El Gobierno exige a Madrid revocar la orden de neutralidad dirigida al profesorado en huelga | El Diario Vasco https://t.co/PEUmgabCmm vía @diariovasco
La presión fiscal en España (38,1%) sigue por debajo de la media de la UE (40,7%). Ni Italia (43%) ni Francia (46%) ni Alemania (41,4%) ni Grecia (41,3%) ni Dinamarca (44,3%) ni Bélgica (44,7%) solo Portugal (37,1%) está ligeramente por debajo.
EL BOLETÍN DEL DIRECTOR | Todas las mentiras de Feijóo, por Ignacio Escolar https://t.co/rqS1RfN0Lo a través de @eldiarioes
La presión fiscal en España (38,1%) sigue por debajo de la media de la UE (40,7%). Ni Italia (43%) ni Francia (46%) ni Alemania (41,4%) ni Grecia (41,3%) ni Dinamarca (44,3%) ni Bélgica (44,7%) solo Portugal (37,1%) está ligeramente por debajo.
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APUNTE Se busca tsunami electoral como el 26 de octubre en Brasil. Ante la campaña de criminalización que culminan el PP y Vox, frente a la petición de Tellado a los votantes del PSOE (quedaos en casa) lleguemos el 29-N a una participación del 80%
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VOTAMOS, QUE NO ES POCO (X)
Feijóo ha abarrotado una plaza de toros en Valencia porque al valenciano, si no lo toreas, se extingue. "La izquierda es capaz de todo y herida es todavía más peligrosa", ha dicho.
"El violento discurso del moderado Feijóo".
https://t.co/VnB02SvSEn
VOTAMOS, QUE NO ES POCO (X)
Feijóo ha abarrotado una plaza de toros en Valencia porque al valenciano, si no lo toreas, se extingue. "La izquierda es capaz de todo y herida es todavía más peligrosa", ha dicho.
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La situación de nuestro país es preocupante porque las políticas de igualdad no han tenido el impulso necesario durante la última década. En el ámbito educativo, la desigualdad se ha intensificado como consecuencia del fortalecimiento de un modelo dual en el que conviven una red pública y otra privada y concertada, con fuerte presencia d elas congregaciones religiosas.
La Iglesia católica desempeña un papel de primer orden en este modelo. Su red de centros educativos constituye uno de los principales factores de diferenciación y segregación social del sistema educativo español. La existencia de centros financiados con recursos públicos que mantienen determinados mecanismos de selección del alumnado, junto con las diferencias sociales y económicas entre redes educativas, contribuye a debilitar la función igualadora de la educación; además su fuerte irrupción en la Universidad privada tiende a amplificar enormemente esa segregación social
La educación pública debe ser el eje vertebrador del sistema educativo, garantizar las mismas oportunidades con independencia del origen social, económico o cultural de las familias y fomentar los valores democráticos, la convivencia y el pensamiento crítico.
Revertir esta situación no será sencillo, porque existen intereses económicos, políticos e institucionales muy consolidados. Pero precisamente por eso es necesario abordar este debate sin complejos.
Otro de los grandes riesgos de un posible cambio político regresivo es el cuestionamiento de los avances legislativos conseguidos en materia de derechos y libertades individuales.
Derechos como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la muerte digna y la autodeterminación de género forman parte de un proceso de ampliación de las libertades individuales y del reconocimiento de la diversidad de nuestra sociedad.
Las próximas elecciones generales se celebran en un contexto internacional especialmente preocupante. El crecimiento de las fuerzas políticas que promueven abiertamente la desigualdad, el autoritarismo, la xenofobia y la exclusión social constituye una amenaza para los avances democráticos y los derechos conquistados durante las últimas décadas. Sin embargo, frente a esta deriva reaccionaria, también estamos asistiendo a importantes movilizaciones ciudadanas en defensa de la igualdad, los servicios públicos y los derechos sociales. En Francia, miles de personas se han movilizado en defensa de la enseñanza pública, las pensiones y contra el encarecimiento de la vida. En España también hemos visto importantes movilizaciones en defensa de la vivienda, la sanidad y la educación públicas. Son expresiones de una ciudadanía que reclama más igualdad, más protección social y unas instituciones al servicio del conjunto de la sociedad, no de los intereses de unos pocos.
En este contexto, resulta especialmente preocupante la orientación de determinadas políticas que pretenden debilitar los servicios públicos. La Comunidad de Madrid es un ejemplo significativo. Su presidenta, como si fuera una Margaret Thatcher de opereta, parece empeñada en mantener un cruel pulso con los profesionales de la enseñanza pública, deteriorando un sistema educativo que debería ser uno de los principales instrumentos de igualdad y cohesión social.