#ULTIMAHORA Al Jazeera acaba de lanzar un documental de UNA HORA sobre los CRÍMENES de ISRAEL contra los PALESTINOS.
Es MUY DIFÍCIL DE VER pero necesario para entender las atrocidades del Ente sionista, que el algóritmo no decida que podemos ver y que no.... #RTMasivo de apoyo
#Israël_Is_Enemy_Of_The_Humanity
#Netanyahu_War_Criminal
Consejo Fiscal Autónomo advierte 11 riesgos en la megarreforma: los costos se producen con certeza pero los beneficios son inciertos
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🚨 AHORA | El CFA alerta que proyecto de ley misceláneo mantiene riesgos para las finanzas del Estado y podría deteriorar aún más las arcas públicas
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La demolición de viviendas sociales en el sector de El Olivar no es solo un fracaso de la gestión de la infraestructura; es el colapso de la fe pública en su expresión más dolorosa. La querella presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y las autoridades regionales del sector, expone una trama que, de comprobarse en los tribunales, superaría la mera negligencia administrativa para adentrarse en el terreno de la delincuencia institucionalizada. No estamos ante un error de cálculo o un debate técnico sobre la calidad del hormigón, sino ante una acusación formal de prevaricación, falsificación ideológica y fraude al Fisco que desnudará los contrapesos del aparato estatal.
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El núcleo de la acción judicial revela una anomalía que la ciudadanía intuye con legítima suspicacia: la existencia de un diseño previo, una suerte de "plan maestro" concebido en la época en que el actual secretario de Estado recorría Viña del Mar como candidato a alcalde en 2024. La hipótesis de la querella apunta a que la máxima autoridad de la cartera instrumentalizó el poder del ministerio para materializar una agenda particular, forzando la salida de las constructoras originales. Esta flagrante desviación de poder denota una soberbia intelectual que confunde el ejercicio de la autoridad con la ejecución de voluntades personales, por encima del rigor burocrático.
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Para lograr este cometido, la jefatura no dudó en ejercer una coacción directa y sistemática sobre los Inspectores Técnicos de Obra del Serviu, obligándolos a emitir informes sesgados y a faltar a la verdad en la narración de los hechos. Esta presión institucional sobre los funcionarios en terreno no es un hecho aislado, sino el medio mecánico e imprescindible para articular el engaño. Al doblegar la voluntad de estos fiscalizadores mediante amenazas, la alta autoridad los instrumentalizó para consumar una falsificación ideológica, alterando el contenido de documentos públicos y forzando la inclusión de fechas pretéritas con el único fin de fabricar la coartada técnica que justificara una resolución manifiestamente injusta.
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Resulta incomprensible desde la lógica profesional que un arquitecto de vasta trayectoria, elevado a la más alta magistratura de su disciplina, decida arriesgar su patrimonio penal y su prestigio en una operación de este calibre. La demolición de estructuras que, según peritajes independientes del IDIEM, eran perfectamente recuperables, constituye una aberración técnica y moral. Al destruir lo ya edificado sin justificación real, no solo se dilapidaron más de dos mil trescientas Unidades de Fomento pertenecientes a las arcas fiscales, sino que se infligió un daño irreparable a las familias damnificadas del megaincendio, cuyo derecho a una vivienda digna quedó supeditado a un gallito político.
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Las consecuencias legales de este entramado institucional serán inminentes y severas. El Ministerio Público enfrenta el desafío de demostrar cómo la coacción ejercida desde la cúpula destruye la defensa habitual del "error de juicio", exponiendo un dolo directo y planificado para defraudar al Fisco. Paralelamente, el Estado se expone a millonarias demandas civiles por concepto de indemnización de perjuicios por parte de las empresas afectadas. El desenlace de esta crisis determinará si los tribunales de justicia logran desbaratar la impunidad de la alta esfera o si las instituciones públicas seguirán siendo utilizadas como un botín para agendas de confianza privada.
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Senador @AndresLongton el Tren de Aragua lavó 85 millones de dólares en Banco Santander con cuentas bancarias. El martes se vota si la UAF puede acceder a esa información. Usted votó en contra dos veces. ¿Va a seguir protegiendo el #SecretoBancario de los narcos?
Trump lässt 900 Tiefseesensoren aus dem Atlantik und Pazifik herausziehen – ein 370-Millionen-Dollar-Netzwerk das seit 2016 läuft.
Es sollte 30 Jahre laufen. Es wird nach 10 Jahren gestoppt. Was diese Sensoren messen: Meerestemperaturen. Strömungen. Salzgehalt. CO₂-Aufnahme. El-Niño-Früherkennung. AMOC – den Atlantischen Umwälzstrom der Europas Wetter reguliert. Ozeanograph Ed Dever: „Es ist ein lähmender Informationsverlust."
Project 2025 hatte das Netzwerk explizit als Quelle von „Klimaalarmismus" bezeichnet und seine Abschaltung gefordert.
Der Kongress hatte die Finanzierung zweimal gerettet.
Die NSF zog es trotzdem durch. Die Folgen werden Jahrzehnte dauern. Daten die wir nie mehr bekommen werden. 1/2
🇺🇸🇪🇺
El gobierno de Kast, vía Dipres, confiesa que no puede calcular cuánto gastará el fisco restituyendo los gastos a las grandes empresas cuando un tribunal anula su Resolución de Calificación Ambiental, tal como propone su reforma tributaria. ¿Imaginan que todo Chile le pague los gastos a Hidroaysen o Pascualama? La megareforma de la irresponsabilidad.
Chats inéditos obtenidos por https://t.co/8yw0TIvVtH revelan que Gabriel Zaliasnik, actual embajador de Chile en Israel, propuso cortar internet, intervenir teléfonos de opositores y usar gastos reservados para defender a autoridades. También gestionó nombramientos judiciales y coordinó pagos de honorarios con Loreto Silva y Andrés Chadwick para defender al general Mario Rozas.
¿Y tú, qué opinas? ¡Te leemos en los comentarios!
Lee la nota completa en el link 🔗https://t.co/yHQtpj0yBy
Jajajajaja, ¿zurdópata por no arrodillarme? El gráfico que subes confirma exactamente lo que dije: en Chile el alzamiento del secreto requiere autorizaciones judiciales, ministeriales o trámites específicos en hartos casos (tribunales, UAF vía Corte, SII con procedimiento, etc.).
En la mayoría de la OCDE el CRS permite acceso más directo a las autoridades tributarias. Chile y Australia siguen siendo de los más restrictivos en eso.
Hechos > etiquetas baratas. Listo. 😏
Se puso a discutir con una IA y perdió...
Johannes Kaiser le pidió a la IA GROK que desmintiera el argumento a favor del proyecto de levantamiento del secreto bancario (que da más facultades a la UAF para detectar dinero del crimen organizado sin orden judicial), y esto pasó:
Gobierno descarta que Registro Nacional de Vándalos incorpore a condenados por delitos económicos, colusión y violación a los DD.HH.
https://t.co/3dK6VOfMy5
Estos son los diputados de derecha que votaron en contra de la indicación que permitía levantar el secreto bancario ante sospechas fundadas de lavado de activos.
Perseguir el crimen organizado no se hace solo con discursos. También requiere que las instituciones puedan acceder a información financiera cuando existen antecedentes serios de posibles delitos.
Sin seguir la ruta del dinero, combatir el lavado de activos se vuelve mucho más difícil.
Cuando hubo que elegir entre proteger una herramienta para investigar el dinero ilícito o mantener el secreto, ellos eligieron mantener el secreto. Que cada cual saque sus conclusiones.
Presidente Kast sostiene que el turismo en La Araucanía está frenado por la violencia, pero los datos oficiales de Sernatur e INE dicen otra cosa: las llegadas de turistas extranjeros se duplicaron, pasando de 166 mil en 2023 a 328 mil en 2024; las pernoctaciones crecieron un 46% en enero de 2025; y el empleo turístico subió un 33,8%. A esto se suma que Pucón fue nominado como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura en los World Travel Awards, y que Chile ganó el título mundial en esa categoría. La Araucanía vive uno de sus mejores momentos turísticos en décadas. Los hechos por sobre el relato.
🔴 La campaña de corrupción que acaba de estallar en la cara de ChileVamos: El “Modo Lavín Jr.” que involucra a 70 candidatos de la UDI
Modus Operandi explicado en 7 pasos:
1️⃣ Dinero público para un negocio privado: Lavín Jr. creó Modo74 y la plataforma Socialtazk, financiadas con fondos del Congreso.
2️⃣ Usó la plataforma para campañas políticas: ofreció Socialtazk gratis a más de 70 candidatos UDI para envío masivo de mensajes.
3️⃣ Intercambio ilícito de datos: a cambio, pidió bases de datos privadas de juntas de vecinos, clubes y comunidades.
4️⃣ Asesores del Congreso pagados por el Estado: trabajaron horas para cargar y validar esas bases de datos con recursos públicos.
5️⃣ Beneficio familiar y societario: la red involucraba a hermanos y Panel Ciudadano para obtener ganancias políticas y económicas.
6️⃣ Fraude y facturas falsas: desde 2015 rindió facturas ideológicamente falsas para reembolsos y financió campañas, defraudando más de $104 millones.
7️⃣ “Alcalde en las sombras”: además se le imputa tráfico de influencias por intervenir contratos mientras su esposa era alcaldesa de Maipú.
Fuentes:
https://t.co/UKvvCpw4zk
https://t.co/G5GnNfmOXW