This post conflates two very different questions.
First, on economics: the claim that Chile became economically worse under Pinochet is difficult to reconcile with the long-run evidence. Between the mid-1980s and the 2010s, Chile became Latin America’s highest-income large economy on a per-capita basis, poverty fell dramatically, life expectancy increased, and institutions such as an independent central bank, fiscal responsibility, and an open trading system helped sustain decades of growth. Whether one attributes all, part, or little of that performance to the market reforms is open to debate. Claiming there was “no Chilean economic miracle” is, at the very least, a controversial interpretation rather than an established fact.
Second, none of this diminishes the gravity of the human rights violations committed under Pinochet. Murders, disappearances, torture, and political repression are extensively documented and deserve unequivocal condemnation. Those crimes stand on their own and do not become less serious because of economic outcomes.
A mature discussion recognizes that both propositions can be true: significant market reforms may have contributed to Chile’s economic development, while the regime simultaneously committed grave human rights abuses. Denying either side of that historical record replaces analysis with ideology.
@BobbyHillzr7r@TheAtlantic@anneapplebaum There was no Chilean economic miracle, Chile became economically worse under Pinochet. It is economically worse off due to his neoliberalism.
He butchered people across the continent, ran drugs, raped women, and tortured tens of thousands. I understand you prefer that.
Contribuciones: el impuesto que nadie puede verificar y lo que el Alcalde ( los Alcaldes) pasa por alto. La cabeza socialista de muchos chilenos se refleja en el post de Auth.
Todo impuesto requiere legitimidad. Esa legitimidad descansa en un principio elemental: el ciudadano debe saber por qué paga lo que paga y tener la posibilidad real de discutirlo si estima que el cobro es injusto.
Con el impuesto a la renta ello ocurre. Los ingresos son verificables, existen reglas legales precisas y el contribuyente puede comprobar si el cálculo es correcto.
Con las contribuciones sucede exactamente lo contrario.
La base del impuesto no es un hecho objetivo, sino una estimación administrativa del valor de una propiedad. Ese valor no surge de un mercado transparente ni de una transacción efectiva, sino de modelos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos mediante reglamentos y parámetros que muy pocos conocen en profundidad y que el Congreso nunca discute en detalle.
En la práctica, el Estado determina cuánto vale su patrimonio y, sobre esa cifra, fija el impuesto que deberá pagar.
Eso invierte la lógica de un Estado de Derecho.
Más aún, la experiencia muestra que los avalúos crecen con mucha mayor intensidad en determinadas comunas, generando una sensación creciente de arbitrariedad. Si dos viviendas similares pueden terminar con cargas tributarias muy distintas debido a criterios técnicos que el propietario no logra comprender ni controvertir eficazmente, el problema deja de ser económico y pasa a ser institucional.
La discusión tampoco puede reducirse a una supuesta lucha entre ricos y pobres. Quienes pagan contribuciones relevantes normalmente también pagan Impuesto Global Complementario sobre los ingresos que permitieron adquirir ese patrimonio. Además, una parte importante de la recaudación se redistribuye hacia otras comunas, mientras esos mismos contribuyentes financian servicios que utilizan con menor intensidad, como el transporte público, y recurren con mayor frecuencia a infraestructura concesionada, pagando peajes y otros costos adicionales.
La redistribución puede ser una decisión política legítima. Lo que no resulta legítimo es que la base sobre la cual descansa ese esfuerzo fiscal sea prácticamente imposible de verificar por quien debe soportarlo.
Existe una alternativa conceptualmente mucho más transparente. Si el Estado desea mantener un impuesto patrimonial, debería permitir que el propietario declare el valor de su inmueble. Si la declaración fuese artificialmente baja, el propio Estado podría adquirir la propiedad a ese precio y posteriormente venderla en el mercado. Ese simple mecanismo elimina el incentivo a subdeclarar y obliga simultáneamente al Estado a respetar valoraciones realistas.
La confianza en un sistema tributario no depende solo de cuánto recauda. Depende, sobre todo, de que los ciudadanos perciban que las reglas son objetivas, conocidas y controlables.
Mientras las contribuciones sigan descansando en valoraciones administrativas difíciles de comprender, con escaso control democrático y limitadas posibilidades de defensa, continuará creciendo la percepción de que no se trata de un impuesto justo, sino de uno cuyo monto depende más del criterio de la autoridad que de reglas transparentes.
Y cuando un impuesto pierde legitimidad, también comienza a perderla el Estado que lo cobra.
@SergioSilvaAlca@TomasVodanovic Pero es mas que sabido que la tasación fiscal es menor al valor comercial real. Creo q lo suyo es una falacia populista.
Contribuciones: el impuesto que nadie puede verificar y lo que el Alcalde pasa por alto.
Todo impuesto requiere legitimidad. Esa legitimidad descansa en un principio elemental: el ciudadano debe saber por qué paga lo que paga y tener la posibilidad real de discutirlo si estima que el cobro es injusto.
Con el impuesto a la renta ello ocurre. Los ingresos son verificables, existen reglas legales precisas y el contribuyente puede comprobar si el cálculo es correcto.
Con las contribuciones sucede exactamente lo contrario.
La base del impuesto no es un hecho objetivo, sino una estimación administrativa del valor de una propiedad. Ese valor no surge de un mercado transparente ni de una transacción efectiva, sino de modelos elaborados por el Servicio de Impuestos Internos mediante reglamentos y parámetros que muy pocos conocen en profundidad y que el Congreso nunca discute en detalle.
En la práctica, el Estado determina cuánto vale su patrimonio y, sobre esa cifra, fija el impuesto que deberá pagar.
Eso invierte la lógica de un Estado de Derecho.
Más aún, la experiencia muestra que los avalúos crecen con mucha mayor intensidad en determinadas comunas, generando una sensación creciente de arbitrariedad. Si dos viviendas similares pueden terminar con cargas tributarias muy distintas debido a criterios técnicos que el propietario no logra comprender ni controvertir eficazmente, el problema deja de ser económico y pasa a ser institucional.
La discusión tampoco puede reducirse a una supuesta lucha entre ricos y pobres. Quienes pagan contribuciones relevantes normalmente también pagan Impuesto Global Complementario sobre los ingresos que permitieron adquirir ese patrimonio. Además, una parte importante de la recaudación se redistribuye hacia otras comunas, mientras esos mismos contribuyentes financian servicios que utilizan con menor intensidad, como el transporte público, y recurren con mayor frecuencia a infraestructura concesionada, pagando peajes y otros costos adicionales.
La redistribución puede ser una decisión política legítima. Lo que no resulta legítimo es que la base sobre la cual descansa ese esfuerzo fiscal sea prácticamente imposible de verificar por quien debe soportarlo.
Existe una alternativa conceptualmente mucho más transparente. Si el Estado desea mantener un impuesto patrimonial, debería permitir que el propietario declare el valor de su inmueble. Si la declaración fuese artificialmente baja, el propio Estado podría adquirir la propiedad a ese precio y posteriormente venderla en el mercado. Ese simple mecanismo elimina el incentivo a subdeclarar y obliga simultáneamente al Estado a respetar valoraciones realistas.
La confianza en un sistema tributario no depende solo de cuánto recauda. Depende, sobre todo, de que los ciudadanos perciban que las reglas son objetivas, conocidas y controlables.
Mientras las contribuciones sigan descansando en valoraciones administrativas difíciles de comprender, con escaso control democrático y limitadas posibilidades de defensa, continuará creciendo la percepción de que no se trata de un impuesto justo, sino de uno cuyo monto depende más del criterio de la autoridad que de reglas transparentes.
Y cuando un impuesto pierde legitimidad, también comienza a perderla el Estado que lo cobra.
La casa que heredamos
Las recesiones merecen análisis serios, no la búsqueda apresurada de culpables. Afirmar que una eventual recesión “tiene nombre y apellido” puede ser políticamente atractivo, pero económicamente resulta una simplificación.
Chile no despertó con problemas de inversión, productividad, crecimiento y empleo el día del cambio de gobierno. Esas dificultades se incubaron durante años, alimentadas por un deterioro de la confianza, incertidumbre regulatoria, bajo crecimiento de la inversión y un Estado que fue acumulando ineficiencias sin resolverlas.
El gobierno actual ha optado por reconocer esa realidad y comenzar a enfrentarla. Como ocurre con una familia que hereda una casa abandonada durante años, el primer trabajo no consiste en comprar muebles nuevos ni pintar las paredes. Primero hay que retirar la basura acumulada, reparar las filtraciones, ordenar las cuentas y reconstruir los cimientos. Ese proceso rara vez es agradable y, muchas veces, sus beneficios no se observan de inmediato.
La economía funciona de manera similar. Existen reformas que pueden generar costos transitorios mientras corrigen desequilibrios heredados, con el propósito de crear las condiciones para un crecimiento más sólido y sostenible. Evaluarlas únicamente por los primeros indicadores de actividad equivale a concluir que una remodelación fracasó porque durante las primeras semanas la casa estuvo llena de escombros.
La verdadera pregunta no es quién firma una cifra negativa de corto plazo, sino quién logra que el país vuelva a invertir, innovar, crear empleos de calidad y aumentar su productividad. En otras palabras, quién consigue desplazar la frontera de posibilidades de producción de Chile y ampliar las oportunidades para las futuras generaciones.
La historia económica muestra que los países prosperan cuando sus gobiernos son capaces de mirar más allá del próximo trimestre. Las cifras mensuales importan, pero mucho más importante es la dirección en que se mueve el país.
Si el proceso actual consigue limpiar la casa, fortalecer sus cimientos y permitir que quienes viven en ella tengan mejores oportunidades de trabajo, inversión y progreso, entonces el juicio no deberá hacerse por el polvo levantado durante la limpieza, sino por la calidad del hogar que finalmente se construyó.
Confundir el fracaso de una acusación constitucional con el éxito de un ministro es un error lógico. Que la acusación no prosperara no borra los cuestionamientos a la gestión de Nicolás Grau. En cualquier empresa seria, un ejecutivo que presenta información de manera que induce a una percepción más favorable que la realidad difícilmente conservaría su cargo. La confianza es el principal activo de quien administra.
Confundir el fracaso de una acusación constitucional con el éxito de un ministro es un error lógico. Que la acusación no prosperara no borra los cuestionamientos a la gestión de Nicolás Grau. En cualquier empresa seria, un ejecutivo que presenta información de manera que induce a una percepción más favorable que la realidad difícilmente conservaría su cargo. La confianza es el principal activo de quien administra.
Confundir el fracaso de una acusación constitucional con el éxito de un ministro es un error lógico. Que la acusación no prosperara no borra los cuestionamientos a la gestión de Nicolás Grau. En cualquier empresa seria, un ejecutivo que presenta información de manera que induce a una percepción más favorable que la realidad difícilmente conservaría su cargo. La confianza es el principal activo de quien administra.”
Herencia e incentivos
Que muchas grandes fortunas se transmitan por herencia es un hecho. Pero de ese dato no se desprende que la herencia sea económicamente indeseable. Al contrario, conviene preguntarse por qué esas fortunas llegaron a existir.
La posibilidad de dejar un patrimonio a los hijos es uno de los incentivos más poderosos para el trabajo, el ahorro y la inversión. Millones de personas postergan consumo, reducen gastos, trabajan más años, asumen riesgos empresariales y reinvierten utilidades porque desean ofrecer a la siguiente generación mejores oportunidades que las que ellas mismas tuvieron.
No se trata solo de dinero. También significa financiar una mejor educación, acceso a salud, vivienda, emprendimientos y, en definitiva, mayor capital humano y físico para la generación siguiente.
Con frecuencia se afirma que la herencia contradice el mérito. Sin embargo, esa visión observa únicamente el punto de llegada del heredero y omite el punto de partida del patrimonio. Antes de existir una herencia hubo alguien que produjo, ahorró, invirtió y renunció a consumir parte de los frutos de su trabajo.
Milton Friedman solía destacar una paradoja interesante. Muchos pensaban que, si los hijos ya gozaban de una buena situación económica, sus padres dejarían de ahorrar. La evidencia mostraba exactamente lo contrario: las familias continuaban acumulando patrimonio porque el bienestar de los hijos y de los nietos seguía siendo un objetivo fundamental. La motivación de legar riqueza persistía incluso cuando las necesidades inmediatas ya estaban cubiertas.
Si una sociedad eliminara completamente la posibilidad de heredar, es razonable esperar que una parte de ese esfuerzo se transformara en consumo presente. Más ocio, más gasto y menos ahorro significan, inevitablemente, menos inversión y menor acumulación de capital. Y sin capital no aumentan ni la productividad ni los salarios reales.
Por supuesto, ninguna sociedad será perfectamente meritocrática. Siempre influirán el azar, la familia, la salud o las circunstancias. Pero una cosa es reconocer esa realidad y otra muy distinta debilitar los incentivos que llevan a millones de personas a crear riqueza.
El debate sobre la herencia no debería limitarse a cómo se distribuye el patrimonio existente. También debe considerar cómo se genera. Porque, antes de repartir la riqueza, alguien tuvo que crearla.
La noticia es interesante, pero conviene distinguir tres cuestiones distintas.
1. El dato publicado parece ser correcto, pero es preliminar.
El artículo indica que, en su primera etapa, los recursos del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), administrados transitoriamente por la Tesorería General de la República, obtuvieron una rentabilidad inferior al promedio de los multifondos de AFP durante el mismo período.
Si uno mira el gráfico, en la mayoría de los meses la línea del “Seguro Social” aparece por debajo del promedio de los multifondos.
2. Eso, por sí solo, no demuestra que el nuevo sistema vaya a ser peor.
Aquí la respuesta de Ignacio Briones —según entiendo por el debate que se ha generado— apunta a que no se están comparando carteras con el mismo mandato de inversión.
En finanzas esto es fundamental.
Por ejemplo:
Un fondo que debe mantener mucha liquidez y bajo riesgo normalmente rentará menos.
Un fondo con horizonte de 30 o 40 años puede asumir más riesgo y, en promedio, obtener mayores retornos.
Comparar ambos únicamente por rentabilidad puede inducir a conclusiones equivocadas si sus restricciones son distintas.
Ese argumento es técnicamente válido.
3. Pero también hay una crítica legítima que Briones no parece responder completamente.
La pregunta política de fondo no es simplemente si los objetivos son distintos.
La pregunta es:
¿Por qué crear un nuevo administrador estatal si, desde el comienzo, obtiene menores retornos que la industria privada para activos comparables?
Ese es un cuestionamiento perfectamente razonable.
Si el Estado decide administrar miles de millones de dólares de cotizaciones obligatorias, la carga de la prueba recae sobre él. Debe demostrar que:
administrará igual o mejor;
con menores costos;
o entregará algún beneficio que compense una menor rentabilidad.
Si ninguna de esas tres condiciones se cumple, la crítica adquiere fuerza.
Mi impresión
Creo que ambas posiciones quedan incompletas.
El tuit de Calderón sugiere que unos pocos meses de resultados bastan para condenar todo el diseño institucional. Eso probablemente es una conclusión apresurada.
La respuesta de Briones, en cambio, parece refugiarse en que “los objetivos son distintos”, sin abordar la inquietud principal: ¿por qué aceptar deliberadamente una estructura cuya expectativa de retorno podría ser inferior para los trabajadores?
En economía previsional, una diferencia aparentemente pequeña es enorme.
Si durante 35 o 40 años un fondo rentara apenas 0,5% anual menos, el capital acumulado al jubilar podría ser entre 15% y 20% menor, debido al interés compuesto. Por eso cualquier reducción sistemática de rentabilidad merece un análisis muy serio.
En definitiva, el dato publicado no prueba que el nuevo fondo sea un fracaso. Pero sí constituye una señal de alerta que obliga a exigir explicaciones técnicas sólidas y evidencia de que la administración estatal podrá competir con los gestores privados en el largo plazo. Ese es el debate que habría sido útil responder de forma más directa.
Con “falta de conocimiento” me refiero a “ciertos políticos” que, por cierto, conozco mucho.
Como tu alegato es “técnico”, asumo que te percibes como tal y no como político.
Por tanto, ¿Por qué te sientes aludido?
¿No será mejor debatir en vez de descalificar? @ignaciobriones_
El crecimiento de un país se debe a que los ciudadanos son austeros y que por ello invierten. Sabes porque invierten ? Porque quieren que sus hijos reciban una herencia. Si el impuesto de herencia fuera 100% quién crees que dejaría de consumir todo antes de morirse. El consumo sería todo y la inversión casi 0…
Thomas Sowell cumple 96 años el 30 de junio. Aquí un par de sus pensamientos.
“La primera lección de la economía es la escasez: nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos aquellos que lo quieren.
La primera lección de política es ignorar la primera lección de economía". - Thomas Sowell