-Incendios forestales: falta inversión en prevención.
-Apagón: falta inversión en prevención.
-Accidentes ferroviarios: falta inversión en prevención.
-Desbordamiento de ríos: falta inversión en prevención.
-Sanidad: falta inversión en prevención.
-Accidentes en carretera: falta inversión en prevención.
Si la recaudación de impuestos está máximos históricos… ¿a dónde van?
Incendio de vegetación en
📍#VillaviciosadeOdón. Cº de la Zarzuela.
Empezó en un seto de arizónicas y progresó a vegetación de ribera. Se confinó algunos chalets para que no inhalasen humo.
El incendio está controlado. Trabajando 5 dotaciones de #BomberosCM, #BomberosForestalesCM, 3 helicópteros, #AgentesForestalesCM, #SUMMA112, @policiavilla y @guardiacivil
Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y si los hechos se confirmaran estaríamos ante un episodio muy oscuro para nuestra democracia. Pero en su defensa circulan tres argumentos que no se sostienen:
1. "A petición de Manos Limpias". Falso. El caso Plus Ultra lo abre la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2024. La imputación de hoy llega tras meses de instrucción secreta y los informes de la UDEF y la propia Anticorrupción al juez Calama. La querella de Manos Limpias contra Zapatero, basada en una entrevista de Aldama con Iker Jiménez, vino después.
2. Que esto es lawfare. Difícil sostenerlo cuando quien impulsa la acusación es Anticorrupción.
3. El "y tú más" con Rajoy. La Audiencia Nacional sabía perfectamente quién era M.R. en los papeles de Bárcenas. El problema fue que el nombre aparecía en una hoja y desaparecía en la siguiente, con discrepancias entre fotocopias y originales, y la sentencia les negó "validez total". Aquí hay imputación formal por blanqueo, falsedad documental y organización criminal.
Los trabajadores pagaron una media de 820 euros de más en el IRPF por no ajustar el impuesto a la inflación. Es decir, un asalariado medio pierde el 22% del aumento de su sueldo por la negativa de Hacienda a adaptar el impuesto a los precios https://t.co/mPuzKaYXHo
¿Sabéis por qué la Abogacía del Estado no acusará a los narcos que asesinaron a dos Guardias Civiles en Barbate?
Porque la Ley no lo permite.
Hoy me pronuncio porque tenemos 2 madres del Cuerpo a las que esta noticia falsa les ha añadido más dolor. Esta publicación es para ellas.
Los Abogados del Estado podemos personarnos en los procesos penales en representación de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en dos casos:
- Cuando son denunciados falsamente: asumimos su defensa judicial.
- Cuando son ellos quienes ejercen una acción judicial: acusamos en su nombre.
Pero siempre y cuando estén vivos.
Porque cuando nuestros agentes fallecen en acto de servicio, como es este caso, la Ley no permite que los Abogados del Estado podamos personarnos para acusar a los asesinos en su nombre o en nombre del Ministerio del Interior. Esa función corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal, que ejerce la acusación pública, o a los familiares, que ejercen la acusación particular.
Para que la Abogacía del Estado pudiese ejercer la acusación tendría que reformarse la Ley. Y es lo que hay que hacer. Porque nuestros Héroes de la Patria merecen que el Estado vaya con todo contra sus asesinos. CON TODO.
Existe un precedente legal. Cuando las mujeres son asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, la Abogacía del Estado ejerce la acusación contra el asesino en representación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se incluyó esta legitimación específica en la Ley porque políticamente se entendió que el Estado debía estar presente en el juicio con toda su fuerza togada.
En su momento defendí en el Congreso de los Diputados la “Ley Corbi”, la reforma legal para evitar que nunca más se produjera un cese indigno como el del Coronel Sánchez Corbi (siempre agradeceré a @BalEdmundo su apoyo parlamentario). Ojalá algún partido presente la “Ley David y Miguel Ángel”, la reforma legal que permita a los Abogados del Estado acusar a los asesinos de los agentes caídos en acto de servicio en representación del Ministerio del Interior.
Ahora mismo os han puesto en la tesitura de decidir entre creer al Gobierno de un tipo que no miente nunca pero cambia de opinión, o a la portavoz de otro que quiere invadir Groenlandia. A veces os envío pruebas muy duras.
17 kms de la A-5 entre Navalcarnero y Móstoles es ahora zona de firme en mal estado en ambos sentidos. En vez de arreglar las carreteras, señalizan y reducen velocidad.
Es demencial, pero así se cubren de reclamaciones si hay accidentes o daños en vehículos por culpa del asfalto.
En los últimos años, el llamado “escudo social” en vivienda no ha sido realmente el Estado, como a menudo se dice, sino otras familias de a pie —con sus propiedades. Es decir, que se ha privatizado el Estado del Bienestar para tapar la inoperancia política. Veamos por qué.
La prueba está en que muchos caseros con un solo piso –no hacía falta ser un gran tenedor– no han podido recuperarlo durante largo tiempo por tener un inquilino vulnerable, incluso cuando las compensaciones económicas no llegaban. De 6.400 solicitudes de indemnización presentadas en cinco años de decreto antidesahucios, las comunidades autónomas solo han satisfecho 2.850.
Todo el mundo entiende el derecho de las personas vulnerables a tener un techo. Y por supuesto, deben tener un techo todos los ciudadanos de España. Pero ese derecho debe garantizarlo el Estado. Lo que no se puede pretender es que España esté a la cola de Europa en construcción de vivienda protegida —34 euros por persona y año, frente a los 161 de media de la UE o los cerca de 300 de Francia, Dinamarca e Irlanda— y, al mismo tiempo, se obligue a familias o propietarios a ceder sus inmuebles para tapar la inoperancia pública.
El caso es que se ha intentando –no casualmente– crear un relato sobre "malvados" propietarios. Los datos lo refutan: el nuestro es un país de "pequeños propietarios", como muestran datos e informes del Banco de España. En la Comunidad de Madrid y Cataluña solo un 10-11% del parque de alquiler son sociedades de inversión (los llamados "fondos buitre).
Entre 2020 y 2023, los hogares de caseros gozaron de una renta mediana bruta anual de entre 50.000 y 56.000 euros —incluidas las mensualidades del alquiler—, según un estudio del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (2024), elaborado a partir de datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España. No todos recibieron esa cantidad: unos ganaron más, otros menos, pero sirve para observar una horquilla realista.
Es cierto que el inquilino tiene aproximadamente la mitad de renta (entre 19.000 y 26.000 euros anuales). Pero si alguien cree que el casero medio es un millonario, un superrico, entonces el problema no es económico, sino de demagogia y de normalización del hundimiento de la clase media.
Por cierto: el decreto antidesahucios ha sido MUY contraproducente para los ciudadanos vulnerables. Ha provocado que muchos caseros ya solo quieran alquilar a personas que no entran en la categoría de vulnerable (es decir, creo que ahora mismo ese estatus está en 1800 euros de salario mensual). Por tanto, se expulsa a muchos vulnerables del alquiler porque muchos caseros evitan tener problemas eventuales.
Ayer en @Lanoche_24h.
Sin embargo, la administración no solo le ha impuesto al arrendador que cubra las necesidades del arrendatario, es que, encima, los ha enfrentado para que cada uno sienta que el otro es el enemigo.
Y la administración está comiendo pipas mientras ve cómo se despellejan.
Que medio tren sea triturado contra una montaña y no les salte medio warning en el centro de mando es también de vivir el mejor momento del tren de la historia?
Lo que asusta no es que el maquinista del Iryo no supiera que el Alvia ya había descarrilado también cuando llamó al centro de control. Lo que asusta es que no lo supieran en el centro de control.