularidades han dado lugar a las siguientes actuaciones, radicadas el 13 de octubre de 2026:
Denuncia fiscal ante la Contraloría General de la República por presunto detrimento patrimonial, radicado 2026ER0231600.
Solicitud de control preferente excepcional ante la misma Contraloría, radicado 2026ER0230845.
Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de fraude procesal (artículo 453 del Código Penal), falsedad en documento privado (artículo 289), cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio, concierto para delinquir y uso de documentos falsos.
Queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con solicitud expresa de medida cautelar de suspensión provisional del cargo y compulsa de copias de las actuaciones penales.
Señor Presidente: un funcionario que accede a un cargo de dirección en una entidad que administra el patrimonio público y la política de tierras del Estado mediante la posible falsificación o adulteración de sus soportes de experiencia no representa un simple problema administrativo. Representa un peligro para la legalidad del acto de nombramiento, para la correcta administración de los recursos de la Nación, para la confianza ciudadana en las instituciones y para la legitimidad misma de las decisiones que se tomen desde ese cargo. La Agencia Nacional de Tierras no puede estar encabezada por una persona sobre quien pesan, de manera simultánea y documentada, investigaciones fiscales, penales y disciplinarias por haber inducido en error al nominador.
En un Estado de Derecho, la investidura no confiere impunidad ni inmunidad frente a la evidencia. La verdad documental no se negocia. Por ello, le solicito, con el respeto debido a su investidura y con la claridad que el asunto exige, que ordene a las autoridades competentes la priorización inmediata de estas investigaciones y que, mientras se resuelve de fondo la veracidad de los documentos que sustentaron el nombramiento, se evalúe la procedencia de separar a la señora Lina María Garrido Martín del cargo, en salvaguarda del interés público y de la integridad de la entidad.
La República no puede permitirse que la falsedad se instale en los altos cargos del Estado. Menos aún cuando las pruebas documentales y los radicados oficiales ya están sobre la mesa.
Atentamente,
Armando Capito (Armando Luis Angulo Paternina)
Ciudadano de la República de Colombia
¿Qué va a pasar?¿Podremos reversar esta nefasta situación actual?¿Será posible continuar camino al bienestar de nuestra sociedad?
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Desde adolescente he tenido muy claro que los hijos que tuviera se educarían sabiendo de la historia de Colombia y que los libros y la belleza del mundo y la poesía serían sus compañeros de por vida.
Lo intente y escogi siempre el amor para tenerlos y siempre mi amor buscó mujeres profundas, decentes, fundamentales. No hago el amor sin sentimientos, mis hijos siempre han sido fruto del amor y deseados, solo la clandestinidad,la cárcel me apartó de ellos.
La acusación de Eva contra la madre de mis hijas menores sin ninguna prueba y contraevidente con las mismas imágenes y los procedimientos en el uso de aviones oficiales es de una maledicencia total, más que de Eva, a la que conozco y no accedí a sus peticiones de contratos, a la directora y dueño de la revista. No importa ni el dinero ni lo poderoso que sea ni que sea amigo del genocida .
Se de que lugar inmundo y sanquinario proviene el ataque a mi familia mostrándola como narcotraficante de drogas y armas, cuando conozco de la ayuda que me dio el señor, abogado y periodista Jorge Emilio Alcocer en la lucha contra el narcoparamilitarismo de Sucre y del apoyo que recibe de Emilio Alcocer uno de los fundadores del departamento de Sucre, abuelo y bisabuelo de mis hijas, sin una mancha de corrupción en sus vidas públicas y profesionales. El insulto de la revista a una familia que supo separarse a tiempo del poder y la codicia cuando la sangre y la cocaína se apropiaban de las sabanas dejándolas llenas de sangre por las masacres a campesinos humildes que yo denuncie, no tiene nombre.
Hasta en esa revista hoy en la esfera del genocidio tasbaja y fue testigo de la posición de la familia Alcover, una periodista que recibió el apoyo de hoy la familia atacada para que pudiera hacer sus artículos en la misma linea de lo que eran mis debates contra la para política.
Yo juré y firmé hace 37 años un acuerdo de paz por el cual dejaba personalmente el uso de armas en el ejercicio de la política, he cumplido letra por letra, pero a la revista de la esfera del genocidio con misiles, sin una sola prueba, grita a todos lis vientos que habría roto ese acuerdo con negocios cimentados en la codicia, codicia que nunca estuvo en mi corazón pero si en los que se apropian de contratos de concesión petrolera en un país con un gobierno dominado por extranjeros incluído el genocida que entrega petróleo a sus amigos.
Llos aviones oficiales de mi gobierno jamás viajaron con armas clandestinas ni drogas y al contrario, saque todo oficial sospechoso de hacerlo antes de mi gobierno en donde si se hacía.
He solicitado a todas las personas afectadas por un infundio tan enorme y que cuenta como prueba con el dicho de Eva de que: "una persona me dijo" que denuncien ante los tribunales no solo a Eva, sino a directora y dueño de la revista si no hay retracción pública y con la misma dimensión con que irradiaron la calumnia.
Y la pregunta es: ¿Si solicitan un presupuesto nacional más alto que el propuesto por el gobierno anterior y, además, se realizan recortes en múltiples rubros, para dónde o qué van a hacer con esa gran parte del erario? https://t.co/7dQDfAas4Q
¿ESTATUTO ANTITERRORISTA O RÉGIMEN DICTATORIAL?
El borrador que anuncia el gobierno bajo el título de “Estatuto Antiterrorista” es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial.
Este proyecto es en realidad un instrumento, cuyo carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos.
Llama la atención, que su modelo de referencia principal sean instrumentos jurídicos y legales, estadounidenses y no el derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos, o el derecho internacional humanitario.
En esta línea de definición genérica, la forma en que caracteriza al terrorismo es especialmente vaga.
Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo esta definiciones, el actual gobierno entraría en esa categoría.
Es evidente que ese carácter genérico e indefinido puede dar lugar a que, por ejemplo, bajo la concepción del actual gobierno, expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas.
El hecho de que sea la autoridad ejecutiva la que mediante órdenes administrativas incluya a personas o grupos en la llamada “lista de organizaciones terroristas”, sin que exista decisión judicial que anteceda semejante decisión, también abre un amplio espectro para la arbitrariedad y las decisiones de carácter dictatorial.
La inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal.
Es decir, se abre la puerta a un régimen dictatorial en el que las libertades son puestas en peligro y sometidas a la voluntad de un gobernante déspota.
La figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo se convierte en la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno, puesto que está previsto para una duración de cinco años.
Como si todo esto fuera poco, la norma faculta al gobierno para legalizar el espionaje, las escuchas ilegales y la inteligencia criminal.
De ser aprobado este estatuto con el contenido que se presenta a la opinión pública como un borrador, la Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario, quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia.
Esto no es una lagaña de mico, no mucho menos. Es jugar con la vida de miles de personas... Vaya vaya... Con razón afirma que la ética no tiene nada que ver con el ejercicio profesional del abogado https://t.co/aOiCLEnyoJ
Sólo hago pública una pregunta que ronda en mi cabeza. Porque resulta más fácil y se agencia con presteza la construcción de una, dos o más complejas megacárceles, que la de 100 o 200 sencillas viviendas de interés social en los municipios siniestrados por el terremoto?
@petrogustavo Hermano, presidente, el pueblo civil te protege mejor que cualquiera. El barrio la Asunción y sus alrededores te esperan y te acogerán nuevamente
El Club Epstein actúa en Colombia, solo en Bogotá más de 300 niños desaparecidos, igual que hicieron en Venezuela después del terremoto. La estructura criminal está absolutamente clara. Viene Paro Nacional.
Buenos días. Hace bastante tiempo deje de usar una cuenta de nómina exenta del cobro del 4 por mil. Me urge que esta cuenta sea cancelada o por lo menos se le retire la exención, para que sea aplicada a mi cuenta pensional.
Por favor, cuál es el procedimiento?
@DAVIbankCol_
Lo ilegítimo se impone y lo inmoral se vuelve paradigma, esto junto con la batalla cultural que se desplegará nos volverá a poner en el camino del EMBRUTECIMIENTO ILÍCITO.
Presidente, a raíz de su inquietud ante los riesgos que tiene la humanidad frente a la IA en manos privadas, quisiera aportarle a su empeño por reglamentarla, con esta información, aportada por Daniel Kokotajlo https://t.co/IB6NG5E0uf
@petrogustavo
@petrogustavo@GustavoBolivar
Este es el libreto actual mediante el cual va a ser tratada América Latina. Por tanto, primero provocación y luego represión