José Mario

Abogado. Ciudadano. Presidente de @PertenecesAC.

[ADN Opinión @ADNOpinion]

La falta de autonomía de la Fiscalía y el deterioro de la credibilidad del INE generan alertas rumbo a 2027. ¿Cómo garantizar elecciones confiables con un árbitro electoral debilitado? @PabloHiriart conversa con los abogados @JoseMarioMX y @Mcalaram en #DecisiónConLibertad, por @adnnoticiasmx https://t.co/F4vif1a9H4

[ADN Opinión @ADNOpinion]

Un árbitro electoral debilitado podría perder capacidad para fiscalizar el dinero ilícito en las campañas, incluso los recursos del crimen organizado. ¿Qué consecuencias tendría para la democracia? @PabloHiriart conversa con los abogados @JoseMarioMX y @Mcalaram en #DecisiónConLibertad, a las 00:15 hrs. por @adnnoticiasmx.

[José Mario @JoseMarioMX]

Hoy presentamos un amparo contra los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Y el caso plantea una pregunta que va mucho más allá de la radio y la televisión: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando dice que quiere protegernos?

Nadie discute que las audiencias tienen derechos. Lo que discutimos es si una autoridad administrativa puede ir más allá de la ley: obligar a los medios a etiquetar qué es información y qué es opinión; revisar sus Códigos de Ética y criterios editoriales; convertir recomendaciones en órdenes exigibles; decidir cuándo una noticia reúne condiciones de “veracidad” y hacer sancionables obligaciones que el Congreso no estableció.

La libertad de expresión no se defiende sólo cuando estamos de acuerdo con lo que se dice. Se defiende poniendo límites al poder que pretende clasificar, corregir o castigar el discurso. Proteger a las audiencias significa darles herramientas para decidir, comparar y formar su propio juicio. No sustituir su criterio por el del Estado. De eso trata este amparo: de quién tiene la última palabra en una democracia.

[José Mario @JoseMarioMX]

En México el Estado recibe escritos, abre expedientes, turna oficios y dicta respuestas. Y aun así, demasiadas veces no escucha.

En mi columna de hoy en @AuroradeMexico escribo sobre una falla profunda de nuestras instituciones: confundir cumplir el trámite con resolver el problema. Una madre no quiere un folio, quiere atención médica. Una persona presa no quiere otro papel en su expediente, quiere que alguien revise seriamente su caso.

La justicia empieza antes de la sentencia. Empieza cuando el poder entiende que frente a él no hay un número de expediente, sino una persona. Escuchar no es cortesía. Es una obligación de un Estado que quiera llamarse constitucional.

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[ADN Opinión @ADNOpinion]

¿Está en riesgo la autonomía del INE rumbo a las elecciones de 2027? Los cuestionamientos sobre su gestión, los recortes presupuestales y la falta de una presidencia definitiva ponen en duda su fortaleza. @PabloHiriart conversa con los abogados @JoseMarioMX y @Mcalaram en #DecisiónConLibertad, a las 00:15 hrs. por @adnnoticiasmx.

[José Mario @JoseMarioMX]

Un juez federal redujo las penas que la Fiscalía había negociado con cinco acusados por narcotráfico y armas. El Tribunal de Disciplina Judicial acaba de destituirlo por “error inexcusable”. El dato indigna. Pero el Derecho comienza precisamente donde termina la indignación: una cosa es que una sentencia sea equivocada y otra, muchísimo más grave, que equivocarse al interpretar la ley pueda costarle a un juez la carrera, el patrimonio y hasta la libertad.

El caso de Sergio Sigales obliga a mirar más hondo. Cuando dictó esas sentencias, en 2022, existía ya un precedente de la @SCJN contrario a su criterio, pero también tribunales federales sostuvieron después que un juez sí podía imponer una pena menor en un procedimiento abreviado. La controversia fue tan real que tuvo que resolverse mediante jurisprudencia hasta 2026. Y la ley vigente entonces decía algo formidable: jueces y magistrados sólo responderían por sus interpretaciones o resoluciones cuando se acreditara cohecho o mala fe.

Ésta es la pregunta que debería preocuparnos a todos: ¿queremos jueces que respondan por corrupción y abusos? Por supuesto. Pero ¿queremos jueces que, antes de resolver, tengan que preguntarse qué criterio evitará que los destituyan, los denuncien penalmente o los exhiban desde el poder? Ahí cambia todo. La independencia judicial no protege al juez. Nos protege a nosotros. Porque el día que un juez tenga más miedo de equivocarse frente al poder que de equivocarse frente a la ley, el ciudadano habrá perdido al juez antes de entrar al tribunal.

[José Mario @JoseMarioMX]

Veinticinco años en el Poder Judicial. Ahora, Sergio Sigales debe defender su cargo y su libertad. Víctor Fuentes cuenta en Reforma que el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó destituirlo por reducir penas en cuatro procedimientos por delitos de drogas y armas. Tras los señalamientos presidenciales, enfrenta también una denuncia penal del propio Tribunal.

Un juez debe respetar los límites de la ley. Pero una sentencia equivocada no demuestra, por sí sola, que quien la dictó sea un delincuente. Para destituirlo hay que acreditar una falta; para condenarlo, un delito. Si convertimos una diferencia de interpretación en motivo de castigo, enseñamos a los jueces que aceptar lo que pide la Fiscalía es más seguro que cuestionarlo.

Mañana, el acusado puede ser tu hijo. Necesitará un juez que escuche su defensa y pueda frenar una injusticia, aunque al poder le incomode. Cuando resolver contra la Fiscalía puede costar el puesto o la libertad, encarcelar empieza a parecer la decisión más cómoda. Y entonces el miedo de quien juzga termina entrando en la sentencia de quien necesita justicia.

[José Mario @JoseMarioMX]

Hoy quiero compartirles con enorme alegría que mi hija Carlota ha sido nominada al Premio Legado Anáhuac 2026, en la categoría de Excelencia en Innovación Social y Desarrollo Comunitario.

Como padre, no hay mayor satisfacción que ver a una hija construir su propio camino, comprometida con sus ideales y con el deseo de transformar positivamente la vida de los demás.

Carlota, me llena de orgullo la persona en la que te has convertido. Esta nominación es un reconocimiento a tu esfuerzo, tu sensibilidad y tu compromiso con los demás.

¡Muchas felicidades, hija! Te quiero y te admiro.

[José Mario @JoseMarioMX]

Veinte años y seis meses de cárcel. Una madre recibió esa condena por un robo en transporte público. Denunció que la detuvieron con violencia, embarazada y acompañada de su hija. Ahora la Corte ordena revisar su caso: faltó examinar si existían violencia o subordinación frente a su pareja, también acusada, y cómo pudieron influir en su conducta.

Juzgar con perspectiva de género exige responder preguntas concretas: ¿qué hizo ella?, ¿participó voluntariamente?, ¿había amenazas que condicionaran sus decisiones? La @SCJN no la absolvió: ordenó revisar las pruebas con ese contexto. Ser pareja de un acusado no demuestra culpabilidad. El Estado tiene que acreditar la responsabilidad de cada persona y esclarecer las circunstancias que pueden cambiarla.

Omitir preguntas decisivas al juzgar tiene consecuencias que se miden en años de vida. Una mujer puede ser responsable de un delito y también víctima de violencia; la justicia debe examinar ambas realidades. Antes de encerrarla durante dos décadas, tiene la obligación de hacerlo bien. Las sentencias pueden corregirse. El tiempo perdido no se devuelve.

[José Mario @JoseMarioMX]

Un juez separó a un niño de su madre sin acreditar que ella lo pusiera en peligro. Se apoyó en una carpeta penal. La medida era “provisional”: se dictó en 2024 y la Suprema Corte ordenó su regreso gradual en 2026. El caso que documenta Alfredo Maza obliga a preguntarnos cuánto de la infancia puede transcurrir esperando que un tribunal corrija a otro.

Denunciar violencia debe activar investigación y protección. Cambiar la custodia exige evaluar el peligro y explicar por qué la separación es necesaria. El juez puede actuar con urgencia, sin esperar una condena penal. Pero una acusación no se convierte en verdad por llevar el sello de una fiscalía. Invocar el “interés superior de la niñez” exige demostrar cómo se está protegiendo a ese niño.

Para un juzgado, lo provisional puede durar años. Para un niño, son días de escuela, conversaciones, cuidados y abrazos que dejan de compartirse como antes. Por eso, separar sin justificación también puede causar un daño profundo. La justicia familiar debe responder por las consecuencias de sus decisiones: una resolución puede revocarse; el tiempo de una infancia jamás vuelve.

[José Mario @JoseMarioMX]

Hay casos que explican mejor que cien discursos qué significa vivir bajo un Estado de derecho. El @SATMX quería cobrar a Juegos del Bajío más de 4,306 millones de pesos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló el crédito por considerar ilegal y extemporánea su notificación.

Después apareció una acusación gravísima: una de las pruebas utilizadas por la empresa podría ser apócrifa. Lenia Batres quiso que la @SCJN atrajera el asunto. Siete ministros dijeron que no. Pero la Corte no declaró auténtico el documento, no absolvió a nadie de fraude ni decidió que el SAT estuviera equivocado.

Ésa es la lección: el Estado tiene derecho a cobrar hasta el último peso que legalmente se le deba, pero no puede saltarse plazos, competencias ni procedimientos. Y ninguna empresa puede ganar un juicio con una prueba falsa, si eso llega a demostrarse. La justicia no es escoger entre Hacienda y una empresa: es obligar a ambos a respetar la ley. Porque cuando el fin justifica romper las reglas, lo que termina perdiéndose no son 4 mil millones. Es el Estado de derecho.

[José Mario @JoseMarioMX]

En México, enfermarse puede significar vender lo que tienes para seguir viviendo. Beatriz Guillén documenta en @elpaismexico esa tragedia. El @INEGI_INFORMA le pone dimensión: 44.5 millones de personas con carencia de acceso a servicios de salud en 2024. La enfermedad golpea el cuerpo; la desprotección puede quebrar a toda una familia.

El artículo 4º obliga al Estado a proteger la salud. Cuando abandona a una persona sin el tratamiento indispensable que debe proporcionarle, viola un derecho humano. Cambiar instituciones no suspende obligaciones constitucionales. El cáncer no espera a que el Gobierno termine de reorganizarse. El tiempo perdido puede convertirse en una vida que ya no se recupera.

“Primero los pobres” exige que nadie tenga que elegir entre comer y atenderse. Cada familia que se endeuda para pagar lo que debía recibir gratuitamente carga con el costo del incumplimiento del Estado. Cuando sobrevivir depende del dinero disponible, la igualdad constitucional se rompe. La pobreza no puede convertirse en una sentencia de muerte.

[Ana Francisca Vega 🌿 @anafvega]

La disculpa pública que emitió Luis de Llano a Sasha Sokol incumple con lo que la sentencia de ordena.

"Esta no es una reparación integral a la víctima": @JoseMarioMX

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[José Mario @JoseMarioMX]

En @revistaabogacia, Roberto Peña plantea una de las preguntas más inquietantes que he leído sobre IA y Estado de derecho: ¿qué ocurre cuando ponemos una tecnología capaz de multiplicar el poder del Estado dentro de instituciones cuyos contrapesos, independencia y rendición de cuentas se están debilitando? La eficiencia, por sí sola, no es justicia. Una institución puede volverse más rápida y poderosa y, al mismo tiempo, menos libre y menos responsable.

El ejemplo del Poder Judicial es trascendental. Una IA puede encontrar precedentes, detectar discriminación y mejorar una sentencia; pero quien controle ese sistema también podría saber hacia dónde se dirige un fallo antes de que se dicte, decidir qué criterios aparecen primero, relegar interpretaciones incómodas y hasta aprender qué argumentos resultan más persuasivos para cada juzgador. El riesgo ya no sería solamente presionar al juez: sería controlar silenciosamente el universo jurídico que el juez mira antes de decidir.

Por eso la pregunta decisiva de la justicia del futuro quizá no sea quién firma la sentencia, sino quién diseñó la inteligencia que ayudó a construirla. En México, después de una reforma que modificó profundamente al Poder Judicial, discutir IA sin discutir independencia tecnológica sería una irresponsabilidad. El algoritmo puede ser una extraordinaria herramienta de justicia o convertirse en el mecanismo de control más sofisticado que hayamos construido. La diferencia estará en quién lo controla, quién puede auditarlo y, sobre todo, quién responde cuando el poder se esconde detrás de la máquina.

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[José Mario @JoseMarioMX]

Juan José Millás escribe hoy en @elpaissemanal, sobre una escena que parece arrancada de otro siglo: Nidal Hasan, exmayor del Ejército de EE. UU., paralizado y en silla de ruedas, está condenado a ser fusilado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por haber asesinado a 13 personas e intentado matar a otras 32. Será, si los litigios pendientes no lo impiden, la primera ejecución militar estadounidense desde 1961. Pero hubo algo todavía más inquietante: el Pentágono anunció que el fusilamiento sería transmitido en vivo. Después de la polémica, Trump canceló el livestream.

El problema jurídico es de gran trascendencia. Hasan fue condenado a muerte; no fue condenado a convertirse en espectáculo. Una cosa es que un Estado que conserva la pena capital ejecute una sentencia dentro de un procedimiento reglado y otra muy distinta que coloque una cámara frente al condenado y transforme su muerte en una advertencia para millones de espectadores. La propia jurisprudencia estadounidense ha protegido la solemnidad de las ejecuciones frente a su filmación y ha advertido contra castigos que añadan terror, dolor o degradación a la pena impuesta. El poder de castigar tiene límites incluso (y quizá sobre todo) cuando se ejerce contra quien cometió atrocidades.

Ahí está la brutal intuición de Millás: hemos pasado del cadalso de la plaza pública al pelotón conectado a internet. Cambió la tecnología; la tentación del poder sigue siendo la misma: convertir el cuerpo del condenado en mensaje. Una democracia se mide también frente a quienes menos compasión despiertan. Porque la pregunta no es si Nidal Hasan merece nuestra simpatía. La pregunta es mucho más incómoda: ¿cuándo deja el castigo de ser justicia y comienza el espectáculo del poder?

[José Mario @JoseMarioMX]

Un niño de apenas 16 meses llevaba prácticamente toda su vida sin convivir con su padre. Desde agosto de 2025, el padre pedía a un juez que fijara la manera en que podría empezar a verlo. Pasaron meses, presentó escritos, insistió y nada ocurría. Hasta que el 17 de febrero de 2026 acudió al amparo para denunciar que la justicia simplemente no estaba actuando. Nueve días después, el juez familiar finalmente reaccionó: ordenó iniciar convivencias supervisadas y un proceso para construir poco a poco el vínculo entre padre e hijo.

El caso llegó al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y dejó una idea jurídica muy poderosa: una autoridad no puede borrar meses de inacción sólo porque, después de ser demandada, produce un oficio y dice “ya hice algo”. Cuando están en juego los derechos de un niño, un juez debe revisar si lo ordenado sirve de verdad, si ya empezó a funcionar y si realmente conduce a protegerlo. Pero tampoco se trata de imponer una convivencia inmediata a cualquier costo: con un niño tan pequeño, construir un vínculo puede exigir tiempo, acompañamiento y gradualidad. La pregunta no es qué adulto “gana”; la pregunta es qué necesita ese niño.

Y ahí está lo más fuerte del caso: el tiempo. Para un juzgado, seis meses pueden ser otro expediente atrasado; para un niño de 16 meses son una parte gigantesca de su vida. La gradualidad puede proteger, pero la demora puede destruir lo mismo que después se intenta reconstruir. Ésa debería ser la advertencia para toda la justicia familiar: no basta mover papeles cuando finalmente llega un amparo. Cuando el Estado tarda tanto que modifica los vínculos que debía proteger, el problema ya no es sólo burocracia. Es una cuestión de derechos humanos.

[José Mario @JoseMarioMX]

El riesgo no es usar inteligencia artificial. El riesgo es usarla sin entender qué información estamos entregando, a quién, para qué y bajo qué reglas. En México, subir un expediente, datos sensibles, secretos profesionales o información de clientes a una IA puede activar responsabilidades jurídicas reales. La tecnología avanza más rápido que nuestra prudencia: usar IA sí; regalar datos, no.

[José Mario @JoseMarioMX]

Una firma puede ser auténtica y una renuncia jurídicamente falsa. Durante años, en muchos juicios laborales bastaba que el patrón exhibiera una renuncia y un perito confirmara: “sí, ésa es su firma”. Pero eso sólo prueba quién firmó; no prueba que quiso renunciar. La pregunta verdaderamente jurídica es otra: ¿firmó libremente o firmó porque no tenía alternativa?

Una nueva tesis, obliga a mirar detrás del papel. Si una trabajadora denuncia que firmó bajo presión psicológica o emocional y existe una relación asimétrica de poder por razones de género, el patrón deberá demostrar que la renuncia fue libre y espontánea. Y si además aparecen documentos firmados en blanco o contratos temporales sucesivos para cubrir trabajos permanentes, ya no estamos frente a hechos aislados: son indicios de una posible estrategia para fabricar la salida de una trabajadora y eludir derechos laborales.

Éste es el cambio de fondo: la justicia laboral no puede rendir culto a una hoja firmada mientras ignora la realidad en la que se obtuvo. Juzgar no es verificar firmas; es reconstruir voluntad, contexto y poder. Una renuncia sólo merece efectos jurídicos, cuando detrás de la firma hubo una persona verdaderamente libre para decir: me voy.

[José Mario @JoseMarioMX]

El artículo de Roberto Newell publicado hoy en @Reforma contiene un dato devastador: entre 2004 y 2024 México fue el único de 44 países cuya competitividad no mejoró. Pero lo verdaderamente grave está debajo del dato económico: nuestro componente institucional cayó de 69.7 a 21.8 puntos. No perdimos solamente inversión. Perdimos Estado de derecho, seguridad, contrapesos y confianza en las reglas.

Primero falló el Estado para imponer la ley frente al crimen; después comenzamos a debilitar las instituciones diseñadas para imponerle la ley al propio poder. Reforma judicial, reducción de contrapesos, desaparición de reguladores autónomos e incertidumbre sobre las reglas tienen una consecuencia económica concreta: quien no sabe si mañana tendrá un juez independiente, un regulador técnico o reglas estables, eleva el precio del riesgo, pospone la inversión o simplemente se va.

Hace veinte años Polonia, Chile, Malasia y otros países partían de condiciones parecidas a México. Ellos avanzaron; nosotros no. Esa comparación destruye la excusa de que nuestro estancamiento era inevitable. La competitividad no empieza en una fábrica ni en un tratado comercial: empieza donde un ciudadano o un inversionista puede confiar en que la ley se cumplirá, que el poder tendrá límites y que sus derechos estarán protegidos. México no necesita solamente atraer capital. Necesita volver a ser un país en el que confiar en las reglas no sea un acto de fe.