Fabricar una trama judicial y periodística, alimentarla con tertulianos comprados, medios controlados con el dinero público y campañas de intoxicación digital, y venderla como una amenaza al Gobierno no es defensa democrática: es una operación de demolición institucional. Es la receta perfecta para el desastre: convertir al poder en víctima, señalar a jueces, amedrentar a periodistas, intoxicar a la opinión pública y sustituir la verdad por pura propaganda.