Amigo, nunca viste un partido de Ecuador en las Eliminatorias. Sólo las estadísticas.
Cuando preguntabas ¿por qué es tan resistido Becaccece?
Estás viendo una pequeña muestra.
Por qué no asumir que somos un mal equipo. Que Curazao jugó incluso mejor, con orden y cabeza fría . Por qué no asumir que no se juega al fútbol sin delanteros. Por qué no asumir que hay DT argentinos que son vividores del futbol y eso le gusta a la dirigencia de la @FEFecuador
Algo maravilloso y mágico está sucediendo y se siente en el ambiente y me refiero a la libertad de tener un doctor en la familia, orgullo de su madre que nunca pensó que lo tendría y que ahora podrá morir tranquila.
🇪🇨🇪🇨🇪🇨 Por favor, DIFUNDE‼️
🧵 Hilo largo pero importante.
La degradación moral que vive la Patria hace que ciertos odiadores (asambleístas, periodistas, actores politicos y hasta «abogados») me llamen «prófugo». Al respecto:
- Desde 2017 vivo bajo la jurisdicción del Estado belga, un verdadero Estado de derecho.
- Bajo esta jurisdicción, y desde que empezó la persecución política en 2017, me he defendido de la brutal persecución y les he ganado absolutamente TODO a nivel internacional.
- Finalmente y ante la evidente persecución política, el Estado belga me otorgó en abril de 2022 el estatus de refugiado.
- Dicho estatus se enmarca en la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, que solo incluye como causal para el refugio la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u OPINIONES POLÍTICAS (art. 1, sección A, numeral 2).
- La Convención de Ginebra expresamente excluye del estatus de refugiado a las personas que hayan cometido un grave DELITO COMÚN (art. 1, sección F, literal b)
- Como si todo lo anterior fuera poco, el sistema de justicia ecuatoriano es considerado uno de los PEORES del mundo.
RESUMEN:
Me defendí exitosamente de todas sus infamias, pero dada la brutal persecución política y la podredumbre del sistema judicial ecuatoriano, el Estado belga me otorgó la condición de refugiado, que excluye expresamente a las personas que hayan cometido delitos comunes.
En otras palabras, Europa les está diciendo que existe persecución política, que no hay delito alguno y que
#LosCorruptosSiempreFueronEllos
Están derrotados, pero su insensatez les impide reconocerlo y siguen destruyendo todo.
En todo caso, ya sabes, la próxima vez que un odiador me llame «prófugo», recuérdale que
#LosCorruptosSiempreFueronEllos ✊🏽
Si no estás indignado, es porque estás desinformado.
Escribe @raguilarandrade:
«Lo que el gobierno de Daniel Noboa ha aportado al sistema de generación eléctrica nacional es lo siguiente: 200 megavatios de Toachi Pilatón, que le tocó en suerte inaugurar, y tres barcazas de más o menos cien megavatios cada una. Total: 500 megavatios. De esa cifra hay que restar los 450 que abastecía Colombia y el país dejó de recibir cuando la ministra Inés Manzano, en la cresta de la ola de la soberbia nacionalista de los aranceles, decidió incrementar en un 900 por ciento la tarifa del oleoducto de crudos pesados para el transporte del petróleo colombiano. Saldo: 50 megavatios. En eso hemos mejorado desde que Noboa es presidente.
Lo demás: 170 megavatios que debía proveer Progen y en los cuales el país invirtió 120 millones de dólares.
Más 90 megavatios que debió proveer ATM y nos costaron 100 millones.
Es decir: a los 50 megavatios resultantes de la operación anterior súmense 210 millones de chatarra. Resultado: 50 megavatios.
Hubo, además, una licitación para producir 260 megavatios que ha sido declarada desierta no una, no dos, no tres… ¡cinco veces! Básicamente porque, entre las compañías que concursan en una licitación convocada por el Ecuador, no se encuentra ninguna compañía seria del mundo. Y las intermediarias de medio pelo con las que el gobierno está acostumbrado a hacer negocios truchos (empresas como Progen y ATM) no tienen las garantías necesarias para recibir las adjudicaciones. Con lo cual la suma final continúa siendo de 50 megavatios. Mientras tanto, la demanda máxima de energía eléctrica en el Ecuador subió de 4.800 megavatios en 2024 a 5.200 en la actualidad. Nomás hay que hacer cuentas.»
#ReaccionaEcuador
🇪🇨🇪🇨🇪🇨DIFUNDE‼️
Ecuatorianos, latinoamericanos, lo que les ofrecimos: así se hizo el fraude en Ecuador el pasado 13 de abril.
La Patria tiene un presidente ilegítimo, además de tramposo e incompetente.
Cualquier duda, abran las urnas🤷🏻♂️
#NosGobiernanDelincuentes
@yelenayela La ignorancia es atrevida...osea crees que el avión es Uber que tiene que esperar a los impuntuales? y aparte no se te ocurre pensar que el siguiente vuelo está lleno y pretendes que otra persona que si es puntual tiene te ceder su espacio porque tú no fuiste puntual en el tuyo?
Diez mil dólares
El país acaba de recibir una lección de aritmética constitucional. La Corte Constitucional ha decidido que la desaparición y muerte de niños merece una reparación económica de diez mil dólares por cada uno y cinco mil para sus familias. Así, no más. Diez mil dólares. Ni once mil, ni cincuenta mil, ni cien mil. Diez mil. Una cifra tan redonda que uno sospecha que nació menos en la reflexión jurídica que en la comodidad administrativa. Porque la sentencia no explica cómo llegó allí. No hay cálculo del daño, no hay metodología indemnizatoria, no hay parámetro comparado. Hay, como suele ocurrir cuando el derecho se queda sin números, una palabra salvadora que lo resuelve todo con un gesto elegante y vacío. Equidad.
Equidad. Esa palabra noble que, usada con rigor, puede corregir injusticias; usada con ligereza, puede convertirse en una calculadora de bolsillo. Y así aparece la cifra en el texto judicial, como si alguien hubiera abierto la gaveta institucional de las tragedias nacionales, hubiera contado lo que había disponible y hubiera dicho con un suspiro administrativo que aquello bastaba para cerrar el expediente moral de una desaparición forzada.
El contraste con el derecho internacional es casi cómico. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele fijar reparaciones superiores a cien mil dólares por víctima en casos de desaparición o muerte causada por agentes del Estado. No porque alguien crea que la vida humana tenga precio, sino porque el Estado debe reconocer, sin mezquindad aritmética, la magnitud del daño que ha producido o permitido. Pero aquí parece haberse inaugurado otra escuela económica del constitucionalismo: la escuela del vuelto exacto. Diez mil dólares por niño. Una suma que en el mercado inmobiliario ecuatoriano alcanza, con suerte, para pintar la fachada.
Y todavía queda el toque final de esta pequeña pieza de humor institucional. La Corte ordena que el dinero se pague en seis meses. Seis meses. El plazo tiene algo de literatura fantástica si se recuerda cómo funcionan las obligaciones económicas del Estado ecuatoriano. Primero llega el plazo judicial, luego llega el memorando administrativo, después aparece la frase que en el país funciona como un conjuro burocrático capaz de detener cualquier obligación financiera: no hay presupuesto. Y entonces los meses se estiran, los expedientes empiezan su peregrinación por oficinas, certificaciones y observaciones contables, hasta que el tiempo termina haciendo lo que mejor sabe hacer la administración pública cuando se trata de pagar reparaciones incómodas: diluirlas.
El problema, por supuesto, no es el dinero en sí. Nadie sensato cree que una suma de dinero pueda compensar la pérdida de un hijo. Pero la reparación económica tiene otra función, una función política y moral. Es la forma en que el Estado reconoce que el daño causado es enorme y que su responsabilidad no puede resolverse con monedas. Cuando el reconocimiento de un crimen de Estado termina acompañado de una cifra modesta y un plazo que probablemente sobrevivirá a varios ejercicios fiscales, la reparación deja de parecer justicia y empieza a parecer una escena de contabilidad pública.
Así ocurre que la sentencia habla con palabras enormes —vida, dignidad, reparación integral— y luego, casi con timidez presupuestaria, deposita sobre la mesa la cifra final. Diez mil dólares. Una cantidad tan pequeña frente al tamaño del horror que el país termina preguntándose si lo que acaba de presenciar es justicia constitucional o una forma particularmente sofisticada de sarcasmo institucional.