Enfrentamientos armados en Ituango, Antioquia, generan desplazamiento de población rural.
Hacemos un llamado:
- A los actores armados ilegales involucrados, para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a personas y bienes civiles.
- A las autoridades municipales, departamentales y nacionales, para que garanticen condiciones seguras para las personas desplazadas que se están movilizando desde las zonas afectadas, activen de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y mantengan un monitoreo permanente frente al riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos en el marco del Comité de Justicia Transicional.
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En la tarde del miércoles 19 de agosto, el ELN atacó la estación de Policía de Norosí, Bolívar, con drones y ráfagas de fusil. El ataque dejó ocho integrantes de la fuerza pública heridos, seis de los cuales fueron evacuados del municipio. Manifestamos nuestra solidaridad con la Policía Nacional y, de manera particular, con los ocho integrantes heridos en estos hechos.
Nos preocupa especialmente que, al momento del ataque, niñas, niños y adolescentes se encontraban en jornada escolar en la Institución Educativa Académica, Agropecuaria e Industrial de Norosí, ubicada aproximadamente a 40 metros de la estación de Policía. La cercanía de las hostilidades los expuso a los efectos del ataque y generó afectaciones emocionales y psicosociales en la población civil.
Esta situación cobra especial relevancia frente a los riesgos que hemos advertido en la Alerta Temprana 034 de 2023 y la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 003 de 2026, en las que expusimos los escenarios de riesgo para la población civil asociados a la presencia y confrontación de grupos armados ilegales en el sur de Bolívar.
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Realizamos seguimiento y verificación de las afectaciones ocasionadas por el terremoto en el departamento del Chocó. Estuvimos en el municipio de Nóvita y en el corregimiento de Opogadó, municipio de Condoto.
Identificamos daños en iglesias y en la institución educativa de Nóvita, donde 12 de los 14 salones de clase presentan afectaciones.
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#Nariño Expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos ocurridos en las veredas La Cocha, Parapetos, Bella Florida, Tambillo de Bravos y El Estanque, en el municipio de Linares, así como en las veredas Arenal y Villanueva, en el municipio de Los Andes (Nariño).
En esta zona, donde hacen presencia el Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y las disidencias de alias Iván Mordisco, se han registrado confrontaciones armadas, ataques con artefactos explosivos y graves afectaciones a la población civil y a sus medios de subsistencia.
Estos eventos coinciden con los incendios forestales que afectan la región y han generado restricciones el ingreso y la labor de los organismos de socorro, cuerpos de bomberos, entidades de gestión del riesgo, personal de salud, organismos humanitarios y demás instituciones encargadas de atender la emergencia ocasionada por los incendios.
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Entre enero y julio de 2026, 17.892 personas se vieron obligadas a desplazarse para proteger sus vidas. Los departamentos con mayor incidencia fueron Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Nariño y Magdalena.
Actualización de cifras | Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw).
La #UNGRD entrega el balance con corte al 22 de agosto de 2026, 6:30 p. m.
📍Balance nacional: 16 departamentos y 481 municipios afectados; 154.789 familias y 317.130 personas afectadas.
Población: 329 personas fallecidas, 4.600 heridas, 234 desaparecidas y 364 rescatadas.
Vivienda: 173.501 viviendas averiadas y 31.307 destruidas; 5.884 edificios averiados y 568 colapsados.
Infraestructura: 408 centros de salud, 3.441 centros educativos, 4.131 centros comunitarios, 428 vías, 15 aeropuertos, 111 acueductos, 73 puentes vehiculares y 15 puentes peatonales afectados.
Animales: 2.728 afectados y 1.205 rescatados.
Las cifras son preliminares y continúan en consolidación. Se incorporaron reportes de Santander y Caquetá. Siga pendiente de las actualizaciones.
Presentamos, junto con la Contraloría (@CGR_Colombia), la Procuraduría (@PGN_COL), y delegados y delegadas de la Mesa de Víctimas, los informes de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y a los Decretos Ley Étnicos.
En el marco de los 15 años de implementación de la Ley de Víctimas, los informes advierten rezagos en indemnización, reparación colectiva, vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento territorial.
También evidencian afectaciones desproporcionadas sobre los pueblos étnicos y un recrudecimiento de las emergencias humanitarias en sus territorios.
Conoce los principales hallazgos y recomendaciones aquí: 👉🏼 https://t.co/E6MCU6Rlu0
El desplazamiento y el confinamiento siguen limitando de manera grave el ejercicio de derechos fundamentales de miles de personas en Colombia, especialmente en territorios afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia.
Entre enero y julio de 2026, 17.892 personas se vieron obligadas a desplazarse para proteger sus vidas. Los departamentos con mayor incidencia fueron Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Nariño y Magdalena.
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Esto es impreciso. La renuncia del regional de Cúcuta es un hecho distinto y no está asociada a la renuncia del Defensor de Ocaña, como otras que se han dado en la Defensoría en estos días.
Agradezco y valoro la labor de la prensa, es necesaria, nuestro deber es la rendición de cuentas.
Pero también pido prudencia en el análisis. Lo más importante es que la justicia actúe, es la garantía que se debe dar.
Nadie ha sido absuelto, pero tampoco condenado. No sobra recordarlo, porque si se dan por ciertas las responsabilidades, se pone el riesgo la vida en una zona en la que muchas personas han enfrentado riesgos letales por señalamientos.
Confiemos en las instituciones de justicia y esperamos que todo se aclare pronto. Quien tenga responsabilidades tendrá que asumirlas.
Después del terremoto, se encuentran desescolarizados alrededor de 400.000 niñas, niños y adolescentes en todo el país, según información del ministerio de Educación. En Buenaventura, por ejemplo, son alrededor de 43.000. El informe nacional de la UNGRD no identifica la cantidad de menores de edad que no están yendo a estudiar, pero reporta 3.483 centros educativos afectados.
La @alcaldiaBtura ha preparado un plan de educación en emergencia, con base en los lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación recientemente (Directiva 009 de 2026). Sin embargo, el plan no cuenta con presupuesto ni cronograma pues la alcaldía no tiene las certezas necesarias para avanzar en ese sentido. Muchas de las propuestas de financiación se centran en solicitudes a la cooperación internacional o piden la solidaridad del sector privado. Esto es positivo, si se concreta, pero el deber de garantía del derecho a la educación corresponde al Estado.
Mientras tanto, miles de niñas, niños y adolescentes se encuentran sin escolarización, afectados emocionalmente, expuestos a riesgos de violencias de distinto tipo pues no cuentan con el entorno protector educativo. Sus padres y madres están agobiados, muchas han perdido sus viviendas, duermen en albergues o en donde familiares o amigos, o lo han tenido que hacer a la intemperie.
El cuerpo docente también se encuentra afectado y requiere atención psicosocial. La evaluación de infraestructura educativa averiada presenta retrasos pues no cuentan con personal especializado suficiente para realizarla. Rectores y rectoras, por ejemplo, proponen priorizar guías para cuidado emocional, pero no hay recursos para imprimirlas y distribuirlas, por ahora.
Es urgente que el Gobierno Nacional lidere una estrategia territorializada para garantizar el derecho a la educación, que cuente con presupuesto y cronograma claros para proteger a los miles de menores de edad que se encuentran en una alarmante situación de riesgo y desprotección.
@Mineducacion@ICBFColombia
Hacemos seguimiento a la emergencia en el departamento del Chocó y desplegamos nuestros equipos territoriales en Villa España, Bahía Solano y El Silencio, el Banco de Alimentos de la Diócesis de Quibdó y los asentamientos indígenas de Sopía, La Esperanza, Queravida, Futuro Indio y Dumaza.
En Villa España constatamos que alrededor de 100 viviendas presentan alto riesgo de colapso y no son aptas para ser habitadas. Sin embargo, las familias continúan allí ante la falta de alternativas de reubicación. A esta situación se suma la doble vulnerabilidad generada por los daños estructurales del sismo y la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial. Nuestra Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas brindó atención legal y psicosocial a 144 personas.
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#UNGRDInforma | Actualización cifra de afectaciones sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.
La #UNGRD presenta el balance con corte al 20 de agosto de 2026, 6:30 a. m.
📍Balance nacional: 15 departamentos y 476 municipios afectados; 153.336 familias y 282.709 personas afectadas.
Población: 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 personas rescatadas.
Vivienda: 163.492 viviendas averiadas, 31.461 destruidas y 302 edificios colapsados.
Infraestructura y servicios: 348 centros de salud, 3.483 centros educativos y 4.996 centros comunitarios afectados.
449 vías, 112 acueductos, 68 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.
1.044 animales rescatados y 1.731 afectados.
En articulación con @MigracionCol y las Alcaldías de San Onofre y Santiago de Tolú, realizamos dos jornadas de atención descentralizada para contribuir a la regularización de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes de nacionalidad venezolana vinculados al sistema educativo y a los programas del @ICBFColombia.
Durante estas jornadas, les acompañamos en el proceso de inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), como paso previo a la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT). También asesoramos a sus madres, padres y acudientes sobre el Permiso Especial de Permanencia (PEP)Tutor, para facilitar la regularización del núcleo familiar y el acceso a la oferta institucional.
En total, atendimos a 102 personas migrantes de nacionalidad venezolana, entre niñas, niños y adolescentes, así como sus padres y acudientes.
Si estás en un albergue tras la emergencia hay condiciones básicas que deben garantizarse: agua potable y alimentación suficiente, un espacio seguro para descansar, atención en salud y apoyo psicosocial y protección frente a la violencia, el abuso, la explotación y la discriminación.
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#UNGRDInforma | Actualización cifra de afectaciones sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.
La #UNGRD presenta el balance con corte al 19 de agosto de 2026, 6:30 p. m.
📍Balance nacional: 15 departamentos y 476 municipios afectados; 151.433 familias y 272.830 personas afectadas.
Población: 319 personas fallecidas, 4.469 heridas, 260 desaparecidas y 364 personas rescatadas.
Vivienda: 151.995 viviendas averiadas, 30.803 destruidas y 302 edificios colapsados.
Infraestructura y servicios: 349 centros de salud, 3.513 centros educativos y 4.994 centros comunitarios afectados.
450 vías, 110 acueductos, 70 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.
549 animales rescatados y 1.731 afectados.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, sostuvo hoy un diálogo con el Presidente del @SenadoGovCo, @honohenriquez.
Durante el encuentro, la Defensora manifestó su voluntad de apoyar la iniciativa para construir consensos mínimos en el país, las decisiones impostergables en derechos humanos y la disposición para colaborar armónicamente con la agenda legislativa y el ejercicio de las funciones del Congreso de la República.
Realizamos seguimiento y verificación tras la emergencia sísmica en el departamento del Chocó, en el corregimiento de Tangui, municipio de Medio Atrato.
Identificamos afectaciones en la iglesia católica, la Casa de Víctimas y la institución educativa que atiende a 78 niñas y niños. Además, 7 viviendas fueron destruidas y 28 presentan agrietamientos. Evidenciamos también una doble afectación por el desbordamiento del río Atrato.
Adicionalmente, realizamos misiones de verificación y acompañamiento a las víctimas del terremoto en Cértegui, Tadó y Cantón de San Pablo, donde identificamos afectaciones en viviendas y suspensión de clases.
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Estuvimos en San José del Palmar, municipio donde se localizó el epicentro del terremoto registrado el pasado 10 de agosto, para acompañar a la comunidad e identificar las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en viviendas, establecimientos educativos, vías y actividades productivas.
Allí constatamos las dificultades para llegar a las comunidades rurales y la necesidad de fortalecer el censo y la caracterización, para evitar que familias campesinas y comunidades étnicas de zonas de difícil acceso queden por fuera de la respuesta institucional.
También identificamos necesidades relacionadas con la recuperación de los medios de vida y el mantenimiento de la única vía de acceso al municipio.
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#UNGRDinforma | Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.
La #UNGRD presenta el balance con corte al 16 de agosto de 2026, 7:30 a. m.
📍Balance nacional: 15 departamentos y 450 municipios afectados; 120.238 familias y 185.016 personas afectadas.
Población: 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 354 personas rescatadas.
Vivienda: 127.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados.
Infraestructura y servicios: 285 centros de salud, 2.838 centros educativos y 3.782 centros comunitarios afectados.
407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 aeropuertos afectados.
510 animales rescatados y 822 afectados.
La UNGRD continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados.