Juan Orlando Hernández regresó a Honduras.
Pero este documento no trata únicamente sobre él. Trata sobre algo mucho más importante.
¿Qué ocurre cuando un país pone a prueba su sistema de justicia frente al hombre que concentró más poder político en las últimas décadas?
¿Estamos ante el regreso de un expresidente o ante la reconfiguración de las estructuras de impunidad?
El Consejo Nacional Anticorrupción presenta el informe «El retorno de JOH: entre la justicia y la impunidad", un análisis situacional, jurídico y fenomenológico que examina los riesgos institucionales, las causas judiciales pendientes y el papel que deberán asumir los operadores de justicia en los próximos días.
Léalo en el siguiente enlace: https://t.co/MShSuJq5Ip
#NadieEstáPorEncimaDeLaLey
«Expresidente Juan Orlando Hernández...
No se equivoque. Su regreso no será una victoria: será un examen.
Y no para usted, sino para el sistema de justicia hondureño. Porque usted conoce ese sistema mejor que nadie. Lo dirigió, lo utilizó, y hoy lo vuelve a poner a prueba».
Mensaje de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
#NadieEstáPorEncimaDeLaLey
#ImpunidadEnHonduras
1/4 ⚽🏆 𝙀𝙡 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖 𝙝𝙤𝙮, 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙚𝙡 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙙𝙤 𝙢á𝙨 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙃𝙤𝙣𝙙𝙪𝙧𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣ú𝙖. Mientras el torneo finaliza, nuestro país enfrenta un marcador desfavorable: Honduras 0 VS 2 Democracia y Transparencia. Las debilidades institucionales golpean a los hogares más vulnerables. Abrimos hilo institucional. 👇🧵
El problema de fondo está ausente en la discusión sobre la reforma energética.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) observa con preocupación que la discusión actual sobre la reforma energética ha estado marcada por una confrontación basada principalmente en la posible separación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y en el debate sobre si los cambios propuestos representan o no una privatización del sector.
Sin embargo, la conversación también debería centrarse en la capacidad que deben tener dichas reformas para resolver los problemas estructurales que durante décadas han impedido construir un sistema energético eficiente, sostenible y accesible para la ciudadanía.
La experiencia en Honduras demuestra que las reformas, por sí solas, no han sido suficientes para corregir los inconvenientes de fondo. Desde la Ley Marco del Subsector Eléctrico de 1994, pasando por la Ley General de la Industria Eléctrica de 2014, hasta las reformas impulsadas durante el período 2022-2026, el país ha transitado por distintos modelos sin lograr revertir de manera definitiva las pérdidas y las dificultades que afectan al sistema.
Por esta razón, la discusión no puede limitarse al contenido de una nueva ley. También debe considerar el papel que han desempeñado los poderes políticos, económicos, institucionales e incluso fácticos que históricamente han influido en la implementación de cada modelo. Ninguna reforma será suficiente si evita discutir cómo estos intereses han condicionado el funcionamiento del sector energético y sus resultados.
Asimismo, aunque gran parte del debate se ha concentrado en la estructura de la ENEE y en la preservación de su condición de bien público nacional, el proyecto incorpora otros elementos que también merecen la pena ser analizados. La restauración de mecanismos para la selección de autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, por ejemplo, reabre una discusión indispensable sobre la independencia, la idoneidad y la profesionalización de las instituciones, sin que estas sean permeadas por la discrecionalidad política y la gestión de intereses privados.
De igual forma, resulta necesario incluir en la discusión las dinámicas de corrupción, un componente permanentemente vinculado a la crisis de este sector. Durante más de una década, el CNA ha documentado las pérdidas que el Estado enfrenta como consecuencia de prácticas corruptas que afectan la gestión de la ENEE.
Por ello, el desafío no es solamente si se dividen instituciones, se crean nuevas entidades o se redistribuyen competencias; también consiste en evaluar si las reformas propuestas tienen la capacidad de evitar pérdidas millonarias, ineficiencias operativas, distorsiones en los costos de la energía, concentración de poder económico y barreras de acceso que perjudican a miles de hondureños.
No hay duda de que una reforma es necesaria. Lo que permanece bajo prueba es si existe la voluntad política para ir más allá de un cambio de modelo institucional y enfrentar los intereses públicos y privados que continuamente se han beneficiado de las debilidades del sistema energético, evitando que la reforma se limite a cambios formales sin garantizar que el pueblo hondureño pueda gozar de una energía eléctrica que dignifique sus condiciones de vida.
#ReformaEnergética
#Honduras
Tuve la pésima idea de ver esta película el fin de semana y me lo cagué. Con datos, información y análisis de la actualidad, muestra con precisión un posible futuro apocalíptico hacia el que nos dirigimos. Espero no llegar vivo
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció sobre los estándares de integridad en la función pública, señalando el caso del director de la Administración Aduanera, Marco Tulio Abadie, por mantener una demanda activa contra el Estado mientras ocupa el cargo.
El CNA advirtió que esta situación genera dudas sobre el cumplimiento de principios éticos, al considerar que "un funcionario no debe sostener intereses personales que puedan interferir con sus responsabilidades institucionales".
🔗Más detalles... https://t.co/MPMXrTMD78
#AméricaNoticias #Honduras
Clic: https://t.co/4cpxXVKi23
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con relación a recientes decisiones en el ámbito gubernamental, considera necesario fijar una posición sobre los estándares de integridad que deben regir el ejercicio de la función pública en Honduras.
En los últimos meses, la ciudadanía ha sido testigo de situaciones que obligan a reflexionar seriamente sobre el cumplimiento de principios éticos en el acceso y permanencia en cargos públicos. Como ejemplo de ello, se encuentra el nombramiento del abogado Marco Tulio Abadie como director ejecutivo de la Administración Aduanera, en un contexto que plantea interrogantes relevantes sobre la coexistencia entre intereses personales e institucionales.
Todo acuerdo de nombramiento en la administración pública conlleva la obligación expresa de conocer y cumplir el Código de Conducta Ética del Servidor Público. Este establece, de forma clara, el deber de evitar cualquier situación que genere conflictos contrapuestos o circunstancias en las que intereses particulares pueden comprometer la objetividad e independencia en el ejercicio del cargo.
En ese sentido, el hecho de que un alto funcionario mantenga una demanda activa contra la misma institución que dirige configura una situación incompatible con los principios de imparcialidad, independencia de criterio y rectitud en la gestión pública.
Esta problemática adquiere mayor relevancia a la luz de la reciente directriz anunciada por la Procuraduría General de la República, mediante la cual recomienda no proceder con la contratación en la administración pública de personas que mantengan litigios pendientes contra el Estado, criterio que debería aplicarse sin distinción de jerarquías o niveles dentro de la función estatal.
En ese sentido, el CNA exhorta a todos los funcionarios que se encuentren en situaciones similares a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para eliminar cualquier conflicto de interés, ya sea mediante el desistimiento de las acciones legales o la separación del cargo.
De igual forma, se hace un llamado al titular del Poder Ejecutivo a garantizar que los nombramientos en la administración pública respondan a criterios de integridad, resguardando la institucionalidad y el interés general por encima de cualquier consideración particular.
Honduras requiere avanzar hacia un modelo de gestión gubernamental en el que la legalidad y la ética operen de manera integrada. El ejercicio de la función pública no puede coexistir con intereses litigiosos contra el mismo Estado al que se sirve.
#ÉticaPúblicaYa
#Honduras
Juicio político: «…una cosa es que el mecanismo sea válido, y otra muy distinta es cómo se ejecuta. Y lo que vimos, como resultado de nuestra veeduría permanente, fue un proceso con fallas significativas.
Tal como se advirtió, el juicio político, aunque no se trate de un procedimiento judicial, exige criterios mínimos de objetividad, racionalidad y respeto al debido proceso. Y esas condiciones no se cumplieron plenamente».
Mensaje de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
Lee el informe completo en el enlace adjunto: https://t.co/AUV9R9M8K4
#JuicioPolítico
#CongresoNacional
#Honduras
«En Honduras, la democracia no se cayó de un día para otro. Se fue fracturando, parte por parte, hasta volver costumbre una práctica política peligrosa: repartirla».
Mensaje de Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA.
#LaDemocraciaNoSeReparte#Honduras
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresa su rechazo ante la información pública que revela transferencias de recursos desde Casa Presidencial a diputados del Congreso Nacional.
El CNA ha advertido en distintas ocasiones que permitir a diputados gestionar o disponer de recursos públicos, especialmente sin controles efectivos, constituye una práctica peligrosa de corrupción. Esta medida, lejos de resolver los problemas de la población, abren la puerta al clientelismo político, instrumentalizando la pobreza y utilizando como escudo las necesidades de los hondureños.
Es inadmisible que la clase política continúe recurriendo a estos mecanismos, pese al rechazo ciudadano y a antecedentes recientes que han evidenciado sus consecuencias negativas, como el sonado caso de Sedesol.
También es alarmante que ciertos actores políticos en el Congreso Nacional, gestionen este tipo de solicitudes ante el Poder Ejecutivo, en un procedimiento que sigue careciendo de transparencia.
Además, preocupa la falta de coherencia del Poder Ejecutivo, pues su discurso de racionalización del gasto público pierde credibilidad si se mantienen prácticas que permiten decisiones discrecionales en el uso de los recursos del Estado.
En ese sentido, las denominadas subvenciones, subsidios o ayudas sociales, cuando dependen de acuerdos poco claros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no solo generan conflictos éticos evidentes, sino que también debilitan el principio de separación de poderes y distorsionan la naturaleza de la función legislativa.
Hasta este momento, tanto los elementos conocidos como el silencio irresponsable de las autoridades involucradas resultan graves, particularmente en un contexto que profundiza la incertidumbre y la desconfianza ciudadana.
Ante estos hechos, el Consejo Nacional Anticorrupción informa que iniciará las acciones correspondientes para investigar este caso y exige la divulgación completa de toda la información relacionada con la asignación, distribución y ejecución de estos fondos.
#MIC
#MemoriaCiudadana
#Honduras
El juicio político es un mecanismo constitucional de control diseñado para garantizar que quienes ejercen poder público respondan por sus actos ante el Congreso Nacional. Hoy, corresponde al fiscal general someterse a ese escrutinio, mientras el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de asegurar el debido proceso, así como el derecho de defensa en cada una de sus etapas.
Los hechos que motivan este juicio no se reducen al fiscal general de manera aislada, obedecen a un contexto electoral en el que su accionar se vinculó con decisiones y actuaciones de otros funcionarios, configurando un patrón que debe ser examinado en su totalidad. La responsabilidad política no puede fragmentarse ni negociarse parcialmente.
Si el propósito es evitar que estos hechos se repitan, el proceso no puede limitarse a una sola autoridad, desconociendo el antecedente en su totalidad. El juicio político, exige verdad completa, responsabilidades para los involucrados y decisiones que fortalezcan el Estado de derecho.
#JuicioPolítico
#CongresoNacional
#Honduras
Mini serie: «Detrás del curul»
En este episodio, Salomón Nazar comparte qué lo motivó a llegar al Congreso Nacional y cómo, desde su formación en el deporte, busca impulsar iniciativas que fomenten hábitos de vida saludables en la población.
@NazarSalomon#DetrásDelCurul
#CongresoNacional
#MIC
¿Puede la sociedad civil aportar evidencia independiente sobre lo que ocurre en un proceso electoral?
Las democracias también necesitan análisis de datos, verificación de información y capacidad ciudadana para contrastar lo que ocurre durante la elección.
Con esa convicción, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) impulsó en Honduras una iniciativa que fue más allá de la observación tradicional, incorporando monitoreo ciudadano, análisis técnico y procesamiento independiente de resultados electorales.
En el artículo «Más allá del sufragio: la experiencia disruptiva de la sociedad civil en el proceso electoral de Honduras», publicado por Transparencia Electoral (@TransparenciaAL), compartimos cómo se diseñó este proyecto, cuáles fueron sus principales logros y qué experiencias deja para el futuro democrático del país y la región.
Descubre cómo la combinación de visión estratégica, alianzas institucionales y construcción de legitimidad se convirtieron en pilares fundamentales para impulsar e implementar este proyecto desde la sociedad civil.
Lea el artículo completo aquí: https://t.co/5tc5S9JZdF
Transparencia Electoral Review: https://t.co/zkC1jpc3wC
Artículo escrito por @Cris_NolascoHn y @KeyliBenavidez, integrantes del CNA.
#EleccionesGenerales2025
#SociedadCivil
#Honduras