El Gobierno y la ACP acaban de crear un fondo secreto y cuyos registros contables serán confidenciales, para que el MINSEG use millones de dólares para proteger el canal. Señores: por 26 años hemos protegido el Canal sin necesidad de un fondo secreto, ¿por qué crear más opacidad en torno a los recusos públicos ?
He recibido información que, de ser confirmada, sería sumamente preocupante.
Se habla de que organismos de seguridad del Estado tendrían grabaciones de reuniones de distintos gremios y sectores de la sociedad. Según estos informes, se estarían utilizando cámaras y micrófonos instalados en lugares de reunión, además de mecanismos de interceptación de comunicaciones telefónicas.
En otras palabras: infiltrar, escuchar, grabar y filmar reuniones; intervenir teléfonos y mantener bajo vigilancia a ciudadanos y organizaciones.
Si esto está ocurriendo, la pregunta es inevitable:
¿Con qué autorización se realizan estas acciones y bajo qué marco legal?
La seguridad del Estado no puede convertirse en una excusa para vulnerar el derecho a la privacidad, la libertad de asociación y la libertad de expresión.
En una democracia, los organismos de seguridad deben proteger a los ciudadanos, no vigilar ilegalmente a quienes piensan diferente, protestan, investigan o cuestionan al poder.
Si existen operaciones de vigilancia, deben estar sometidas a la Constitución, la ley y los controles judiciales correspondientes.
Porque en democracia nadie debería tener que preguntarse si, cuando cierra la puerta de una sala de reuniones o realiza una llamada telefónica, hay alguien escuchando al otro lado.
#NacionalCri La doctora en medicina general en Bocas del Toro, Tania González, expresó su molestia y denunció que fue despedida de su cargo tras expresar su opinión en apoyo a los bananeros. ¡Escuchen!