Aryan

Las 176 medidas y la emergencia olvidada. El colega Julio Carranza señaló ayer, con razón, que el gobierno cubano debería considerar “la alternativa de decretar medidas temporales excepcionales, necesarias para proteger a la población”, y propuso seis acciones concretas. Cuba Transformación aborda ese mismo asunto desde una perspectiva económica y política distinta. Al no incluir un eje de emergencia humanitaria en el paquete de 176 medidas, el gobierno cubano parece haber partido de dos premisas problemáticas: una lógica productivista, secuenciada bajo el principio de “oferta primero”, y un enfoque político-ideológico que evita hablar de una “crisis humanitaria” generalizada para preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo económico y político. La premisa productivista supone que las liberalizaciones estructurales desbloquearán la producción de alimentos y facilitarán recursos para la salud con la rapidez y escala suficientes como para hacer innecesario un alivio humanitario masivo desde el inicio. La medida 71 del paquete oficial alude a un Fondo de Protección Social como condición previa a las transformaciones. Sin embargo, al financiarse con parte del ahorro generado por eliminar subsidios a productos, difícilmente estaría operativo antes de esas transformaciones. Tampoco existe una estimación precisa de la cobertura que permitiría. Ya existe una emergencia nutricional previa, y el reciente regreso a regulaciones de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Esa inseguridad debe tratarse como punto de partida del paquete, no solo como un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios. La premisa político-ideológica subordina la dimensión social, en vez de reconocer abiertamente una emergencia humanitaria que podría debilitar el relato oficial de soberanía o abrir espacio a críticas sistémicas. Incluir un eje humanitario en el paquete de 176 medidas podría interpretarse como admitir un colapso. Por eso, las medidas de protección social se presentan como continuidad de conquistas, no como respuesta a una “emergencia humanitaria”. El recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos —en particular las restricciones al suministro de combustible desde finales de enero de 2026— fue el detonante inmediato para que Naciones Unidas calificara la situación en Cuba como una emergencia humanitaria sostenida y multifacética. El problema es que esas sanciones actuaron como catalizador sobre vulnerabilidades ya existentes, y reconocer oficialmente una emergencia humanitaria implicaría admitir un fracaso más amplio del modelo económico y de protección social. Desde mi perspectiva, la ausencia de un eje prioritario de “Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud” es una de las principales deficiencias del paquete oficial de 176 medidas, junto con la falta de un eje de “Estabilización macroeconómica”. Por ahora, no hay evidencia de que el gobierno esté dispuesto a incorporar ninguno de esos dos ejes. Veremos…

$pmmonreal's tweet photo. Las 176 medidas y la emergencia olvidada. El colega Julio Carranza señaló ayer, con razón, que el gobierno cubano debería considerar “la alternativa de decretar medidas temporales excepcionales, necesarias para proteger a la población”, y propuso seis acciones concretas. Cuba Transformación aborda ese mismo asunto desde una perspectiva económica y política distinta. Al no incluir un eje de emergencia humanitaria en el paquete de 176 medidas, el gobierno cubano parece haber partido de dos premisas problemáticas: una lógica productivista, secuenciada bajo el principio de “oferta primero”, y un enfoque político-ideológico que evita hablar de una “crisis humanitaria” generalizada para preservar la narrativa de soberanía y continuidad del modelo económico y político. La premisa productivista supone que las liberalizaciones estructurales desbloquearán la producción de alimentos y facilitarán recursos para la salud con la rapidez y escala suficientes como para hacer innecesario un alivio humanitario masivo desde el inicio. La medida 71 del paquete oficial alude a un Fondo de Protección Social como condición previa a las transformaciones. Sin embargo, al financiarse con parte del ahorro generado por eliminar subsidios a productos, difícilmente estaría operativo antes de esas transformaciones. Tampoco existe una estimación precisa de la cobertura que permitiría. Ya existe una emergencia nutricional previa, y el reciente regreso a regulaciones de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Esa inseguridad debe tratarse como punto de partida del paquete, no solo como un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios. La premisa político-ideológica subordina la dimensión social, en vez de reconocer abiertamente una emergencia humanitaria que podría debilitar el relato oficial de soberanía o abrir espacio a críticas sistémicas. Incluir un eje humanitario en el paquete de 176 medidas podría interpretarse como admitir un colapso. Por eso, las medidas de protección social se presentan como continuidad de conquistas, no como respuesta a una “emergencia humanitaria”. El recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos —en particular las restricciones al suministro de combustible desde finales de enero de 2026— fue el detonante inmediato para que Naciones Unidas calificara la situación en Cuba como una emergencia humanitaria sostenida y multifacética. El problema es que esas sanciones actuaron como catalizador sobre vulnerabilidades ya existentes, y reconocer oficialmente una emergencia humanitaria implicaría admitir un fracaso más amplio del modelo económico y de protección social. Desde mi perspectiva, la ausencia de un eje prioritario de “Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud” es una de las principales deficiencias del paquete oficial de 176 medidas, junto con la falta de un eje de “Estabilización macroeconómica”. Por ahora, no hay evidencia de que el gobierno esté dispuesto a incorporar ninguno de esos dos ejes. Veremos…$

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Pedro Monreal

@pmmonreal

17 days ago

Cubadebate publicó un texto mediocre sobre los precios en Cuba sin identificar a su autor. Lo único rescatable es el pie de foto, donde apenas se menciona la oferta y la demanda. El resto es pura palabrería. El precio expresa la relación de intercambio entre un bien o servicio y una unidad monetaria. Es una relación económica, no una ficción impuesta por decreto. Se forma por la interacción entre oferta y demanda, condicionada por los costos de producción, la competencia, la percepción de valor del consumidor y factores externos como la inflación o las regulaciones. La larga lista de normas citadas en el artículo refleja a una burocracia partidista y gubernamental cada vez más perdida sobre cómo corregir sus propios errores. Para decirlo claro, los mercados siempre terminan tirando una trompetilla a los precios burocráticos y recordándole al funcionario que no mandan ni la Gaceta Oficial ni sus tablas de Excel, sino la realidad.

pmmonreal's tweet photo. Cubadebate publicó un texto mediocre sobre los precios en Cuba sin identificar a su autor. Lo único rescatable es el pie de foto, donde apenas se menciona la oferta y la demanda. El resto es pura palabrería. El precio expresa la relación de intercambio entre un bien o servicio y una unidad monetaria. Es una relación económica, no una ficción impuesta por decreto. Se forma por la interacción entre oferta y demanda, condicionada por los costos de producción, la competencia, la percepción de valor del consumidor y factores externos como la inflación o las regulaciones. La larga lista de normas citadas en el artículo refleja a una burocracia partidista y gubernamental cada vez más perdida sobre cómo corregir sus propios errores. Para decirlo claro, los mercados siempre terminan tirando una trompetilla a los precios burocráticos y recordándole al funcionario que no mandan ni la Gaceta Oficial ni sus tablas de Excel, sino la realidad.

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22 days ago

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Pedro Monreal

@pmmonreal

22 days ago

Precios al alza, oferta en baja: el tropiezo recurrente de la actualización del modelo en Cuba. Más que una explicación, el gobierno cubano debería ofrecer una disculpa pública detallada luego de su segundo fracaso en cinco años al intentar modificar los precios relativos. No resolvería el problema fundamental, pero quizás ayudaría a hacer un debate público que oficialmente se ha evadido. Conviene tomar esa posibilidad con cautela porque quienes gobiernan Cuba aún conservan la capacidad de construir relatos de flexibilización del mercado socialmente sensibles, pero que en los hechos no alcanzan la intensidad que proclaman. En ello influyen al menos tres factores: la arrogancia y la coerción del poder, el laberinto burocrático en que operan y el desdén por cualquier enfoque que cuestione un modelo esencialmente de economía centralmente planificada bajo monopolio político unipartidista. Cuestionable conceptualización, política económica deficiente y los mismos responsables. El error del gobierno cubano es conceptual. Los precios se tratan como variables de control político, no como mecanismos de información y de ajuste económico. Mientras no se acepte que, incluso en un mercado incompleto y distorsionado, los precios minoristas reflejan sobre todo la realidad de la oferta y no la voluntad administrativa, las políticas de modificación de precios relativos seguirán tropezando con la misma piedra. Ante su segundo descalabro consecutivo en la gestión macroeconómica de precios —en 2021 y 2026—, el gobierno cubano vuelve a invocar el fantasma de los precios minoristas y desvía la culpa hacia la “bestia negra” habitual: el sector privado. En octubre de 2021, el entonces jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC) afirmó que la principal “desviación” de la Tarea Ordenamiento había sido la inflación minorista. Presentó el fracaso como una “desviación” y, ante una Asamblea Nacional pasiva, sostuvo que “medir el resultado de la Tarea Ordenamiento no es decir si salió bien, mal o parcial”, sino compararlo con el diseño original. Con ese trabalenguas burocrático despachó en pocos minutos el punto de inflexión que abrió el peor deterioro del bienestar nacional en un siglo. El funcionario pasó a otras tareas y hubo otros movimientos de cuadros, mientras una parte creciente de la población cubana caía en una situación de pobreza generalizada que desborda ampliamente el piadoso uso oficial del término “vulnerable”. Sobre el restablecimiento de controles de precios en agosto de 2026 —menos de dos meses después de afirmar que se eliminarían “los topes de precios de manera general” como parte del paquete de 176 medidas, luego regulado por la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios—, aún no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial del gobierno central cubano, del Consejo de Ministros, del Ministerio de Finanzas y Precios ni de otros organismos nacionales. Los soldados cargan con el caldero tiznado. Lo ocurrido es que varios gobiernos provinciales y municipales —Villa Clara, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín— han impuesto por su cuenta “precios de referencia” o límites al margen comercial, generalmente del 30 %, sobre productos básicos como aceite, huevos, leche en polvo, azúcar, salchichas, pollo y arroz. Se presentan esas decisiones como evaluaciones de costos y gastos de comercialización, y se insiste en que “no se trata de un precio topado”. Es el nuevo ardid “técnico” de la burocracia: una versión actualizada de la “desviación del diseño” que se utilizó como hoja de parra en 2021 que permite ahora al PCC, a la presidencia y al Consejo de Ministros trasladar a las autoridades locales —con teatralidad populista— la responsabilidad de corregir el dislate de la supuesta política “liberalizadora” del gobierno central. Aquí hay un segundo problema conceptual que tiene consecuencias prácticas. La gestión macroeconómica corresponde a las entidades centrales, más aún en un contexto de alta inflación, crisis de oferta, escasez de divisas y sanciones reforzadas por el gobierno de EE. UU. La descentralización administrativa hacia los gobiernos locales no altera esa función central. La estabilización macroeconómica nunca es el resultado de la suma de las decisiones locales de precios. Manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre. La reciente finta burocrática acerca de las decisiones locales no modifica lo esencial. Centrar el análisis en la “desviación” de los precios minoristas —como se hizo oficialmente en 2021— o afirmar ahora que no se trata de precios topados, sino de “precios de referencia” o límites al margen comercial, oculta el fallo más profundo y reiterado de la política de precios en Cuba: una comprensión deficiente de cómo funcionan los precios en condiciones de mercado. En una economía de mercado, los precios no son simples resultados administrativos ni diseños fijados por decreto. Son señales que coordinan información dispersa sobre escasez, preferencias y costos de oportunidad. Permiten que exista un cálculo económico efectivo. En 2021, con la Tarea Ordenamiento, y ahora con las 176 medidas, el gobierno cubano repite el mismo error de diseño en las políticas de modificación de precios relativos, tratando de alterarlos sin asegurar previamente la recuperación de la producción agropecuaria en un país donde más del 70 % del gasto familiar se destina a la alimentación. No ha existido una autocrítica oficial razonada sobre el fracaso de la política macroeconómica de la “tarea ordenamiento” ni sobre la apresurada restauración de controles de precios de agosto de 2026, pero si el gobierno decidiera explicarse de manera entendible tendría que comenzar argumentando la razón por la que decidió hacer “ingeniería social” con los precios -dos veces- tomando como punto de partida una situación de aguda contracción de la oferta agropecuaria nacional. (Ver primer gráfico). Cuando la producción agropecuaria se contrae —por falta de inversión, insumos, incentivos distorsionados, controles excesivos o ineficiencia estatal—, la oferta se reduce y los precios minoristas suben de manera inevitable, independientemente de los topes, devaluaciones o aumentos salariales que se decreten. Ese es un primer dato que conviene tomar en cuenta. Se intentó moderar la dinámica de precios con escasa capacidad de respuesta de oferta, una incongruencia que no merece ser rebatida apelando a la teoría. Sería suficiente actuar con sentido común. El segundo dato que debe ser retenido es que, aunque la crisis de oferta agropecuaria se explica por diversos factores, hay una causa que expresa una elección consciente del gobierno: reducir el peso relativo de la inversión agropecuaria. Toda contracción del porcentaje de la inversión en un sector respecto a la inversión nacional indica una reducción de la prioridad de ese sector en la política económica del país. (Ver segundo gráfico). Durante los primeros siete años de mandato del presidente actual, la inversión agropecuaria ha representado como promedio 4% de la inversión total. En los diez años anteriores (2008- 2017) el promedio había sido mucho mayor al registrar 7% de la inversión nacional. Nunca se ha intentado explicar oficialmente cómo pudiera asumirse que existiría capacidad de respuesta de oferta agropecuaria a partir de una reducción de la prioridad inversionista del sector. Probablemente porque los propios funcionarios se percatan de que no tienen una explicación racional. Si un gobierno impone controles y topes de precios, la economía enseña a anticipar la escasez. En ausencia de una recuperación sostenida de la producción agropecuaria, cualquier intento de “ordenar” precios relativos desplaza la escasez hacia el mercado informal, genera colas, desvíos y una inflación reprimida que eventualmente estalla. Intentar modificar los precios relativos (abaratar lo nacional frente a lo importado, o contener la inflación minorista) sin haber restablecido previamente la oferta real de alimentos equivale a manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre. Saqueo legal con un nombre técnico. El impacto humano resultante de la escalada de precios asociada a la gestión deficiente de políticas económicas es más importante que el análisis de la justificación de cambios de rumbo de política económica utilizando formulaciones como la “desviación del diseño” en 2021 y de los “precios de referencia resultantes de la evaluación económica de costos y gastos de comercialización” en agosto de 2026. El jubilado que ahorró durante años y confió en una pensión, o el trabajador que cobra un salario y que ahora ven cómo se disuelve su poder adquisitivo no son abstracciones, son personas específicas, con situaciones familiares y con historias concretas de contribución a la sociedad, que observan como su bienestar personal y familiar se evapora. La propia estadística oficial indica una reducción a largo plazo de la remuneración de los trabajadores como porcentaje del PIB, lo que significa que los trabajadores reciben una porción menor del valor creado, mientras el excedente controlado por el planificador central aumenta. A partir del “ordenamiento” la remuneración de trabajadores promedió 26,7% del PIB, una cifra notablemente inferior al promedio de 35,6% registrado entre 2003 y 2020. Refleja una intensificación de la extracción de excedente a favor de la acumulación estatal o de prioridades definidas por el poder central, en detrimento de la parte que se entrega directamente a los trabajadores en forma de salarios. (Ver tercer gráfico). Los trabajadores cubanos han sido víctimas de un saqueo legal que es resultado de las decisiones de funcionarios y parlamentarios que no se sienten responsables y que encubren su obediencia ciega a la “fuerza dirigente superior” (el PCC) y su incompetencia bajo el término técnico del momento. Es poco probable que asuman su responsabilidad por el desastre.

pmmonreal's tweet photo. Precios al alza, oferta en baja: el tropiezo recurrente de la actualización del modelo en Cuba.
Más que una explicación, el gobierno cubano debería ofrecer una disculpa pública detallada luego de su segundo fracaso en cinco años al intentar modificar los precios relativos. No resolvería el problema fundamental, pero quizás ayudaría a hacer un debate público que oficialmente se ha evadido.

Conviene tomar esa posibilidad con cautela porque quienes gobiernan Cuba aún conservan la capacidad de construir relatos de flexibilización del mercado socialmente sensibles, pero que en los hechos no alcanzan la intensidad que proclaman.

En ello influyen al menos tres factores: la arrogancia y la coerción del poder, el laberinto burocrático en que operan y el desdén por cualquier enfoque que cuestione un modelo esencialmente de economía centralmente planificada bajo monopolio político unipartidista.

Cuestionable conceptualización, política económica deficiente y los mismos responsables.

El error del gobierno cubano es conceptual. Los precios se tratan como variables de control político, no como mecanismos de información y de ajuste económico. Mientras no se acepte que, incluso en un mercado incompleto y distorsionado, los precios minoristas reflejan sobre todo la realidad de la oferta y no la voluntad administrativa, las políticas de modificación de precios relativos seguirán tropezando con la misma piedra.

Ante su segundo descalabro consecutivo en la gestión macroeconómica de precios —en 2021 y 2026—, el gobierno cubano vuelve a invocar el fantasma de los precios minoristas y desvía la culpa hacia la “bestia negra” habitual: el sector privado.

En octubre de 2021, el entonces jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC) afirmó que la principal “desviación” de la Tarea Ordenamiento había sido la inflación minorista.

Presentó el fracaso como una “desviación” y, ante una Asamblea Nacional pasiva, sostuvo que “medir el resultado de la Tarea Ordenamiento no es decir si salió bien, mal o parcial”, sino compararlo con el diseño original. Con ese trabalenguas burocrático despachó en pocos minutos el punto de inflexión que abrió el peor deterioro del bienestar nacional en un siglo. El funcionario pasó a otras tareas y hubo otros movimientos de cuadros, mientras una parte creciente de la población cubana caía en una situación de pobreza generalizada que desborda ampliamente el piadoso uso oficial del término “vulnerable”.

Sobre el restablecimiento de controles de precios en agosto de 2026 —menos de dos meses después de afirmar que se eliminarían “los topes de precios de manera general” como parte del paquete de 176 medidas, luego regulado por la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios—, aún no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial del gobierno central cubano, del Consejo de Ministros, del Ministerio de Finanzas y Precios ni de otros organismos nacionales.

Los soldados cargan con el caldero tiznado.

Lo ocurrido es que varios gobiernos provinciales y municipales —Villa Clara, Matanzas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín— han impuesto por su cuenta “precios de referencia” o límites al margen comercial, generalmente del 30 %, sobre productos básicos como aceite, huevos, leche en polvo, azúcar, salchichas, pollo y arroz. Se presentan esas decisiones como evaluaciones de costos y gastos de comercialización, y se insiste en que “no se trata de un precio topado”.

Es el nuevo ardid “técnico” de la burocracia: una versión actualizada de la “desviación del diseño” que se utilizó como hoja de parra en 2021 que permite ahora al PCC, a la presidencia y al Consejo de Ministros trasladar a las autoridades locales —con teatralidad populista— la responsabilidad de corregir el dislate de la supuesta política “liberalizadora” del gobierno central.

Aquí hay un segundo problema conceptual que tiene consecuencias prácticas. La gestión macroeconómica corresponde a las entidades centrales, más aún en un contexto de alta inflación, crisis de oferta, escasez de divisas y sanciones reforzadas por el gobierno de EE. UU. La descentralización administrativa hacia los gobiernos locales no altera esa función central. La estabilización macroeconómica nunca es el resultado de la suma de las decisiones locales de precios.

Manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre.

La reciente finta burocrática acerca de las decisiones locales no modifica lo esencial. Centrar el análisis en la “desviación” de los precios minoristas —como se hizo oficialmente en 2021— o afirmar ahora que no se trata de precios topados, sino de “precios de referencia” o límites al margen comercial, oculta el fallo más profundo y reiterado de la política de precios en Cuba: una comprensión deficiente de cómo funcionan los precios en condiciones de mercado.

En una economía de mercado, los precios no son simples resultados administrativos ni diseños fijados por decreto. Son señales que coordinan información dispersa sobre escasez, preferencias y costos de oportunidad. Permiten que exista un cálculo económico efectivo.

En 2021, con la Tarea Ordenamiento, y ahora con las 176 medidas, el gobierno cubano repite el mismo error de diseño en las políticas de modificación de precios relativos, tratando de alterarlos sin asegurar previamente la recuperación de la producción agropecuaria en un país donde más del 70 % del gasto familiar se destina a la alimentación.

No ha existido una autocrítica oficial razonada sobre el fracaso de la política macroeconómica de la “tarea ordenamiento” ni sobre la apresurada restauración de controles de precios de agosto de 2026, pero si el gobierno decidiera explicarse de manera entendible tendría que comenzar argumentando la razón por la que decidió hacer “ingeniería social” con los precios -dos veces- tomando como punto de partida una situación de aguda contracción de la oferta agropecuaria nacional. (Ver primer gráfico).

Cuando la producción agropecuaria se contrae —por falta de inversión, insumos, incentivos distorsionados, controles excesivos o ineficiencia estatal—, la oferta se reduce y los precios minoristas suben de manera inevitable, independientemente de los topes, devaluaciones o aumentos salariales que se decreten.

Ese es un primer dato que conviene tomar en cuenta. Se intentó moderar la dinámica de precios con escasa capacidad de respuesta de oferta, una incongruencia que no merece ser rebatida apelando a la teoría. Sería suficiente actuar con sentido común.

El segundo dato que debe ser retenido es que, aunque la crisis de oferta agropecuaria se explica por diversos factores, hay una causa que expresa una elección consciente del gobierno: reducir el peso relativo de la inversión agropecuaria. Toda contracción del porcentaje de la inversión en un sector respecto a la inversión nacional indica una reducción de la prioridad de ese sector en la política económica del país. (Ver segundo gráfico).

Durante los primeros siete años de mandato del presidente actual, la inversión agropecuaria ha representado como promedio 4% de la inversión total. En los diez años anteriores (2008- 2017) el promedio había sido mucho mayor al registrar 7% de la inversión nacional.

Nunca se ha intentado explicar oficialmente cómo pudiera asumirse que existiría capacidad de respuesta de oferta agropecuaria a partir de una reducción de la prioridad inversionista del sector. Probablemente porque los propios funcionarios se percatan de que no tienen una explicación racional.

Si un gobierno impone controles y topes de precios, la economía enseña a anticipar la escasez. En ausencia de una recuperación sostenida de la producción agropecuaria, cualquier intento de “ordenar” precios relativos desplaza la escasez hacia el mercado informal, genera colas, desvíos y una inflación reprimida que eventualmente estalla.

Intentar modificar los precios relativos (abaratar lo nacional frente a lo importado, o contener la inflación minorista) sin haber restablecido previamente la oferta real de alimentos equivale a manipular el termómetro mientras se ignora la fiebre.

Saqueo legal con un nombre técnico.

El impacto humano resultante de la escalada de precios asociada a la gestión deficiente de políticas económicas es más importante que el análisis de la justificación de cambios de rumbo de política económica utilizando formulaciones como la “desviación del diseño” en 2021 y de los “precios de referencia resultantes de la evaluación económica de costos y gastos de comercialización” en agosto de 2026.

El jubilado que ahorró durante años y confió en una pensión, o el trabajador que cobra un salario y que ahora ven cómo se disuelve su poder adquisitivo no son abstracciones, son personas específicas, con situaciones familiares y con historias concretas de contribución a la sociedad, que observan como su bienestar personal y familiar se evapora.

La propia estadística oficial indica una reducción a largo plazo de la remuneración de los trabajadores como porcentaje del PIB, lo que significa que los trabajadores reciben una porción menor del valor creado, mientras el excedente controlado por el planificador central aumenta.

A partir del “ordenamiento” la remuneración de trabajadores promedió 26,7% del PIB, una cifra notablemente inferior al promedio de 35,6% registrado entre 2003 y 2020. Refleja una intensificación de la extracción de excedente a favor de la acumulación estatal o de prioridades definidas por el poder central, en detrimento de la parte que se entrega directamente a los trabajadores en forma de salarios. (Ver tercer gráfico).

Los trabajadores cubanos han sido víctimas de un saqueo legal que es resultado de las decisiones de funcionarios y parlamentarios que no se sienten responsables y que encubren su obediencia ciega a la “fuerza dirigente superior” (el PCC) y su incompetencia bajo el término técnico del momento. Es poco probable que asuman su responsabilidad por el desastre.

Aryan @Jerry_Coky

26 days ago

@MagJorgeCastro Y aún así quieren que vengan cubanos de afuera a invertir aquí , 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ son los estafadores y mafiososas grande la la historia

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Pedro Monreal

@pmmonreal

about 1 month ago

Economistas cubanos: ¿es posible un diálogo más allá de las diferencias? Si algo caracteriza hoy dentro de Cuba el debate público entre economistas académicos sobre “transformaciones económicas y sociales” es la ausencia de una polémica sustantiva que sea visible. No significa necesariamente la falta de discrepancias, sino la existencia de una institucionalidad oficial que las hace imperceptibles no solamente para el “gran público”, sino también para especialistas. Es frecuente que economistas académicos participen en grupos de trabajo por encargo institucional, usualmente operando bajo formatos que exigen discreción. Eso es normal, pero no reemplaza la función esencial de las ciencias sociales de producir conocimiento de amplia utilidad social basada en “la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder”. Aclaro que lo entrecomillado es de Marx. Muchos lo saben. También conocemos que no es el tipo de cosas que frena a los custodios de la ortodoxia política de la isla. He comentado en una nota anterior que hace unos días un amigo dijo que “propuestas intelectuales modernizadoras”, obviamente no oficiales, invisibilizan y desprecian las 176 medidas, pero tal argumento funciona como un boomerang porque pudiera decirse que son precisamente las instituciones oficiales de Cuba las que invisibilizan la contribución específica que pudieran haber hecho los economistas académicos cubanos al diseño de esas 176 medidas (algo que no se hace público) y que desprecian el trabajo de economistas académicos residentes en Cuba, como evidenció la convocatoria a última hora a un grupo muy limitado como consultores. ¿Pudiéramos los economistas académicos cubanos, dentro y fuera de la isla, intercambiar de manera pública nuestros análisis y propuestas, contrastando visiones, controlando el tono, y evitando tanto el monólogo como el enfrentamiento desordenado? Considero que existe la madurez suficiente -salvo excepciones- para polemizar sin insultos ni descalificación moral. Ganamos cuando discutimos con argumentos y con evidencia. Con firmeza, pero sin denigrar a otros colegas. El uso que el gobierno cubano decida dar —o no dar— a los resultados de un intercambio público entre economistas académicos trasciende el ámbito de nuestra decisión. La eventualidad de que ignore total o selectivamente nuestras aportaciones no debe constituir motivo para detenernos ni para desalentarnos. Un punto de partida adecuado podría ser un debate sobre el grado de radicalidad de la transformación económica y sobre el marco político en el que esta debería producirse. Por divisivo que parezca el tema, aclarar ambos aspectos facilitaría el intercambio sobre los detalles técnicos, los cuales, si no se enmarcan con precisión, permanecen desarticulados de la racionalidad de una propuesta integral de transformación.

pmmonreal's tweet photo. Economistas cubanos: ¿es posible un diálogo más allá de las diferencias? Si algo caracteriza hoy dentro de Cuba el debate público entre economistas académicos sobre “transformaciones económicas y sociales” es la ausencia de una polémica sustantiva que sea visible. No significa necesariamente la falta de discrepancias, sino la existencia de una institucionalidad oficial que las hace imperceptibles no solamente para el “gran público”, sino también para especialistas.

Es frecuente que economistas académicos participen en grupos de trabajo por encargo institucional, usualmente operando bajo formatos que exigen discreción. Eso es normal, pero no reemplaza la función esencial de las ciencias sociales de producir conocimiento de amplia utilidad social basada en “la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer los resultados a los que conduzca como en el de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder”.

Aclaro que lo entrecomillado es de Marx. Muchos lo saben. También conocemos que no es el tipo de cosas que frena a los custodios de la ortodoxia política de la isla.

He comentado en una nota anterior que hace unos días un amigo dijo que “propuestas intelectuales modernizadoras”, obviamente no oficiales, invisibilizan y desprecian las 176 medidas, pero tal argumento funciona como un boomerang porque pudiera decirse que son precisamente las instituciones oficiales de Cuba las que invisibilizan la contribución específica que pudieran haber hecho los economistas académicos cubanos al diseño de esas 176 medidas (algo que no se hace público) y que desprecian el trabajo de economistas académicos residentes en Cuba, como evidenció la convocatoria a última hora a un grupo muy limitado como consultores.

¿Pudiéramos los economistas académicos cubanos, dentro y fuera de la isla, intercambiar de manera pública nuestros análisis y propuestas, contrastando visiones, controlando el tono, y evitando tanto el monólogo como el enfrentamiento desordenado?

Considero que existe la madurez suficiente -salvo excepciones- para polemizar sin insultos ni descalificación moral. Ganamos cuando discutimos con argumentos y con evidencia. Con firmeza, pero sin denigrar a otros colegas.

El uso que el gobierno cubano decida dar —o no dar— a los resultados de un intercambio público entre economistas académicos trasciende el ámbito de nuestra decisión. La eventualidad de que ignore total o selectivamente nuestras aportaciones no debe constituir motivo para detenernos ni para desalentarnos.

Un punto de partida adecuado podría ser un debate sobre el grado de radicalidad de la transformación económica y sobre el marco político en el que esta debería producirse. Por divisivo que parezca el tema, aclarar ambos aspectos facilitaría el intercambio sobre los detalles técnicos, los cuales, si no se enmarcan con precisión, permanecen desarticulados de la racionalidad de una propuesta integral de transformación.

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Pedro Monreal

@pmmonreal

about 1 month ago

Donde dije digo ahora digo Diego: reforma estructural, 176 medidas y unificación monetaria y cambiaria. Los funcionarios y asesores académicos que diseñaron las 176 medidas oficiales y los dirigentes políticos que las aprobaron han decidido acometer reformas estructurales sobre las mismas distorsiones monetarias y cambiarias que hasta hace poco consideraban como un obstáculo insalvable para crear las bases de reformas estructurales profundas en Cuba. En 2020 la unificación monetaria y cambiaria del “ordenamiento” se definió como condición previa necesaria para cambios estructurales, pero curiosamente en 2026 esas distorsiones se tratan como algo que puede dejarse sin resolver mientras se “avanza” en reformas estructurales. Lo que antes era condición necesaria ahora es un detalle sin mucha relevancia. Pareciera como si un súbito acto de iluminación hubiera convencido al oficialismo de que el sistema empresarial estatal y privado pudiera reaccionar positivamente a las señales distorsionadas de precios relativos que inevitablemente resultan del desorden monetario y cambiario incrustado en el modelo económico y que el “ordenamiento” no pudo resolver y de las cuales no se ocupan las 176 medidas. No se explica oficialmente en parte alguna de las 176 medidas de qué manera, exactamente, pudieran tener éxito reformas estructurales en medio del desbarajuste imperante con enormes divergencias entre tipos de cambio oficial vs. mercado informal, creciente dolarización parcial y circulación paralela de CUP, MLC, y dólares y euros en efectivo. Las 176 medidas omiten completamente la unificación monetaria mientras mantienen un mercado cambiario segmentado con ausencia de definición precisa del régimen cambiario. La medida 99 habla de “redimensionar” el mercado cambiario oficial, pero no de unificarlo alrededor de una tasa única. La medida 100 se refiere a “devaluaciones sucesivas” sin indicar la referencia que se utilizaría. Tampoco la medida 100 elimina la segmentación del mercado cambiario actual. La propuesta Cuba Transformación presenta un enfoque muy diferente que supera las lagunas de las 176 medidas en el tema monetario y cambiario. En una primera fase habría unificación cambiaria mientras que la unificación monetaria se adoptaría en una segunda fase, aunque evitando en esa primera fase “una profundización de la dolarización de las transacciones que afectan directamente el consumo de la población, debido a que ello podría ampliar las brechas de desigualdad”. Entre otras cosas Cuba Transformación, rebasa el enfoque estrechamente economicista de las medidas 99 y 100 del listado de las 176. En el caso de la unificación cambiaria, Cuba Transformación propone medidas específicas y una secuencia para unificar los tipos de cambio oficiales en el valor que opera para el llamado Segmento III del mecanismo cambiario formal vigente desde diciembre de 2025, eliminándose la segmentación actual. Ese sería el ajuste cambiario inicial más importante. Esa medida estaría complementada por un sistema cambiario transicional con flotación administrada que extendería al resto de la economía formal el mecanismo cambiario que hoy opera en el llamado Segmento III. La flotación administrada debería seguir tomando como referencia las señales provenientes del mercado informal durante la fase de estabilización, hasta tanto este volumen se traslade al mercado formal. El paso a un mercado cambiario plenamente libre se produciría en una fase más avanzada, cuando se alcance suficiente profundidad en el mercado financiero. Resumiendo, el “ordenamiento” implementado en 2021 no cumplió su objetivo de unificación monetaria y cambiaria, y las nuevas 176 medidas se impulsan sobre las mismas distorsiones monetarias y cambiarias que antes se consideraban un obstáculo insalvable. ¿Cuál es la evidencia que justifica la aparente confianza oficial de que las 176 medidas tienen la capacidad de producir los cambios que se necesitan para superar la crisis estructural de la economía cubana en ausencia de una unificación monetaria y cambiaria? NOTA: Enlace al texto completo de la propuesta de Cuba Transformación y de su Resumen Ejecutivo https://t.co/JCHnY3PvrJ