Estamos conmocionados por el impacto de los terremotos consecutivos que vivimos esta tarde en Venezuela. Oramos por cada familia que ha sufrido pérdidas y en especial por los más vulnerables.
Pero hay algo que necesito decirles ahora mismo, porque importa.
Esto no terminó. El proceso sísmico sigue activo y hay protocolos y estadística que nos pueden ayudar a tomar decisiones correctas en este momento.
La más importante: es alta la probabilidad de que las réplicas sigan produciéndose en las próximas horas y días. Las primeras 24 horas son las de mayor riesgo porque pueden producirse los sismos réplica de mayor intensidad. La probabilidad de que ocurra una de apenas 1,2 puntos menos que el sismo principal, es decir, de hasta 6,3, es elevada. Y aunque ese evento individual, si ocurriera de manera independiente, podría ser menos peligroso que el que sufrimos hoy, al ocurrir sobre estructuras que ya fueron golpeadas esta tarde, aunque estén en pie, el riesgo es severo. No asuman que el problema ya pasó.
El protocolo correcto es salir de su casa y ubicarse en espacios abiertos, sin edificios, estructuras ni árboles grandes cercanos. Es una acción incómoda, lo sé. Pero es necesaria.
No pongan en riesgo su vida ni la de su familia. Actuemos racionalmente y ayudemos a evitar que esta tragedia se amplifique.
El proceso de apertura económica en Venezuela, hoy materializado en la nueva arquitectura de licencias petroleras, reforma de la ley de hidrocarburos y estímulo a la inversión privada en sectores estratégicos como minerales, electricidad e infraestructura, está generando expectativas positivas y atrayendo a numerosos inversionistas que hoy exploran oportunidades en el país.
Muchos están descubriendo algo importante: las oportunidades no están solo en el petróleo. También están en todos los sectores que deben reconstruirse para sostener la recuperación del país: infraestructura, sistema financiero, servicios, comercio, agroindustria, tecnología y, sobre todo, talento humano.
El reto es enorme. Venezuela viene de años en los que muchas cadenas productivas se rompieron y una generación clave emigró. Reconstruir esas capacidades tomará tiempo.
Mientras tanto ocurre algo interesante: la mejora está ocurriendo primero en la mente de la gente y después en su bolsillo. Hoy más del 75% de los venezolanos cree que su situación económica va a mejorar pronto. Pero esa expectativa aún no se refleja plenamente en ingresos ni en la actividad económica, que sigue marcada por inflación, devaluación y brecha cambiaria.
Cerrar esa brecha es el desafío central. Y para hacerlo se requieren decisiones concretas:
• Garantizar que los recursos petroleros que ya se generan fluyan al sistema económico de forma más predecible, rápida y planificada.
• Abrir el acceso a financiamiento multilateral, incluyendo organismos como el FMI, para apoyar la estabilización monetaria y financiar infraestructura crítica.
• Facilitar el uso productivo de los recursos venezolanos congelados en el exterior para impulsar inversión y recuperación.
• Modernizar la ley del trabajo para permitir aumentos significativos del ingreso real sin comprometer la sostenibilidad de empresas y Estado.
La recuperación económica no es solo un problema de expectativas. Es un tema de ejecución y es necesario empezar lo más pronto posible.
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Análisis Hinterlaces: Caracas y Washington, más que energía, política estratégica
El encuentro entre la presidenta (E) Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, no debe leerse únicamente como una reunión técnica en materia energética. Se trata de un hecho político con implicaciones estratégicas. No solo por la agenda abordada, sino por el reconocimiento institucional implícito que supone el diálogo directo y formal entre ambos gobiernos.
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@eliaspino@LizaDucros Afortunadamente; la gente no le hace caso. Se imagina que de verdad alguien se lo tome en serio. Desde hace años está diciendo que el gobierno cae.
@Jesskaarpaz @opvictul Esa señora no me dice nada. Es un cierto tipo de meme que se pretende viralizar ante la ausencia de una propuesta seria por parte de los políticos que la dirigen.
Visiting Venezuelan oil fields today to explore ways to boost oil production, update infrastructure, and unlock the country’s enormous economic potential.
Stronger commerce will benefit Americans AND Venezuelans, while delivering peace and prosperity across the Hemisphere!
La nueva Ley de Hidrocarburos introduce un cambio relevante en el marco operativo del sector petrolero venezolano, orientado a permitir el control operativo de los proyectos por parte del sector privado y facilitar la inversión y la recuperación de la producción.
La ley amplía la participación privada y extranjera en exploración, producción y comercialización, flexibiliza el esquema fiscal con menores regalías y ajustes al impuesto de extracción (aunque deja alta discrecionalidad en el ejecutivo), y permite la comercialización directa del crudo con manejo de ingresos fuera del país. Todo ello mejora de forma clara la rentabilidad de los proyectos y su atractivo para el capital, especialmente en la recuperación de producción existente y en la Faja del Orinoco.
Al mismo tiempo, el texto deja abiertos varios elementos clave, que pueden considerarse ambiguos, tales como el rol de PDVSA, la participación del Estado y los mecanismos de estabilidad jurídica, que deberán definirse vía contratos, normativa secundaria y ejecución administrativa.
En balance, la ley crea incentivos económicos importantes para la inversión, pero su sostenibilidad dependerá de una regulación clara, una ejecución predecible y prácticas contractuales consistentes que reduzcan la discrecionalidad y fortalezcan la confianza de los inversionistas.
Pensando en 2026, no esperamos que el aumento de la producción petrolera provenga principalmente de nuevas inversiones greenfield, sino de la regularización y ampliación de licencias para operadores que ya están en Venezuela, junto con ajustes en la licencia de Chevron.
Las nuevas licencias pueden emitirse, pero su activación interna toma más tiempo que la de quienes ya operan en el país. Por eso, el incremento más inmediato de producción se concentra en los actores existentes. En un escenario moderado, esto permitiría sumar alrededor de 200 mil barriles diarios adicionales frente a 2025, y en uno optimista hasta 450 mil barriles más.
Al agregar estos volúmenes, la venta de inventarios (los USD 50 millones iniciales autorizados por EE. UU.), la eliminación de ventas con descuento y el mayor flujo de divisas a lo largo de la cadena productiva, los ingresos en divisas podrían aumentar en mucho más de 50 % respecto a 2025.
¿Resuelve todos los problemas? No. Pero sí genera oportunidades claras de crecimiento, mejora en la confianza del consumidor y aumento del consumo. Para las empresas, esto es positivo, aunque implica también más competencia, mayores importaciones y mayores costos laborales, que deberán gestionarse con mejoras de productividad.
De cara a 2026, las empresas deberían prepararse para una demanda de consumo que podría crecer 14 %, con impactos concentrados inicialmente en alimentos, agroindustria, petróleo y energía, servicios, banca y finanzas, tecnología, telecomunicaciones, construcción e inmuebles.
Una apertura petrolera como la que hoy comienza a desarrollarse en Venezuela tendrá impactos positivos en la economía. No hay forma de que un aumento relevante de los ingresos petroleros no impulse crecimiento, especialmente en un país que viene de un foso económico muy profundo.
Ahora bien, conviene poner los pies en la tierra. Esto no es una avalancha de inversiones nuevas, ni cientos de miles de millones de dólares, ni una recuperación rápida de todo lo perdido. Es un proceso gradual, operativo y realista, basado sobre todo en los proyectos que ya existen, con más OPEX que CAPEX en esta primera fase.
Habrá aumentos moderados de producción, pero incrementos más relevantes de ingresos en divisas, apoyados en la venta de inventarios y mayores exportaciones a precios internacionales. En ese contexto, los ingresos petroleros podrían ubicarse entre 50% y 100% por encima de 2025. ¿Resuelve todos los problemas? No. ¿Compensa una década de colapso? Tampoco. Pero sí genera oxígeno económico y mejora expectativas.
El multiplicador petrolero hoy es mucho menor que en el pasado. Las cadenas productivas están rotas y su reconstrucción tomará tiempo. Por eso, el impacto no será inmediato ni homogéneo. Veremos una economía creciendo en “K”, con sectores que avanzan más rápido que otros.
Para este año, el crecimiento esperado del PIB ronda 10–12%, con consumo cerca de 14%, impulsado sobre todo por empresas ya presentes en el país y por inversionistas pequeños y medianos que entran temprano, toman riesgo y esperan un entorno más claro para escalar.
No veo una expansión infinita y acelerada. Veo un crecimiento positivo pero moderado y tampoco veo solo bloqueos donde también hay muchas oportunidades.
Algunos quedaron marcados por el pasado. Y se entiende.
Como me dijo un pana en Panamá: muchos están como Leonela (la protagonista de la novela de lo 80’) que después de tanto drama…“quedó con miedo al amor.”
La economía venezolana ha mostrado una resiliencia notable en medio de un contexto de alta conflictividad política y creciente presión internacional. Los informes más recientes confirman que, pese a las amenazas militares en el Caribe, al endurecimiento de sanciones y a la reducción de flujos formales de divisas tras la cancelación de las licencias petroleras de OFAC, la producción y las exportaciones de crudo se han mantenido estables e incluso con un leve crecimiento, alcanzando alrededor de 1,1 millones de barriles diarios a mediados de 2025. Este desempeño se explica por una combinación de factores: el incremento de envíos hacia Asia, aunque con mayores descuentos, el ahorro derivado de la suspensión de pagos de deuda y la capacidad de PDVSA para adaptarse al entorno sancionado mediante el uso de flotas y mecanismos de pago alternativos basados en criptoactivos y stablecoins (USDT).
Sin embargo, este esquema ha reducido la liquidez inmediata, al depender de canales de cobro menos eficientes y más opacos. A ello se suma la decisión del gobierno de disminuir sus intervenciones cambiarias, que pasaron de un promedio mensual de 469 millones de dólares en 2024 a 320 millones en 2025 con el propósito de acumular reservas y prepararse para un entorno internacional más incierto, marcado por la tensión militar y la volatilidad política regional. Como consecuencia, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se me tiene muy eleva, presionando los precios internos y limitando la capacidad de planificación del sector privado.
El impacto de esta política es visible en el tejido empresarial, donde los importadores y comerciantes enfrentan dificultades para reponer inventarios, fijar precios y preservar su patrimonio. Las presiones devaluacionistas, junto al incremento de los costos logísticos, reducen la competitividad y alimentan un clima de expectativa contenida, donde el principal riesgo de corto plazo es el repunte inflacionario.
En este escenario, el desafío central de la política económica es preservar la estabilidad cambiaria y contener la inflación sin asfixiar la actividad productiva. Para ello, parece indispensable avanzar en la bancarización y formalización de las divisas que circulan internamente; desarrollar un mercado cripto regulado, transparente y con reglas de cumplimiento claras; promover una apertura efectiva del sector petrolero a la inversión privada eliminando los obstáculos legales y operativos que hoy la bloquean; estimular la participación privada en servicios públicos estratégicos; y emprender reformas laborales que permitan mejorar los salarios sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
La prioridad inmediata debe ser evitar un nuevo ciclo de inestabilidad severa que erosione aún más las capacidades del país. Más allá de la confrontación política, Venezuela enfrenta el reto de garantizar el abastecimiento de bienes esenciales, estabilizar los precios y proteger los ingresos reales de los hogares. La reconstrucción institucional solo será posible si se preserva primero la viabilidad económica y social del país.
La lucha política, por legítima que sea, no puede sostenerse sobre la destrucción del tejido nacional. Ningún proyecto de poder tiene sentido si su resultado es un país más frágil, más empobrecido y con menor capacidad de rescate futuro. Construir exige preservar, y preservar hoy es impedir que la confrontación nos deje sin país para reconstruir mañana.
En medio de una coyuntura económica severamente marcada por una aguda fricción política y fuertes amenazas externas, el deterioro macroeconómico era previsible. Este se refleja hoy en la devaluación sostenida del tipo de cambio, un repunte inflacionario evidente, y una contracción del consumo, resultado directo de la pulverización del ingreso real.
La respuesta oficial ha seguido una línea clásica de restricción monetaria, ejecutada a través de la reducción del gasto público y una pol��tica de alto encaje legal , en sintonía con principios que buscan controlar la base crediticia para frenar la inflación. No obstante, la persistencia en mantener un tipo de cambio oficial artificialmente bajo frente al paralelo ha ampliado la brecha cambiaria, una distorsión que obliga a muchos comerciantes a operar con la cotización de mercado para cubrir costos de importación reales. Este esquema dual afecta la confianza empresarial y genera estrategias de precios imperfectas en el mercado.
Aunque la disciplina fiscal es crucial para no incrementar el endeudamiento público ni recurrir al señoreaje , la persistencia del tipo de cambio dual y los precios reprimidos generan distorsiones , afectando la producción y la inversión.
Por ello, la prioridad debe ser la sinceración macroeconómica: la unificación inmediata del tipo de cambio, restaurando así las señales de mercado esenciales para que la oferta pueda aumentar.
En este contexto, la estabilización demanda un grupo de reformas financieras y laborales. Es indispensable habilitar plenamente las operaciones interbancarias en divisas y reducir el Impuesto a las Transacciones en Divisas (ITF) para bancarizar la liquidez en moneda extranjera. Esta es una vía para generar la base de fondeo necesaria para una expansión del crédito productivo estrictamente intermediado en divisas. Esta ruta, basada en la intermediación privada y la gradual reducción del encaje legal, permitiría conciliar el estímulo económico con la disciplina monetaria requerida.
Así mismo, es fundamental la formalización del mercado de criptoactivos, que requiere un marco regulatorio claro, estable y funcional que reconozca su uso legítimo como medio de pago, reserva de valor y mecanismo de financiamiento, al tiempo que garantice transparencia y trazabilidad. Esto implica integrar las operaciones cripto al sistema financiero mediante licencias controladas, normas de cumplimiento antilavado y registros de plataformas y custodios, facilitando además la interoperabilidad con la banca y el comercio formal. Un esquema tributario racional, junto con la supervisión técnica del BCV y la SUNACRIP bajo criterios económicos, permitiría aprovechar la magnitud de ese mercado, canalizar parte de su liquidez hacia el crédito productivo y reducir la informalidad cambiaria.
Paralelamente, se requieren ajustes salariales reales, revisando las disposiciones regresivas de la Ley del Trabajo que han fomentado la bonificación sin incidencia en los beneficios.
Ninguna de estas medidas coyunturales resolverá por sí solas los problemas estructurales (como la crisis política, la dependencia del petróleo, las sanciones y bloqueos o la fuga masiva de capital humano ), pero son el prerrequisito indispensable para estabilizar la coyuntura, restablecer la confianza y preservar la actividad económica.
Apostar a la destrucción económica para alcanzar el cambio político, a través del colapso institucional o económico, no es solo un fracaso ético y pragmático, sino una estrategia ineficiente que eleva los costos de cualquier solución futura.