Iván Bloise

[Lupe Sánchez @Proserpinasb]

Con las bajas laborales fraudulentas pasa lo mismo que con las denuncias instrumentales por violencia de género: afirmar en el debate público que existen te convierte en un peligroso fascista extremista.
Este país está perdido

[Pablo Malo @pitiklinov]

Estas declaraciones de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, son un ejemplo de misandria y sexismo contra los hombres.

Llamar “especies radicalmente distintas” a hombres y mujeres, aparte de falso científicamente, es una forma de degradar al grupo masculino. Implica una idea de inferioridad, decir que hay que “ayudar a evolucionar” a los hombres implica que están en un escalón inferior al de las mujeres en lo social, emocional y moral. Es exactamente el mismo mecanismo que el sexismo tradicional contra las mujeres, pero invertido: “las mujeres somos más avanzadas, los hombres necesitan ser corregidos y mejorados”.

Son claramente un ejemplo de prejuicio basado en el sexo. Atribuye características negativas generales a todos los hombres (emocionalmente inmaduros, anclados en privilegios, negadores de sentimientos y debilidad). No habla de comportamientos individuales, sino del “género masculino” como un colectivo defectuoso.

Por otro lado, implican un doble rasero evidente: Si un político dijera que las mujeres son una especie distinta y hay que ayudarlas a evolucionar (porque están ancladas en estereotipos emocionales, victimismo, etc.), le caerían encima acusaciones de misoginia, cancelación y dimisión inmediata. Aquí es la ministra de Igualdad quien lo dice y la noticia se trata como algo normal.

Y hay que tener en cuenta el contexto de poder. No es una tuitera random la que dice esto. Es la titular del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Cuando la persona que gestiona las políticas de “igualdad” habla así del 50 % de la población, no es una opinión inocente, es discurso institucional con carga ideológica.

Luego se extrañan de que los jóvenes no se identifiquen como feministas y culpan a la Manosfera. El feminismo institucional no tiene nada que ver, claro.

[Profesor secundario @profsecundario]

La izquierda lleva aplicando desde hace décadas el concepto de prioridad nacional en todas las regiones con partidos nacionalistas fuertes. La inmersión lingüística en el idioma autonómico o su obligatoriedad para el ejercicio de la función pública son sus puntas de lanza.

[Juan Soto Ivars @juansotoivars]

Tienen los cojones como dos paquirrines.

[Javier G. Recuenco @Recuenco]

@pepe_sepulveda Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando un sistema tiene el suficiente tamaño, su único propósito es la supervivencia.
La Universidad no se escapa a esta regla inexorable, de hecho entre los juggernauts académicos posiblemente sea el más impresionante.

[Íñigo de Miguel @idemiguelb]

Lo de aguantar aferrado al poder frente a la tradición democrática que exige dimitir cuando no apruebas un presupuesto, estás en minoría parlamentaria, o te rodean las causas or corrupción no diría yo que es exactamente una virtud a elogiar…

[Juan Ramón Rallo @juanrallo]

Luego te hablarán de los bulos de la fachosfera. “M. Rajoy todavía estamos por saber quién es”.

Cuesta abajo y sin frenos.

[Juan Soto Ivars @juansotoivars]

Me divierte pensar que Zapatero dejó de ser una persona austera e idealista y empezó con los negocios turbios sólo para colocar a dos hijas un poco zangolotinas, y que luego, como Walter White, le cogió el gusto.
https://t.co/rvopZmqQRz

[Elyon @ElyonMan]

El rescate a Plus Ultra lo aprobó mi comunidad de vecinos, supongo.

[LadyCrocs @ladycrocs]

@SarahPerezSanta No, es la demostración de que opinas sin conocimiento, sin argumentos y sin fundamento 🌿.

[Álvaro Paramar @alv_paramar]

Y dale con lo mismo una y otra vez.

M. Rajoy es MARIANO RAJOY.

Así lo dice la sentencia, la misma que dice que esa anotación no estaba en los papeles originales sino que fue añadida por Bárcenas a posteriori para chantajearlo y presionarlo.

[Martin Tuitero @TuiteroMartin]

@jordievole Por primera vez una Calle de Santos Cerdan.

[Alberto Olmos @alb_olmos]

Si pudiera votarle y le fuera a votar y viera este video, no lo votaba.

[Iván Espinosa de los Monteros @ivanedlm]

Es que aunque a los progres os cueste creerlo, los expertos lo son precisamente porque se dedican al sector desde hace años.

Si fueran unos indocumentados que opinan de todo sin saber, no serían expertos, sino periodistas en medios irrelevantes de la ultra izquierda.

[El zenutrio #SaboreaLaVida 😎 @Elzenutrio]

No sigas, Edu. Ya lo has logrado. No tienes talla intelectual para rebatir una sola de las cosas que dijo Jon, pero sí eres capaz de incomodar al empleador de Jon para silenciarle.

Esto te retrata como lo que eres

[Pablo Grueso @PabloGrueso]

Dado que el hilo es algo largo, os lo resumo: como los datos y opiniones que Jon González publica son molestos, avisan a la empresa en la que trabaja de que las opiniones de su empleado podrían generarle problemas reputacionales, a ver si con un poco de suerte le dan un toque o el mismo, por evitar fricciones con su empleador, se autocensura.

Esto aderezado con otros toques sutiles, como el de poner el nombre de su empresa y su cargo, excusado por transparencia. O el de adjuntar un pantallazo de su perfil de Twitter anterior, en el que se puede identificar su segundo apellido para que sea más fácil localizarle.

Pero todo presentado con mucha elegancia y superioridad moral.

[Judge the Zipper @JudgeTheZipper]

@MalasLenguas_Tv Comité político que, consecuentemente, no hizo valoraciones jurídicas. De hecho, ni el TC ni el TEDH, estos sí con funciones jurídicas para protección de derechos humanos, ni siquiera admitieron a trámite sus recursos. Igual debería explicar esto.

[Judge the Zipper @JudgeTheZipper]

Desinformación y bulos desde una cuenta oficial del Gobierno de España, por su vicepresidenta, sobre la actuación de los tribunales (que no condenaron por «defender» a nadie, sino por coaccionar a un empresario para que retirase una denuncia).
Tremendo.

[Ainerkson111🇪🇺 @ainerkson111]

Perdón por mi opinión de extrema derecha, pero a mi que una ministra del gobierno utilice una cuenta institucional para acusar sin ningún tipo de prueba a un persona de acoso sexual me parece una auténtica salvajada.

[Darío Madrid @Dario_Madrid_F]

Vamos a explicar por qué las llamadas “seis de la Suiza” no fueron condenadas por “ejercer el sindicalismo” como viene diciendo la izquierda radical patria.

El caso de “Las seis de La Suiza” tiene su origen en un episodio ocurrido en junio de 2016, cuando la pareja de una trabajadora de la pastelería La Suiza, en Gijón, acudió al establecimiento y protagonizó un altercado con el empresario. El incidente terminó con una denuncia por amenazas y daños interpuesta por el hostelero. No existe ninguna condena por acoso contra el empresario ni contra los derechos de los trabajadores como he llegado a leer.

A partir de ese momento, y tras la apertura de juicio oral contra su pareja, la trabajadora abandonó su puesto y entró en contacto con el sindicato CNT. Según los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal de Gijón, se organizó entonces una campaña coordinada de presión contra el empresario y su entorno.

Las actuaciones descritas por la sentencia incluyen concentraciones reiteradas frente al local, convocadas en redes sociales, la exhibición de pancartas, el reparto de pasquines y la difusión de un vídeo en el que se acusaba al empresario de acoso laboral y sexual.

Durante meses, la presión fue en aumento. El empresario se negó a indemnizar a la trabajadora por despido improcedente (no existía sentencia alguna que le obligara) y a retirar la denuncia contra su pareja, lo que intensificó las movilizaciones. Según los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal de Gijón que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Asturias y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estas acciones generaron un clima que disuadía a los clientes de acudir al establecimiento, afectando directamente a su actividad.

El desenlace fue el cierre del negocio, que la sentencia vincula de forma directa con la presión continuada, reiterada y desproporcionada ejercida sobre el empresario.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 626/2024, confirmó la condena a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves y un delito contra la Administración de Justicia, además del pago de una indemnización de 125.428 euros.

La Sala subrayó que existió una actuación concertada de las seis condenadas para forzar la voluntad del empresario, incluyendo la retirada de la denuncia penal. Y es tajante al afirmar que la conducta desplegada no puede ampararse en la libertad sindical ni en la libertad de expresión, al exceder claramente sus límites.

Cuando la presión se convierte en un instrumento para imponer decisiones mediante intimidación y afecta al normal desarrollo de una actividad, deja de ser una protesta y pasa a ser un delito.