El Proyecto de Ley 277 de 2025 crea, en nombre de la seguridad vial, un nuevo seguro obligatorio asociado a la licencia de conducción, complementario al SOAT, con un costo que podría llegar hasta los $10.900 mensuales.
Sin embargo, el verdadero debate está en un detalle técnico que pocos han advertido.
Informe técnico completo:
https://t.co/oCfzDqKyNV
#SeguridadVial #NoMasCostos #SOAT #PorLosQueMuevenElPais
@joseclopa Pretende el Concejo atribuirse funciones del Congreso al pretender modificar, para Bogotá, rl Código Nacionsl de Transito, el cual a ese respecto es suficientemente claro en sus artículos 135 y 136
#TRANSPORTE Estas son las organizaciones de tránsito que estaban cobrando comparendos por fotomultas sin avales técnicos del Ministerio Nacional y la Superintendencia de Transporte. Con estas fechas podrá verificar si se le cobró algún comparendo que hoy en día el Gobierno ha declarado irregular.
Vía @ClaudiaCamilaV https://t.co/woHMRjVE2M
El Consejo Superior del Transporte lamenta profundamente el fallecimiento del Doctor Germán Vargas Lleras.
Despedimos a un lider que trabajó con compromiso por el desarrollo del país.
Expresamos un abrazo fraterno y solidario a su familia, amigos y seres queridos.
@SectorMovilidad La Placa Única Nacional te habilita legalmente para circular en toda Colombia. Artículos 2 y 52 de la Ley 769 de 2002
O es que nos convertimos en un Estado federal?
#ATENCIÓN. El Gobierno Nacional retiró el proyecto de ley que buscaba implementar herramientas sancionatorias en el sector de transporte y según algunos gremios, afectaba a las aplicaciones de transporte como DIDI, Uber y Yango.
“Se retira para hacerle algunos ajustes al articulado, de tal forma que transmita mayor claridad a la opinión pública”, dijo Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la SuperTransporte. Vía @ClaudiaCamilaV
https://t.co/woHMRjVE2M
@lopezjosedaniel Mientras que la Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional del Transporte, continúe vigente, el servicio público de transporte se debe prestar a través de empresas legalmente habilitadas que utilicen para su operación única y exclusivamente vehículos registrados en el servicio público
@CityNoticiasTv@Citytv Optimista pretender que en la ultima legislatura y en periodo electoral le vayan a votar un proyecto de ley que impone sanciones a los transportadores
El costo oculto del aumento salarial
Por: Carolina Restrepo Cañavera
El gobierno Petro decretó un aumento del 22,7 % en el salario mínimo para 2026. El monto pasará de $1.423.500 a $1.750.905. Con subsidio de transporte, llegará a $2.000.000 exactos. Suena bien. Pero lo que no se dice es lo que este incremento significa en la práctica para millones de micro, pequeñas y medianas empresas que sostienen la mayor parte del empleo formal en Colombia.
Costo real para el empleador
Un salario mínimo no cuesta solo $2 millones. Al sumar prestaciones sociales, parafiscales, cesantías, intereses, vacaciones, seguridad social, ARL y demás cargas legales, el costo real por empleado supera los $3.000.000 mensuales. Esto representa un incremento de más de $550.000 por trabajador respecto al año anterior.
En una empresa con 10 trabajadores formales, el aumento le costará más de $5 millones adicionales al mes, cerca de $60 millones al año, sin que necesariamente haya un aumento proporcional en productividad, ventas o ingresos.
¿Quién lo va a pagar?
No será el Estado. El gobierno no se compromete a subsidiar a las empresas que hoy apenas logran sobrevivir. Tampoco hay una política seria de formalización. En cambio, lo que se impone es un salto de costos laborales que muchos negocios no podrán asumir.
El resultado previsible: informalidad, congelamiento de contratación, y en el peor de los casos, despidos. No por maldad, sino por incapacidad real de asumir la carga. Y esto lo saben muchos trabajadores. Aunque no lo digan.
Impacto fiscal y descoordinación institucional
Cada aumento del salario mínimo afecta automáticamente otros componentes del gasto público: pagos de transferencias condicionadas, subsidios, tarifas contributivas, pensiones no contributivas y hasta el cálculo de multas, aportes a salud y educación, entre otros.
¿Hay una estimación oficial del impacto fiscal de este aumento? No. Y si existe, no se ha publicado. Es otro salto al vacío: se impone una carga al sistema sin evaluar su sostenibilidad. El gobierno habla de “salario vital”, pero ignora que una economía también necesita empresas vitales.
Retroceso en la lucha contra la informalidad
Colombia lleva años estancada con más del 58 % de informalidad laboral. Cada aumento desproporcionado del salario mínimo, lejos de corregir esto, lo empeora. Se eleva la brecha entre el costo de contratar formalmente y el ingreso de subsistencia real en la calle. Resultado: más empleo informal, sin salud, sin pensión, sin estabilidad.
El Banco de la República, la OCDE, Fedesarrollo y múltiples centros de análisis han advertido este riesgo. Pero el gobierno se niega a escuchar.
El dato que nadie menciona
Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina en proporción al ingreso promedio nacional. Según el BID, representa cerca del 87 % del salario promedio, mientras en países como México o Perú ronda el 40-50 %. En términos reales, esto significa que aquí el salario mínimo es prácticamente el techo, no el piso.
Este no es un avance social, es un retroceso técnico. No se construye justicia social decretando cifras políticamente populares, sino creando condiciones para generar empleo, formalizar empresas, aumentar productividad y atraer inversión. Esta medida es populismo disfrazado de dignidad. Y lo pagarán quienes hoy creen que han ganado algo.
@Danielbricen Las medidas de “pico y placa” para Bogotá siguen estimulando la extorsión como hábito. Si pagas, tienes permiso para contaminar y congestionar