Regular no debe servir para hundir artificialmente el valor de una vivienda y después expropiarla barata. Eso sería inseguridad jurídica, no política pública.
La prioridad es aumentar el parque público con compras transparentes, derecho de tanteo y retracto, suelo público, rehabilitación y construcción. La expropiación, si procede, debe ser excepcional, por interés general y con indemnización justa.
Señor Echenique, hacen falta medidas firmes, pero no consignas inviables. Proteger a las familias vulnerables y ampliar masivamente la vivienda pública, sí.
Expropiar de forma generalizada, bajar todos los alquileres un 50% por decreto o imponer contratos indefinidos puede reducir oferta y generar inseguridad jurídica.
La solución es más parque público, suelo disponible y regulación proporcionada.
@juanmi_almeria No es un derecho fundamental en sentido técnico, pero sí un derecho constitucional y un mandato político y jurídico que las administraciones no pueden ignorar.
Insisto, tener inmuebles o empresas no contradice defender el derecho a la vivienda. Lo relevante es su uso: no es lo mismo un activo destinado a oficinas, actividad empresarial o vivienda vinculada al trabajo que acumular pisos para especular con el alquiler residencial.
Y expropiar no puede ser una consigna automática: requiere causa de interés público, garantías legales e indemnización.
Para mí, la solución de fondo es ampliar de forma sostenida el parque público de alquiler y regular un mercado que hoy expulsa a demasiada gente. Creo que deberíamos estar de acuerdo que es un tema que hay que corregir.
Que una cartera esté valorada en 10 millones no implica automáticamente que genere un millón anual. Depende de cuántos activos estén alquilados, su uso, costes, deuda, mantenimiento, impuestos y rentabilidad real.
Y, en cualquier caso, ese no era el argumento: tener patrimonio inmobiliario no invalida defender políticas para que la vivienda sea accesible. El debate es qué modelo de vivienda queremos y qué medidas hacen falta para frenar la expulsión de mucha gente vulnerable de sus ciudades.
Ministro Puente, creo que nadie confunde expropiación con expolio: la Constitución exige siempre una indemnización justa. Pero una multiplicación rápida no sustituye a un análisis serio.
Tomar 650.000 viviendas, asignarles un precio medio uniforme y presentar el resultado como si hubiera que adquirirlas todas mañana es una simplificación interesada. Construir un parque público de alquiler exige una estrategia sostenida: recuperar viviendas cuando proceda, ejercer los derechos de tanteo y retracto, movilizar inmuebles vacíos, aprovechar suelo público y promover nueva construcción.
El problema es tanto PP como PSOE llevan décadas sin actuar a la escala necesaria, tratando la vivienda más como un activo financiero que como un derecho. El resultado está a la vista: alquileres inasumibles, desahucios y una generación que no puede emanciparse.
Lo verdaderamente inasumible no es invertir en vivienda pública; es seguir pagando el coste social y económico de no tenerla.
Es mejor ser un lobo que todos odian que un burro que todos montan. Ser temido por tener carácter vale más que ser querido por dejarte pisar. Es mejor que te odien por tener límites, que te amen por no tener dignidad.
Sr Vidal-Quadras: algunas afirmaciones son ciertas, pero para mí no cierran el debate.
Sí: el desahucio se ejecutó por orden judicial y la controversia se resolvió aplicando el régimen de renta antigua y sus subrogaciones, reformado por la LAU de 1994. Pero eso no convierte el caso en inevitable ni exonera a las administraciones de buscar una solución digna.
Maricarmen no dejó de pagar: el conflicto surgió cuando la nueva propiedad cuestionó la segunda subrogación y reclamó una renta que superaba su pensión.
Hubo propuestas para evitar el desalojo —incluida la compra pública del piso y el pago de la diferencia de renta— que no prosperaron.
Precisamente porque la sentencia debía cumplirse, el fracaso es político: ni los ocho años de Gobierno central ni las competencias de Comunidad y Ayuntamiento lograron ofrecer una alternativa residencial adecuada a una mujer de 87 años, con discapacidad, tras siete décadas en su hogar.
Cumplir una orden judicial no impide hacer política de vivienda; obliga a hacerla antes de que llegue el desahucio. Y todos los partidos políticos son responsables de este desastre.
Criticar la gestión de Sánchez en vivienda es legítimo: en ocho años no se ha construido el parque público de alquiler que España necesita, y las medidas aprobadas no han bastado para contener alquileres ni facilitar la emancipación.
Pero usar esa crítica para dar por cerrado el caso de Maricarmen es otra cosa. Que un desahucio sea legal no significa que sea socialmente aceptable ni que las administraciones no tengan deberes de prevención y alternativa habitacional.
La ley marca un mínimo; la política debe aspirar a algo más que cumplir el trámite.
Además, Madrid no es una espectadora sin competencias: Comunidad y Ayuntamiento deciden sobre suelo, planeamiento, promoción pública, rehabilitación y vivienda social.
El Estado debe financiar, regular y proteger; las administraciones madrileñas deben construir y garantizar alternativas reales.
La conclusión verdaderamente incómoda para todos es que PSOE y PP han fracasado en lo esencial: no han tratado la vivienda como un derecho exigible y han permitido que el alquiler se convierta en una carrera imposible para demasiada gente.
Maricarmen no es una coartada electoral; es la prueba de ese fracaso compartido.
PSOE y PP lleváis décadas alternándoos en las instituciones y el resultado está a la vista: alquileres inasumibles, emancipación imposible y un parque público de vivienda ridículo para la dimensión del problema.
Ninguno ha resuelto la vivienda porque ambos han aceptado que sea, ante todo, un activo financiero y no un derecho básico.
El PP propone bajar impuestos, avales y construir más, pero sin explicar con precisión quién paga sus promesas ni cómo evitará que las ayudas terminen inflando aún más los precios.
Y el PSOE ha aprobado medidas de protección insuficientes sin levantar, a la velocidad necesaria, el parque público de alquiler que haría falta.
No necesitamos otro decálogo de titulares. Necesitamos suelo público, vivienda pública de alquiler que nunca se privatice, límites efectivos a los abusos en zonas tensionadas, rehabilitación y un calendario con presupuesto y objetivos exigibles.
Mientras PSOE y PP sigan ofreciendo parches compatibles con la especulación, la vivienda seguirá siendo un lujo para demasiada gente.
Llamar “cortina de humo” a Maricarmen es una forma muy cómoda de negar el problema que representa: que una persona mayor pueda perder su casa por no poder afrontar el alquiler.
Ceuta, la presión sobre los jueces y cualquier sospecha de irregularidad electoral merecen atención, investigación y explicaciones; no son asuntos incompatibles.
Pero una democracia madura puede ocuparse de más de un problema a la vez. Convertir la vivienda en un asunto secundario porque existen otros conflictos solo sirve para que nadie responda por ella.
La cuestión de fondo no es si Maricarmen beneficia a una u otra estrategia política.
Es si las instituciones tienen una alternativa digna antes de que una persona vulnerable sea expulsada de su hogar. Si la respuesta es no, el escándalo no es que se hable de su caso: es que haga falta hacerlo para que alguien actúe.
Aquí todos los partidos políticos son culpables de la situación de la vivienda.
Defender la dignidad humana y combatir el racismo es una obligación democrática.
Pero precisamente por eso conviene ser rigurosos: el Parlamento de Turingia no puede prohibir por sí solo a la AfD.
Puede debatir e impulsar una iniciativa, pero la solicitud solo puede partir del Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno federal, y la decisión corresponde al Tribunal Constitucional alemán.
Además, una prohibición no puede basarse en una etiqueta ni en declaraciones aisladas: debe acreditarse que el partido persigue activamente acabar con el orden democrático y que existe una capacidad real de lograrlo.
Es un umbral deliberadamente muy alto.
La extrema derecha debe ser confrontada política, social y judicialmente cuando vulnera derechos fundamentales. Pero comparar de forma automática a partidos de países distintos o presentar una audiencia parlamentaria como una prohibición inminente no ayuda: la democracia se defiende con firmeza, sí, pero también con precisión y garantías.
No alimentemos discursos que sigan alimentando al monstruo de la polarización.
Estoy de acuerdo en lo esencial: Maricarmen merece una solución antes del desahucio, no después, y España necesita un parque público de alquiler mucho mayor, estable y adaptado a las distintas etapas de la vida.
Pero denunciar un caso concreto no convierte a nadie en pancarta.
A veces es la única forma de hacer visible el fallo de un sistema que trata la vivienda como un drama individual cuando debería garantizarla como infraestructura básica.
El problema no es que Maricarmen tenga rostro; el problema es que haya tantas Maricarmenes invisibles.
Y la responsabilidad no es exclusiva del Gobierno central. Estado, comunidades y ayuntamientos comparten instrumentos decisivos: financiación, suelo, planeamiento, vivienda pública, rehabilitación, mediación y protección frente a desahucios.
Señalar el déficit de vivienda pública es correcto; usarlo para deslegitimar la movilización social, no tanto.
Si una campaña logra que una mujer de 87 años no pierda su casa y obliga a las instituciones a actuar, quizá no está manipulando: está evidenciando que los mecanismos ordinarios llegaron demasiado tarde.
El dato del 92% no demuestra lo que parece sugerir. Que una vivienda esté a nombre de un particular no significa que pertenezca a un pequeño propietario con una sola casa: en Madrid, más de la mitad del alquiler está en manos de personas que arriendan dos o más viviendas.
Y tampoco es exacto que la vulnerabilidad impida recuperar una vivienda sin límite. Requiere acreditación, intervención judicial y de servicios sociales, y la suspensión ordinaria es temporal.
La cuestión no es elegir entre inquilinos vulnerables y pequeños propietarios.
Es evitar que una familia quede en la calle y, a la vez, que el coste de la falta de vivienda pública recaiga sobre quien alquila una sola vivienda.
Para eso hacen falta compensaciones rápidas, mediación eficaz y un parque público suficiente.
@AlbMayoral La ideología política no debe ser motivo de amenazas ni de violencia. Si, a pesar de las diferencias, fuéramos capaces de converger en lo verdaderamente importante, la sociedad avanzaría mucho mejor, seríamos mejor. La polarización tan aguda solo va a traer desgracia para todos.
Gracias al gobierno ( y con el Estado como elemento fundamental ), a esta chica se le ha expropiado su cuerpo, ha sido deshauciada de la vida que le correspondía para amanecer en el infierno más terrible .
Maricarmen como el emblema que justifca saltarse la ley y esta pobre chica como tristísimo ejemplo del coste que supone saltársela.
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