Garantizar la marcha pacífica y mantener el orden no son ideas contrarias. Nuestra Fuerza Pública debe poder actuar cuando la violencia desborde la protesta y ponga en riesgo el orden público.
El derecho a la protesta es sagrado, pero no puede convertirse en una excusa para el vandalismo, la destrucción de bienes públicos o las agresiones contra las autoridades.
Y, como era de esperarse, el Pacto Histórico recurre a la distorsión para engañar a los colombianos. Este borrador de decreto no es una reacción de última hora a las marchas del petrismo; lleva un mes discutiéndose abiertamente.
Tampoco restringe la protesta (Art. 37 de la Constitución), sino que regula la fuerza pública frente a actos violentos para dar garantías al manifestante pacífico.
¿O es que desde ya prevén que sus marchas tendrán actos de violencia y alteraciones al orden público, y por eso le tienen tanto miedo a este decreto?
La norma obliga a priorizar el diálogo, exige trazabilidad policial, establece Puestos de Mando Unificado e impone individualizar delincuentes sin afectar a la marcha.
No coman cuento: esta herramienta combate únicamente al violento y al infiltrado, protegiendo al ciudadano que sale a expresarse con tranquilidad y respeto.
Desmintamos de una vez: el Estatuto Antiterrorista NO abre ninguna puerta para perseguir a la oposición ni a quienes piensan distinto al Gobierno 🤦🏻♂️.
¡Quienes dicen eso NO se han leído el texto!
Así funciona realmente la norma y por eso es IMPOSIBLE que se use contra la oposición:
1️⃣ Solo para terrorismo real: La norma aplica únicamente a quien planee, ejecute o financie actos de terrorismo. Oponerse, marchar u opinar no es terrorismo ni encaja en el estatuto.
2️⃣ Pide pruebas, no sospechas: Exige evidencia objetiva y material probatorio de la actividad criminal. Sin pruebas reales, no hay inclusión.
3️⃣ Filtro técnico, no político: El expediente lo arma una mesa técnica integrada por la Fiscalía y la UIAF, no el Gobierno a dedo. Ningún político puede meter a un opositor por capricho.
4️⃣ Blindaje judicial: Exige una decisión motivada que se revisa cada 6 meses y se puede tumbar en el Consejo de Estado. Arbitrariedad que intenten, arbitrariedad que se cae.
¡No se dejen engañar!
¡SE ACABÓ LA FIESTA PARA LOS TERRORISTAS Y SUS TESTAFERROS!
Durante demasiado tiempo, las estructuras criminales han pretendido actuar con absoluta impunidad, mover fortunas ilícitas y desafiar la autoridad del Estado. Hoy, con este proyecto se acaba este interminable mal.
El Estatuto Antiterrorista es el primer gran paso hacia una lucha firme, frontal y decidida contra el terrorismo y sus entramados de financiación. Colombia estaba en mora de presentar una iniciativa de este calibre, que le permita a las autoridades perseguir no solo a quienes siembran el terror, sino también a quienes lo financian, lo encubren y se enriquecen con la violencia.
Senador @IvanCepedaCast sin engaños a la ciudadanía.
Este Estatuto Antiterrorista de ninguna manera legaliza la tortura ni anula el poder judicial o el debido proceso. Por el contrario, establece una articulación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial para combatir el terrorismo y las economías que lo financian.
Si leyeran a fondo el articulado sabrían, por ejemplo, que la inclusión de personas en la lista de organizaciones terroristas tendrá control judicial de fondo por parte del Consejo de Estado. Lo mismo ocurre con la aprehensión preventiva de bienes o activos: su confiscación deberá ser solicitada por la Fiscalía y avalada por jueces penales especializados mediante audiencias concentradas.
Es cierto, el proyecto otorga facultades reglamentarias al presidente por seis meses, pero estas no son ilimitadas. El propio articulado establece que estarán restringidas a la regulación de la aprehensión preventiva de bienes.
Además, los decretos con fuerza de ley existen desde la Constitución de 1991 y han sido utilizados por distintos gobiernos.
Este Estatuto respeta la separación de poderes, el Estado de derecho y el debido proceso. No convierte al Ejecutivo en un poder absoluto ni amenaza nuestra democracia.
Y hay una garantía adicional: al tratarse de una ley estatutaria, tendrá control automático de forma y de fondo por parte de la Corte Constitucional, institución que no permitiría que prospere una norma contraria a nuestra Constitución.
Unos cuantos andan promoviendo información falsa alrededor del Estatuto Antiterrorista.
Recordemos algo básico: este proyecto apenas llegará al Congreso. Allí tendrá que ser debatido y revisado, con todas las garantías para la oposición y para quienes quieran controvertirlo.
Pero hay que dejar algo claro: con esta iniciativa no se persiguen ideas, opiniones políticas ni a quienes piensan diferente. Se persigue al terrorismo, a las organizaciones que lo ejercen y a quienes las financian.
Los únicos que deberían preocuparse por este Estatuto son los terroristas y quienes ponen su dinero al servicio de sus estructuras criminales.
🎙️Aquí nuestra entrevista para @CanalRCN@NoticiasRCN
¿Hasta qué punto el derecho de unos cuantos a protestar puede imponerse sobre el de millones de colombianos a movilizarse libremente y desarrollar sus actividades con tranquilidad?
En lo corrido de 2026, se han reportado más de 640 bloqueos en el país, un promedio cercano a dos bloqueos diarios.
¡Ojo! El derecho a la protesta no es absoluto.
Defender la protesta pacífica también implica reconocer que los derechos de quienes no participan en una manifestación merecen igual protección.
¡El cinismo de Petro rompe cualquier límite! 🚫
Después de cuatro años en los que no hizo NADA por el país, más allá de saquear el erario público y protagonizar los escándalos de corrupción más graves de los últimos tiempos, ahora sale en un acto de puro desespero a proponer la reelección.
Le duele ver cómo en solo dos meses se ha hecho mucho más que en todo su gobierno.
Un ego desmedido con una propuesta absurda e inconstitucional.
"Qué cinismo el de Gustavo Petro (…) Hoy el lobo muestra las garras, nunca quiso irse del poder. Ahora que está afuera, quiere volver. Entregó un país en ruinas. Qué cinismo plantear la reelección": @TrianaCongreso#ElDebate
https://t.co/eTPemwQ2Hf
En los últimos 4 años, el terrorismo aumentó un 120%.
¿Cómo oponerse a un proyecto que busca precisamente fortalecer al Estado para enfrentar el terrorismo, desarticular sus estructuras, perseguir su financiación y recuperar el control territorial?
Querida colega, te recuerdo que fue durante el Gobierno de Petro cuando la oposición fue señalada y estigmatizada, un precandidato presidencial fue asesinado y cuando quien hoy te escribe fue víctima de un atentado por grupos armados ilegales.
En nada este proyecto estigmatiza a la oposición… Nada más alejado de la realidad: La oposición política, la crítica al Gobierno y la protesta social se respetan, el terrorismo no.
El Registro está dirigido a organizaciones y actores que se dediquen a actividades relacionadas con el terrorismo con procedimientos de inclusión, revisión y exclusión y mecanismos de control sobre las decisiones adoptadas. Disentir del Gobierno no convierte a nadie en terrorista. Confundir deliberadamente oposición con terrorismo tampoco contribuye a un debate serio sobre el proyecto.
Un proyecto necesario para Colombia.
El terrorismo ha golpeado a Colombia durante décadas. Sin embargo, el país aún no cuenta con un marco jurídico integral y eficaz para enfrentarlo.
Las reformas adoptadas no han logrado responder a la evolución de estas organizaciones ni atacar de fondo las estructuras que les permiten operar.
Colombia necesita herramientas jurídicas modernas y contundentes para desarticularlas, perseguir sus fuentes de financiación e impedir que sigan fortaleciendo sus estructuras criminales.
Entre sus principales medidas se encuentran:
🔹 la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas;
🔹 mecanismos para afectar sus bienes y recursos;
🔹 un régimen penal y penitenciario más estricto;
🔹 acciones contra las economías ilícitas que los financian;
🔹 medidas para prevenir el reclutamiento de menores y proteger la infraestructura crítica.
Estamos listos para dar un debate serio al respecto y para fortalecer este proyecto y así pronto se convierta en ley de la República.
Cómo se nota que no han leído el Estatuto Antiterrorista y que prefieren montar una narrativa mentirosa antes que discutir lo que realmente dice.
¿Dónde está la persecución a la oposición? ¿En qué parte se prohíbe pensar distinto, criticar al Gobierno o hacer oposición?
Lo que sí se enfrenta son las expresiones violentas que pretenden disfrazarse de protesta social.
¿Perseguir la protesta social es impedir las asonadas que promueven grupos delincuenciales para arrinconar a la Fuerza Pública mientras desarrolla operaciones contra estructuras criminales?
¿O es impedir que, bajo la excusa de los llamados “cercos humanitarios”, se secuestre a miembros de la Fuerza Pública, se les prive de su libertad y, en algunos casos, hasta se les despoje de sus armas?
Y si de persecución a la oposición quieren hablar, se les olvida que fue en el Gobierno de Gustavo Petro donde ocurrió un asesinato de un precandidato presidencial y donde la oposición nunca tuvo garantías.
Celebramos el regreso de las Fuerzas de Tarea Conjunta, casi dos años después de que el Gobierno anterior decidiera suprimir cinco de estas unidades.
¿Por qué son importantes? Porque permiten que Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial e inteligencia trabajen bajo una misma estrategia y comando, integrando información, movilidad y capacidad para enfrentar a las estructuras criminales que no operan en un solo territorio ni con una sola modalidad.
Hoy, cuando los grupos armados han ampliado su presencia territorial, recuperar esta capacidad de coordinación resulta fundamental.
¡Contundente exposición la de María Paula Donado!
En Colombia es urgente regular el uso de las capuchas y blindar nuestras universidades. Son miles los jóvenes los que se cansaron del vandalismo que mancha las protestas y utiliza los campus como trinchera de violencia.
Le asiste toda la razón a @luisfelipehenao . La mal llamada “Paz Total” solo logró un incremento sin precedentes de los grupos armados: Petro recibió un país con cerca de 15.120 integrantes y cerró su gobierno con 28.802, más de 90% de aumento.
Ahora el Gobierno de Abelardo de la Espriella debe corregir el rumbo con la Ley de Sometimiento. Quien quiera acogerse a la justicia tendrá que hacerlo bajo las condiciones del Estado, sin incentivos perversos ni negociaciones interminables.
Se acabó el tiempo de negociar mientras los grupos criminales ganaban hombres, territorio y capacidad. Sometimiento no es negociación: quien deje las armas enfrenta la justicia; quien siga delinquiendo enfrentará la acción legítima del Estado.
Primero fue la vergonzosa filtración de inteligencia a alias Calarcá y la salida del personal más experimentado de la entidad.
Ahora, presuntamente se confirma lo impensable: el uso político e ilegal de la DNI durante el Gobierno Petro.
Una agencia de inteligencia tiene el deber sagrado de proteger la seguridad nacional. Utilizarla para blindar a un partido, favorecer una campaña o servir a los intereses del gobierno de turno es una aberración democrática que raya en el delito. Estos hechos deben investigarse y llevarse hasta las últimas consecuencias.
Bien hace el nuevo gobierno en recuperar la independencia, la confianza y la dignidad institucional en la DNI. La inteligencia del Estado debe estar al servicio de Colombia, no de ningún proyecto o interés político.