Bolivia necesita respuestas, no más confrontaciones estériles.
Mientras el país enfrenta más de cuarenta días de bloqueos, una profunda crisis económica, familias que sufren por la falta de combustible, alimentos y medicamentos, y graves preocupaciones sobre el avance del crimen organizado, los bolivianos merecen algo más que declaraciones cruzadas.
Merecen respuestas.
Merecen instituciones que funcionen.
Merecen un Estado capaz de recuperar la normalidad y proteger a sus ciudadanos.
Pero también debemos comprender una realidad política.
Cuando quienes dicen defender la democracia convierten el debate público en una sucesión de agravios personales, competencias de protagonismo y disputas estériles, los únicos beneficiados son quienes viven del conflicto, la división y el caos.
Bolivia no necesita más egos.
Necesita liderazgo.
No necesita más ruido.
Necesita soluciones.
La historia demuestra que las sociedades se debilitan cuando las diferencias secundarias terminan siendo más importantes que las amenazas reales que enfrentan las instituciones y la democracia.
Hoy el desafío es mucho más grande que cualquier disputa política circunstancial.
Es recuperar la autoridad del Estado.
Es enfrentar con firmeza al crimen organizado.
Es devolverle tranquilidad a las familias bolivianas.
Y es entender que ningún proyecto personal puede estar por encima del interés nacional.
Bolivia necesita menos confrontaciones estériles y más compromiso con la defensa de la democracia, la institucionalidad y la paz social.
EL DISCURSO Y LA REALIDAD
Discurso:
“A los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados.”
— Rodrigo Paz
Realidad:
La Fiscalía y las autoridades de Chile confirmaron el mayor hallazgo de droga vinculado a Bolivia de su historia.
108 toneladas.
32 envíos internacionales.
15 empresas bajo investigación.
Una operación criminal valuada en más de 8.000 millones de dólares.
Mientras Bolivia llevaba semanas bloqueada…
Mientras miles de familias sufrían por la falta de alimentos, medicamentos y combustible…
Mientras productores y transportistas no podían trabajar…
Las mafias seguían operando.
La pregunta es inevitable.
¿Cómo pudo salir del país una operación criminal de semejante magnitud?
La FELCN.
La Aduana.
La ABT.
Y todas las instituciones llamadas a ejercer control tienen el deber de responderle a Bolivia.
Los bolivianos hacen filas por combustible.
Los medicamentos no llegan a muchas regiones.
Los productores no pueden sacar sus cosechas.
Pero las mafias sí encontraron la forma de operar.
El narcotráfico no se combate solamente con discursos.
Se combate con instituciones fuertes, controles eficaces y una decisión política capaz de llegar hasta el fondo, sin privilegios ni protección para nadie.
Durante años advertimos que la infiltración del crimen organizado representaba una amenaza para nuestra democracia, nuestras instituciones y el futuro del país.
Hoy los hechos demuestran que el problema tiene una dimensión que ya no puede ser ignorada.
Mientras Bolivia estaba bloqueada para los ciudadanos, nunca estuvo bloqueada para las mafias.
Porque cuando las mafias avanzan, el Estado retrocede.
Y cuando el Estado retrocede, es el pueblo quien termina pagando las consecuencias.
Bolivia no puede permitirse seguir retrocediendo.
Durante años advertimos que la infiltración del crimen organizado en la política y en las instituciones era una amenaza para Bolivia.
Muchos prefirieron minimizar el problema.
Otros intentaron silenciar a quienes lo denunciábamos.
Hoy la realidad vuelve a golpearnos.
Más de 100 toneladas de droga vinculadas a una operación que partió desde Bolivia no representan solamente un gigantesco hecho de narcotráfico.
Representan un desafío para el Estado, para la democracia y para el futuro del país.
Mientras millones de bolivianos sufren por la falta de alimentos, medicamentos y combustibles, organizaciones criminales parecen operar con una capacidad logística que avergüenza a la nación.
Bolivia merece respuestas.
Merece verdad.
Y merece instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado sin privilegios ni protección para nadie.
Porque cuando las mafias avanzan, el Estado retrocede.
Y cuando el Estado retrocede, los ciudadanos terminan pagando el precio.
DOS BOLIVIAS
Bolivia lleva semanas sufriendo bloqueos.
Miles de familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles.
La economía se paraliza.
Los productores pierden millones.
Los ciudadanos soportan las consecuencias.
Y mientras todo eso ocurría…
Las autoridades chilenas detectaban más de 100 toneladas de droga vinculadas a una operación que partió desde Bolivia.
La pregunta es inevitable.
¿Cómo es posible que un país paralizado por bloqueos, controles, conflictos y operativos permita que estructuras criminales movilicen cargamentos de esta magnitud?
¿Dónde estaban los controles?
¿Dónde fallaron las instituciones?
¿Quiénes permitieron que una operación de semejante escala funcionara sin ser detectada?
El Estado tiene la obligación de responder.
Porque mientras los bolivianos sufrían la escasez y la incertidumbre, organizaciones criminales seguían operando con una capacidad logística que avergüenza al país ante el mundo.
Más de 100 toneladas de droga no son un accidente.
No son un hecho aislado.
Son una señal de alarma nacional.
El narcotráfico no solo transporta droga.
Corrompe instituciones.
Compra silencios.
Financia violencia.
Y debilita la democracia.
Bolivia merece respuestas.
Y merece saber quiénes son los responsables de que semejante operación haya podido desarrollarse frente a nuestras propias narices.
🇧🇴⚡️
NO LOGRARON SILENCIARME ANTES.
NO LO LOGRARÁN AHORA.
Durante mucho tiempo elegí guardar silencio.
Mientras se desarrollaba una investigación por supuesta violencia política promovida de oficio por el Tribunal Supremo Electoral, decidí hacer lo que siempre he creído correcto: defenderme donde corresponde, ante la justicia y no en los medios de comunicación.
Hoy puedo informar que, por segunda ocasión, esta denuncia ha sido rechazada y archivada por carecer de fundamentos jurídicos suficientes.
Mi trayectoria en la lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias para el Estado democrático es de conocimiento público.
Durante once años de labor parlamentaria impulsé investigaciones, denuncias y acciones de fiscalización orientadas a combatir este flagelo sin distinción de color político, región o condición social de los involucrados.
Las instituciones del Estado deben estar al servicio de los ciudadanos, de la verdad y de la justicia.
No pueden convertirse en instrumentos para desalentar denuncias legítimas sobre asuntos de interés público.
Por ello considero indispensable que se determinen las responsabilidades de quienes promovieron actuaciones que, por segunda vez, han sido rechazadas por carecer de sustento jurídico.
Asimismo, confío en que quienes difundieron ampliamente esta denuncia informarán ahora, con el mismo compromiso y relevancia, que ha sido rechazada y archivada.
La presunción de inocencia no puede ser un principio de aplicación selectiva.
Nuestra región ha demostrado una y otra vez el enorme daño que produce la infiltración del crimen organizado en la política.
Bolivia no puede permitirse recorrer ese camino.
Por eso seguiré denunciando, investigando y combatiendo al narcotráfico y a todas las formas de corrupción e infiltración criminal que amenazan nuestra democracia.
No lograron silenciarme antes.
No lo lograrán ahora.
Porque aprendí que el miedo solo triunfa cuando las personas renuncian a sus convicciones.
Uno puede perder espacios.
Puede perder aliados.
Puede quedarse solo.
Lo único que jamás puede perder es la dignidad.
Yo ya tomé esa decisión.
Seguiré diciendo la verdad y defendiendo aquello en lo que creo.
Porque todavía creo en Bolivia.
¡LA VERDAD NOS HARÁ VERDADERAMENTE LIBRES!
Bolivia necesita recuperar la paz y la cordura.
Ninguna diferencia política, por profunda que sea, puede justificar que los bolivianos se enfrenten entre sí.
La vida y la integridad de las personas deben estar por encima de cualquier interés político, sectorial o partidario.
Confío en que las instituciones actúen dentro de la ley, con responsabilidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos.
Mi solidaridad con todas las familias que hoy viven con angustia estas horas difíciles.
Bolivia necesita menos odio y más diálogo.
Menos confrontación y más responsabilidad.
Porque al final del día, ningún proyecto político vale más que la vida de un boliviano.
Lo más preocupante no es que el video haya sido borrado.
Lo más preocupante es que el propio Gobierno reconoce que fue publicado sin una supervisión adecuada.
Estamos hablando de un mensaje presidencial difundido desde canales oficiales en medio de la mayor crisis de esta gestión.
Si un mensaje de esa magnitud puede publicarse sin una revisión final adecuada, la pregunta es inevitable:
¿Cuántas decisiones importantes se están tomando bajo la misma lógica?
Bolivia atraviesa una crisis que exige claridad, coordinación y liderazgo.
Y la explicación oficial sobre el video no transmite ninguna de las tres.
Porque el problema ya no es solamente lo que se dijo.
El problema es que nadie parece haber advertido las consecuencias antes de publicarlo.
Y eso resulta tan preocupante como el mensaje mismo.
Más preocupante que el video borrado es lo que el video revela.
En medio de la mayor crisis de su gestión, el presidente Rodrigo Paz pidió que la sociedad boliviana se movilice junto a la Policía y las Fuerzas Armadas para desbloquear el país.
Horas después, el video desapareció.
Pero las preguntas siguen ahí.
Porque en una democracia la responsabilidad de garantizar el libre tránsito, preservar el orden público y hacer cumplir la ley no recae sobre los ciudadanos.
Recae sobre el Estado.
Para eso existen instituciones, autoridades, Fuerzas Armadas, Policía y mecanismos constitucionales.
Después de más de un mes de bloqueos, desabastecimiento, confrontación, renuncias ministeriales y una evidente crisis de confianza, Bolivia esperaba escuchar una estrategia para recuperar la gobernabilidad.
Lo que escuchó fue algo mucho más preocupante.
Un llamado a que la población haga aquello que corresponde garantizar al propio Estado.
Cuando un gobierno transmite la sensación de que necesita que los ciudadanos asuman tareas que son responsabilidad de las instituciones públicas, el problema deja de ser únicamente el conflicto.
El problema pasa a ser la capacidad del Estado para ejercer autoridad y cumplir sus funciones.
La autoridad del Estado no se fortalece cuando delega sus responsabilidades.
Se fortalece cuando las ejerce.
Y si esa fue realmente la reflexión detrás de ese mensaje, quizás por eso terminó siendo eliminado.
Porque los videos se pueden borrar.
Las dudas que dejan, no.
Han pasado 33 días.
33 días de bloqueos.
33 días de desabastecimiento.
33 días de enfrentamientos.
33 días de desgaste para millones de familias bolivianas.
Y después de 33 días, el país sigue sin conocer una hoja de ruta clara para salir de la crisis.
Hoy sabemos que el Gobierno destinará más de Bs 68 millones para la compra de agentes químicos.
La pregunta que corresponde hacer no es cuánto costarán los gases.
La pregunta es:
¿Dónde está el plan para devolverle gobernabilidad a Bolivia?
Porque los bolivianos necesitan soluciones.
Necesitan abastecimiento.
Necesitan certidumbre.
Necesitan liderazgo.
Gobernar no consiste en administrar el conflicto indefinidamente.
Gobernar consiste en resolverlo.
Y después de 33 días, esa sigue siendo la gran deuda del Gobierno con el país.
Bolivia no puede seguir atrapada indefinidamente en una crisis que cada día deja más confrontación, más desabastecimiento y más sufrimiento para millones de familias.
Después de más de un mes de bloqueos, muertos, heridos y una creciente fractura nacional, es evidente que el conflicto ha superado tanto al Gobierno como a los sectores movilizados.
Cuando el diálogo no avanza, la confrontación se profundiza y la gobernabilidad se deteriora, corresponde buscar una salida democrática, institucional y pacífica.
Por esa razón considero que el país debe debatir seriamente la convocatoria a un referéndum revocatorio extraordinario, para que sea el pueblo boliviano, mediante el voto, quien defina el rumbo del país.
Ninguna crisis puede resolverse indefinidamente en las carreteras, en los bloqueos o en la confrontación entre bolivianos.
Bolivia necesita una solución que evite más muertos, más violencia, más desabastecimiento y una mayor fractura social.
La democracia debe ser el camino de salida.
Que decida el pueblo.
Lo más preocupante de esta crisis no es solamente el deterioro económico y social que vive Bolivia.
Lo verdaderamente grave es descubrir que mientras millones de bolivianos votaron esperando un cambio, muchas de las viejas estructuras de poder siguieron intactas dentro del propio Estado.
El caso de YPFB es quizás uno de los ejemplos más alarmantes.
Durante meses el gobierno habló de mafias incrustadas, corrupción heredada y sabotaje interno. Sin embargo, hasta hoy no hay responsables procesados por el escándalo de la denominada ‘gasolina basura’, pese al enorme daño económico, institucional y social que provocó.
Y mientras el país esperaba respuestas, empiezan a aparecer vínculos que revelan algo todavía más preocupante:
el actual presidente de YPFB, Sebastián Daroca, no solo formó parte de anteriores estructuras dentro de la estatal petrolera, sino que además aparece relacionado con contratos millonarios durante la era del MAS, incluyendo la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa por más de 500 millones de bolivianos.
Entonces la pregunta que millones de bolivianos empiezan a hacerse es inevitable:
¿cómo puede un gobierno hablar de mafias heredadas mientras mantiene en espacios estratégicos a personas vinculadas precisamente al viejo modelo que prometió desmontar?
Bolivia votó por un cambio.
No por reciclar operadores, prácticas ni estructuras de poder.
Y defender este gobierno se vuelve cada vez más difícil porque frente a una de las peores crisis de los últimos años, Rodrigo Paz parece empeñado en cometer exactamente los errores que agravan cualquier crisis:
negar la realidad,
reaccionar tarde,
confrontar cuando debía escuchar,
y rodearse de personas que terminan debilitando todavía más la poca confianza que le queda al Estado.
Porque cuando un gobierno pierde coherencia entre lo que promete y lo que hace, la crisis deja de ser solamente política.
Empieza a convertirse en una profunda crisis de confianza nacional.
Bolivia necesita un presidente al frente de la crisis, no un gobierno administrando ausencias mientras el país sigue acumulando tensión, muertos y desgaste social.
Un gobierno que ni siquiera logra coordinar internamente sus propios espacios de diálogo difícilmente puede transmitir conducción en medio de una crisis nacional.
Lo advertí en su momento.
Muchos decidieron mirar hacia otro lado.
La improvisación.
La soberbia.
El abuso de poder de sus aliados.
La falta de transparencia.
La desconexión con la realidad.
Y una gestión tan paupérrima que llevó a Bolivia a soportar gasolina cara y de mala calidad…
iban a terminar abriendo la puerta al desastre.
Y hoy el país empieza a vivir exactamente eso.
Bloqueos.
Desabastecimiento.
Violencia.
Enfrentamientos.
Miedo.
Y millones de bolivianos sintiendo que Bolivia está perdiendo el control.
Porque cuando un gobierno pierde conducción, la crisis deja de tener límites.
Y mientras la gente vive incertidumbre, angustia y cansancio, desde el poder siguen reaccionando tarde, improvisando medidas y tratando de apagar una crisis estructural con anuncios desesperados.
Rebajarse el sueldo seis meses después de llegar al gobierno no resuelve la crisis.
Un perdonazo tributario anunciado en medio del caos tampoco devuelve estabilidad ni confianza.
La gente no está esperando gestos simbólicos.
Está esperando liderazgo.
Porque Bolivia no necesita medidas aisladas para sobrevivir políticamente semana a semana.
Necesita un rumbo claro para salir de la crisis.
Negar la gravedad de lo que ocurre no devolverá tranquilidad al país.
Improvisar en medio del conflicto tampoco resolverá el problema.
Bolivia necesita autoridad.
Necesita serenidad.
Necesita capacidad de escuchar.
Y necesita decisiones firmes antes de que esta crisis termine escalando todavía más.
Pero también quienes empujan al país hacia una confrontación permanente deben entender algo:
ninguna causa puede sostenerse sobre el sufrimiento de millones de familias bolivianas.
El país está cansado.
Cansado de las crisis.
Cansado de la polarización.
Y cansado de sentir que cada día Bolivia se acerca un poco más al caos.
Todavía estamos a tiempo de evitar una fractura mayor.
Pero para eso se necesita algo que hoy parece ausente:
conducción real del país.
Bolivia está entrando en una etapa extremadamente peligrosa.
Y el país tiene que entender algo:
cuando la autoridad se debilita, el conflicto deja de tener límites.
Eso es exactamente lo que hoy estamos empezando a vivir.
Bloqueos.
Desabastecimiento.
Violencia.
Enfrentamientos.
Discursos cada vez más radicales.
Y millones de bolivianos con la sensación de que el país está perdiendo el rumbo.
Lo advertí hace tiempo.
Un gobierno desconectado de la realidad, incapaz de escuchar, lento para reaccionar y encerrado en la soberbia, podía terminar debilitando al propio Estado y abriendo nuevamente espacio a los sectores más radicales.
Y hoy Bolivia está pagando las consecuencias de haber confundido cambio con conducción.
Pero también hay algo que debe decirse con absoluta claridad:
Ninguna demanda puede justificar que el país quede paralizado indefinidamente.
Ningún liderazgo responsable puede empujar a Bolivia hacia una lógica de confrontación total.
Y ningún gobierno democrático puede limitarse únicamente a reaccionar mientras la crisis se expande.
La gente tiene miedo.
Miedo de perder la estabilidad.
Miedo de quedarse sin trabajo.
Miedo de que la violencia siga creciendo.
Y miedo de volver a etapas que Bolivia ya pagó demasiado caro.
Ese miedo es real.
Y la dirigencia política tiene la obligación de entenderlo antes de que sea demasiado tarde.
El gobierno debe recuperar autoridad, garantizar el abastecimiento y asumir el liderazgo que esta crisis exige.
Pero también los sectores movilizados deben comprender que cuando el conflicto deja de afectar al poder y comienza a destruir la vida cotidiana de millones de familias, Bolivia entra en una zona de enorme riesgo.
El país necesita orden.
Necesita conducción.
Necesita responsabilidad.
Y necesita decisiones firmes para evitar que esta crisis termine desbordando a todos.
Porque cuando la política pierde el control, el caos nunca distingue colores, regiones ni sectores.
Y si Bolivia sigue avanzando por este camino, después puede ser demasiado tarde para evitar que el país termine de fracturarse.
Lo dije en su momento.
Si las cosas continuaban como estaban,
Rodrigo Paz terminaría siendo el principal responsable
de abrirle nuevamente la puerta al retorno de los mismos de antes.
Y hoy Bolivia enfrenta las consecuencias de esa incapacidad.
Soberbia.
Desconexión.
Falta de transparencia.
Crisis económica.
Crisis del combustible.
Bloqueos.
Desabastecimiento.
Inseguridad.
Y un país entrando en una peligrosa espiral de confrontación.
Porque cuando un gobierno pierde capacidad de conducción,
deja crecer los conflictos,
reacciona tarde
y pierde la confianza de la gente,
termina debilitando al propio Estado.
Y cuando el Estado se debilita,
los sectores más radicales avanzan.
Ese es el riesgo que hoy enfrenta Bolivia.
La gente no quiere volver al pasado.
Pero tampoco puede seguir viviendo en incertidumbre permanente.
El país necesita orden.
Necesita estabilidad.
Y necesita liderazgo real.
Porque ningún país puede avanzar
cuando queda atrapado entre la incapacidad de gobernar
y el riesgo de volver atrás.
Bolivia necesita cambios profundos.
Eso ya no está en discusión.
La crisis económica,
la crisis del combustible,
la inseguridad
y el desgaste institucional
demuestran que el país necesita reformas estructurales.
Pero ninguna reforma será suficiente
si la gente no empieza a ver resultados concretos.
Porque las leyes pueden debatirse.
Las comisiones pueden instalarse.
Y los acuerdos pueden anunciarse.
Pero mientras las familias sigan viviendo incertidumbre,
mientras la economía siga golpeando a la gente
y mientras la inseguridad continúe creciendo,
la crisis seguirá presente.
Hoy Bolivia necesita algo más que discursos de cambio.
Necesita capacidad de ejecución,
orden
y conducción.
Porque los momentos críticos no se resuelven solo proponiendo reformas.
Ningún país se sostiene solo con promesas de cambio.
Se sostiene con resultados.
Seis meses después, Bolivia enfrenta una realidad imposible de ocultar.
Crisis económica.
Crisis del combustible.
Sicariatos.
Intentos de silenciar voces críticas.
Y una violencia vinculada al narcotráfico que ya golpea distintas regiones del país.
Cuando los problemas se acumulan
y las respuestas no llegan,
la tensión empieza a crecer.
Ese es el momento que vive hoy el país.
Porque la confianza no se sostiene con discursos.
Se sostiene con resultados.
Hoy las familias viven incertidumbre.
Los sectores sociales están movilizados.
Y la sensación de desorden empieza a extenderse.
Ese es el momento más peligroso para cualquier gobierno.
No cuando aparecen las críticas.
Sino cuando la gente empieza a perder la esperanza de que las cosas mejoren.
Esto no se resuelve hablando de golpes
ni buscando enemigos.
Bolivia necesita conducción.
Porque cuando un país entra en tensión en todos sus frentes,
lo más difícil no es apagar el conflicto.
Es recuperar el control.
Hoy inicia una nueva etapa para Santa Cruz.
La posesión de sus autoridades marca el comienzo
de una gestión que tendrá grandes desafíos
y, sobre todo, grandes responsabilidades.
Felicito a las autoridades electas
y les deseo éxito en esta tarea.
Porque cuando a Santa Cruz le va bien,
le va bien a Bolivia.
Pero hoy no es solo un acto.
Es el inicio de una etapa donde la gente
va a exigir resultados.
Gestión.
Coordinación.
Y soluciones reales.
El momento exige altura,
decisión
y compromiso con la gente.
Santa Cruz no puede esperar.
Y la gente tampoco.