Cómo se construyó el huachicol fiscal desde el poder:
El gobierno empezó por asfixiar la importación legal de combustible. Entre diciembre de 2020 y julio de 2021, la Secretaría de Energía, encabezada por Rocío Nahle, revocó o dio por terminados 1,866 permisos de importación y exportación de combustibles. Sobrevivió apenas el 5%, unos 88 permisos. Así desaparecieron la competencia formal y los testigos incómodos: las empresas que dejaban registro de cada litro que entraba al país.
Después entregó las puertas del país a los militares. El 17 de julio de 2020, desde Manzanillo, López Obrador anunció que la Sedena controlaría las aduanas y la Marina los puertos, con el argumento de combatir la corrupción. Para 2022 toda la operación portuaria estaba bajo mando militar. Quienes vigilaban la entrada de combustible dejaron de rendir cuentas a cualquier autoridad civil.
Al mismo tiempo, Hacienda mantuvo la gasolina artificialmente cara. Durante largos periodos de 2024 y 2025, incluido todo el cierre de 2025, el estímulo fiscal al IEPS se quedó en cero y el impuesto se cobró completo: unos 6.45 pesos por litro de Magna. Cada peso de impuesto hizo más rentable el contrabando, porque el combustible que entra disfrazado de otro producto se ahorra cerca del 40% en impuestos.
En ese escenario, el huachicol fiscal creció bajo custodia militar, con un costo estimado de 200 mil millones de pesos al año en impuestos evadidos. En marzo de 2025 el buque Challenge Procyon fue asegurado en Tampico con 20 millones de litros de diésel, de los cuales solo 10 millones estaban declarados.
Según la propia FGR, la red era encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, contralmirante, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de AMLO entre 2018 y 2024. El contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció la red ante sus superiores en junio de 2024 y fue asesinado en noviembre de ese año.
En septiembre de 2025 cayeron 14 implicados entre marinos, funcionarios aduanales y empresarios. Uno de ellos, Saúl Vera Ochoa, fue promotor público de la candidatura presidencial de Adán Augusto López.
El 16 de julio de 2026 llegó el acto final. La FGR detuvo a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California y primer gobernador de oposición en la historia del país, acusado de huachicol fiscal semanas después de que su nuevo partido obtuviera registro. Mientras tanto, Adán Augusto López y Andrés López Beltrán, señalados en investigaciones por la misma red, no enfrentan un solo cargo. La prisión fue primero para el adversario.
Moraleja: el huachicol fiscal no nació en la clandestinidad ni fue una falla del sistema. Se diseñó desde el poder, para el poder.
Luego dejaste de usar tinte, te cortaste el pelo para ser la imagen de la abuelita de un movimiento (pues hasta en eso perdiste tu libertad), acompañaste a un candidato del narco, contribuiste a la destrucción de instituciones y libertades ocasionando más heridas sociales y finalmente apoyaste que la toga la porten personas sometidas a un narco proyecto, igual que tú.
Si vas a describir tu trayectoria, hazlo bien.
Excelentísimo Secretario @ChrisLandauUSA: Creo hablar a nombre de la ciudadanía mexicana decente, exhortándole a que le sea retirada la visa a José Ramón López Beltrán (@_JRLB_), toda vez que se trata de un actor político ligado a un narcorégimen enemigo de los Estados Unidos de América, quien continuamente se ha pronunciado en redes sociales en contra de los intereses de la Unión Americana y la gestión del Presidente Donald Trump.
Además, el señor López Beltrán en conjunto con su esposa Carolyn Adams, han incurrido en tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero mediante un esquema de delincuencia organizada que involucra a Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, delitos por los cuales existe una investigación en firme por parte de United States Securities and Exchange Commision. Por si fuera poco, los hijos de Andrés Manuel López Obrador montaron en complicidad con la Marina mexicana una red de huachicol fiscal robándose $600 mil MDP, recursos que terminaron en sus bolsillos y en el financiamiento de narcopolíticos obradoristas. Recientemente el Departamento del Tesoro fichó al robo de combustible en todas sus modalidades como una amenaza a su nación.
Resultado de estas corruptelas se pasea impunemente en Disneylandia exhibiendo descaradamente lujos financiados con recursos de procedencia ilícita.
En resumidas cuentas, José Ramón y el resto de hermanos López Beltrán constituyen un riesgo para la integridad y seguridad nacional de los Estados Unidos de América 🇺🇸
Por su atención, gracias.
c.c.p. @DeputySecState.