Cuando la precisión es más peligrosa que el decreto
Por Carolina Restrepo Cañavera
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar una serie de “precisiones” sobre el proyecto de decreto de retención en la fuente. Siete aclaraciones para explicar lo que, si estuviera bien redactado, no necesitaría explicación. Entre ellas, una que raya en lo absurdo: que “la retención solo aplicará cuando haya ingreso para el receptor”.
¿Perdón? ¿Y cuándo no hay ingreso en una transferencia de dinero entre terceros? ¿Quién va a determinar en tiempo real y sin error, si un giro hecho por Nequi o Daviplata corresponde al pago de un producto, la devolución de un préstamo, una transferencia entre cuentas propias o una donación informal? ¿El tendero? ¿El banco? ¿El usuario digital?
Esa supuesta aclaración no tranquiliza a nadie; al contrario, revela la pobreza conceptual con la que el Ministerio de Hacienda está legislando por decreto. Una cosa es reglamentar la ley; otra, muy distinta, es convertir la potestad reglamentaria en un campo de interpretación que deja al ciudadano la responsabilidad de definir qué constituye o no un ingreso.
Si el Gobierno expide ese decreto en los términos anunciados, ese mismo día comenzarán a presentarse acciones públicas de nulidad ante el Consejo de Estado. Y no por razones políticas, sino jurídicas.
La primera causal es la violación del principio de legalidad tributaria (artículo 338 de la Constitución). Ningún decreto puede crear hechos generadores ni ampliar los previstos por la ley. La retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado, no una fuente autónoma de imposición. Si el decreto sujeta a retención simples movimientos financieros, incurre en exceso reglamentario.
La segunda es el desbordamiento de la potestad reglamentaria (artículo 189-11). Reglamentar no significa reinterpretar la ley, ni mucho menos sustituirla. El Consejo de Estado ha sido claro: el Ejecutivo puede precisar procedimientos, no inventar obligaciones.
La tercera causal es la violación de la equidad y la capacidad contributiva (artículo 363). Tratar igual cualquier transferencia, sin distinguir si hay ingreso real, destruye la lógica del sistema. Una norma que presume que cada movimiento de dinero es un hecho gravado convierte al ciudadano en sospechoso y al Estado en juez de su propia confusión.
Y la cuarta es la indeterminación normativa, que vulnera el principio de certeza. Si la aplicación de la retención depende de la interpretación subjetiva del pagador o del sistema financiero, la norma es jurídicamente nula. El contribuyente tiene derecho a saber cuándo, cómo y sobre qué se le retiene. Nada de eso está claro.
Lo que el Ministerio llama “pedagogía fiscal” es, en realidad, una confesión institucional: no entienden lo que redactan. Y en lugar de corregir, salen a explicarlo en redes sociales, como si la técnica tributaria se resolviera con hilos en X.
La retención en la fuente no es un instrumento de vigilancia ni un filtro de control financiero. Es un mecanismo de recaudo sobre rentas ciertas, no sobre sospechas. Pretender que cada ciudadano determine si su transacción es ingreso o no es delegar en el contribuyente lo que corresponde al legislador.
Por eso, que quede advertido:
sale ese decreto, y ese mismo día se demanda por nulidad ante el Consejo de Estado.
Porque no se corrige la incompetencia técnica con trinos.
Porque no se reemplaza la ley con decretos.
Y porque en Colombia, todavía, los impuestos los crea el Congreso.
@carorestrepocan@el_mastropiero@PipeArbelaezB El saldo disponible no lo tienes en Bre B, lo tienes en un depósito a la vista, bien sea una billetera digital cómo DaviPlata o Nequi, o una cuenta de ahorros/corriente. Esa naturaleza es lo que hace que Bre B se categorice igual que Transfiya o ACH mas no cómo billetera digital
Bre-B va a durar lo que dura un merengue en la puerta de una escuela
Bre-B fue una buena decisión. Una billetera digital pública, gratuita, diseñada para formalizar pagos pequeños sin fricciones ni comisiones. Una política de inclusión financiera útil, concreta y bien pensada. Y eso ,justamente eso, es lo que este gobierno no sabe sostener.
El Ministerio de Hacienda está a punto de firmar un decreto para imponer una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados por medio de Bre-B, Nequi y demás billeteras digitales. La medida se presenta como un intento de “nivelar la cancha” frente a las tarjetas de crédito, pero su verdadero objetivo es uno solo: recaudar.
La necesidad desesperada de ingresos está llevando al gobierno a minar su propio ecosistema de innovación. Y lo más grave: lo está haciendo a costa de quienes no pueden defenderse. Porque los pequeños comercios , aquellos que tienen márgenes de utilidad diaria entre el 3 % y el 7 %, no están en capacidad de soportar un recorte del 1,5 % por cada transacción. Eso equivale, en la práctica, a perder entre un 20 % y un 50 % de su rentabilidad diaria.
La retención que se propone no discrimina por tamaño, ni por capacidad contributiva, ni por régimen. Y en muchos casos se aplicará a personas que no están obligadas a declarar renta, ni ICA, ni que saben cómo gestionar un RUT. Para ellos, la “retención” se convierte en un saldo a favor que jamás se recupera. Un dinero atrapado en la DIAN. Congelado. Inútil.
En lugar de ampliar la base usando tecnología, el gobierno opta por desincentivarla. La inclusión digital pierde atractivo. El efectivo vuelve a ganar terreno. Las plataformas tendrán que rediseñar sus sistemas para calcular, reportar y descontar, encareciendo la operación. Y todo por una urgencia fiscal mal enfocada.
Ya ocurrió algo similar en Brasil: bastó el rumor de una retención sobre el sistema Pix para que su uso cayera en 22 %. Allá el presidente tuvo que salir a desmentirlo. Aquí, en cambio, se aprueba sin medir consecuencias. Sin entender que lo digital necesita confianza, no castigos.
Esto no es una política tributaria. Es una contradicción de Estado. El mismo gobierno que creó Bre-B lo está ahogando por ansiedad fiscal. Porque cuando se gobierna con desespero, hasta lo que sirve se convierte en obstáculo.
Bre-B va a durar lo que dura un merengue en la puerta de una escuela.
No por el mercado. Por el propio gobierno que la sabotea.