Reforma Judicial

Promoviendo el acceso a la Justicia y los derechos humanos en Venezuela

[Justicia, Encuentro y Perdón @JEPvzla]

#ATENCIÓN Después de tres años de arduo trabajo, se produce un avance transcendental en uno de los casos de jurisdicción universal en Argentina, en el que Rosa Orozco es una de las víctimas impulsoras de este proceso. Este hito se enmarca en una estrategia de máxima presión orientada a garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas, y ha permitido el inicio del procedimiento de extradición de uno de los presuntos perpetradores que actualmente se encuentra en España.

Resulta indispensable que las autoridades judiciales competentes actúen con la máxima diligencia, compromiso y responsabilidad para asegurar que el requerido no eluda la acción de la justicia.

La efectiva cooperación de la justicia española resulta fundamental para garantizar que el procedimiento de extradición llegue a buen término y que el presunto perpetrador sea puesto a disposición de las autoridades argentinas, a fin de que pueda comparecer ante los tribunales competentes y responder por los hechos que se le imputan.

https://t.co/gCL2nCvV0s

[CIJ América Latina @CijLatina]

La @ICJ_org insta a las autoridades de #Venezuela a garantizar que el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se realice con total transparencia, escrutinio público y respeto a la independencia judicial. https://t.co/JN4jt4r2pL

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

🇻🇪 Ahora público: En marzo, @MaryLawlorhrds y yo transmitimos al Gobierno de #Venezuela nuestra preocupación por las presuntas irregularidades en los procesos de selección y nombramiento de los titulares de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.

Las normas internacionales establecen que los procedimientos de nombramiento de ambos funcionarios/as deben ser imparciales y basarse en el mérito y en criterios objetivos, incorporar salvaguardas contra los sesgos, excluir toda forma de discriminación y generar la confianza de la ciudadanía.

Lea la carta completa: https://t.co/rqAC1DDmuN

[VPItv @VPITV]

#AHORA | 🗣️ “Es fundamental el poder judicial, que sea de verdad autónomo, que no busque el favor de un grupo o de otro, sino el bien de todos y sobre todo de los más pobres”, expresó este Miércoles Santo el cardenal Baltazar Porras sobre el proceso para elegir un nuevo fiscal y defensor del pueblo en #Venezuela.

📲 Conéctate 👉 https://t.co/b7kpd7SmCK

[Ligia Bolivar @ligiabolivar]

Honduras acaba de descartar a la candidata que obtuvo la calificación más alta (95%) en el proceso de selección para fiscal general. Eso no pasará en Venezuela, no porque quedará la mejor, sino porque no hay baremo para demostrar la arbitrariedad https://t.co/CrYygSGP7X

[Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center @Kennedy_HRC]

(1/2) How are #Venezuela’s Attorney General and Ombudsperson selected? The current appointment process is moving forward amid serious concerns about transparency and legality.

@WOLA_org, @CDH_UCAB, @cejil, @DPLF_info.

[Due Process of Law Foundation @DPLF_info]

🇻🇪 ¿Cómo se está decidiendo quién será Fiscal General o Defensor del Pueblo en Venezuela?

Los procesos de designación de estos cargos avanzan en un contexto que plantea preocupaciones sobre su transparencia, pluralidad y legalidad. 🧵

[PEI_Guatemala @pei_guatemala]

¿Qué cosas son inaceptables en un Fiscal General? 🤔

❌ Una persona con procesos o sanciones administrativas y penales no es idónea para dirigir el Ministerio Público.

Maria Dolores Miño (@LoloMino) 🇪🇨 explica por qué es importante conocer esta información.

#ObservaTuMP 🔍

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

Escucho con preocupación que #Chubut (Argentina) celebrará un referéndum el 26 de octubre para eliminar la inmunidad judicial.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985) establecen que los jueces deben estar protegidos de influencias indebidas y gozar de inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones judiciales.

La inmunidad protege la imparcialidad, no la impunidad.

[Acceso a la Justicia @AccesoaJusticia]

#AlertaLegal El pasado #1oct la Sala Plena (SP) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó en su página web una resolución que regula el ingreso, ascenso, permanencia y terminación de las juezas y los jueces no titulares en el ejercicio de la función judicial https://t.co/MLwZx4bHbc

La resolución normativa que contiene 39 artículos y dos disposiciones finales, establece que su objetivo es garantizar la permanencia temporal en el ejercicio de la función judicial por parte de las juezas y los jueces no titulares; sobre todo pretende asegurar que estos funcionarios judiciales puedan desempeñar con objetividad el desempeño de su función (artículo 2).

El mencionado instrumento normativo aclara que no busca sustituir ni desconocer el mecanismo previsto en la Constitución para el ingreso a la carrera judicial y la estabilidad que poseen solo los jueces titulares (artículo 1). De hecho, en el artículo 4 de la resolución se lee que “Las juezas y los jueces no titulares sólo podrán gozar del derecho a la estabilidad que otorga la carrera judicial, una vez hayan participado y aprobado el concurso de oposición público, en estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Cabe advertir, al respecto que, el texto constitucional (artículo 255) establece expresamente el concurso de oposición como único modo de ingreso a la carrera judicial basado en el mérito. Y es que, a través de este mecanismo de selección, el constituyente busca resguardar la autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, además de la idoneidad técnica y excelencia de los candidatos que aspiran a ser jueces.

Pero tal parece que, la propia Sala contradice lo dispuesto en la Constitución al disponer un régimen jurídico que normaliza la figura de los jueces no titulares, es decir de carácter provisional, que son aquellos funcionarios judiciales que han sido escogidos por mecanismos que obvian la realización de los concursos de oposición que ordena el constituyente en el artículo 255 de la CRBV, y que por ello, no gozan de estabilidad en sus cargos.

En 25 años de entrada en vigencia de la Constitución no se ha dictado una ley de carrera judicial, y es el TSJ el que se pone a regular esto. Lo más importante es que el hacer los concursos depende del TSJ y este los suspendió desde 2003, y desde ese entonces ha hecho remociones masivas de jueces, lo que ha resultado en la ausencia probable de jueces titulares. Como no hay cifras oficiales sobre la condición de los jueces en Venezuela, no podemos afirmar la falta absoluta de titulares con certeza, pero se presume porque han pasado 22 años sin concursos de oposición.

Y es que ahora en vez de proceder a hacer concursos de oposición, crea una carrera para la provisionalidad sin garantía de estabilidad lo que mejora en parte la situación de los jueces, pero no resuelve el problema estructural de la judicatura venezolana, que es su falta de independencia, causada sobre todo por la falta de garantía de estabilidad.

Para Acceso a la Justicia esta situación es preocupante, ya que el país aún no podrá contar con jueces imparciales e independientes #JusticiaVe

[PROVEA @_Provea]

Por segunda vez, la audiencia preliminar del defensor Eduardo Torres fue suspendida sin explicación.

Extraoficialmente, pudimos conocer que el juez encargado fue detenido a manos del Sebin.

El abogado, sindicalista, trabajador UCV e integrante del equipo legal de PROVEA, debía ser trasladado hoy lunes #8Sep al Palacio de Justicia para su audiencia preliminar. Eduardo no solo está injustamente detenido, sino que también ha permanecido 4 meses en aislamiento e incomunicación.

Ni su familia ni su defensa han podido verlo o saber de su estado físico y mental.

Como ha señalado el Comité contra la Tortura de la ONU, el aislamiento prolongado es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. En el caso de Eduardo, esta situación se agrava por la falta de información y la inacción de las instituciones.

Hoy, la audiencia fue suspendida. De forma extraoficial supimos que el juez encargado fue detenido por el SEBIN la noche del domingo 7 de septiembre, en el marco de una investigación en curso. No ha habido ningún pronunciamiento público que aclare lo ocurrido.

Esperamos todo el día en el Palacio de Justicia, Caracas. Tampoco hubo traslado de Torres desde El Helicoide, donde continúa recluido.

Mientras tanto, el habeas corpus introducido por el equipo legal de PROVEA, sigue sin respuesta por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La única actuación que se conoce es la designación de la magistrada ponente. Ni siquiera han notificado a la Defensoría del Pueblo, como exige la ley.

Desde PROVEA exigimos la libertad inmediata de Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos, beneficiario de medidas cautelares de protección de la @CIDH.

A cuatro meses de su detención, denunciamos que su caso refleja un patrón de criminalización, silencio institucional e impunidad que busca castigar el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

No es aislado, otros 4 defensores (Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda) presos de conciencia de @amnistia, permanecen injustamente presos.

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

Deseo enfatizar que los efectos perjudiciales de esta reforma podrían impactar negativamente el derecho a un juicio justo para todas las personas en el territorio mexicano, lo cual incluye la garantía de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Además, las deficiencias observadas en esta primera elección ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia. (4/4)

Carta completa: https://t.co/fHcFwoPyIR

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

Sin salvaguardias adecuadas, las elecciones populares corren el riesgo de convertir a las y los jueces en políticos. Sin embargo, las normas internacionales son claras: los procedimientos de nombramiento deben garantizar la cualificación y la integridad, no la popularidad ni el azar. (3/4)

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

La primera elección extraordinaria (junio de 2025) nombró a 881 jueces federales, incluida la Suprema Corte en pleno. Los informes revelan graves deficiencias: nominaciones irregulares, criterios inconsistentes de preselección, procedimientos opacos y presuntos vínculos entre candidaturas y el crimen organizado.

Además, con el INE enfrentando recortes presupuestales severos, dificultades logísticas y plazos comprimidos, las y los votantes tuvieron que navegar boletas complejas con entre 40 y 80 nombres, requiriendo más de 9 minutos para votar. El diseño de la boleta incrementó los riesgos de baja participación y altos índices de error. (2/4)

[Margaret Satterthwaite @SRjudgeslawyers]

#Ahora Público - México:
El 3 de junio, compartí con el Gobierno de México mis serias preocupaciones respecto a la implementación de la reforma judicial de 2024 y las elecciones judiciales extraordinarias de 2025.

Si bien los Estados Miembros tienen autonomía para determinar sus sistemas de nombramiento judicial, me preocupa que la implementación de esta reforma sustituya los nombramientos basados en méritos por elecciones populares, reduzca los estándares de calificación, introduzca elementos de selección por sorteo y alinee las elecciones judiciales con las políticas, lo que implica el riesgo de que las consideraciones políticas prevalezcan sobre la competencia. (1/4)

[ProPublica @propublica]

“There’s been a real, noticeable shift” in Big Law firms’ attitude toward taking on pro bono work that challenged the government, said Lauren Bonds of the National Police Accountability Project, which brings lawsuits over alleged police abuse.
https://t.co/viWSIN6CYB

[ProPublica @propublica]

Before Trump’s attacks on Big Law, these firms — with deep ranks of attorneys and paying customers — were uniquely suited to take on complex pro bono work from nonprofits that often lack the resources to mount major lawsuits on their own.
https://t.co/hHTL013HP5

[ProPublica @propublica]

“Law firms that once proudly contributed thousands of hours of pro bono work to a host of causes ... have withdrawn from such work because it is disfavored by the Administration,” the American Bar Association wrote in its lawsuit.
https://t.co/JZ6O9SQfso

[ProPublica @propublica]

Holding the government to account is becoming more difficult as some of America’s largest law firms are avoiding clients Trump might perceive as enemies or take on cases involving environmental protections, LGBTQ+ rights and police accountability.
https://t.co/WQv6dXV1hs

[VE sin Filtro @vesinfiltro]

🔴Este #8Ago se cumple un año del bloqueo ilegal que dejó a los venezolanos sin acceso a la red social X (antes Twitter) y sin la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Te contamos cómo han transcurrido estos días de represión y censura digital.
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https://t.co/qA2xcpQxPu