Eliminen la ley de registros de ONG que impide que se registren las ONG.
Reviertan la persecución política y financiera contra las organizaciones humanitarias. Hagan justicia por los casos de trabajadores humanitarios presos y torturados.
Se necesita un entorno seguro.
Preguntan periodistas extranjeros si las cifras que da el chavismo son confiables.
La realidad es que:
No han entregado aún las del deslave de Vargas de 1999.
En Venezuela no hay empadronamiento. Tampoco hay un censo real desde 2011.
La desinversión en datos es otro crimen.
No dejen de grabar y documentar la acción de los grupos oficiales armados en Venezuela. No tienen entrenamiento en labores humanitarias, de rescate ni en trato con civiles.
Más bien hay antecedentes de graves violaciones de DDHH desde 1999.
La vigilancia ciudadana es clave.
¿Cuántos hospitales nuevos se construyeron en los últimos 27 años?
¿Cuántas ambulancias públicas tiene cada municipio del país?
¿Cuánto cobra un funcionario de Defensa Civil, un bombero o el personal médico?
¿Quién encarceló a las líderes de los sindicatos de enfermeras?
Eran ilegítimos e incompetentes para sus cargos antes del 3 de enero y son ilegítimos y muy incompetentes para sus cargos después del 3 de enero.
Eso no ha cambiado. La negligencia, la violencia política, la corrupción y el deshonor son su consigna.
¿Por qué hay colectivos controlando quién entra y quién no, quién puede ayudar y quién no, en algunas zonas de desastre y hospitales? ¿Por qué aprovechan la mayor tragedia de estos años para seguir siendo unos miserables? Sus acciones cuestan vidas.
Hasta el momento se confirma que el chavismo ha impedido que existan algunos centros de acopio que no pueden controlar políticamente. También impide que se envíe ayuda humanitaria a algunas ciudades. En hospitales han impedido que se grabe e intentan interceptar paquetes de ayuda y siguen sin desbloquear muchos portales informativos digitales.
Todas son decisiones que multiplican la tragedia y causan más daño sobre el desastre natural.
Son crímenes de Estado.