En España ya no existe la libertad de pensamiento, y toda discrepancia con una tendencia (ni siquiera ataque, sino discrepancia) acarrea un linchamiento mediático sectario. Nos alejamos del estado de derecho intelectual para adentrarnos en un estado de represión intelectual.
Si las TVs llevaran dos meses sacando los ataúdes y a los familiares de los más de 25.000 fallecidos oficiales, habría riesgo CERO de imprudencias para cuando acabe el confinamiento.
Pero el Gobierno, con la ayuda de todas las TVs, ha preferido disimular la realidad.