Álvaro Bertelsen

Senior Researcher at @Vicomtech

[Lupe Sánchez @Proserpinasb]

"El problema español es que el Estado se agiganta allí donde debería contenerse y desaparece allí donde resulta imprescindible.

Es implacable para recaudar, regular, prohibir y vigilar al español respetuoso con las leyes; pero demuestra una inquietante impotencia cuando toca proteger una frontera, garantizar el orden público o prestar unos servicios eficientes y eficaces. Cada vez esquilma más al contribuyente para ofrecerle menos, mientras invade parcelas crecientes de su libertad con la excusa de procurarle bienestar.

En Ceuta hemos contemplado la culminación de esa paradoja: un Estado con recursos para someter al ciudadano, pero sin voluntad para defenderlo".

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

El “cupo para todos” es, para la hacienda pública, lo que la teoría del flogisto a la química moderna: una idea tan ridículamente estúpida que casi no merece ni el esfuerzo de refutarla. Pero, como estamos en España, no queda más remedio.

Empecemos por lo básico: ¿qué es un cupo? Porque si algo he aprendido en España durante los dos últimos meses de hablar de la financiación autonómica es que cada uno entiende los términos como le da la gana. En comentarios a mis posts he leído interpretaciones del “cupo” que no se sostienen ni cinco segundos.

Así que vayamos a la fuente: la definición del Gobierno vasco, para que nadie diga que me invento nada:

🔗 https://t.co/IAVkiL0E7k

Según el propio Gobierno vasco, un sistema de cupo (más exactamente, de concierto: el cupo es lo que se paga) se caracteriza por cuatro elementos:

1) Sistema paccionado entre la comunidad autónoma y el Estado.

2) Potestad normativa tributaria propia: la comunidad (o las diputaciones, en el caso vasco) define su sistema impositivo propio.

3) Autonomía de gestión tributaria: la comunidad recauda y luego paga un cupo al Estado.

4) Riesgo unilateral: si recauda más o menos de lo previsto, asume la diferencia.

Si un sistema no cumple las condiciones 1–4, no es un sistema de cupo. Podrá llamarse como se quiera, pero no lo es.

Por eso, por ejemplo, Alemania no tiene un sistema de cupo: no hay pacto entre Länder y federación; los Länder tienen poquísima capacidad normativa (menos que las comunidades autónomas españolas, de hecho); y el riesgo lo asume el Estado federal. Solo cumple el punto 3 (gestión), pero eso, más allá de generar costes y fraude, no cambia nada sustancial: el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades son impuestos federales. Se paga lo mismo en Berlín que en Múnich, a diferencia de España, donde el IRPF en Barcelona no es igual al de Madrid por el tramo autonómico.

Lo mismo ocurre con Estados Unidos: hay una hacienda federal y haciendas estatales, completamente separadas. No hay acuerdos paccionados, ni cupos, ni riesgo unilateral. De hecho, el gobierno federal asume una parte relevante del coste cuando un estado atraviesa dificultades.

Entonces, ¿por qué el “cupo para todos” es tan absurdo?

1️⃣ Economías de escala: Recaudar impuestos es carísimo. Fragmentar la recaudación en 19 haciendas (15 comunidades + 4 forales) multiplica el coste de gestión. Ya lo vemos con las haciendas forales actuales.

Y por cierto, este argumento sirve también para defender una Agencia Tributaria Europea. Yo la crearía mañana mismo si pudiera.

2️⃣ Más fraude: Fraccionar la recaudación multiplica los agujeros. El mayor foco de fraude fiscal en España hoy está en las haciendas forales. En La factura del cupo catalán @frdelatorre y yo documentamos casos que quitan el sueño.

3️⃣ Coste para el contribuyente: 19 agencias tributarias, 19 normativas distintas, 19 interpretaciones diferentes de la legislación. Una pesadilla administrativa para personas y empresas. En Estados Unidos, que hay que hacer muchas declaraciones de hacienda (yo, en un año normal, cuatro o cinco porque recibo ingresos en varios estados más la federal, claro), es costosísimo.

4️⃣ Caos institucional: Un “cupo para todos” implica negociaciones constantes, de una escala dos órdenes de magnitud mayor que la actual. Y hace inviable un Estado operativo y coherente.

5️⃣ Colapso de la equidad territorial: Galicia, por ejemplo, no recauda ni de lejos lo suficiente para financiar su sanidad y educación. Servicios públicos siquiera razonablemente equivalentes en España serían imposibles.

6️⃣ Competencia fiscal sobrevalorada: Los posibles beneficios de competencia e incentivos se pueden lograr con tramos autonómicos del IRPF más generosos en su descentralización. No hace falta volar el sistema por los aires.

7️⃣ Fracaso histórico: Estados Unidos (1776–1788) lo intentó. Duró poco y casi se lleva el país por delante. La Constitución de 1787 se escribió para acabar con el “cupo para todos”.

Todos los países que han probado algo así lo han abandonado en cuanto vieron sus consecuencias.

Lo del País Vasco y Navarra es una anomalía histórica, fruto del fracaso del Estado liberal español en el siglo XIX. No tiene equivalente en ningún país avanzado del mundo.

Pensémoslo así:

📌 Si ningún país del planeta ha decidido organizar su hacienda territorial con un “cupo para todos”, lo más probable es que sea por un buen motivo.

Y aunque no quiera caer en la hipérbole, diré con claridad este motivo:

👉 El “cupo para todos” es una estupidez supina.

[Edward Feser @FeserEdward]

Good examples of “rights” that don’t exist under natural law. I have set out the traditional natural law account of the foundations, scope, and limits of natural rights in (among other places) this @PostlibOrder article: https://t.co/lCehMl4w8T

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Over the last two days, I have been estimating statistical models to account for the evolution of total fertility rates (TFRs) worldwide since 1950.

Since I want to cover all countries and territories for several decades, I have little alternative but to use the UN World Population Prospects 2024. I have criticized this database in the past, and I will return to those criticisms at the bottom of this post.

I compute the average fall of TFRs in all 236 countries and territories every five years, as well as the fall in countries that, according to the dataset, were below 2.1 (roughly the replacement rate) and above 4 in 2010. That gives us an indication of how TFRs are moving in low- and high-fertility countries.

For all countries and territories, the average TFR has been falling by 0.062 children per woman per year from 1950 to 2023 (the last year for which the database reports historical data rather than future scenarios). That is amazing, in particular because there was no drop to speak of before 1960. Interestingly, there is no acceleration in the last 10-15 years: the most recent drops follow historical patterns.

In low fertility countries, the interesting thing is that 2006-2015 were years of pause in the fall of fertility. 2016-2023 is not so much an acceleration as the resumption of a trend that had stopped momentarily. In high-fertility countries, we do see an acceleration of the fall since 2010. An annual drop of 0.086 children per woman, as we observed in 2016-2020, is truly exceptional. At that speed, you move from 4 to 3 children per woman in one decade.

Where do these observations leave us?

Two non-competing possibilities. First, that the UN World Population Prospects 2024 has missed part of the worldwide decline in fertility and that the new release will support the acceleration story more clearly.

Second, that the fall of fertility is an unrelenting consequence of modernity, that is, of the increasing rational organization of society, with higher degrees of division of labor and individualistic aspirations. I emphasize modernity, not capitalism: fertility fell earlier and faster in socialist economies than in comparable capitalist countries. So no, this is not about capitalism. Sometimes the fall is faster, perhaps aided by new technologies such as smartphones. Sometimes the fall is slower, perhaps because of economic booms as in the 1950s. But reading too much into transitory phenomena, as important as they are for understanding short-term dynamics, risks missing the main point: modernity means, sooner or later, ultra-low fertility nearly everywhere (yes, no need to mention Israel).

Humanity entered a whole new historical era in the late 18th century. We have not even started to see its first-round consequences.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

¿Cuál es el peor contraargumento posible contra el problema presupuestario que tenemos en España ahora mismo con las pensiones públicas? Que este problema se soluciona de manera indolora si reducimos gastos innecesarios o incrementamos ingresos.

Este contraargumento viene en dos versiones, ambas igual de falaces.

🔹 Versión izquierda:

Del lado del gasto: si reducimos el gasto en defensa, Corona, Iglesia o el rescate bancario, hay dinero de sobra.

Del lado de los ingresos: si reducimos el fraude fiscal o conseguimos que los ricos/la banca paguen lo que tienen que pagar, hay dinero de sobra.

🔹 Versión derecha:

Del lado del gasto: si reducimos el gasto en “paguitas”, redes clientelares de políticos o el gasto improductivo de las administraciones públicas, hay dinero de sobra.

Del lado de los ingresos: si bajamos los impuestos, se generará mucha más actividad económica y al final habrá más ingresos totales.

⚠️ Ambas versiones sufren de dos problemas: uno serio y otro catastrófico.

El problema serio es de órdenes de magnitud.

El déficit del sistema contributivo y de clases pasivas en 2024 fue de 60.105 millones de euros, un 3,79% del PIB. Fíjese que hablo del sistema contributivo: estas son las pensiones de quienes pagaron cotizaciones sociales, y no incluye “paguita” alguna (y, por favor, mire los números bien, un presupuesto hay que entenderlo; no bajarse una tabla aleatoria de una página web). Este déficit, además, irá incrementándose a gran velocidad en los próximos años.

Solo por poner un ejemplo: en defensa nos gastamos unos 15.000 millones (ahí va TODO el gasto en defensa, no solo el presupuesto del Ministerio de Defensa). Incluso aunque redujésemos el gasto en defensa a cero, solo cubriríamos el 25% del déficit del sistema contributivo y de clases pasivas.

Y el presupuesto de la Casa Real es de 8,5 millones. Incluso si uno lo multiplica por diez para incluir todos los gastos posiblemente asociados a la Corona que aparecen en otras partidas (y ya es mucho multiplicar por diez), ni empezamos a cubrir nada de magnitud alguna.

Con respecto a los gastos superfluos: he llegado a leer que estos podrían ser de 80.000 millones de euros. Ese número es un absurdo que solo puede decir alguien que nunca ha mirado los presupuestos de las administraciones públicas. En España, las administraciones públicas gastan en pensiones, sanidad, educación e intereses de la deuda. Todo lo demás es poca cosa.

Con los ingresos pasa lo mismo: los números no cuadran por un orden de magnitud en cuanto uno es realista.

Pero el verdadero y catastrófico problema del contraargumento, en sus versiones de izquierda y de derecha, es que ignora el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad.

Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra. Supongamos que España logra reducir el gasto público un 3% del PIB recortando aquello que cada cual considera menos prioritario.

La pregunta clave es: ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos?

Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos.

Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%?

Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible.

Pero este es precisamente el gran reto de España. Nadie, ni izquierda ni derecha quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones.

La única diferencia entre la izquierda y la derecha en España es la falacia infantil que cada cual se cuenta para evitar afrontar el problema. Al final del día, todos son igual de irresponsables. Y mientras tanto, el déficit crece y el reloj demográfico no se detiene.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

El 5 de septiembre de 2020 escribí: “Las cosas tienen que cambiar. De otra manera las costuras del país saltarán. Aunque Europa ha sido nuestra tabla de salvación, confiar en la redención externa no es un plan de futuro”.

Desde entonces hemos tenido:

1) La pésima gestión de la COVID-19, tanto en términos de muertes como de la corrupción asociada a ella.

2) La borrasca Filomena entre el 6 y el 11 de enero de 2021.

3) La crisis de inmigrantes en Ceuta en mayo de 2021.

4) El escándalo Pegasus de 2019 a 2022.

5) La DANA del 29 de octubre de 2024.

6) El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

7) El accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero de 2026.

8) Los devastadores incendios forestales de los veranos de 2025 y 2026.

9) El caos de esta semana en Ceuta.

Estos problemas, algunos inevitables, han tenido un impacto mucho más grave del que deberían haber tenido por la falta de previsión, de inversión presupuestaria y de capacidad técnica para responder en el momento de la emergencia. Casi peor, la depuración de responsabilidades políticas ha sido prácticamente inexistente.

Y desde entonces:

1) Nuestros últimos Presupuestos Generales del Estado, los de 2023, fueron aprobados por la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, hace ya casi cuatro años, y nadie se cree que este otoño vayamos a aprobar un nuevo presupuesto, con lo cual es difícil ver que tengamos un presupuesto nuevo antes de 2028 (la falta de escándalo entre muchos economistas en España por la erosión de este fundamento clave de un sistema parlamentario es, en sí misma, preocupante).

2) No se ha acometido una sola reforma de importancia. Al contrario, la reforma Escrivá de pensiones, una irresponsabilidad histórica, ha complicado nuestra situación fiscal de manera preocupante.

3) La economía ha crecido, fundamentalmente, a base de traernos inmigrantes de calificación media/baja, lo que ha creado unos problemas de primera magnitud, ya casi irreversibles, en el medio y largo plazo. Nadie explica a los españoles que el valor presente descontado para las cuentas públicas de al menos el 80% de los inmigrantes es negativo (sí, incluyendo todos los efectos de equilibrio general habidos y por haber).

Esta semana actualicé una tabla que muestra el crecimiento de las economías del G7 más España de 1991 a 2023 (el último año para el que la base de datos tiene cifras homogeneizadas). España es el país en el que el PIB por trabajador o por hora trabajada ha crecido menos. Crecemos solo a base de meter gente.

Las cosas no pueden continuar así por mucho tiempo. De tanto llevar el cántaro a la fuente, se va a terminar rompiendo. Tenemos un problema serio como nación.

[The Economist @TheEconomist]

La Roja (The Reds) exemplify Spanish virtues that casual visitors often overlook: modesty, hard work and above all teamwork and unity https://t.co/2n9ntETcAa

[Pablo Malo @pitiklinov]

Las creencias políticas no tienen que ver con la verdad. Son señales de lealtad tribal:

Las creencias políticas que las personas sostienen rara vez buscan reflejar la verdad objetiva o los hechos comprobados. En realidad, funcionan principalmente como señales de lealtad tribal: manifestaciones públicas que demuestran a qué grupo pertenecemos y a quiénes somos leales. Al adoptar ciertas opiniones, aunque sean inexactas o contradictorias con la evidencia, los individuos comunican su alineación con una tribu específica, lo que les permite ganar aceptación, estatus y apoyo dentro de ese colectivo.

Esta dinámica explica por qué es tan difícil cambiar la opinión de alguien mediante argumentos racionales. La creencia no se mantiene por su precisión, sino porque sirve como marcador de identidad y como herramienta de cooperación dentro del grupo. Cuestionarla públicamente equivale a traicionar a la tribu, por lo que las personas prefieren defenderla incluso frente a datos contrarios. En definitiva, en política lo que más importa no es tener razón, sino mostrar de qué lado se está.

https://t.co/tHQxdwRIws

[Dr Jordan B Peterson @jordanbpeterson]

We think of this evil as Marxism. In reality, Marxism is nothing more or less than the current instantiation of a much more ancient evil: possession by the envious and hateful spirit that drove Cain to murder his brother Abel.

The great book of Genesis thus portrays mankind as riven by an eternal fratricidal conflict.

Those who reject genuine sacrifice become embittered by their subsequent failure ("rejection by God").

Instead of repenting and changing, they turn to revenge.

And who do they target? Those who strive to do well and offer what is best.

I can't believe how much wisdom the author of Genesis 4 compressed into that story's few sentences. You might even come to believe that God Himself had a hand in it.

Truly: it's uncanny. The first two human beings born into history are, respectively, a good, honest productive man and his brother, who allows himself to be consumed by resentment and the desire to destroy.

Communism, in a nutshell.

[Álvaro Bertelsen @a_bertelsen]

Following Hatsune Miku's curse, Spain Will beat Argentina 2-1 this Sunday, gain her custody and change her name to Miku Hatsunez.

[Soc. Civil Navarra @SocNavarra]

Estimados amigos, soy José Luis Rancaño, de La Dalia Films, productora del cortometraje “27 Minutos”.

El 6 de enero de 1979, día de Reyes, ETA mató a tiros en Beasain a un guardia civil y a su novia de 24 y 20 años, que iban a casarse en verano.

Después de dispárales en su coche, mientras se desangraban, el claxon sonó durante 27 minutos, sin que nadie fuera a auxiliarles.

Este cortometraje es un pequeño homenaje a los “novios de Cádiz”, Antonio y Hortensia

Ella fue la primera mujer asesinada por la banda por ser pareja de un agente.

Contra el proceso de blanqueo de la banda terrorista ETA, nos gustaría dar toda la visibilidad posible a
“27 Minutos”.

Pedimos que lo compartáis con las personas de vuestro entorno y en redes sociales utilizando #27minutos para contrarrestar el del pasado día 22 de septiembre en que se estrenó del documental “No me llame Ternera” del periodista Jordi Évole, durante el Festival de Cine de San Sebastián.

Nuestro cortometraje no cuenta con ayudas o subvenciones públicas y nunca se podrá ver en plataformas comerciales ni en televisiones públicas ni privadas.

“27 Minutos” es una obra contra el olvido y un sincero homenaje a todas las víctimas de la banda terrorista ETA.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN CONTRA EL PROCESO DE BLANQUEO DE LA BANDA TERRORISTA ETA.

Link de “27 Minutos”: https://t.co/ID2CebTuKB

[Manchester City US @ManCityUS]

Lost the game, won our hearts 🩵🇳🇴

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Juan José Linz es el español que más ha contribuido al estudio de los sistemas políticos. Sus obras ya son clásicas y, con toda razón, existe un instituto que lleva su nombre en la Universidad Carlos III de Madrid.

Uno de sus trabajos más célebres es “Los problemas del presidencialismo” (“The Perils of Presidentialism”, Journal of Democracy, 1990), en el que formula la hipótesis de que las democracias presidenciales son más inestables que las parlamentarias.

Esa hipótesis recibió un sólido apoyo empírico en “Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990”, de Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi. Con datos de 135 países entre 1950 y 1990, las democracias parlamentarias muestran una probabilidad de supervivencia mucho mayor que la de las presidenciales.

El resultado no es tan concluyente como nos gustaría, porque hay un problema de endogeneidad: los sistemas presidenciales suelen surgir tras dictaduras militares y en contextos golpistas. Pero, controlando por ese efecto lo mejor que se puede, sigue habiendo evidencia bastante clara de que las democracias presidenciales son más inestables. Trabajos posteriores lo cuantifican: con datos de 1946 a 2002, la vida esperada de una democracia presidencial rondaba los 24 años, frente a los 58 de una parlamentaria.

El motivo es sencillo. En una democracia presidencial hay dos fuentes de legitimidad, la del presidente y la del parlamento, y, en ausencia de un árbitro claro, esas dos legitimidades tienden a chocar. A ello se suma la rigidez de los mandatos fijos: cuando el conflicto estalla, no hay válvula de escape.

Incluso en Estados Unidos, con un Tribunal Supremo dotado de gran auctoritas, los enfrentamientos entre el presidente y el Congreso son constantes y, más de una vez (como los cierres de la Administración o las crisis del techo de deuda pública), han estado a punto de provocar problemas serios.

Las democracias parlamentarias están, además, claramente asociadas con un mejor desarrollo humano y económico y con menos corrupción (Gerring, Thacker y Moreno, “Are Parliamentary Systems Better?”, Comparative Political Studies, 2009), aunque, de nuevo, arrastramos problemas de endogeneidad. En general, son más eficaces para evitar personalismos e imponer la rendición de cuentas.

A fin de cuentas, todos estaremos de acuerdo en que no hay mejores democracias en el planeta que las de Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia o Nueva Zelanda, y todas son democracias parlamentarias sin “separación de poderes” ni sistemas mayoritarios uninominales.

Por eso, yo estoy en contra de tener una elección separada de presidente del gobierno (a una o dos vueltas) o de cambiar en exceso la ley electoral, y mi reforma favorita sería debilitar el cerrojo de protección que nuestro presidente tiene en este momento en la Constitución de 1978, con la necesidad de una moción de censura constructiva (por ejemplo, forzando unas elecciones si los presupuestos no salen adelante).

A usted puede que no le guste la situación actual en España. A mí tampoco. Pero podría ser peor. Cambiar no significa mejorar.

Pero sea cual sea la posición que uno adopte en estos debates, la lección principal que quiero transmitir hoy es otra.

Los sistemas electorales, el grado de división de poderes, la relación entre ejecutivo y legislativo, etc., no son cosas que debamos diseñar a partir de razonamientos filosóficos a priori, sino a partir de la evidencia histórica e internacional y de modelos cuantitativos en los que los agentes (votantes, políticos, partidos) toman decisiones respondiendo a los incentivos y las restricciones a los que están sometidos.

Esto lleva, claro, a muchas decepciones. Es mucho más fácil escribir un libro de 300 páginas teorizando sobre la necesidad de una estricta separación de poderes o sobre “la representatividad” que arremangarse y estudiar durante años los detalles empíricos de si un sistema mayoritario sirve de verdad para rendir mejor cuentas a los votantes.

En España, donde la formación siempre ha sido de letras (incluso hoy, en buena medida), esto de mirar la evidencia histórica e internacional o de resolver un problema de interacción estratégica resbala mucho. En dos años completos de Derecho Político en la carrera (años de los que no me puedo quejar: tuve dos profesores excelentes, al menos dentro de la tradición de la que venían), leímos todo lo leíble de filosofía política y teorizamos todo lo teorizable sobre “la representatividad”, pero no miramos un solo dato.

Y resbala, además, porque cuando uno trabaja en serio en un problema descubre muchas veces que lo que creía que era la respuesta no lo es. A mí me ocurre constantemente; por eso escribo trabajos académicos. Diría que en al menos la mitad de lo que tengo publicado el resultado no era el que esperaba cuando empecé. Sospecho que a los filósofos de salón que escriben grandes tratados no les pasa nunca: su opinión es siempre la misma, porque ya conocen la “verdad”.

Por eso, cuando leo las decenas de comentarios que me dejan sobre que “esto es más democrático” o “esto funcionaría mejor”, sin una sola referencia histórica e internacional (o, en el mejor de los casos, con un conocimiento superficial de cómo funcionan los sistemas políticos de otros países o la repetición de tópicos infundados), siento que es difícil mejorar el debate en España.

Pero miremos los datos. De hecho, es mucho más divertido que leer otro libraco de filosofía política.

[Martin Varsavsky @martinvars]

Ayer el Parlamento Europeo votó Chat Control, la norma que permite escanear mensajes privados en busca de material de abuso infantil. Resultado: 314 diputados en contra, 276 a favor. Ganó el no. Y por eso se aprobó.

La explicación es una joya del derecho parlamentario. En marzo el Parlamento ya había rechazado esta norma y la dejó expirar. Entonces el Consejo hizo la jugada: adoptó el texto como posición oficial de segunda lectura, y en segunda lectura las reglas se invierten. El Parlamento ya no vota si aprueba la ley. Vota si consigue rechazarla, y para eso necesita mayoría absoluta de 361 diputados sobre 720, no mayoría de los presentes. Cada ausente cuenta en la práctica como un voto a favor del texto.

El resto fue cuestión de calendario. El Partido Popular Europeo activó un procedimiento de urgencia para forzar la votación justo antes de las vacaciones de verano, con el hemiciclo medio vacío. Votaron 607 diputados. 314 dijeron no, mayoría clara de los presentes, pero 47 votos por debajo del umbral. La ley quedó aprobada sin que nadie la aprobara. En Bruselas la aritmética es flexible: cuando pierdes por mayoría, ganas por reglamento.
Pavel Durov, fundador de Telegram, calificó la maniobra de trucos típicos de repúblicas bananeras y anunció que Telegram no escaneará los mensajes privados de sus usuarios haga lo que haga la UE. Tiene su mérito la escena: un ruso nacido en la Unión Soviética dando lecciones de garantías democráticas a Bruselas, y encima con razón.

Combatir el abuso infantil es imprescindible y merece leyes serias, jueces y policía eficaz. Lo aprobado es otra cosa: escaneo voluntario de mensajes no cifrados hasta 2028 mientras se negocia Chat Control 2.0, la versión obligatoria que el propio servicio jurídico del Consejo advirtió que probablemente viola el derecho a la privacidad de la Carta europea.

Europa se pregunta cada año por qué no produce gigantes tecnológicos. Quizá tenga algo que ver con unas instituciones que aprueban leyes de vigilancia perdiendo votaciones.

[THE OBJECTIVE @TheObjective_es]

#LoMásLeído | OPINIÓN: Cuatro ideas para recuperar la historia de nuestra nación.

https://t.co/9RPyTp3HOs

[Antonio Caño @RealCano1957]

Magnífico esto de @RicardoCayuela https://t.co/wHVvFVI1fR a través de @TheObjective_es

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

La ciudadanía y el derecho de sufragio activo (el poder votar) son dos conceptos distintos. El primero determina quién pertenece a la nación política. El segundo, quién elige a sus dirigentes.

La distinción existe en todos los ordenamientos jurídicos, incluido el español. No se puede votar, aunque se sea ciudadano, si se es menor de cierta edad o si existe una declaración de incapacidad. Y los ciudadanos residentes fuera de España no pueden votar en las elecciones municipales, mientras que ciertos extranjeros residentes sí pueden hacerlo.

La idea detrás de esta distinción es la exigencia de cierta capacidad (por edad y psíquica) y de una vinculación efectiva con las decisiones públicas.
Muchas democracias, incluidas Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia (a menudo las que encabezan las clasificaciones internacionales de calidad democrática), parten de esta idea para restringir de manera bastante estricta el voto de los no residentes y, a la vez, facilitar, en ciertas ocasiones, el voto de los residentes no nacionales.

España, en comparación, tiene una legislación increíblemente permisiva. Es, además, una legislación que entraña serios riesgos de manipulación. Como la Constitución no establece una circunscripción de extranjeros (como en Francia o Italia), los residentes en el extranjero pueden elegir la provincia en la que votar con casi total libertad.

Pero no es lo mismo votar en Soria que en Madrid: Soria está sobrerrepresentada, Madrid infrarrepresentada. Si me interesa maximizar mi influencia, debo solicitar la inscripción en Soria y convencer a mis amigos de que hagan lo mismo. Unos cuantos miles de votos pueden, así, cambiar dos o tres escaños. Recordemos que en 2023 unos pocos votos podrían haber hecho bailar seis escaños y dar a PP y Vox la mayoría absoluta (solo habrían necesitado cuatro, de llegar a acuerdos con UPN y CC).

La solución sencilla, que imita la práctica de otras democracias, es exigir un cierto nivel de arraigo para poder votar en las elecciones generales y autonómicas.

Un sistema generoso pero sensato podría ser el siguiente.

Primero, se puede votar de manera automática en las elecciones generales y autonómicas durante un número de años igual al mínimo entre 10 y los años de residencia previa en España. Es decir, si he residido 12 años en España, puedo votar durante 10, pero si he residido 6, solo durante 6. Este criterio otorga el derecho de voto a todos los españoles no residentes nacidos y educados en España, o que hayan pasado en el país una parte sustancial de su infancia: al cumplir los 18, ya han acumulado esos 10 años.

Segundo, una vez agotada esta primera etapa, se pueden solicitar extensiones (repetidas) de cinco años si se acredita un arraigo significativo ante la Junta Electoral Central. Podemos ser generosos con la definición de arraigo.

Una lista no exhaustiva de elementos de arraigo puede incluir:

1) Contar con familiares de primer y segundo grado ciudadanos y residentes en España.

2) Visitas sustanciales y repetidas a España que no impliquen residencia (por ejemplo, pasar cuatro semanas cada verano).

3) Relaciones laborales o económicas sustanciales. Por ejemplo, realizar trabajos con efecto directo en España (un socio de un bufete de abogados de Barcelona que dirige la oficina de París, pero cuya actividad tiene un componente muy importante en Cataluña) o mantener patrimonio o intereses económicos.

4) Participar activamente en la vida política de España. Por ejemplo, haber votado con regularidad en las elecciones anteriores durante el primer periodo.

5) Servicios a las administraciones públicas o a la sociedad civil en España. Por ejemplo, un antiguo secretario de Estado que ahora trabaja para un think tank en Bruselas, o un actor querido por el público que rueda muchas películas en España, pero reside en Hollywood por motivos profesionales.

Podemos discutir los detalles de cuántos de estos elementos de arraigo necesitamos (¿uno de los cinco?, ¿tres de los cinco?) y qué hacer con las residencias repetidas en el extranjero (hago el doctorado en el Reino Unido, vuelvo a España de postdoc, y luego me voy a Alemania de profesor).

Pero para mí, la mera necesidad de presentar un documento y pruebas fehacientes es ya la barrera que lograría el 90% de mi objetivo: va a votar quien de verdad tiene interés en hacerlo.

Insisto, esto solo es una propuesta y estoy encantado de escuchar otras posibilidades.

[Álvaro Bertelsen @a_bertelsen]

@javilop No necesariamente debe ser bollería para ser malo 😱

[Carlos Mtz Gorriarán @cmgorriaran]

La Ley de Nietos bien explicada. El error constitucional de obligar a la representación por provincias con enormes diferencias demográficas (Madrid, 7.200.000; Soria, 90.000) permite meter miles de nuevos votantes donde convenga a “alguien”, o le haga más gracia al nuevo votante. Mil votantes nuevos por provincia de menos de 350.000 hbs, hay doce, pueden decidir 10 a 12 diputados. Un nuevo caciquismo.