#Atención El presidente saliente, Gustavo Petro, anunció acciones judiciales para solicitar la nulidad de las elecciones presidenciales que ganó Abelardo De la Espriella.
Se trata de una demanda contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, que será presentada el 7 de julio por el exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez.
Petro también aseguró que pasa a una "fase de resistencia activa", en referencia al nuevo Gobierno. "Si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles", escribió el mandatario saliente. #VocesySonidos
La desobediencia civil no puede convertirse en un recurso retórico para desconocer un resultado electoral. Mucho menos en un acto de oposición política en esa situación .
El anuncio de Iván Cepeda de irse a la desobediencia civil carece de razones objetivas, y jurídicas suficientes para convocar a la ciudadanía a desobedecer la institucionalidad democrática.
En una democracia, las inconformidades se tramitan con pruebas, recursos legales, control político, jueces, Congreso, opinión pública y vigilancia ciudadana. No con ultimátums políticos.
La desobediencia civil tiene una historia moral respetable cuando enfrenta abusos evidentes, leyes injustas o rupturas reales del orden constitucional. Pero usarla como respuesta “preventiva” frente a un gobierno que aún no se ha posesionado desnaturaliza su sentido y erosiona la confianza en las reglas.
Muy llamativa la forma en que se “notifican” las condiciones y exigencias para no irse a la desobediencia civil que fueron anunciadas. Muy impositivas las demandas. Denota un carácter muy poco democrático y muy lejano, a la idea de un acuerdo nacional que se había promocionado.
La oposición es legítima. La crítica es necesaria. La vigilancia al poder es indispensable. Pero llamar a desconocer la autoridad sin una causal objetiva, probada y decidida por las instituciones competentes es abrir una puerta peligrosa: la de sustituir el Estado de derecho por la presión por fuera de la institucionalidad.
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