🇨🇴 "ESTO APENAS COMIENZA" | De la Espriella firmó el decreto: $13,8 billones menos en el gasto del Estado. Sin permiso del Congreso, sin titubeos y con mensaje directo: "Continuaré tomando decisiones." Después de 4 años de despilfarro el Presidente un presidente que cierra la llave y pone en cintura al Estado. El ajuste fiscal no es amenaza, es realidad. ¡Y advierten que hay más por venir!
“Dejaron al país jodido”: José Manuel Restrepo advierte que el Gobierno Petro dejó una grave bomba fiscal y revela las soluciones.
El vicepresidente asegura que esa bomba podría estallar en marzo de 2027 si no se toman medidas. Explica cómo buscan desactivarla mediante un recorte histórico al gasto público, la Ley de Rescate y la reactivación económica.
“Los colombianos tienen que conocer la verdad que encontró al llegar el Gobierno de Abelardo De La Espriella en lo que respecta al manejo de los recursos del Estado: la peor herencia económica en la historia de Colombia que cualquier otro gobierno haya recibido de su antecesor. Y eso, en el fondo, significa que encuentra una moneda de dos caras. Por un lado, desorden y, por el otro, información que no era veraz, mentirosa. Encontramos un país sobreendeudado. Las cifras son contundentes. Entre 2022 y 2026, la deuda aumentó en más de 50 por ciento, de 800 billones de pesos a más de 1.200 billones. Encontramos un país que se parece a una familia donde el gasto es muy superior al ingreso de manera recurrente; un país que paga el doble en la tasa de interés sobre la deuda pública porque se volvió un país poco confiable, al que no le creen los mercados internacionales. Un país con derroche y corrupción rampante sobre el presupuesto nacional. Los gastos del Gobierno anterior crecieron comparativamente contra 2022 en más de 40 por ciento. Y encontramos un país que, por ese desorden fiscal, enfrenta hoy inflación creciente y una tasa de cambio que no refleja su realidad. Por eso hemos empezado a trabajar, a rescatar este país, a evitar la bomba de tiempo que dejó el Gobierno anterior, que detonará de no hacer nada en marzo de 2027”, dijo el vicepresidente.
ESTALLAN LAS REDES EN ECUADOR Y COLOMBIA, Por una foto filtrada a un prestigioso diario ecuatoriano donde se observa a Petro con el narcotraficante de Fito en Manta, deben de estar hablando de uno de los capítulos del libro que dice el bandido de Petro que fue a escribir en Manta
¡ASÍ SE GOBIERNA, @ABDELAESPRIELLA! 💧 ¡45.000 guajiros merecen agua, no bicicletas para cargarla! ¡HECHOS, NO EXCUSAS! 🐅 ¡BIENVENIDOS A LA PATRIA MILAGRO! ¡FIRMES POR COLOMBIA! 🇨🇴
#LoÚltimo l Eva Ferrer acaba de entregar algunos elementos de prueba, que según ella, respaldan los señalamientos contra Verónica Alcocer.
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🦋 ¿Contratos públicos para acompañar a Petro? Un alto funcionario de la Presidencia denuncia que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para permanecer cerca del mandatario. El escándalo de las mariposas amarillas sigue creciendo.
La Advertencia Que Costó un Cargo: Ordóñez y el Acta Delictiva del Acuerdo Santos–FARC
En el 2016, cuando el país estaba deslumbrado por la narrativa oficial de una “paz histórica”, Alejandro Ordóñez encendió una alarma que muchos ignoraron deliberadamente. En esta carta —que le costó su cargo— denunció con crudeza que el Gobierno Santos estaba entregando el poder constituyente a las FARC, rompiendo la Constitución y sometiendo al país a un acuerdo hecho entre dos firmas: la del presidente y la de un criminal de guerra. Lo que escribió fue una premonición que el poder político decidió silenciar, porque revelaba el verdadero costo institucional del pacto de La Habana.
Hoy, casi diez años después, sus palabras suenan como profecía cumplida. Lo que Ordóñez señaló ocurrió con exactitud quirúrgica: blindaje jurídico para las FARC, desmonte del orden constitucional y sometimiento institucional disfrazado de “acuerdo humanitario”. Esta carta no es un documento más: es el acta de advertencia que muchos pretendieron enterrar. Por eso se debe leer, compartir y recordar.
📜 CARTA COMPLETA DEL PROCURADOR ALEJANDRO ORDOÑEZ (13 de mayo de 2016)
"Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E.S.D.
Señor Presidente:
En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones:
El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad.
Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas.
Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional.
Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado.
Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro.
Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos?
Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana.
Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno.
Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley.
Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución.
Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos.
Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular.
Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos.
Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC.
Atentamente,
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
“Invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de Derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden al margen de la Constitución.”
La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, respondió a la magistrada Julieta Lemaitre frente a sus declaraciones, en las que señalaba que la filtración de videos de audiencias con ‘Timochenko’ estaba descontextualizada. Aseguró que exponerlos no es descontextualizar, sino garantizar que la ciudadanía conozca lo que ocurre en esa jurisdicción. #VocesySonidos
La financiación de la consulta presidencial del Pacto Histórico quedó en el centro de una investigación judicial. La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares durante operativos en Bogotá y Barranquilla para esclarecer presuntas irregularidades en los recursos que financiaron las campañas de Iván Cepeda y Carolina Corcho en la consulta de octubre de 2025.
Las diligencias fueron ejecutadas por agentes de la DIJIN, bajo instrucciones de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción y con autorización judicial. Los investigadores buscan establecer quiénes aportaron el dinero, de dónde salió y si las operaciones financieras declaradas corresponden a transacciones reales.
Uno de los principales interrogantes gira alrededor de la campaña de Iván Cepeda, que reportó un aporte en especie cercano a $609 millones de Samat Publicidad S.A.S., junto con otros $116 millones atribuidos a Javier Antonio Pérez Páez, representante de esa empresa.
En el caso de Carolina Corcho, las autoridades examinan créditos por aproximadamente $723 millones relacionados con Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., una empresa vinculada al negocio de comidas preparadas cuya capacidad económica para respaldar esos recursos ha generado cuestionamientos.
La investigación también tiene un frente en la Corte Suprema de Justicia, que abrió una indagación previa contra Iván Cepeda. La Fiscalía busca determinar si existieron inconsistencias en los contratos, créditos y aportes declarados durante la consulta en la que también participó Daniel Quintero.
La incautación de los celulares representa un nuevo avance en la recopilación de pruebas sobre la financiación de las campañas.
Sin embargo, las sospechas sobre las empresas involucradas todavía deben demostrarse y ninguna de estas actuaciones constituye una declaración de culpabilidad. La pregunta que deberán resolver los investigadores es quién puso realmente los millones que financiaron la consulta del Pacto Histórico.
🔸#RunRunPolítico
🇨🇴🇪🇨 LO NOMBRÓ SIN RODEOS | Daniel Noboa le dijo a SEMANA lo que muchos sospechaban: Petro está vinculado a una red de narcotráfico y lavado de activos que Ecuador está desmantelando. La captura de Luisa González lo sacó de casillas... y Noboa explicó por qué. El que nada debe, nada teme. Petro teme mucho.