Una vez más integramos la Comisión Séptima del Senado, escenario clave para el trámite de las iniciativas que impactan en la vida y el bienestar de los colombianos.
Felicitaciones a los senadores @AForeroM y @AnaPaolaAgudelo por su elección unánime como presidente y vicepresidente de la Comisión para el periodo legislativo 2026–2027.
Confiamos en que, bajo su dirección, los debates se desarrollen con rigor técnico, responsabilidad y apertura, priorizando soluciones de fondo a los principales desafíos sociales del país, en especial la crisis del sistema de salud.
Las cesantías son un ahorro propio, no un recurso ajeno.
Este proyecto de ley propone algo simple: que quienes las han construido con su trabajo puedan decidir destinarlas también para emprender y crear oportunidades.
#CesantíasParaEmprender es una oportunidad para transformar el ahorro en proyectos y proyectos en ingresos!
🚨 ALERTA: El plan de la Constituyente de Petro y Cepeda avanza hacia una dictadura constitucional.
Iván Cepeda insiste en transformar las reglas de juego. No es una reforma menor; es un ataque directo a los pilares de nuestra democracia: la separación de poderes.
Como señala el constitucionalista Mauricio Gaona, nos enfrentamos a la amenaza de una “dictadura constitucional”. En las urnas no se elige una cara, se elige el futuro del modelo colombiano.
En otras palabras, estas elecciones no son solo políticas: son una decisión sobre si Colombia mantiene su modelo democrático o entra en un escenario de incertidumbre institucional.
Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud, se refirió al anuncio del presidente Petro de liquidar EPS que estén en quiebra: "Una decisión muy desafortunada y muy riesgosa".
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Atención: El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó medidas cautelares y ordenó la suspensión provisional del traslado de más de 6 millones de pacientes a la Nueva EPS y a otras prestadoras. Vía @BluRadioCo
@SebastianNohra Es importante no desinformar. Leer sobre el derecho propio que tienen los congresistas y que establecían los estatutos para el momento del aval.
Resumen del Consejo de Ministros:
cero soluciones para Córdoba, muchas acusaciones. Cero empatía con los damnificados, mucho resentimiento político. El presidente habló de Ecopetrol, de sus exministros presos, de la Isla Gorgona, de sus gustos sexuales (otra vez) del nuevo Pasaporte,de De la Espriella, de un supuesto atentado,de un presunto saboteo a cita en EEUU, del CNE, de la fiscal, del uribismo... Y por las 60 mil familias afectadas por el invierno, no se puede hacer mucho, pues según él, todo está en manos de la Corte Constitucional.
Una UPC mal calculada no es un error técnico: es un acto deliberado que amenaza la vida de los pacientes.
La decisión del Gobierno de fijar la UPC para 2026 en 9,03 % para el régimen contributivo, no solo desconoce abiertamente los costos reales del sistema de salud, también viola lo ordenado por la Corte Constitucional, que exigió información consolidada, auditada y el ajuste de rezagos de años anteriores.
Cuando los costos del sistema crecen el doble que la plata para financiarlo, se empuja la salud al colapso. Y cuando los recursos no alcanzan, son los pacientes quienes terminan pagando -con su bolsillo y con sus vidas- , las consecuencias de una decisión irresponsable de este Gobierno.
Incluir la UPC como argumento para la emergencia económica es cínico y una bofetada a pacientes y trabajadores de la salud.
El ministro Jaramillo y el presidente llevan ya años diciendo que la UPC es suficiente. De hecho en las mesas NUNCA definieron una cifra de UPC para 2025.
La primera reducción de presupuesto al sistema de salud empezó en septiembre de 2022 cuando la entonces ministra Corcho solicitó reducir el presupuesto para 2023. La desfinanciación lleva años, fue intencional y no es un hecho sobreviniente.
En el caso de la UPC es un problema de priorización de recursos. En parte redujeron los recursos de aseguramiento y en parte los desviaron para otros fines. Ahora quieren que los ciudadanos paguen 3.3 de los 15bn de insuficiencia de UPC, que en todo caso no reconocen y que justifican como igualación de UPC, con sus impuestos.
Por cierto, recuerden que por las intervenciones, el gobierno tiene amplio control de los recursos de UPC de régimen subsidiado y esos recursos no están sujetos a ley de garantías.
No se dejen engañar.
Negaron durante meses la desfinanciación del sistema de salud, minimizaron el rezago de la UPC y descalificaron al Congreso por advertirlo.
Hoy, por vía de Decreto de emergencia, el Gobierno pretende resolver la crisis que él mismo provocó.
Esto no es una solución: es un descaro. Los colombianos no pueden pagar las consecuencias de decisiones erradas, improvisación y desprecio por el debate democrático.
La emergencia económica es una herramienta excepcional, no un cheque en blanco ni un atajo para gobernar por decreto. Usarla de esta manera constituye un abuso de poder, una ruptura del equilibrio institucional y una violación abierta de la Constitución.