La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil.
No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de bombas.
No repitamos los errores del pasado.
NO A LA GUERRA.
Una cosa para el facherío.
Comparar un accidente ferroviario agravado por la mala suerte y en el que se ha atendido e informado a la gente desde el minuto 1 con un desastre meteorológico anunciado y agravado por la desidia e inutilidad de unos cargos públicos entre ellos un presidente que estaba de pacharanes mientras la gente se ahogaba, es de anormal profundo.
Y solo os lo compraran los anormales profundos.
Lo digo porque os veo venir.
Se debe investigar y pedir responsabilidades siempre pero la mera comparación es un insulto a la inteligencia.
El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años.
Código Penal, artículo 582 (según la Ley Orgánica 10/1995)
España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.
Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada.