🚨AHORA🚨
El TCE lo hizo de nuevo.
El juez del Tribunal Contencioso Electoral Patricio Maldonado, acaba de disponer la suspensión por 9 meses del movimiento AMIGO, tras una denuncia presentada el jueves 16 de julio por el Fiscal del Estado (e), Carlos Alarcón, relacionada con una investigación previa abierta contra dicha organización política y sus directivos por presunto lavado de activos.
El fiscal empleó el mismo argumento con el que en marzo pasado pidió al TCE la suspensión del movimiento Revolución Ciudadana, invocando el artículo 374 del Código de la Democracia:
"El Tribunal Contencioso Electoral, mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones podrá sancionar con multas que vayan desde diez hasta cien remuneraciones mensuales unificadas y/o con la suspensión de hasta veinte y cuatro meses a una organización política dependiendo de la gravedad de la infracción y/o de su reiteración, en los siguientes casos:
(...) 3. Por pedido del Fiscal General, cuando este realice una investigación por el delito de lavado de activos que involucre directamente a la organización."
Al momento se desconocen detalles de dicha indagación, sobre la que públicamente no se tenía conocimiento.
Con ello, AMIGO, como ocurrió con RC, queda inhabilitado para participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
Esta organización política había llegado a un acuerdo para acoger las precandidaturas del correísmo.
@PrimeraPlanaECU
La lealtad se demuestra cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Gracias @MashiRafael, por demostrar que la palabra, la amistad y la gratitud todavía tienen un lugar en la política. En los momentos difíciles es cuando uno descubre quiénes realmente están. Y usted, una vez más, estuvo.
@DrJulioCueva Llevo 7 meses sin fecha de audiencia en una acción de protección para una paciente con cáncer en etapa 4, el demandado es el IESS.
La justicia no está colapsada: está priorizada para los intereses de algunos que solo buscan castigar a los que no se le arrodillen.
@CaesarAemilius Entonces, la investigación por peculado a Cinthya, solo era una cortina de humo? Finalmente podemos ver como se hacen "acuerdos políticos", o es que ¿se está disfrazando la impunidad?.
¿Será que Aquiles no quiso pasarse al bando morado? y por eso la persecución contra él.
NO ES LA PRIMERA VEZ, PERO ESPERO HAYA SIDO LA ÚLTIMA….
Ya existía una denuncia formal presentada por esta defensa sobre hechos que buscaban exponer y estigmatizar públicamente a Aquiles Álvarez. Tan seria fue la denuncia que el propio Tribunal de Juzgamiento dispuso oficiar a la Fiscalía General del Estado para que investigue los hechos acaecidos el 08 de Junio de 2026, la difusión del video, preserve la evidencia y determine las responsabilidades correspondientes.
Ahora, frente al reproche ciudadano por el reprocesamiento desde la cuenta oficial de la Fiscalía de una publicación burlesca el día 13 de Julio de 2026 contra Aquiles Álvarez nuevamente, se habla de una supuesta vulneración de la cuenta.
Resulta imposible no advertir un patrón: Aquiles Álvarez vuelve a ser el blanco de actuaciones institucionales que terminan alimentando su estigmatización pública. Tanto es así que en el caso Grillete también la Fiscalia publicó fotos de la audiencia y ante el reclamo de la defensa tuvieron que bajar la publicación.
Una institución llamada a investigar con objetividad no puede convertirse, por acción u omisión, en protagonista de un linchamiento mediático institucional. La imparcialidad no solo debe existir; debe parecer existir. Y cuando esa apariencia se pierde de manera reiterada, la confianza ciudadana también se pierde.
A LA CIUDADANÍA…
Hago pública la carta de protesta respecto de los hechos suscitados el día de ayer sobre un video compartido desde la cuenta institucional de la Fiscalía.
La comparto también por respeto a las miles de personas que, sin ser parte del proceso, manifestaron su indignación al ver cómo una cuenta oficial del órgano encargado de investigar y acusar utilizó su investidura institucional para amplificar contenido de ridiculización, estigmatización y escarnio público contra una persona procesada por esa misma institución.
Las redes sociales oficiales de un órgano del Estado no existen para la burla, la propaganda, el activismo ni la descalificación de ciudadanos. Existen para informar con seriedad, objetividad y respeto.
Cuando una institución cruza esa línea, el silencio deja de ser una opción.
Por ello exigimos disculpas públicas, rectificación, una investigación seria, sanciones a los responsables y garantías efectivas de no repetición.
@FiscaliaEcuador
Mmmm porque ustedes SÍ pusieron a una persona a tomar fotos en la audiencia del caso Triple A y esa foto terminó en manos de unas cuentas X del Gobierno…está en el audio de la audiencia y en una providencia judicial…quieren que se las suba por aquí?
Ustedes SÍ subieron fotos de una audiencia del caso GRILLETE y por orden judicial las tuvieron que bajar… está en audio también….
Ustedes SI estuvieron conectados en la última audiencia del caso GOLEADA y subieron fotos también….quieren verlas?
Quieren que les cite otros casos más donde los jueces les han mandado a bajar publicaciones contrarias a la ley?
De qué manejo serio y responsable estamos hablando????
Si esto llegó a ocurrir, la Fiscalía General del Estado debería ofrecer disculpas públicas al país.
Una institución que ejerce la acción penal pública no puede permitirse el lujo de burlarse, ni directa ni indirectamente, de una persona sometida a un proceso penal en el que ella misma actúa como parte.
Las redes sociales institucionales existen para informar con objetividad, transparencia y responsabilidad, no para amplificar contenidos satíricos o parodias sobre un procesado. Hacerlo no solo es impropio de una institución de justicia, sino que proyecta una imagen de parcialidad incompatible con el deber de objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público.
La justicia no puede confundirse con el activismo digital ni con la ridiculización pública de quienes, constitucionalmente, siguen amparados por la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.
Si el repost efectivamente ocurrió, no es una anécdota: es una vergüenza institucional. Y, sobre todo, una señal preocupante de sesgo que erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de quien tiene el deber de investigar con objetividad, no de participar en el linchamiento mediático de los procesados.
@Vergonsoso4@lacacaec El país tiene problemas con las constantes variaciones de voltaje, varias personas reportan electrodomésticos y computadoras dañadas, luego de esas constantes idas y venidas de luz en la madrugada. Creen que porque es hora de descanso uno no se va a dar cuenta…
#OPINIÓN: "En el fondo, el caso Austral es tan grave como Progen: dinero público comprometido y funcionarios cuya responsabilidad sigue sin esclarecerse".
El editorial completo 👇
https://t.co/XB1eITo1Bm
EL VIDEO NO LOS AYUDA. LOS DELATA.
El video que hoy circula es real. Quien realizó esa grabación fue una abogada que se identificó como representante de la clínica donde se encontraba el Alcalde Aquiles Álvarez.
Lo verdaderamente grave no es la existencia del video, sino su difusión.
La información que allí se observa y escucha forma parte de la esfera de la intimidad del paciente y se encuentra protegida por el derecho a la privacidad y por la normativa sobre protección de datos personales. La decisión médica de un paciente, su estado de salud y las conversaciones mantenidas en un contexto asistencial no son material de propaganda política.
Paradójicamente, la divulgación de ese video termina confirmando varias cosas:
Que el Alcalde hizo bien en no someterse a una cirugía inmediata con médicos que él no había escogido y en un procedimiento cuya urgencia y presión resultaban, cuando menos, llamativas.
Que existió un nivel de seguimiento e intromisión incompatible con el respeto a la vida privada de cualquier ciudadano, incluso en uno de los momentos más sensibles para una persona: una decisión médica.
Que el operativo de hoy fue preparado con absoluto detalle para construir un relato político. Sin embargo, el propio video demuestra que el Alcalde no rechazó la cirugía como tal; manifestó que no quería operarse en ese momento y que lo haría posteriormente, con la programación correspondiente.
Finalmente, anuncio que se analizarán y ejercerán las acciones legales que correspondan respecto de la clínica y de quienes resulten responsables por la obtención, conservación, acceso o divulgación de información y material audiovisual protegido por el deber de confidencialidad y la normativa aplicable.
Lo del juez Jairo García es inaudito.
En el caso de los hermanos Álvarez, han demostrado cumplir las medidas alternativas impuestas por la justicia. No existen por tanto elementos que permitan sostener un peligro de fuga o una obstaculización de la investigación que ya concluyó.
Lo de Fiorella, aún peor, ni humanidad ni proporcionalidad.
Como abogada lo digo: mientras existan jueces que prioricen conservar su cargo antes que defender su independencia y la Constitución, el Estado de derecho seguirá debilitándose y con él nuestra ya incipiente democracia.
Caso GOLEADA: el juez acogió un pedido de @FiscaliaEcuador sin que se cumplieran los presupuestos que la ley exige para imponer prisión preventiva. Cuando la libertad deja de depender de la ley, el Estado de Derecho empieza a agonizar.