Carlos R. Landín

Ciudadano del mundo. Adoro la libertad y la tolerancia.

[Salvador Cruz Quintana @boroscq]

Son nueve años de inhabilitación a un músico porque un tribunal considera probado que cooperó necesariamente en una prevaricación administrativa.

La sentencia admite que no se han podido probar posibles presiones y por eso lo absuelve de tráfico de influencias.

Lo que sí considera probado es el plan, las resoluciones arbitrarias y el favorecimiento.

Otra vez la misma trampa del entorno del Gobierno, utilizar la absolución por un delito para fingir que también fue absuelto del delito por el que ha sido condenado.

Se podrá recurrir y discutir la prueba indiciaria, pero decir que lo condenan por ser hermano de Pedro Sánchez no resume la sentencia, la falsifica para poder gritar que todo es culpa de Aznar.

[iuristóteles @iuristoteles]

🚨Unos apuntes sobre la sentencia de la Audiencia de Badajoz que condena a, entre otros, David Sánchez.

1/ No voy a analizar la sentencia. Quien realmente quiera conocer los hechos probados, sus fundamentos jurídicos y las pruebas valoradas, tiene a su disposición la sentencia completa o las explicaciones de cuentas y profesionales jurídicos serios, a favor y en contra, que la están desglosando. Quien no quiera hacerlo, no lo hará.

2/ Los que, sin haber leído la sentencia, ya hablan de “condena sin pruebas”, de “lawfare” o de “persecución judicial” contra el Gobierno, demuestran exactamente por qué no merece la pena entrar en debates técnicos con ellos. La mayoría ni han leído la sentencia ni tendrían capacidad real para entenderla aunque lo intentaran. Es el mismo relato sincronizado de los últimos años. Si logran que mucha gente crea que los jueces somos enemigos políticos, entonces cualquier futura investigación o condena podrá ser presentada como una persecución política, no como el resultado de aplicar la ley.

3/ La sentencia es el resultado de un proceso con todas las garantías procesales, con acusación y defensa, con valoración razonada de la prueba y con una motivación exhaustiva. Y, además, susceptible de recurso. Eso es lo normal en un Estado democrático. Lo anormal es convertir cada resolución judicial que resulta incómoda en una supuesta operación de “lawfare” o en un ataque coordinado al Gobierno.

4/ Pretender que jueces de toda España -de orígenes, trayectorias y sensibilidades muy distintas- estén orquestando una suerte de conspiración coordinada para derrocar al Gobierno resulta sencillamente ridículo. Tal vez, y sólo tal vez, la explicación sea mucho más sencilla y, para algunos, mucho más incómoda: que la corrupción en el Gobierno y su entorno ha alcanzado un nivel obsceno e insoportable.

5/ Quien quiera creerse el cuento del lawfare, que lo haga. Todo régimen que deriva hacia el autoritarismo necesita tres piezas imprescindibles: opresores que lo impulsen, colaboracionistas activos que lo justifiquen y una masa suficiente, dócil y enfurecida, dispuesta a aplaudir y a señalar al discrepante. Quien quiera formar parte de esa masa, que lo haga. Pero que sepa que lo está haciendo.

[AJFV Jueces @JuecesAJFV]

Tres magistrados, una sentencia unánime, trescientas setenta y siete páginas de motivación. Y la respuesta del Gobierno: 'barbaridad', 'cacería', 'nada de justicia'. Una ministra llama 'inocente' a una persona condenada por prevaricación.

[Profesor secundario @profsecundario]

El hermano de Pedro Sánchez acaba de ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricar en su enchufe como Director de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz. La reacción de la izquierda, de la izquierda autoproclamada defensora de lo público, intolerante cien mil con la corrupción y timonel de la igualdad de todos ha sido de indignación total. Pero no por el manoseo indecente de la función pública, ni por el saqueo de la hucha común por parte de un delincuente, ni por el trato de favor a quien se ha aprovechado de su ascendiente familiar con el presidente del gobierno para medrar en la vida. No. La indignación por parte de la izquierda se debe a que la justicia ha impedido la malversación, ha atajado el saqueo y ha castigado el nepotismo. El socialismo no es solo enemigo de nuestro Estado de derecho. Es, sobre todo, enemigo de la decencia y de todos aquellos que amamos nuestro país y no hemos hecho de su destrucción nuestro objetivo en la vida.

[El Equidistante @elequidistante]

Como os decía antes, ya hay sentencia en el caso David Sánchez.

378 páginas ni más ni menos, amigos.

Audiencia Provincial de Badajoz, Sección Primera. Unánime.

Once acusados. Once condenados.

Tres delitos de prevaricación administrativa, uno por cada bloque de hechos: la creación de la plaza, el cambio de nombre del puesto y la plaza de Luis Carrero.

David Sánchez: cooperador necesario de un delito de prevaricación.

Nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo.

Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación: dos delitos.

Nueve años por cada uno.

Los otros nueve acusados, nueve años cada uno.

Nadie entra en la cárcel. El artículo 404 no lleva prisión, solo inhabilitación.

Y la Sala impone el mínimo legal: la horquilla va de nueve a quince años.

Absueltos todos de tráfico de influencias y de nombramientos ilegales.

Cabe apelación ante el TSJ de Extremadura.

Vamos ver el detalle. 🧵

[El Equidistante @elequidistante]

Y ahora el dinero.

La sentencia no hace ningún pronunciamiento sobre responsabilidad civil.

Las acusaciones populares pedían que David Sánchez y Luis Carrero devolvieran los sueldos cobrados.

La Sala dice que no puede entrar: las acusaciones populares no son perjudicadas y no tienen legitimación para pedirlo.

Solo dos podían haberlo pedido.

La Diputación de Badajoz, que es la que pagó esos sueldos. O el Ministerio Fiscal, si hubiera acusado.

La Diputación no lo pidió. El Fiscal no acusó.

Es absolutamente alucinante.

Y añade la Sala que, en todo caso, eso tendría que verlo el Tribunal de Cuentas.
Nadie devuelve un euro.

Y ya que estamos con la Diputación.

Dos de los once condenados, la diputada de Cultura y el jefe de servicio de Recursos Humanos, han sido representados y defendidos en este juicio por los Servicios Jurídicos de la Diputación de Badajoz.

La administración que pagó esos sueldos, y la única que podía reclamarlos, les puso el abogado a dos de los condenados por prevaricar dentro de ella.

Flipante. Sin palabras.

[Judge the Zipper @JudgeTheZipper]

Tremendo, y todo comenzó seriamente con un pacto de investidura en el que se acogió la tesis independentista del lawfare y que propició que todas las acciones de jueces y fiscales y el CGPJ saliésemos a condenarlo. Todas (https://t.co/gquHpI9ISH). Desde entonces, ha sido una constante mensajes de altos responsables políticos y gubernamentales hablando de complot de los jueces. Normal que eso cale entre la ciudadanía. En contra de ella misma, ojo, porque aquí los únicos interesados y que no exista un control judicial de las arbitrariedades y abusos son quienes mandan. Y los perjudicados, los ciudadanos a los que se les invita no confiar en sus jueces.

[Josep Manuel Silva @JotaMSilvaA]

He votado alguna vez socialista en el pasado. Pero dudo mucho que los vuelva a votar en el futuro después de todo lo que estoy viendo. Si un funcionario público (un policía, un maestro, un cargo directivo de gestión,…) son investigados (imputados) penalmente por un delito relacionado con su trabajo como empleados públicos, serían ipso facto expedientados disciplinariamente en el ámbito administrativo y suspendidos cautelarmente de empleo y sueldo hasta que finalice el proceso penal. Conozco bien como funciona. ¿Cómo es posible que eso mismo no se aplique a cargos directivos políticos o técnicos como la directora de la @guardiacivil o el #DAO? Me parece insólito. Como todo lo demás. Esto es insostenible. Es el fin del gobierno de @sanchezcastejon. Hasta aquí hemos llegado. Con qué autoridad ahora van a suspender a funcionarios?? 😱

[Disonancia Cognitiva @DCognitivos]

Resulta cómico que tengamos que jubilarnos con 70 años porque hay que pagar el salario mínimo vital a aquellos que venían a pagar nuestras pensiones

[Elisa Beni @elisabeni]

Quien dirige las fuerzas contra el delito no puede estar imputada por varios. Y punto.

[José María Olmo @josemariaolmo]

Pedro Sánchez ha decidido que la directora general de la Guardia Civil y su número dos en el Instituto Armado sigan en sus cargos de responsabilidad pese a estar ya imputados por PREVARICACIÓN Y OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA.

No creo que exista ningún precedente similar en ninguna democracia. Ni siquiera en muchas dictaduras.

El juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO en el caso cloacas

https://t.co/okyKf0OzDU

[Santiago Calvo @SantiCalvo_Eco]

La mayor revisión sobre política de vivienda hasta la fecha (1.077 estudios empíricos en 96 países) deja pocas dudas sobre lo que funciona y lo que no.

El control de alquileres es el caso más estudiado y el más concluyente. Sí abarata el piso regulado, pero arrastra una cola de efectos colaterales que casi siempre se omiten: frena la obra nueva, deteriora la calidad del parque porque el casero pierde incentivos para mantenerlo, reduce la movilidad residencial al atrapar al inquilino en un contrato ventajoso y encarece el alquiler en el mercado libre, donde se concentra la demanda que el tope expulsa. El balance para quien busca piso y no tiene uno regulado es negativo.

Las restricciones de uso del suelo aparecen como el gran motor de los precios elevados. Al limitar cuánto y dónde se construye, generan escasez y reducen la elasticidad de la oferta, de modo que cualquier shock de demanda se traduce en más precio y no en más vivienda.

Con una oferta tan rígida, las medidas por el lado de la demanda (ayudas, desgravaciones, crédito barato) terminan capitalizándose en precios y rentas más altas en vez de en más metros o mejor vivienda.

Ninguna intervención es gratis, todas tienen contrapartidas, y la palanca que de verdad mueve la asequibilidad está en liberar oferta, no en intervenir el precio.

Enlace al paper completo 👇https://t.co/mrMiUMSMnl

[Chopenawer @dchopenawer]

A ver si me he enterado.

Leire Díez informaba a Santos Cerdán y Antonio Hernando.

Santos Cerdán, Secretario de Organización del PSOE, nombrado por Pedro Sánchez y a las órdenes de Pedro Sánchez, no informaba de nada a Pedro Sánchez.

Y Antonio Hernando, director adjunto de Gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez, tampoco informaba de nada a Pedro Sánchez.

Incluso creyéndonos esto, nos están diciendo que Pedro Sánchez era un absoluto pringao al que nadie informaba de nada. Debería dimitir por pringao.

[iuristóteles @iuristoteles]

🚨Voy a explicar esto antes de que el Ministerio de Justicia o el Ministro Bolaños venda que la disminución es porque la reforma es positiva.

No han disminuido todas las demandas, sólo aquellas que exigen un MASC previo (mediación obligatoria)

Lo explico 🧵⤵️

Ruego difusión.

[El Equidistante @elequidistante]

Recordemos cuando a Sánchez le preguntaban sobre Aldama y el Caso Koldo.

Todo era falso. Menuda inventada, dijo.

Bueno pues ya hay sentencia condenatoria.

Todo lo que decía Aldama era cierto.

[Rodolfo Irago @RodolfoIrago]

Al margen de lo que nos parezcan los 24 años de condena, es una sentencia por unanimidad del Supremo por corrupción contra el que era de facto el número 2 de Sánchez en el partido y en el gobierno…

Eso exige asumir responsabilidades políticas por haberlo nombrado, sobre todo cuando has llegado al gobierno para acabar con la corrupción del PP…

Dimisión y convocatoria electoral

Es lo que estaría pidiendo el PSOE si Ábalos fuera del PP…

[Darío Madrid @Dario_Madrid_F]

Voy a hacerle un favor a Óscar Puente y voy a explicarle cómo se llega a la condena de 24 años y 3 meses para su compañero de partido, José Luis Ábalos. Yo tengo ojos y sé leer.

No se le condena por un delito. Se le condena por 9 delitos:
- Organización criminal: 5 años y 6 meses.
- Cohecho continuado (pagos mensuales, alquiler de Jessica y otras dádivas): 5 años.
- Cohecho (adjudicaciones de mascarillas): 3 años y 6 meses.
- Tráfico de influencias (adjudicaciones de mascarillas): 2 años.
- Tráfico de influencias (contratación de Claudia Montes en LOGIRAIL): 1 año y 6 meses.
- Malversación de caudales públicos (contratación de Jessica Rodríguez en INECO y TRAGSATEC): 3 años y 6 meses.
- Tráfico de influencias (contratación de Jessica Rodríguez): 1 año y 9 meses.
- Cohecho (vacaciones en Villa Parra, Marbella): 9 meses.
- Cohecho (uso del chalet de La Alcaidesa): 9 meses.

Aunque la suma aritmética alcanza los 24 años y 3 meses, el Tribunal Supremo aplica el artículo 76 del Código Penal y fija un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y 6 meses.

P. D.: «El máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se imponga la más grave de las penas en que haya incurrido el condenado».

[CALL TO ACTIVISM @CalltoActivism]

President Obama has a unique way of ROASTING Donald Trump without mentioning him by name, and it drives Trump nuts.

He just did it again, this time in front of every living president.

Watch this. 🔥

[Darío Madrid @Dario_Madrid_F]

Existían dos cosas: la decencia (algo de lo que carecen Sánchez y Zapatero) y el Código de Buenas Prácticas aprobado precisamente por Zapatero en 2005.

[Francisco d la Torre @frdelatorre]

Uno de los artículos más preocupantes que he leído en muchísimo tiempo. Dejo algún apunte:
- Un "regalo" de un cuarto de millón de euros no es nunca una "atención protocolaria". El que se gasta esa cifra espera algo a cambio. Y pagar a un servidor público a cambio de algo no es precisamente legal, por ser suave.
- Incumplir las leyes, que obligan a la entrega a Patrimonio Nacional no es optativo. Apropiarte personalmente, escondiéndolo en una caja fuerte, de algo que no es tuyo, tiene un nombre feo, apropiación indebida.
- Si después de tu gestión pública, tienes 1,3 millones que antes no tenías, has obtenido una renta y un patrimonio, que deberías declarar... No conozco una exención en los impuestos que sean regalos protocolarios, sólo la hay en IVA en el artículo 47.4 de la ley para la importación de bienes "... de escaso valor", pero me da que aquí no sería aplicable.
Hay más derivadas, pero la más relevante es precisamente sobre la hipocresía: es posible que haya más casos de este estilo, pero esto sólo lo puede hacer quién ha ocupado este tipo de responsabilidades.
Esto quiere decir, simplemente, que para intentar salvar una actuación impresentable, como poco, se está promocionando que la élite política debe estar completamente al margen de las leyes (que por cierto aprueba para todos, o más bien para los demás).
Es un disparate que sólo contribuye a la degradación institucional.
Y por cierto, no sé cómo sabe todo esto Miguel Sebastián, y si el interesado va a poder explicarlo y probarlo, o quizás la explicación que da no es la buena.