Cuando la precisión es más peligrosa que el decreto
Por Carolina Restrepo Cañavera
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar una serie de “precisiones” sobre el proyecto de decreto de retención en la fuente. Siete aclaraciones para explicar lo que, si estuviera bien redactado, no necesitaría explicación. Entre ellas, una que raya en lo absurdo: que “la retención solo aplicará cuando haya ingreso para el receptor”.
¿Perdón? ¿Y cuándo no hay ingreso en una transferencia de dinero entre terceros? ¿Quién va a determinar en tiempo real y sin error, si un giro hecho por Nequi o Daviplata corresponde al pago de un producto, la devolución de un préstamo, una transferencia entre cuentas propias o una donación informal? ¿El tendero? ¿El banco? ¿El usuario digital?
Esa supuesta aclaración no tranquiliza a nadie; al contrario, revela la pobreza conceptual con la que el Ministerio de Hacienda está legislando por decreto. Una cosa es reglamentar la ley; otra, muy distinta, es convertir la potestad reglamentaria en un campo de interpretación que deja al ciudadano la responsabilidad de definir qué constituye o no un ingreso.
Si el Gobierno expide ese decreto en los términos anunciados, ese mismo día comenzarán a presentarse acciones públicas de nulidad ante el Consejo de Estado. Y no por razones políticas, sino jurídicas.
La primera causal es la violación del principio de legalidad tributaria (artículo 338 de la Constitución). Ningún decreto puede crear hechos generadores ni ampliar los previstos por la ley. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado, no una fuente autónoma de imposición. Si el decreto sujeta a retención simples movimientos financieros, incurre en exceso reglamentario.
La segunda es el desbordamiento de la potestad reglamentaria (artículo 189-11). Reglamentar no significa reinterpretar la ley, ni mucho menos sustituirla. El Consejo de Estado ha sido claro: el Ejecutivo puede precisar procedimientos, no inventar obligaciones.
La tercera causal es la violación de la equidad y la capacidad contributiva (artículo 363). Tratar igual cualquier transferencia, sin distinguir si hay ingreso real, destruye la lógica del sistema. Una norma que presume que cada movimiento de dinero es un hecho gravado convierte al ciudadano en sospechoso y al Estado en juez de su propia confusión.
Y la cuarta es la indeterminación normativa, que vulnera el principio de certeza. Si la aplicación de la retención depende de la interpretación subjetiva del pagador o del sistema financiero, la norma es jurídicamente nula. El contribuyente tiene derecho a saber cuándo, cómo y sobre qué se le retiene. Nada de eso está claro.
Lo que el Ministerio llama “pedagogía fiscal” es, en realidad, una confesión institucional: no entienden lo que redactan. Y en lugar de corregir, salen a explicarlo en redes sociales, como si la técnica tributaria se resolviera con hilos en X.
La retención en la fuente no es un instrumento de vigilancia ni un filtro de control financiero. Es un mecanismo de recaudo sobre rentas ciertas, no sobre sospechas. Pretender que cada ciudadano determine si su transacción es ingreso o no es delegar en el contribuyente lo que corresponde al legislador.
Por eso, que quede advertido:
sale ese decreto, y ese mismo día se demanda por nulidad ante el Consejo de Estado.
Porque no se corrige la incompetencia técnica con trinos.
Porque no se reemplaza la ley con decretos.
Y porque en Colombia, todavía, los impuestos los crea el Congreso.