MADRID, ESPAÑA (10 de junio de 2026) – En lo que constituye un hito crucial para la justicia transnacional y un quiebre definitivo frente a la política de impunidad institucional, la Audiencia Nacional de España celebra hoy la audiencia de presentación del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephraín Enrique Verdú Torrelles. Durante este acto judicial sin precedentes, el exoficial es notificado formalmente sobre el requerimiento de los tribunales federales de Argentina, instancia que solicita su extradición por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad.
El desarrollo de esta audiencia representa un viraje drástico tras más de una década de litigio estratégico conducido por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El caso por el cual es requerido el ex coronel Verdú es el de Geraldin Moreno Orozco, la estudiante de 23 años que fue ejecutada mediante el uso criminal de la fuerza en febrero de 2014. La persistencia de su madre, Rosa Orozco, ha transformado el dolor individual en un símbolo de resistencia nacional, convirtiendo este proceso en un faro de esperanza jurídica real para los familiares de las más de 330 víctimas ejecutadas en el contexto de manifestaciones pacíficas en Venezuela que aún aguardan por verdad, justicia y reparación integral.
De forma simultánea al inicio de la sesión judicial, ciudadanos y activistas de derechos humanos mantienen una concentración frente a la sede del tribunal en Madrid. Esta movilización busca respaldar de manera contundente las demandas de las víctimas, para lo cual es fundamental que las autoridades competentes aseguren el éxito del proceso de extradición. Se trata del primer juicio en instancias internacionales que progresa con firmeza frente a doce años de abusos generalizados y sostenidos, enviando un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: cuando a la impunidad se le cierran las fronteras, la justicia universal encuentra su territorio.
#JusticiaYVerdad
@bsmarinos
DONDE ESTÁ HUGO MARINO
2565 días q busco saber dónde está mi hijo o q hicieron con él y solo consigo un gran silencio por parte del régimen q creen q ignorando la desaparición forzada de Hugo Marino van a poder silenciarme voy a seguir luchando hasta encontrarlo
La situación del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro es la radiografía exacta de la crueldad que impera en Venezuela. Hablamos del oficial con el promedio académico más alto en la historia de nuestra Academia Militar. Un hombre íntegro, un docente, un patriota que cometió el "delito" de alzar su voz en 2018 para exigir comida digna y equipamiento para sus soldados. Por defender a su tropa, lo sepultaron en una celda.
El 9 de septiembre de 2025 cumplió la totalidad de su injusta condena de 7 años y 6 meses. ¿Y qué hizo la tiranía? En lugar de liberarlo, le fabricaron una nueva causa por presunto terrorismo. Lo mantienen secuestrado bajo aislamiento, incomunicación y tratos crueles. Esto no es justicia, es ensañamiento brutal. Cada uno de estos atropellos está tipificado en el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad y constan en el expediente de la Situación Venezuela I ante la @IntlCrimCourt.
Este oficial ejemplar ha tenido que arriesgar su propia vida en extremas huelgas de hambre para denunciar los horrores del cautiverio. En abril de 2026, de manera implacable, le negaron una solicitud de amnistía. Su caso duele en el alma nacional porque refleja la tragedia de cientos de presos políticos en nuestro país. La libertad de Marín Chaparro no puede seguir esperando por cálculos políticos. Es un imperativo moral y una causa humana. No habrá reconciliación ni restauración democrática en Venezuela mientras hombres de honor sigan tras las rejas por cumplir con su conciencia.
Atención @ONU_derechos@OEA_oficial@UEenVenezuela
Respetados @POTUS y @SecRubio, thanks for your attention in this matter. Elevamos nuestra voz junto a @ForoPenal y el mundo libre. ¡Libertad para Igbert Marín Chaparro ya!
#QueHayaJusticiaEnLaHaya
#NoMasImpunidad
Ha sido un honor ser testigo de la presencia histórica del Papa en el Congreso de los Diputados.
Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad.
Os invito a escucharlo. Desde la primera a la última palabra.
Sr. @jaarreaza, nuestra respuesta a propósito de su comentario público en esta red, rechazamos la falsedad de sus señalamientos sobre el caso de la juez Afiuni. Siendo usted presidente de una comisión de pacificación en la AN, actúe con responsabilidad y prudencia ante el país
LO ÚLTIMO 🇻🇪🚨| Nelson Afiuni hermano de la jueza Afiuni, rompe el silencio y exige la intervención inmediata de la embajada de EE.UU ante la complicidad de los tribunales.
¡16 AÑOS de agonía para la jueza Afiuni por una "falsa condena" que le impuso el chavismo!
Para los #presospolíticos un #cumpleaños debe celebrarse aún en medio de las mayores adversidades por eso junto a mi #moviosa@teran20057 le llevamos su tortita al “abuelito” José Breijo, cuando sopló la vela y picó el pastel elevó al mundo su deseo de #libertadplenaya y que liberen a todos nuestros compañeros cautivos. Mención especial a @BASTET_ANTOJITO quienes le obsequiaron este exquisito postre.
¡Eres un guerrero “Pepe”, no nos doblegaron y la dignidad nos hará libres!
¡Me prohibieron salir de mi país por 9 años! Y luego de anulación de pasaporte, persecución, una cárcel y dificultades, hoy por fin saldré del Aeropuerto Internacional de Maiquetía rumbo a reencontrarme con quienes oraron siempre por mi: mi familia. ❤️🩹🙏🇻🇪
También estaré cumpliendo una agenda de trabajo que pronto estaré compartiendo con ustedes. Libertad para todos, y que cada quien pueda recuperar sus derechos a plenitud.
🌄‼️
Hace un mes la tiranía chavista confirmó que Víctor Hugo Quero Navas había muerto bajo custodia. A su madre, Carmen Teresa Navas (quien falleció diez días después) jamás le informaron lo ocurrido durante todo ese tiempo. Fue un asesinato político pues Víctor Hugo era un preso político sometido a torturas en medio de una desaparición forzada. Un crimen de lesa humanidad que no vamos a olvidar.
El llamado "fiscal general" anunció una investigación sobre este caso, pero hasta la fecha no existe ningún avance. La barbarie apuesta al olvido y a la impunidad. Pero los venezolanos tenemos memoria y seguiremos exigiendo justicia y reparación.
🚨 SALIÓ DEL RODEO II CON CÁNCER. DURÓ SOLO 16 DÍAS LIBRE. El CICPC LO VOLVIÓ A ENCERRAR
Lo TORTURARON tanto que le provocaron un DERRAME INTERNO: tuvieron que ponerle un catéter dentro de la propia cárcel.
Pedro Domingo Díaz pasó 4 AÑOS preso sin juicio. Lo detuvieron en 2022, en plena Operación Trueno.
El 21 de mayo, un tribunal antiterrorismo firmó su boleta de excarcelación. Medida humanitaria, por su cáncer de cabeza y cuello.
Este sábado el CICPC se lo llevó de la plaza Bolívar de su pueblo. Mostró su boleta. La ignoraron.
La ONU ya declaró su detención ARBITRARIA. La CIDH ordenó proteger su vida. El régimen de Delcy Rodríguez los pisoteó a los dos.
Hoy corrí nuevamente, esta vez 15 kilómetros con un propósito que va mucho más allá del deporte.
Cada paso fue una representación de cómo estuvieron y cómo siguen viviendo muchos presos políticos: custodiados permanentemente, sin ver los rostros de quienes los vigilan, sin conocer sus nombres, aislados de toda información y de todo contacto con el exterior.
Esta puesta en escena, que fue de casualidad se recreó una parte de la realidad que se vive en lugares como Rodeo I controlado por (SESMAS), donde aún permanecen personas privadas de su libertad por razones políticas.
Lo hice para recordar, para visibilizar y para que el silencio no gane. Porque detrás de cada preso político hay una familia que espera, una historia que merece ser contada y una libertad que sigue siendo reclamada.
Hoy levanté la voz corriendo, pero el mensaje sigue siendo el mismo: no nos olvidamos de quienes todavía permanecen allí. La lucha continúa hasta que el último preso político recupere su libertad. 💙🏃♂️🕊️
Libertad y Justicia 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Hasta la captura de Maduro en enero, Venezuela mantenía cerca de 300 presos políticos extranjeros de más de 30 nacionalidades.
Los países afectados deberían explicar públicamente con qué los extorsionaba el chavismo. La mayoría guardó silencio desde 2024, cuando comenzó la oleada de detenciones. Exponer esos mecanismos de presión es una forma de protegerse colectivamente y de identificar a los responsables.
Hoy se sabe, por ejemplo, que el chavismo presionó a Italia con el caso del trabajador humanitario Alberto Trentini mientras buscaba beneficios para Alex Saab y su entorno en los procesos judiciales abiertos en ese país. Diversas informaciones apuntan a que las negociaciones por la liberación de Trentini estuvieron vinculadas a los procedimientos que señalaban a Saab y a su esposa, Camilla Fabri. ¿Se imaginan el escándalo internacional si un trabajador humanitario hubiera sido capturado en Oriente Medio o por alguna dictadura africana?
Con Venezuela, en cambio, predominó una combinación de silencios, cautela diplomática y complicidades que agravó la situación.
Hoy corresponde hacerse otras preguntas. ¿Qué le pedían a España, que todavía tiene ciudadanos presos políticos en Venezuela? ¿Qué le exigen a Colombia, el país que sigue teniendo más rehenes en manos del chavismo? ¿Qué le pidieron a Alemania, a República Checa, a Francia o al Reino Unido?
Las gestiones discretas forman parte de la diplomacia y, en determinadas circunstancias, pueden ser necesarias. Sin embargo, mientras distintos gobiernos negocian nuevas condiciones para invertir en el sector petrolero venezolano, saben perfectamente que quienes ordenaron las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas siguen impunes, continúan activos y conservan posiciones dentro de la cadena de mando. Los testimonios de antiguos detenidos en El Rodeo I describen condiciones degradantes, incomunicación prolongada y torturas que refuerzan esas denuncias.
Nada de esto es nuevo. Durante años, el chavismo utilizó la detención de extranjeros como instrumento de presión política. Recuerden que Delcy Rodríguez era vicepresidenta, responsable de la economía en quiebra y por años también era a quien le respondía el Sebin. A ciudadanos de distintos países se les negó el acceso oportuno a sus consulados, a una defensa efectiva, a la comunicación con sus familias y, en numerosos casos, a atención médica adecuada, alimentos y medicinas. Podrán fingir amnesia, pero los hechos están documentados. Ocurrieron, continúan ocurriendo y los responsables siguen siendo esencialmente los mismos.
Estados Unidos logró sacar a todos sus ciudadanos presos en 2025. Entre ellos había personas que también tenían otras nacionalidades, como la peruana, la uruguaya o la francesa. La pregunta es por qué tantos otros quedaron abandonados a su suerte. ¿Por qué centenares de personas permanecieron tan desprotegidas mientras eran acusadas falsamente de espionaje, mercenarismo, terrorismo o conspiración? Muchos eran turistas, personas que visitaban a sus familiares, trabajadores extranjeros o solicitantes de refugio, como el chico ucraniano que pidió protección en la frontera y lo metieron preso un año y medio. Al final solo salieron después del 3 de enero. Sin la captura de Maduro y Flores, no hubiesen visto la luz.
Pero los responsables de estos abusos no son únicamente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Son también funcionarios que todavía aparecen sonrientes en reuniones diplomáticas y encuentros empresariales. Son personas que aún controlan cárceles, organismos de inteligencia y estructuras de represión. Siguen teniendo capacidad para amenazar, extorsionar y utilizar seres humanos como fichas de negociación.
Más de 600 presos políticos continúan bajo custodia del Estado venezolano. Mientras esa realidad persista, seguirá existiendo un sistema basado en el secuestro, la coerción y la diplomacia de rehenes.
Ese sistema debe terminar.
16 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐧í𝐚: 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐞𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐣𝐨 “𝐧𝐨” — 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐯í𝐚 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨
Chávez ordenó su destrucción en cadena nacional. Maduro la mantuvo presa. Delcy Rodríguez le negó la amnistía. Una casta de jueces sin escrúpulos firmó los papeles. Y un régimen entero la condenó por un delito que ni siquiera existe. Esta es la historia de María Lourdes Afiuni y de todo lo que le deben.
Por Elizabeth Sánchez Vegas
Imagina que haces tu trabajo con integridad absoluta. Que cumples la ley al pie de la letra. Que respaldas tu decisión en un pronunciamiento de las Naciones Unidas. Y que al día siguiente estás en una celda rodeada de las mismas criminales que tú misma habías sentenciado, mientras el hombre más poderoso del país te llama “bandida” por televisión frente a millones de personas.
Eso no es una novela de Kafka. Eso le ocurrió a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora el 10 de diciembre de 2009, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con toda la ironía que eso implica, cuando cumplió una decisión respaldada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y fue arrestada horas después por orden directa de Hugo Chávez, quien desde una cadena nacional exigió que la condenaran a 30 años de prisión. La pena máxima en Venezuela. Sin juicio. Sin pruebas. Con la rabia de un caudillo herido como único fundamento.
Han pasado 16 años. Y la pesadilla todavía no ha terminado.
Afiuni había otorgado medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, cuya detención el propio organismo de la ONU había declarado arbitraria e ilegal. Hizo exactamente lo que la ley y la comunidad internacional le pedían que hiciera. Chávez la convirtió en su enemiga personal ante toda Venezuela. En cualquier democracia del mundo, esa interferencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial hubiera bastado para un juicio político fulminante. En Venezuela bastó para mandar a una mujer inocente a prisión.
Hay cosas que pasaron dentro de esas paredes del INOF que cuestan escribir. Que cuestan leer. Que esta jueza tuvo que narrar en voz alta, en un tribunal, frente a sus verdugos, para que quedaran en el expediente, porque era la única manera de que el mundo lo supiera. No vamos a repetirlas aquí con detalle, porque ella merece más que ser recordada por lo que le hicieron. Pero sí diremos esto: lo que sufrió María Lourdes Afiuni en esa cárcel no fue descuido ni negligencia. Fue deliberado. Fue sistemático. Y fue documentado por la ONU, por Amnistía Internacional y por ella misma, con una valentía que ningún ser humano debería verse obligado a tener.
Las consecuencias físicas la acompañaron por años: una infección uterina que la llevó al quirófano a las 24 horas de su primer excarcelamiento, una segunda cirugía en 2012 y disparos de desconocidos contra su propia vivienda cuando ya estaba en arresto domiciliario. El mundo lo denunció. El chavismo no escuchó.
Y entonces llegó el golpe más absurdo de todos, el que resume mejor que cualquier otro argumento lo que es la justicia venezolana bajo este régimen. En marzo de 2019, diez años después de su arresto, un tribunal la condenó a cinco años de prisión. El cargo: “corrupción espiritual.”
Detente ahí. Léelo de nuevo. Corrupción. Espiritual.
No existe ese delito en el Código Penal venezolano. No existe en ningún código penal del planeta. Cuando los venezolanos lo buscaron en internet al conocerse la sentencia, lo único que aparecía eran referencias religiosas y esotéricas. El propio director del Foro Penal Venezolano lo dijo sin rodeos: “La inmoralidad o la corrupción del espíritu son temas de la religión, no del Derecho.” Un abogado penalista lo tradujo al lenguaje de la calle: “Es como condenar a alguien por homicidio sin que exista un muerto.” Y la razón por la que llegaron a ese absurdo es aún más reveladora: la propia fiscal del caso reconoció en el expediente que no había beneficio económico, ni cobro, ni promesa de dinero, que es exactamente lo que la ley exige para configurar corrupción. No tenían caso. No tenían prueba. No tenían delito. Entonces inventaron uno. Le llamaron espiritual y firmaron los papeles.
Nicolás Maduro gobernó trece años con el expediente de Afiuni sobre la mesa. Tuvo la autoridad moral y constitucional de cerrar ese caso desde el primer día de su gobierno. Eligió no hacerlo. Cada año de silencio fue una firma tácita sobre la continuación del crimen.
Y luego está Delcy Rodríguez y aquí viene la contradicción más cínica de toda esta historia, la que hay que leer con calma. En 2026, como presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez anunció con fanfarria una gran reforma del sistema judicial. Habló de transparencia, de renovar el Tribunal Supremo, de acabar con los jueces que en sus propias palabras “cobran comisiones para otorgar libertades.” Prometió transformación profunda. Mientras pronunciaba esos discursos, la familia de Afiuni presentó su caso ante el Programa de Convivencia y Paz, el programa bajo el mando directo de Delcy Rodríguez. La respuesta fue silencio. Luego fue un no. No se puede hablar de reforma judicial con credibilidad mientras María Lourdes Afiuni sigue sin pasaporte, sin derecho al voto, sin poder hablar en público, y obligada a presentarse ante el mismo sistema que la destruyó cada treinta días, como recordatorio permanente de que el poder no perdona.
Detrás de todos ellos hay una fila de jueces que firmaron cada auto, cada resolución, cada prórroga. Jueces que sabían que “corrupción espiritual” no existía en ninguna ley y firmaron de todas formas. La magistrada Elsa Gómez, señalada por la propia Sala Constitucional del TSJ por actuar “de forma grotesca.” Maikel Moreno, expresidente del TSJ, pieza clave en el control judicial del régimen. Ambos salen ahora por la puerta trasera de una “renovación” que los jubila en silencio, sin un solo cargo, sin rendir cuentas a nadie. La crueldad más refinada de este sistema es que sus cómplices no van presos. Se jubilan. Se reciclan. Y el teatro cambia de actores, pero las víctimas siguen siendo las mismas.
Y para que nadie dudara del alcance de su venganza, el régimen también fue por su abogado: el Dr. José Amalio Graterol, quien la defendió durante años con valentía y rigor frente a un sistema que hacía todo lo posible por aplastarla, fue forzado al exilio en 2017. Defender a Afiuni tenía un precio y él también lo pagó.
Venezuela está cambiando. Lentamente, dolorosamente, con pausas y retrocesos que desafían la paciencia, pero cambiando. Ya hubo excarcelaciones. Ya hay negociaciones. Ya hay una Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que dice en voz alta lo que millones susurran desde hace un cuarto de siglo. El sistema que destruyó a Afiuni está siendo desafiado desde adentro y desde afuera como nunca antes en su historia.
Y cuando ese cambio se consolide y se consolidará, el primer símbolo verdadero de que Venezuela recuperó su justicia no debería ser un discurso ni una foto oficial. Debería ser algo mucho más sencillo y mucho más poderoso: una mujer con el pasaporte en la mano, cruzando libremente la ciudad que la tuvo presa, para abrazar a los nietos a quienes tanto le deben. Sin restricciones. Sin presentarse ante ningún tribunal. Con su nombre y su dignidad completamente restaurados ante la historia.
𝑳𝒐𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒖𝒈𝒐𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒏 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆. 𝑸𝒖𝒆𝒅𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔. 𝒀 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒎á𝒔 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒓é𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏, 𝒚𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕á 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐.
P.D. — Soy venezolana. He seguido esta historia, como tantas otras de mi país, desde el primer día. Y hoy simplemente sentí que no podía dejar pasar un día más sin plasmarla, porque algunos silencios también tienen un precio.
#EdgarBarreto se encuentra en Yare 2 , está con fuerte dolores biliar , exigimos que lo lleve a un centro médico urgente 🚨 su vida está en riesgo. 🆘🆘🆘🗣️🗣️🗣️🗣️🆘🆘🆘🆘🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️📍
Estuve casi 14 meses sin ver a mi esposo @PerkinsRocha que estuvo en El Helicoide.
Se de primera mano el horror y el sufrimiento de tener un familiar preso político
Es espantoso lo que le están haciendo a los trasladados de El Helicoide
Mi absoluta solidaridad con sus familiares