Es inaudito que todavía haya personas que crean que el STEG representa a alguna lucha legítima social o por el bienestar real del magisterio.
🚨💸 Así está mañana: jovieleros reciben sobres de dinero. En 5ta calle 6ta Av “A”.
Qué conveniente: primero hacen la audiencia donde asegura que no tiene un centavo para pagar reparación digna, y luego—¡sorpresa!—le devuelven un bien que bien pudo usarse para resarcir al Estado.
Casi parece coordinado… pero seguro es coincidencia, ¿verdad?
Sí, Guatemala es una República fundada en un pacto social expresado en la Constitución. Pero ese pacto no se honra invocándolo, sino respetándolo. Y eso implica aplicar la ley con objetividad, sin instrumentalizarla para castigar la disidencia.
La división de poderes existe para evitar el abuso. Cuando el MP actúa como brazo político y no como órgano técnico, se rompe ese equilibrio. Hoy vemos a fiscales y jueces independientes exiliados, mientras corruptos son blindados. Eso no es República, es impunidad. 1/3
Hay quienes hacen del ridículo una residencia permanente. No se cansan de exponerse, de deformar la verdad o de creerse más astutos que la memoria colectiva. Lo triste no es que pasen vergüenza… es que ya ni la sienten.
El criminal de Orellana vuelve a poner en riesgo la vida de Masaya para torturarlo a cambio de que acepte cargos contra Semilla.
Irónicamente, el mismo día que da inicio el periodo de sesiones de la @CorteIDH en Guatemala, y mientras una relatora de la ONU sigue en el país.
En 2018, Consuelo Porras inauguró con pompa la fiscalía de Sacatepéquez en una casa asegurada a Sinibaldi.
Hoy se conoció que la cerraron, salieron por la puerta de atrás, en silencio.
El año pasado, el MP pidió levantar las medidas contra Sinibaldi.
Vergonzoso.
Así tiene que ser. Esas son acciones contundentes que la ciudadanía espera de las autoridades
Nadie que se autodenomine “republicano” puede aplaudir que al mejor estilo de los regímenes de Caracas y Managua, trasladen antojadizamente a un preso político en la madrugada
Entre gitanos no se leen las manos.
Una Sala Tercera de Apelaciones integrada por quien fuera abogado de Felipe Alejos y de Alejandra Carrillo —a quien además le gestionaba plazas en el Instituto de la Víctima— difícilmente iba a actuar con independencia.
Es el pacto de impunidad operando sin pudor.
¿Qué legitimidad puede tener Fredy Orellana?
Ha liberado a narcotraficantes con prohibición legal de medidas sustitutivas (revocadas por la Sala), pero niega ese mismo beneficio a un abogado acusado de un delito que sí lo permite.
Esto no es justicia.
Es evidente que la persecución en contra de Eduardo Masaya es illegal, y una muestra brutal de cómo funciona la impunidad en Guatemala.
Solo unos cuantos fanáticos pueden pensar que tenemos justicia e imparcialidad con un MP dirigido por CP y cía. El resto vemos y vivimos en experiencias propias como criminales salen beneficiados (y nunca investigados), mientras quienes se atreven a señalar lo corrupto del sistema son perseguidos.
Pero también nos damos cuenta de que quienes tienen los recursos políticos —y están en posiciones de poder— son incapaces de detener órdenes claramente vengativas. ¿No hemos aprendido nada sobre la banalidad del mal?
El traslado de Eduardo Masaya al Preventivo de la zona 18 es una muestra más que los controles se han perdido.
No tiene sentido mantener en prisión a Eduardo por una supuesta falsedad ideológica. Se está poniendo en riesgo su vida como presión para aceptar cargos.
Corregir falsedades no es censura: es defender el derecho ciudadano a la verdad. Confrontar la desinformación con explicaciones rigurosas fortalece el debate democrático, no lo limita.
Usar "libertad de expresión" como escudo contra la verificación de hechos confunde el derecho a opinar con un inexistente "derecho a engañar". Una sociedad que ve la corrección factual como ataque a la libertad queda vulnerable a la manipulación y el autoritarismo.
Las falsedades basadas en temores infundados por obsesiones políticas o ideológicas son especialmente peligrosas. Distorsionan el debate público, siembran desconfianza injustificada en las instituciones y erosionan los fundamentos mismos de la convivencia democrática.
#VerdadYDemocracia #DesinformaciónNoEsLibertad
#Ahora | 📣 Human Rights Watch insta a la UE a ampliar sanciones por ataques a la democracia en Guatemala
📝 En una carta enviada hoy, @hrw solicita a la Unión Europea imponer sanciones adicionales a funcionarios guatemaltecos responsables de perseguir judicialmente a opositores y debilitar el Estado de derecho. Mencionan a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana, Carol Patricia Flores y Dimas Jiménez, así como a jueces como Víctor Cruz Rivera y Jimi Bremer Ramírez, por avalar procesos penales espurios.
➡️ También destacan a los diputados Álvaro Arzú Escobar y Felipe Alejos Lorenzana, por respaldar procesos penales espurios destinados a revertir los resultados electorales de 2023. Ambos sancionados por EE. UU. y el Reino Unido por socavar la independencia judicial.
➡️ En la carta se enfatiza que Arzú Escobar lidera un esfuerzo para reemplazar a las autoridades del @CongresoGuate a fin de facilitar acciones contra el presidente @BArevalodeLeon basadas en casos espurios presentados por el Ministerio Público.
Carta completa aquí: https://t.co/AhXUoOFpv6
“Imputar a subordinados mientras se protege a los líderes políticos y económicos de la red (Odebrecht) es prueba del sesgo actual”
📢 Desde el exilio, Juan Francisco Sandoval responde a la FECI por caso #Odebrecht
📝 El exjefe de la FECI, @JSandoval1982, reaccionó a los recientes anuncios del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht, señalando que no se trata de una nueva fase de investigación, sino de una maniobra para encubrir a quienes realmente se beneficiaron de la corrupción.
➡️ Sandoval recuerda que desde 2017, bajo su dirección y con apoyo de la #CICIG, se documentó la estructura criminal que permitió el pago de sobornos en Guatemala, lo que llevó a la captura de Alejandro Sinibaldi, el procesamiento de Manuel Baldizón y la identificación de redes de lavado de dinero.
➡️ Señala que la justicia está siendo usada selectivamente para perseguir y desacreditar investigaciones previas.
➡️ El exfiscal reitera su compromiso con la verdad y pide a la comunidad nacional e internacional estar atenta ante lo que considera una instrumentalización del Ministerio Público para proteger a corruptos en lugar de combatir la impunidad.
Entonces cómo responder a la judicialización de la política: no con silencio ni desesperación, sino con estrategia, firmeza y ética.
Aquí cinco claves para enfrentar el abuso del poder disfrazado de legalidad.
🚨 Ante el actuar del MP, la Comisión contra la discriminación y el racismo ( @CODISRA_GT ) presentará una acción de amparo contra dicho ente por vulnerar la institucionalidad indígena representada por la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones.
#Investigación | Z43, cabecilla de Los Zetas, confesó que la UNE recibió financiamiento millonario en 2007. La operación incluía sobornos, documentos falsos y libre tránsito de droga. Investigación completa aquí: https://t.co/nt6vyBbfd5.
⚠️ La cuestionada jueza Carol Patricia Flores, alineada con Consuelo Porras, liga a proceso a las exautoridades de los 48 Cantones de Totonicapán: Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
La justicia capturada sigue persiguiendo a líderes indígenas ✊🏽⚖️🇬🇹.
#Criminalización 🚨 MP usa publicaciones de redes sociales como “evidencia”
En la imputación de hechos a Luis Pacheco y Héctor Chaclán (sin acceso a la prensa), se proyectan hechos en los que se mencionan publicaciones de redes sociales y que están siendo utilizadas por la fiscalía para criminalizar las movilizaciones sociales de 2023.
Prensa Comunitaria 📷