Hay cambios de opinión que son legítimos. La vida, la experiencia y nuevos argumentos pueden hacernos mirar las cosas de otra manera.
Pero hay otros que entristecen.
Cuando alguien construyó durante décadas una trayectoria defendiendo la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia, los contrapesos y el combate a la corrupción, resulta difícil entender que, al acercarse al poder, aquello frente a lo que antes habría levantado la voz deje de parecerle preocupante.
Más aún cuando se pretende minimizar el riesgo de censura justamente en un momento en que el gobierno amplía sus capacidades para intervenir y regular el espacio informativo. Ante una pretensión así, la tarea de quien legisla no es explicar por qué probablemente el poder no abusará de sus facultades. Es exactamente la contraria: pensar, cuestionar, anticipar los abusos y construir límites para proteger los derechos de las personas frente al poder.
Porque un legislador no está para proteger al gobierno -mucho menos a un gobierno con pulsiones autoritarias- sino para proteger a las personas de los excesos de cualquier gobierno, incluso del suyo.
Las convicciones se prueban precisamente cuando defenderlas incomoda, cuando tienen un costo y, sobre todo, cuando pueden volverse contra el poder del que uno forma parte.
Cambiar de ideas para proteger al poder puede ser una renuncia política. Hacerlo para protegerse a uno mismo es algo todavía más triste.
Porque quizá la peor traición no sea a quienes alguna vez creyeron en tus convicciones. Es a quien tú mismo fuiste.