Hoy se publican las cartas aclaratorias que envié a @LaJornada y @Milenio. Insisto en que la justicia no debe litigarse en los medios y menos que éstos sirvan de presión en contra del trabajo de juzgadores. Quedo a disposición del @tdjmex para cualquier investigación al respecto
En el Caso Moliné O’Connor vs Argentina la Corte IDH resolvió que a un juez NO se lo puede correr por el contenido de sus sentencias.
Si un juez puede perder el cargo según cómo resuelva, va a fallar con miedo al poder de turno y ahí se termina la división de poderes. 🏛️
También dijo que hubo un claro interés político en cambiar la Corte, que el Senado no fundamentó sus decisiones y que la Corte Suprema no revisó en serio (como que me anda recordando a algo).
Condenó a Argentina por violar:
✅ independencia judicial y debido proceso
✅ el derecho a permanecer en el cargo
✅ la protección judicial
✅ la propiedad (la pensión)
✅ el plazo razonable
✅ trabajo y seguridad social (por 4 votos a 2)
Consulta la sentencia completa aquí https://t.co/FWByRIl5YM
✍️ Javier Martín Reyes @jmartinreyes
Para @El_Universal_Mx
“El uso político del Tribunal de Disciplina es tan burdo que ha unido a quienes pocas veces coinciden.
Quizá sea la única buena noticia de todo esto. Que podía saberse y se supo, que podía frenarse y no se frenó, pero que hoy hay un consenso sobre una línea que no se debe cruzar. Que hay que dar la batalla. Que es mucho lo que está en juego. Que este no es tiempo de complacencia ni de resignación. Que lo peor podía saberse, sí, pero lo que falta quizá todavía puede evitarse.”
@tdjmex
La Corte contra el pueblo.
Mañana, 13 de octubre, la Suprema Corte discute un proyecto que debería preocupar a cualquiera que entienda para qué existe un juez constitucional.
El caso: miles de personas desplazadas por la fuerza dentro de México —por violencia, amenazas, despojo— sin que exista una ley federal que las reconozca como víctimas ni un presupuesto destinado a atenderlas. @Consejo_Litigio promovió el amparo señalando la omisión: el Congreso no ha legislado, el Ejecutivo no ha creado una institución responsable, no hay presupuesto específico.
El proyecto de la ministra María Estela Ríos admite que el desplazamiento forzado existe. Pero concluye que no existe obligación constitucional ni convencional que obligue al Congreso a legislar al respecto, y propone negar el amparo.
Léase bien esa secuencia lógica: el Estado reconoce el daño, reconoce que no hay ley, reconoce que no hay presupuesto —y el proyecto concluye que, aun así, no tiene el deber jurídico de corregirlo.
Ese no es un ejercicio de interpretación constitucional estricta. Es, en los hechos, blindar al Estado frente a su propia omisión, en lugar de proteger a quien la omisión ya dañó.
La función de un juez constitucional no es validar que el Estado puede quedarse quieto mientras el daño continúa. Es, precisamente, lo contrario: obligarlo a actuar cuando sus propios órganos reconocen el problema y aun así no mueven un dedo. Si el criterio de "no hay obligación expresa" basta para absolver al Estado de su inacción, cualquier omisión —por grave que sea— queda blindada mientras nadie redacte el artículo exacto que la prohíba.
Mañana no solo se vota un amparo. Se vota si la Suprema Corte entiende que su función es contener al Estado o acompañarlo.
El TDJ responde a los cuestionamientos sobre el caso de Martha Magaña diciendo que una audiencia no equivale a una sanción. Eso lo sabemos. Lo que cuestionamos es por qué se utiliza el poder disciplinario para perseguir una decisión judicial que incomodó al gobierno.
Y hay un antecedente que su comunicado omite: tres de sus actuales integrantes -Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyvés y Celia Maya-, junto con Sergio Javier Molina, fueron los cuatro votos decisivos para revocar la decisión del CJF que había desechado la denuncia y ordenar que se investigara a Martha. Molina, que traicionó la independencia judicial que debía defender, hoy dirige la Escuela Nacional de Formación Judicial.
¿Cómo pretenden generar confianza en su imparcialidad cuando tres de quienes integran el tribunal (y que tienen mayoría) ya votaron para que este asunto siguiera adelante?
La reserva del expediente no responde esa pregunta. Tampoco la responde presumir cuántas investigaciones terminaron sin imputación. El debido proceso exige imparcialidad; repetirlo en un comunicado no la acredita.
Martha tiene derecho a defenderse y a denunciar públicamente lo que considera una persecución. Su silencio no puede ser condición para que se respeten sus derechos.
El mensaje intimidatorio tampoco necesita esperar una sanción: someter a una jueza a un procedimiento por su criterio jurídico ya advierte a las demás personas juzgadoras lo que puede ocurrir si sus resoluciones molestan al poder.
La democracia necesita jueces independientes. Y la independencia judicial exige poder resolver sin miedo a represalias.
@tdjmex
Agradezco la lectura de mi carta aclaratoria en @Piedenota , un espacio que retomó la información errónea de otros medios, pero que hoy me dio derecho de réplica.
Hoy se publican las cartas aclaratorias que envié a @LaJornada y @Milenio. Insisto en que la justicia no debe litigarse en los medios y menos que éstos sirvan de presión en contra del trabajo de juzgadores. Quedo a disposición del @tdjmex para cualquier investigación al respecto
Hoy se publican las cartas aclaratorias que envié a @LaJornada y @Milenio. Insisto en que la justicia no debe litigarse en los medios y menos que éstos sirvan de presión en contra del trabajo de juzgadores. Quedo a disposición del @tdjmex para cualquier investigación al respecto.
La actuación de juec@s y magistra@s está a supervision del @tdjmex el cual revisará, en su caso, esta actuación. Pero nuestro papel no es litigar en medios, ni dejarnos presionar.
Ante la publicación de falsedades en varios diarios, por un caso que atendí como jueza, comparto la carta aclaratoria íntegra que envié a @elnorte@Reforma y que reproducen incompleta: