El escudo perfecto
Por Carolina Restrepo Cañavera
Hay trampas que el Estado no puede permitirse, mucho menos cuando se construyen sobre la vida de la niñez.
Las decisiones judiciales de los últimos días, que restringen operaciones militares cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados, obligan a mirar una realidad que no admite simplificaciones. La niñez reclutada es víctima. Punto.
Como directora del ICBF, mi deber es protegerla con todas las herramientas que tenga el Estado.
Pero protegerla también exige no perder de vista quién la puso allí.
Porque un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal. Antes hubo un reclutador, hubo una amenaza, un engaño, una presión, una familia rota, una escuela abandonada, una comunidad intimidada. Hubo, en suma, un criminal que decidió apropiarse de una vida que no le pertenecía.
Ese es el origen de todo.
Y sería perverso que de ese crimen naciera, además, una ventaja para quien lo cometió.
Si la presencia de menores reclutados termina convirtiendo un campamento en un lugar que el Estado no puede tocar, la conclusión es brutalmente sencilla, reclutar a la niñez funciona.
Funciona para engrosar filas, funciona para intimidar territorios, funciona para prolongar la guerra, y, peor aún, podría terminar funcionando como mecanismo de protección frente a la Fuerza Pública.
No podemos permitirlo.
El Estado tiene la obligación de proteger a la niñez y, al mismo tiempo, la obligación de perseguir a quienes delinquen. No son deberes incompatibles. Presentarlos como si hubiera que escoger entre uno y otro es exactamente la trampa en la que no podemos caer.
La Fuerza Pública está sometida a la Constitución, a la ley y al Derecho Internacional Humanitario. Debe extremar todas las precauciones para proteger la vida de los menores reclutados. Pero ese deber no puede convertirse en una patente de inmunidad para las organizaciones que los reclutan.
Porque entonces el mensaje sería devastador, entre más niñez reclute una estructura criminal, más difícil será combatirla.
Y ese sería el incentivo más atroz que podríamos crear.
La discusión, además, no puede comenzar cuando se habla de un bombardeo. Para entonces ya llegamos tarde. La pregunta verdaderamente importante es anterior, cómo llegó ese menor hasta allí? Quién lo reclutó? Quién sabía que estaba en riesgo? Qué alertas existían? Dónde falló el Estado? Por qué el criminal llegó primero?
Esas preguntas sí me corresponden de manera directa.
El @ICBFColombia tiene que ser capaz de anticiparse, identificar territorios de riesgo, actuar sobre las alertas, entender las redes de reclutamiento y recuperar a la niñez antes de que termine atrapada en una guerra que jamás escogió.
Pero Colombia también tiene que conservar algo elemental, la capacidad de perseguir a sus criminales.
No podemos proteger a la niñez a costa de convertirla en el refugio perfecto de quienes la victimizan.
Porque si permitimos que el crimen de reclutarla termine protegiendo al criminal, habremos cerrado el círculo más perverso de todos.
La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal.
¿Apoyas al presidente? RT
millones de colombianos respaldan al presidente abelardo para que siga con los bombardeos contra los grupos guerrilleros.@ABDELAESPRIELLA
Piden “respeto por los muertos” pero nunca pidieron respeto por los vivos.
Estos delincuentes no tuvieron el más mínimo de respeto con el pueblo colombiano:
Reclutaron niños, pusieron bombas, mataron fuerza pública, violaron mujeres y niños, secuestraron, extorsionaron, traficaron, y la lista de delitos es larga.
Ahí sí nadie pedía intervenir.
Ahí sí ningún politiquero pedía respeto por el pueblo Colombiano.
Nadie le decía a Petro que por favor defendiera a su pueblo, por el contrario, tenía a la fuerza pública “congelada” por tratos debajo de mesa con los grupos criminales.
Por culpa de esos terroristas dados de baja, los Colombianos han tenido que ver miles de cadáveres de seres queridos, asesinados de las peores formas posibles.
Esos Colombianos, víctimas del conflicto, no se aterrorizan por los cadáveres en bolsas de los terroristas, por el contrario, sienten la paz de que ya sus victimarios están donde corresponde.
"En mi celular tengo hoy información sobre amenazas que llegaron reales y puntuales hacia Miguel; sucedieron antes del atentado. (…) Me da miedo que se filtre": María Claudia Tarazona sobre mensajes que habría recibido Miguel Uribe Turbay, según ella, dos meses antes de su atentado
Vea la entrevista 👉🏻 https://t.co/sXZviduhOz
Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México Amo a AVIANCA 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/Y0wP3Hb2OL
Expresidente Álvaro Uribe Vélez rinde este viernes indagatoria ante la Fiscalía General - Semana llama la atención lo selectiva de la Fiscalía, tan diligente en algunos casos y tan paquiderma en otros!! Así sí se administra justicia? No lo creo 😡😡 https://t.co/SV20X0TtRj
#Política | Fue radicada en el Congreso la denominada 'Ley Anticapuchos' que regula el uso de capuchas durante las manifestaciones ciudadanas que se adelanten en el país. El Representante Jaime Arizabaleta explicó que este proyecto busca establecer sanciones no excarcelables de 4 a 8 años para quienes incurran en acciones violentas durante las protestas, ocultando su identidad.
https://t.co/v2vIVVHFXe
@JOSEOBDULIO@CeDemocratico Así es!!!! Excelente. El delito lo cometen Ellos que reclutan a los menores. Todas las bancadas deben apoyar a nuestras FFAA
A la bancada del @CeDemocratico:
Quiero llamar la atención sobre un debate muy probable. Los congresistas amigos de las Farc y del ELN lo plantearán a propósito del bombardeo en el que aparecieron cadáveres de menores reclutados por los llamados “insurgentes”.
Exigirán, casi con seguridad, que se suspendan esos bombardeos. Lo digo por experiencia. En noviembre de 2019 ,el senador Roy Barreras, acompañado por Petro y Benedetti, montó en el Senado un cadalso político contra el ministro Guillermo Botero. No supimos enfrentarlo y eso le costó al país siete años de impunidad aérea. Se trataba de un operativo en Caquetá contra alias Gildardo Cucho, de las Farc, que tenía varios menores reclutados y que perecieron. Barreras no pidió cárcel para el reclutador. Pidió la cabeza del ministro, quien se acobardó y renunció. Ese día no cayó un funcionario. Cayó una doctrina: la de que el Estado puede perseguir al narcoterrorismo desde el aire.
Lo que siguió no fue “paz” sino “efecto llamada”. porque las bandas entendieron el mensaje: poner menores en el campamento era un escudo contra los bombardeos; ministros y generales iban a temblar; los aviones se quedarían en tierra.
Por eso el reclutamiento se disparó y llos narcoterroristas dejaron de ser bombardeados durante siete años. Calarcá y sus colegas no se volvieron intocables por milagro sino porque aquel debate del Senado acobardó al Estado.
Cuando la Fuerza Pública bombardea un campamento de las Farc, del ELN o de cualquier otra banda terrorista, aparecerán entre los muertos tres o más menores de edad. No es un misterio meteorológico. Es un método. Esos menores no están estudiando. Son reclutados: fusil, guardia, fogueo, función continua de combate.
El ministro Mora acaba de informar que en la Operación Amón en El Retorno, Guaviare, hubo diez combatientes muertos; tres de ellos, menores de 18 años. El blanco era el bloque de alias Calarcá, que tiene decenas —si no cientos— de menores armados asesinando y secuestrando. Ese es el delito origen. Todo lo demás es consecuencia del crimen más cruel que puede cometer un grupo armado: reclutar menores, convertirlos en escudo, en carne de cañón y en propaganda. Calarcá, su maestro Iván Márquez, todos lo saben. Y lo hacen.
Los opositores de oficio a los gobiernos liberales —los Roy, los Benedetti, el petrista que sobrevive en el discurso— no se escandalizarán con el acto del criminal, que es el reclutamiento sino con el efecto de ese acto que es la persecución. No lloran al menor el día en que las Farc o el ELN lo arrancan de la escuela. Lloran el día en que el Estado golpea el campamento donde ese menor ya era combatiente. Invertir la culpa es la estrategia. El verdugo recluta; el Estado dispara al verdugo; y el micrófono del congresista “progre” apunta al Estado.
En el bombardeo contra Calarcá —el mismo que en el cuatrienio anterior recorrió el país en camionetas oficiales, con trato de interlocutor y no de fugitivo— murieron tres menores. Me temo, entonces, que esta semana los de siempre recitarán el libreto que tumbó a Botero: “asesinados”, dirán. Y la bancada del CD debe estar preparada para responder: No. Cayeron unos combatientes ilegales en función de combate, puestos ahí por quien comete el crimen de guerra.
Si hubiera forma cierta, previa y verificable de saber que en un campamento solo hay niños y no hay fusiles, no habría bomba: habría captura. Esa forma no existe cuando el criminal usa al menor como parte del dispositivo militar. Pedir “cero menores en el resultado” es pedir cero operaciones. Es exactamente lo que quieren las Farc, el ELN y los autores de la campaña voto-fusil, es decir, los reclutadores.
Por eso la bancada del Centro Democrático debe responder de inmediato, sin dubitación y sin tembladera:
•Que el crimen es el reclutamiento. Hay que nombrarlo primero, investigarlo primero y juzgarlo primero. Para acabar con el reclutamiento, hay que acabar con los reclutadores.
•Que los bombardeos deben continuar contra cabecillas y campamentos en función de combate.
•Que no se aceptará, en las sesiones del Congreso, ninguna proposición, debate o “directriz humanitaria” cuyo efecto real sea maniatar a las Fuerzas Armadas en beneficio de quienes se hacen llamar combatientes del pueblo y son la más grande maquinaria terrorista que ha padecido este país.
•Que quien vuelva a usar el cadáver de un menor reclutado para tumbar a un ministro o paralizar un avión Tucano será cómplice político del próximo reclutamiento, y así se denunciará, dentro y fuera del país; en particular ante la justicia de los Estados Unidos, dispuesta a perseguir a los responsables de inundar de cocaína su territorio. Así lo hizo en Venezuela con Maduro y con su esposa cómplice. Así podrá hacerlo con quienes actúen de ese modo en el Congreso de Colombia.
Si les temblara el pulso a las instituciones, el mensaje para Calarcá, para el ELN y para cada frente que caza menores en el Cauca, el Catatumbo y el Guaviare sería otra vez el de 2019: recluten, que el Congreso los protege.
La bancada del Centro Democrático no lo va a permitir.
¿Hasta cuando van a seguir con sus pataletas de ahogado demostrando que son unos pésimos perdedores?
No hay mayor amenaza para la democracia que desconocer la voluntad popular.
Se les cayó el relato de que "el pueblo manda". El pueblo habló en las urnas y eligió a Abelardo de la Espriella presidente de Colombia.
No bastaron dos meses de Petro insistiendo con el fraude —desmentido una y otra vez—. Ahora sus escuderos buscan prolongar el cuento para no aceptar la derrota.