Olivia
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Tomás Monasterio
@MonasterioTomas
Lider cruceño profundamente autonomista ¡Bolivia siempre va estar primero! ⚡⚡
Bolivia, Santa Cruz
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LO ADVERTÍ EN SU MOMENTO Y LO SOSTENGO HOY: EL NARCOTRÁFICO NO PUEDE ENCONTRAR PROTECCIÓN EN LA POLÍTICA NI EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE COMBATIRLO.
Durante once años de labor parlamentaria impulsé investigaciones, denuncias y acciones de fiscalización frente al narcotráfico y sus posibles vínculos con el poder político.
Lo hice sin distinguir partidos, gobiernos ni nombres.
En el caso Robledo denuncié públicamente señales que consideré graves para nuestra democracia. Aquellas declaraciones dieron lugar a una investigación penal en mi contra que, en dos ocasiones, fue rechazada y archivada por falta de sustento jurídico suficiente.
NO CAMBIÉ DE POSICIÓN ENTONCES. NO VOY A CAMBIARLA AHORA.
Hoy conocemos una lista de 15 bolivianos alcanzados por restricciones de visas de Estados Unidos, en el marco de medidas vinculadas a la corrupción y el narcotráfico.
Una restricción de visa no constituye una condena penal. Pero tampoco corresponde ignorar las alertas sobre posibles vínculos entre el crimen organizado y las instituciones del Estado.
EL NARCOTRÁFICO NO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA RECIÉN CUANDO SALPICA A TUS ADVERSARIOS.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma:
¿HASTA DÓNDE HA PODIDO PENETRAR EL NARCOTRÁFICO EN NUESTRAS INSTITUCIONES Y QUÉ HAN HECHO LAS AUTORIDADES PARA IMPEDIRLO?
Esto no se trata de quién tenía razón primero. Se trata de proteger al Estado de cualquier estructura criminal que pretenda influir en sus decisiones.
Que se investigue con pruebas, independencia y respeto a la presunción de inocencia. Que se determinen responsabilidades donde corresponda.
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO NO PUEDE TENER UNA VARA PARA LOS ADVERSARIOS Y OTRA PARA LOS ALIADOS DEL PODER.
Mi posición no depende de quién gobierne ni de quién sea investigado. Es la misma que sostuve cuando ejercía funciones públicas y la misma que sostengo hoy.
LA MISMA VARA PARA TODOS. CAIGA QUIEN CAIGA.
Tomás Monasterio
Hay despedidas para las que nunca alcanzan las palabras.
Hoy acompaño con profundo cariño al ingeniero Jorge “Tuto” Quiroga y a toda su familia por la partida de su padre, don Jorge Quiroga Luizaga.
Don Jorge fue un hombre de vocación de servicio público, persistencia y perseverancia. Sirvió a Bolivia, representó al país como Embajador en Malasia y fue parte de una generación que, desde ENDE, ayudó a abrir caminos para el desarrollo y la generación de energía para los bolivianos.
Pero hoy todo eso queda pequeño frente a lo verdaderamente importante: se fue un esposo, un padre, un guía, un ejemplo y una parte fundamental de la historia de su familia.
Ingeniero, recuerdo que alguna vez usted me dijo que gran parte de lo que llegó a ser se lo debía a la inspiración de su padre. Y siempre hablaba de don Jorge con una admiración especial, diciendo que era “el mejor de los Quirogas”.
Esa frase hoy cobra un significado enorme.
Porque más allá de sus cargos y de todo lo que hizo por Bolivia, quizás su legado más profundo está en la familia que formó, en los valores que transmitió y en la huella que dejó en quienes tuvieron la fortuna de llamarlo esposo, padre y abuelo.
A doña Sonia, a usted, a Luifer, Ani, Carmina y a toda la familia Quiroga Ramírez, les envío un abrazo sincero, con enorme respeto, cariño y solidaridad.
Y quiero pensar que don Jorge hoy vuelve a encontrarse con quienes se adelantaron en el camino: su hijo Mauricio, su nuera Beatriz y su nieta Sofía.
Hay hombres que parten, pero no se van del todo.
Quedan en los valores que enseñaron, en la familia que formaron y en el ejemplo que seguirá acompañando a quienes los amaron.
Ingeniero, hoy entiendo mejor aquella frase suya.
Don Jorge fue, verdaderamente, el mejor de los Quirogas.
Descanse en paz.
PRESIDENTE PAZ: LA GENTE YA NO PUEDE SEGUIR PAGANDO EL COSTO DE CADA AJUSTE ECONÓMICO.
Después de retirar la subvención al diésel, aumentaron las presiones sobre el transporte, la producción y el costo de vida de las familias.
Ahora, mediante el DS 5750, el Gobierno modifica la forma de actualizar componentes del sistema eléctrico e incorpora variables como el tipo de cambio, el precio de los combustibles y el IPC.
El Gobierno dice que esto no significa que hoy suba la tarifa eléctrica.
Bien.
Entonces responda lo que realmente le importa a la gente:
¿CUÁNTO PUEDE TERMINAR PAGANDO UNA FAMILIA SI SUBE EL DÓLAR, EL COMBUSTIBLE O LA INFLACIÓN?
Porque una cosa es decir que hoy no existe un incremento concreto.
Otra muy distinta es cambiar la fórmula para que esas variables tengan incidencia en la actualización de los costos.
La gente no vive de fórmulas.
VIVE DE LO QUE SU SUELDO TODAVÍA ALCANZA A COMPRAR.
Paga transporte.
Compra alimentos.
Paga luz.
Y hace cuentas todos los días para llegar a fin de mes.
Si el Gobierno asegura que el decreto busca estabilidad, que publique simulaciones claras y explique el impacto real que puede tener sobre las facturas.
NO SE PUEDE SEGUIR TRASLADANDO EL COSTO DE LOS AJUSTES AL BOLSILLO DE LA GENTE.
Bolivia necesita ordenar su economía.
Claro que sí.
Pero ordenar la economía no puede significar desordenar la vida de millones de familias.
LA ECONOMÍA SE CORRIGE CON SERIEDAD, PREVISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA. NO HACIENDO QUE LA GENTE PAGUE SIEMPRE LA FACTURA.
SANTA CRUZ NO TIENE SOLO UN PROBLEMA DE DELINCUENCIA. TIENE UN PROBLEMA DE AUSENCIA DEL ESTADO.
Lo ocurrido en Patio Design es grave: hombres armados, disparos, miedo y una ciudad preguntándose hasta dónde puede llegar la inseguridad.
Pero hay una pregunta todavía más importante:
¿QUÉ PASA TODOS LOS DÍAS EN LOS BARRIOS MÁS ALEJADOS, DONDE MUCHAS VECES NO HAY PRESENCIA POLICIAL SUFICIENTE, CÁMARAS NI RESPUESTA INMEDIATA?
Cuando ocurre un hecho en un lugar visible, aparecen autoridades, policías y fiscales.
¿Y quién protege a la madre que vuelve de trabajar de noche?
¿Al comerciante del barrio?
¿Al joven que espera transporte?
¿A la familia que llama a la Policía y necesita una respuesta inmediata?
LA SEGURIDAD NO PUEDE DEPENDER DEL BARRIO DONDE UNO VIVE.
Capturar a los responsables de este atraco es indispensable.
Pero no alcanza.
Santa Cruz necesita presencia policial permanente, inteligencia, prevención, tecnología y coordinación real en todos los barrios.
Porque cuando el Estado aparece solamente después del delito, ya llegó tarde.
LA SEGURIDAD CIUDADANA NO ES UN FAVOR DEL GOBIERNO. ES UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO.
Y vivir lejos del centro no puede significar vivir con menos protección.
UN ESTADO QUE NO PUEDE PROTEGER A SU GENTE ESTÁ FALLANDO EN SU RESPONSABILIDAD MÁS BÁSICA: GARANTIZAR VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD.
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Manfred Reyes Villa
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Servidor público de carrera, con 30 años en ejercicio como autoridad subnacional. Cinco veces electo Alcalde Municipal y primer Prefecto electo de Cochabamba.
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Cruceño, demócrata, deportista, hincha de Oriente Petrolero.
Oscar Ortiz Antelo
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Rector de la @UCatolicaSC. Comprometido con los principios que sustentan una sociedad libre, democrática, próspera y solidaria.
HOY NO BASTA CON FELICITAR A LAS MUJERES. HAY QUE GARANTIZARLES JUSTICIA.
En el Día de la Mujer Boliviana, mi reconocimiento es para todas las mujeres que sostienen hogares, trabajan, emprenden, educan y luchan todos los días.
Pero también quiero poner el nombre de quienes esperan justicia.
Claudia Uria. Gabriela Durán. Claudia Soruco.
Y tantas otras mujeres que sufren o han sufrido violencia, muchas veces enfrentando además indiferencia, demora o impunidad.
No podemos acostumbrarnos a que una denuncia se convierta en un expediente más.
No puede haber homenajes mientras haya mujeres que siguen esperando protección, verdad y justicia.
CADA MUJER QUE SUFRE VIOLENCIA Y NO ENCUENTRA RESPUESTA ES UNA DEUDA DEL ESTADO.
Hoy mi mensaje no es solamente de reconocimiento.
Es también una exigencia:
JUSTICIA PARA CLAUDIA, PARA GABRIELA, PARA CLAUDIA SORUCO Y PARA TODAS LAS MUJERES QUE PASAN POR LO MISMO.
Porque respetar a la mujer no consiste en recordarla un día al año.
CONSISTE EN NO DEJARLA SOLA CUANDO MÁS NECESITA AL ESTADO.
PRESIDENTE PAZ: LA DEMOCRACIA NO CAMBIA SEGÚN QUIÉN GOBIERNE.
Durante años enfrentamos y denunciamos en los gobiernos del MAS prácticas que considerábamos autoritarias: confrontación, concentración de poder y persecución política.
No luchamos contra aquello para terminar aceptándolo con otro nombre y otro Gobierno.
SEA DE IZQUIERDA, DE CENTRO O DE DERECHA, LA DEMOCRACIA SE RESPETA.
Hoy, 10 de octubre, el Gobierno dice que defender la democracia significa escuchar, respetar las diferencias y garantizar derechos.
De acuerdo.
Pero la democracia también exige algo elemental:
QUE EL PODER RESPETE LOS LÍMITES QUE IMPIDEN QUE TERMINE CONTROLANDO A QUIEN DEBE INVESTIGARLO.
El presidente del Senado reveló que, después de cinco votaciones fallidas para elegir al Fiscal General interino, llamó a Rodrigo Paz y fue el propio Presidente quien le proporcionó una lista de nombres para buscar consenso.
Entre ellos estaba José Armando Urioste.
Entonces la pregunta ya no es partidaria.
Es institucional:
¿DÓNDE TERMINA LA INFLUENCIA DEL PRESIDENTE Y DÓNDE EMPIEZA LA INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES?
Presidente Paz, explique quién le propuso a Urioste, por qué decidió incluirlo y qué participación tuvo su Gobierno en la construcción de los dos tercios.
Porque una Fiscalía verdaderamente independiente debe poder investigar al Gobierno, a sus aliados y a cualquier grupo de poder sin deberle el cargo a nadie.
Yo cuestioné los excesos del poder cuando gobernaba el MAS.
Y los voy a cuestionar ahora también.
LA DEMOCRACIA NO TIENE COLOR POLÍTICO. TIENE REGLAS.
Y la principal es sencilla:
EL PODER TIENE LÍMITES. SEA QUIEN SEA EL QUE LO EJERZA.
URIOSTE DEBE DAR UN PASO AL COSTADO.
No por tener familiares vinculados a la política.
No por conocer empresarios.
Y mucho menos porque eso, por sí solo, constituya algún delito.
El problema es otro: la forma en que llegó a dirigir el Ministerio Público está cada vez menos clara.
Después de cinco votaciones fallidas apareció su nombre y terminó consiguiendo los dos tercios.
Luego conocimos que existe un vínculo familiar, a través de su esposa, con Efraín Suárez, vicepresidente de Creemos y hombre cercano a Luis Fernando Camacho, aliado político del presidente Rodrigo Paz.
Ahora el propio Urioste reconoce algo todavía más delicado: un empresario que había sido cliente suyo le pidió su currículum para promover una eventual postulación y él dice desconocer cómo ese documento terminó llegando a la Asamblea.
Eso deja una sombra sobre la transparencia de su designación que no puede resolverse con un simple “no sé”.
¿Quién es ese empresario?
¿A quién entregó el currículum?
¿Quién puso finalmente el nombre de Urioste sobre la mesa?
¿Quién negoció los votos?
¿Y qué acuerdos hicieron posibles los dos tercios?
Yo lo advertí desde el principio: una investigación penal no podía terminar convertida en la excusa para tomar políticamente el Ministerio Público.
Bolivia tenía esperanza en un cambio en la justicia.
No podemos terminar reemplazando una Fiscalía cuestionada por otra cuya designación está rodeada de intermediarios privados, vínculos políticos y acuerdos que nadie quiere transparentar.
Por eso Urioste debería dar un paso al costado mientras se esclarece completamente cómo llegó su nombre hasta la Asamblea.
Y aquí también tiene que responder el presidente Rodrigo Paz.
Porque su Gobierno impulsó este proceso y ahora no puede comportarse como un simple espectador.
EL PROBLEMA NO ES QUIÉN ENTREGÓ EL CURRÍCULUM. EL PROBLEMA ES QUIÉN LO CONVIRTIÓ EN DOS TERCIOS.
Y esa respuesta ya no se la pido solamente a Urioste.
SE LA PIDO AL PRESIDENTE RODRIGO PAZ.
La Justicia no recuperará credibilidad cambiando de padrinos.
LA RECUPERARÁ EL DÍA QUE DEJE DE TENERLOS.
LA AGENDA ES CLARA: HOY SE INVESTIGA A QUIENES LLEVABAN CASOS QUE ALCANZABAN A RODRIGO PAZ Y A SU ENTORNO.
El Estado no puede tener una vara para unos y otra para quienes están cerca del poder.
También siguen pendientes respuestas sobre el viaje presidencial a Florida.
En Highland Beach existen vínculos familiares del Presidente, una propiedad asociada a ese entorno cuyo valor estimado en Zillow ronda los US$658.900, además de dos empresas vinculadas a su esposa y a su cuñada, y una permanencia presidencial de tres días en la zona.
Eso no prueba ningún delito.
Pero sí exige algo elemental:
AGENDA COMPLETA, GASTOS Y UNA EXPLICACIÓN CLARA DE QUÉ PARTE DEL VIAJE FUE OFICIAL, QUÉ PARTE FUE PRIVADA Y QUIÉN PAGÓ.
Porque mientras toda la fuerza del Estado se concentra sobre quienes llevaban investigaciones sensibles, el país tiene derecho a preguntar qué ocurrirá con las causas que alcanzaban al Presidente, a su entorno y a sus aliados.
La pregunta es sencilla:
¿SE ESTÁ LIMPIANDO LA JUSTICIA O SE ESTÁ LIMPIANDO EL CAMINO PARA QUE CIERTAS INVESTIGACIONES DEJEN DE MOLESTAR?
Yo no quiero una Fiscalía contra Paz ni una Fiscalía a favor de nadie.
Quiero una Fiscalía que investigue a todos.
UN ESTADO SERIO NO ESCOGE A QUIÉN INVESTIGAR. APLICA LA MISMA LEY, CON LA MISMA FUERZA, A TODOS.
LA FISCALÍA NO PUEDE CAMBIAR DE PADRINOS. TIENE QUE DEJAR DE TENERLOS.
Siempre sostuve que cualquier denuncia debía investigarse hasta llegar a la verdad, caiga quien caiga.
Pero también advertí que una investigación penal no podía convertirse en la puerta de entrada para una nueva captura política del Ministerio Público.
Hoy aparece un dato que exige explicación.
LA FISCALÍA NO PUEDE CAMBIAR DE PADRINOS. TIENE QUE DEJAR DE TENERLOS.
Siempre sostuve que cualquier denuncia contra Roger Mariaca debía investigarse hasta llegar a la verdad, caiga quien caiga.
Pero también advertí que una investigación penal no podía convertirse en la puerta de entrada para una nueva captura política del Ministerio Público.
Hoy aparece un dato que exige explicación.
Según la información conocida, la esposa del nuevo Fiscal General interino, José Armando Urioste, es hermana del padre de Efraín Suárez, vicepresidente de Creemos y asesor de Luis Fernando Camacho.
También se ha señalado una cercanía política entre Suárez y Walter Chávez. Si ese vínculo está documentado, debe transparentarse.
NO ES UN DATO MENOR.
Después de cambiar la ley, suspender al Fiscal General, atravesar cinco votaciones fallidas y terminar eligiendo a un nombre que ni siquiera estaba inicialmente sobre la mesa, el país merece saber:
¿QUIÉN PROPUSO A URIOSTE Y QUÉ ACUERDOS POLÍTICOS HICIERON POSIBLES LOS DOS TERCIOS?
Porque si la Fiscalía sale de una órbita política para entrar en otra, no hubo independencia.
HUBO CAMBIO DE MANOS.
Bolivia no necesita una Fiscalía repartida entre grupos de poder.
NECESITA UNA FISCALÍA INDEPENDIENTE, QUE INVESTIGUE A TODOS, CAIGA QUIEN CAIGA, Y QUE TERMINE CON LA IMPUNIDAD.
PRESIDENTE PAZ: LA CONSTITUCIÓN NO CAMBIA SEGÚN LA COYUNTURA.
En 2012, junto a otros parlamentarios, presentamos un incidente de inconstitucionalidad contra las normas que permitían suspender autoridades electas a partir de una acusación formal.
Ese régimen terminó siendo declarado inconstitucional mediante la SCP 2055/2012.
Hoy, catorce años después, la Asamblea aprueba y el Presidente promulga una ley que permite suspender al Fiscal General por una imputación o una medida cautelar.
Los casos no son idénticos. Precisamente por eso corresponde una explicación jurídica seria:
¿POR QUÉ EL CRITERIO CONSTITUCIONAL QUE IMPIDIÓ SUSPENDER AUTORIDADES POR UNA ACUSACIÓN FORMAL NO SERÍA RELEVANTE AHORA?
No se trata de defender a Roger Mariaca.
Se trata de defender un principio que sostuve entonces y sostengo hoy:
UNA ACUSACIÓN NO ES UNA SENTENCIA.
Y quienes ejercen poder deberían recordar algo más: nuestro ordenamiento contempla incluso responsabilidad penal por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, cuando concurren los elementos que exige la norma.
TENER LOS VOTOS NO ELIMINA LA RESPONSABILIDAD. PROMULGAR UNA LEY TAMPOCO.
El presidente Paz dijo que el crimen organizado no tiene Constitución.
Correcto.
EL ESTADO SÍ. Y PRECISAMENTE POR ESO QUIEN EJERCE PODER ESTÁ OBLIGADO A RESPETARLA, INCLUSO CUANDO LE INCOMODA.
NO SE PUEDE CAMBIAR LA LEY HOY PARA HACERLA VALER SOBRE LO QUE OCURRIÓ AYER.
Primero fue aprehendido el Fiscal General.
Después, la Asamblea abrió el camino para modificar la Ley 260 y crear un nuevo mecanismo para designar a un Fiscal General interino.
Ahí está el problema.
Como principio general, la ley rige para lo venidero.
Si el mecanismo que ahora quieren utilizar no existía cuando ocurrió la aprehensión de Roger Mariaca, corresponde que expliquen con absoluta claridad qué fundamento constitucional permite aplicar esa nueva regla a una situación anterior.
Esto no se trata de defender a Mariaca.
Se trata de defender algo mucho más importante: la seguridad jurídica, el debido proceso y los límites del poder.
En un Estado de derecho, primero existe la norma y después se toma la decisión.
EL PODER SE SOMETE A LA LEY. LA LEY NO SE ACOMODA A LAS NECESIDADES DEL PODER.
Y a los parlamentarios les digo algo muy sencillo:
UNA MAYORÍA NO CONVIERTE EN CONSTITUCIONAL LO QUE NO LO ES.
Cada voto queda registrado. Cada decisión pública genera responsabilidad.
LOS CARGOS PASAN. LAS RESPONSABILIDADES QUEDAN.
“BOLIVIA YA CONOCE LA LÓGICA DEL ‘MÉTANLE NOMÁS, DESPUÉS LOS ABOGADOS LO ARREGLAN’. NO PODEMOS VOLVER A ESO.”
El Gobierno le está diciendo a la Asamblea que “debe destituir” al Fiscal General, pide que los legisladores no se concentren en “procedimientos” y llega al extremo de plantear que quienes no acompañen esa decisión estarían del lado del sicariato o del narcoterrorismo.
Hay algo que debe quedar claro:
EL PROCEDIMIENTO NO ES UN ESTORBO. ES LA GARANTÍA QUE IMPIDE QUE EL PODER HAGA LO QUE QUIERA.
Si existe una causal legal de vacancia, que la identifiquen.
Si existe un procedimiento constitucional para reemplazar al Fiscal General, que lo cumplan.
Pero una aprehensión, una acusación del Ejecutivo o una conferencia de prensa no pueden convertirse por sí solas en una sentencia ni fabricar una vacancia jurídica.
Bolivia ya conoce esa vieja lógica de hacer primero y buscar después cómo justificarlo legalmente.
No podemos volver ahí.
Y tampoco es aceptable que el Ejecutivo pretenda decirle a la Asamblea cómo votar y, al mismo tiempo, coloque bajo sospecha criminal a quien discrepe.
Cuando el Gobierno pretende definir el resultado, desacreditar al que piensa distinto y relegar el procedimiento a un segundo plano, se encienden todas las alertas institucionales.
La Asamblea no está para obedecer instrucciones de Palacio.
La Justicia no está para ejecutar decisiones políticas.
Y la Constitución no está para acomodarse a las necesidades del Gobierno de turno.
NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY. PERO TAMPOCO EL PODER ESTÁ POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN.
Y a quienes hoy pretendan extralimitar sus competencias les recuerdo algo elemental:
LOS CARGOS PASAN. LAS RESPONSABILIDADES QUEDAN.
Hoy pueden tener poder.
Mañana tendrán que responder por cómo lo ejercieron.
“O ESTÁN CON LA LEY O ESTÁN CON EL NARCOTERRORISMO.”
No, ministro.
En una democracia no funciona así.
Estar con la ley significa precisamente exigir pruebas, debido proceso, jueces independientes y respeto a las garantías constitucionales.
Cuestionar un procedimiento no convierte a nadie en narcotraficante.
Pedir transparencia no vuelve a nadie enemigo del Estado.
Y discrepar con el Gobierno no puede transformarse en sospecha criminal.
Cuando el poder empieza a dividir a los ciudadanos entre “leales” y “narcoterroristas”, empieza a utilizar una lógica propia de las dictaduras: convertir la discrepancia en enemistad y la crítica en sospecha.
Eso es peligroso.
La lucha contra el narcotráfico exige firmeza.
Pero también exige límites al poder.
Porque una democracia seria no obliga a escoger entre obedecer al Gobierno o ser tratado como criminal.
ESTAR CON LA LEY TAMBIÉN SIGNIFICA PONERLE LÍMITES AL GOBIERNO.
UNA INVESTIGACIÓN PENAL NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA TOMA POLÍTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Que se investigue a quien corresponda.
Que se presenten pruebas.
Que la Justicia determine responsabilidades.
Nadie está por encima de la ley.
Pero tampoco una investigación puede utilizarse como pretexto para alterar la conducción del Ministerio Público, remover autoridades al margen del procedimiento constitucional o someter una institución que debe actuar con independencia al poder de turno.
Si el Gobierno cruza esa línea, el problema deja de ser una persona.
El problema pasa a ser el orden constitucional.
El Ministerio Público no pertenece a un presidente, a un partido ni a una mayoría circunstancial. Sus autoridades, competencias y procedimientos están sometidos a la Constitución y a la ley.
Y frente a cualquier intento de quebrar ese equilibrio, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, expresarse y movilizarse pacíficamente para exigir legalidad y respeto a las instituciones.
No impunidad.
No captura política de la Justicia.
No poder por encima de la Constitución.
Y quienes, desde cualquier cargo, decidan extralimitarse en sus competencias deben tener algo muy claro:
LOS CARGOS PASAN. LAS RESPONSABILIDADES QUEDAN.
Toda actuación realizada al margen de la Constitución deberá ser examinada y, si corresponde, generar las responsabilidades que determine la ley.
Hoy pueden tener poder. Mañana tendrán que responder por cómo lo ejercieron.
PRESIDENTE PAZ: LO EMPLACÉ A DESMENTIRME. HASTA AHORA, NO LO HA HECHO.
Hace dos días le pedí públicamente que respondiera algo muy sencillo: si Carlos Mauricio Urquidi, su suegro, reside o no en el área de Boca Ratón.
El Gobierno respondió que la llegada a Boca Ratón fue una simple “coincidencia”, producto de razones de “logística y economía”.
Hoy muestro parte de la información que tengo en mi poder.
Los registros ubican a Carlos Mauricio Urquidi, suegro del Presidente, como residente en Highland Beach, en el área de Boca Ratón.
Y el inmueble asociado a esa ubicación aparece en Zillow con un valor estimado cercano a US$658.900.
El valor de la propiedad no es el problema.
El problema es que la explicación de una simple “coincidencia” ya no alcanza.
Después de concluir su agenda oficial en Nueva York, el Presidente permaneció tres días en esa zona. Corresponde transparentar qué parte del viaje fue oficial, qué parte fue privada y quién pagó avión, combustible, tripulación, seguridad, hospedaje y demás gastos.
Yo ya lo emplazé públicamente a desmentirme.
Si esta información es incorrecta, Presidente Paz, desmiéntala.
Pero si es correcta, entonces deje de hablar de coincidencias y muestre las cuentas.
EL GOBIERNO DIJO “COINCIDENCIA”. LOS REGISTROS MUESTRAN EL VÍNCULO FAMILIAR. AHORA FALTAN LAS CUENTAS.
PAGAR MÁS Y SEGUIR HACIENDO COLA NO ES UNA SOLUCIÓN.
Cuando se retiró la subvención a la gasolina, el Gobierno sostuvo que con esa medida se acabarían las filas.
Hoy las filas volvieron.
Y detrás de cada vehículo esperando hay algo que desde un escritorio puede parecer menor, pero para la gente no lo es: horas perdidas, trabajo detenido, incertidumbre y familias enteras reorganizando su día para conseguir combustible.
Eso deja una advertencia muy clara frente a lo que ahora ocurre con el diésel: trasladar el costo a la gente no garantiza por sí solo el abastecimiento.
Si después de pagar más seguimos viendo surtidores con filas interminables, entonces el problema nunca fue solamente el precio. También hay un problema de gestión, abastecimiento y capacidad del Estado para garantizar suministro.
Y con el diésel puede pasar exactamente lo mismo si el Gobierno cree que subir el precio resuelve todo.
No basta con quitar una subvención. Hay que garantizar combustible.
Porque al final la gente puede terminar pagando dos veces:
MÁS CARO Y HACIENDO LA MISMA FILA.
ESTADOS UNIDOS PUEDE DECIDIR SOBRE SUS VISAS. BOLIVIA DECIDE SOBRE SU JUSTICIA.
Mientras el Ministerio Público investiga el caso Cerimedo, existe un audio atribuido al asesor cercano de Rodrigo Paz en el que se habla de US$15.000 mensuales por avioneta, 41 aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico y supuesta influencia sobre designaciones en la FELCN, NAABOL y la DGAC.
Al mismo tiempo, Estados Unidos adopta una medida migratoria contra el Fiscal General que conduce esa investigación.
La coincidencia institucional no puede pasar inadvertida.
Una decisión administrativa de un gobierno extranjero puede producir efectos migratorios. Lo que no puede hacer es condicionar, debilitar o desviar una investigación que corresponde a la Justicia boliviana.
El caso Cerimedo debe continuar hasta el final, con independencia, sin presiones externas y sin interferencias del poder político.
Aquí no se trata de defender personas. Se trata de defender instituciones.
Una visa puede revocarse. Una investigación no puede borrarse.
Y algo debe quedar claro:
LA JUSTICIA BOLIVIANA NO SE DIRIGE NI DESDE WASHINGTON NI DESDE PALACIO.
PRESIDENTE PAZ: ¿SU SUEGRO RESIDE O NO EN BOCA RATÓN?
Usted afirmó que Boca Ratón “jamás” tuvo un motivo personal.
La información que tengo señala que Carlos Mauricio Urquidi Urquidi, su suegro, reside precisamente allí.
Entonces explique qué ocurrió durante los tres días que permaneció en Boca Ratón.
¿Se reunió con su suegro?
¿Qué agenda oficial cumplió?
¿Quién pagó avión, combustible, tripulación, seguridad, hospedaje y demás gastos asociados?
Visitar a la familia no es el problema. El problema es saber quién pagó.
Si mi información es incorrecta, desmiéntala.
Si es correcta, explique qué parte del viaje fue oficial, qué parte fue privada y quién asumió cada costo.
Una explicación “técnica” sobre el aeropuerto no sustituye la rendición de cuentas.
MIENTRAS A LA GENTE LE PIDEN SACRIFICIOS, EL PODER TIENE QUE MOSTRAR LAS CUENTAS.
En medio del ajuste por el diésel y del impacto que sienten las familias en transporte, producción y costo de vida, el Presidente tiene una obligación adicional: demostrar que la austeridad también se practica desde arriba.
Después de cumplir su agenda oficial en Nueva York, Rodrigo Paz permaneció viernes, sábado y domingo en Boca Ratón para una visita familiar a su suegro, padre de Bibi Urquidi.
Visitar a su familia no es el problema. El problema es saber quién pagó esa extensión del viaje.
¿Quién cubrió el tramo Nueva York–Boca Ratón? ¿Quién pagó avión, combustible, tripulación, seguridad, hospedaje y demás gastos asociados?
Mientras a una familia boliviana se le pide asumir más costos por el ajuste del diésel, el poder no puede dejar cuentas sin aclarar.
A la gente le piden sacrificios. Al poder le toca mostrar las cuentas.
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