UN JUEZ LE PROHÍBE SALIR DEL PAÍS… Y AL MISMO TIEMPO LE AUTORIZA UN VIAJE
El pasado 18 de junio, el juez de Pichincha Giovanni Freire vinculó a Marcia Ada Flores Benalcázar al denominado caso de los certificados médicos falsos y le impuso medidas cautelares: presentación periódica cada 15 días ante Fiscalía y prohibición de salida del país.
Sin embargo, en la misma resolución, el magistrado autorizó a la procesada a abandonar Ecuador entre el 28 de julio y el 14 de agosto, bajo el argumento de que el viaje había sido informado previamente y de que Flores ha mantenido una conducta procesal adecuada durante la investigación.
Te contamos más de la procesada.
#MarciaFlores #Ecuador #LaDefensa
Informe confirma: Monika Silva fue asesinada.
El informe arroja que su deceso se produjo por muerte violenta.
Por un golpe y por estrangulamiento.
NO SE SUICIDÓ. LA MATARON.
Mientras la selección siga secuestrada por KFC, y sigan eligiendo llevar y promocionar a sus jugadores en muchos casos becados, como Paez, Alcívar, Ramirez por sobre otros que deben estar, y sigan poniendo técnicos sin personalidad y serviles a sus intereses jamás lograremos nada
La persecución del régimen autoritario de @DanielNoboaOk contra la prensa es una realidad: la expulsión de Alondra, el cierre de los Irreverentes, la compra de La Posta y Radio Centro, la eliminación de un reportaje de Teleamazonas y las represalias contra Hernán Higuera, no son hechos aislados, sino capítulos que forman parte de un manual autocrático de hostigamiento al periodismo.
Lo conozco bien porque yo, al igual que varios de los colegas a los que me refiero en este desafortunado listado, sufrí el embate del poder por mis investigaciones sobre PROGEN y la Judicatura de Godoy, hasta que concretaron mi desvinculación de un medio digital bajo chantajes y amenazas.
Si esto no nos moviliza como ciudadanía, perdemos al Ecuador.
1) Existe una evidente tensión entre la aplicación de los artículos 81 y 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) respecto de lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización, donde no se alcanzaron los votos necesarios para avocar conocimiento y calificar a trámite la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano.
Cabe precisar que, tras las últimas reformas a la LOFL, se estableció un doble filtro para la admisión de las solicitudes de enjuiciamiento político. En una primera fase, corresponde al Consejo de Administración Legislativa (CAL) verificar el cumplimiento de los requisitos formales y calificar la solicitud; posteriormente, la Comisión de Fiscalización debe realizar una nueva revisión y pronunciarse sobre su admisión a trámite. Este diseño resulta, cuando menos, peculiar, pues abre la posibilidad de que una solicitud previamente calificada por el CAL pueda ser archivada en una etapa posterior por la propia Comisión.
Además, la normativa dispone que, una vez calificado el trámite, la Comisión notificará al funcionario o exfuncionario sujeto al proceso de control político para que presente su contestación y las pruebas de descargo que considere pertinentes. Sin embargo, el problema surge cuando la Comisión no logra alcanzar los votos necesarios para adoptar una decisión expresa de admisión o archivo.
En efecto, el artículo 81 de la LOFL establece que, dentro del plazo de cinco días, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la solicitud y verificará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 131 de la Constitución. En caso de incumplimiento, procederá a su archivo. No obstante, la norma no prevé que la falta de votos para calificar la solicitud produzca automáticamente el archivo del trámite. Dicho de otro modo, el archivo constituye una consecuencia jurídica, que requiere de un pronunciamiento expreso de la Comisión por encontrarse vinculada a la verificación del incumplimiento de requisitos, y no únicamente a la ausencia de una mayoría para resolverlo.
🚨 Continúan los despidos en el sector salud.
Desde las 18h00 de ayer comenzaron las notificaciones a profesionales sanitarios del Viceministerio de Atención Integral en Salud. Según denuncias internas, la medida impulsada por el abogado Stalin Andino buscaría trasladar partidas hacia la nueva Empresa Pública de Abastecimiento y Logística, lo que podría debilitar áreas clave del Ministerio y afectar la provisión de servicios de salud a la población.
Te das cuenta que estas instituciones son serviles al gobierno cuando se desviven por apoyar a un juez electoral pero callan ante amenazas a jueces como C. Serrano, vocal de la judicatura A. Villacis, la ex directora del CJ en Orellana o a los jueces de la CC
“Se robaron más de 100 millones en Progen y dicen que no hay dinero para la salud”, reclaman pacientes en los exteriores de Carondelet. Sus voces, sus carteles y su desesperación siguen sin encontrar respuesta.