¡El mundo reconoce la fuerza de un país decidido a ser libre! 🌎🇻🇪
Acompañamos a nuestra líder y Premio Nobel de la Paz, @MariaCorinaYA, en una gira histórica por Europa. Donde se llevaron a cabo encuentros clave en Francia, Países Bajos e Italia, el mensaje es claro: Venezuela tiene una ruta, tiene un liderazgo y tiene el respaldo de las democracias del mundo.
Cada apretón de manos es un compromiso con nuestra transición y con el regreso de cada venezolano a casa. ¡Seguimos hasta el final!
#ALaVenezolana
YA EL JUEZ PUBLICÓ LA SENTENCIA de Mi hermano Jorge Henrique Alayeto Bigott, quien lleva casi 9 años preso en Venezuela. El juez Luis Francisco Ovalles Landaeta en fecha de 6 de abril de 2026 redactó la sentencia condenatoria y el 14 de abril de 2026 se hizo la audiencia para imposición de sentencia donde condenó a 30 años de presidio a mi hermano. Lo que voy a contar está en la propia sentencia. 🧵
La causa tenía más de 20 acusados con roles completamente distintos. desde militares que ingresaron al Fuerte Paramacay hasta mi hermano, un civil que ni siquiera estuvo allí. El juez les aplicó a todos la misma pena: 30 años. Sin distinguir quién hizo qué. Sin analizar el rol de cada uno. Todos iguales. Todos al máximo.
A Jorge se le imputaron cuatro delitos: Traición a la Patria, Rebelión Militar, Ataque al Centinela y Sustracción de Efectos Militares. Los dos últimos como cómplice. La ley establece que al cómplice se le debe rebajar la pena. El juez nunca hizo ese cálculo. Nunca explicó por qué Jorge merecía el mismo trato que quien estuvo dentro del fuerte Paramacay.
Y en 361 páginas de sentencia, esto es todo lo que el juez escribió para justificar los cuatro delitos de mi hermano:
“Jorge Alayeto Bigott acusado fue quien realizó la grabación de
este video sin embargo no dio participación alguna a las autoridades
competentes."
Una sola frase. Ni una explicación de cómo grabar un video constituye Traición a la Patria. Ni cómo es Rebelión Militar. Ni cómo es Ataque al Centinela. Ni cómo es Sustracción de Efectos Militares. Nada.
Pero lo más grave está aquí. Esa “prueba” de que Jorge grabó el video viene de una sola persona: el funcionario Abel Angola del DGCIM. Un hombre que ni siquiera estuvo presente el día de la grabación por lo que acusaron a mi hermano. Lo que declaró fue su “análisis” del expediente, no lo que vio con sus propios ojos.
Y ese mismo funcionario, Abel Angola, es el hombre que Jorge señaló en pleno juicio oral como uno de sus torturadores. Lo dijo ante el juez con estas palabras:
“Me disculpan que me ponga así, pero me trae muchos malos recuerdos,
este señor que está acá en sala fue autor principal de las torturas
que me hicieron a mí y a un sobrino que también agarraron, me
amarraron, me golpearon, me esposaron, él me decía que debía decir lo que él quería que dijera, me golpeaba durísimo yo lo que veía era un flash, yo estaba dentro de la pecera, que es un sitio de tortura, me
enseñó a través de papel ahumado como estaba torturado mi sobrino, me dijo tu vas a decir que grabaste el video, que financiaste, le dije bueno está bien, te lo digo, se lo tuve que decir, ese señor me torturó hasta más
no poder, es todo lo que tengo que decir”
El único testigo que vincula a Jorge con el video es el mismo hombre que lo obligó bajo tortura a decir que grabó el video.
El juez escuchó esa denuncia de tortura en sala. No ordenó ninguna investigación. No excluyó el testimonio de Angola. No suspendió el juicio. Descartó todo en una línea y condenó a 30 años con la confesión arrancada por el torturador.
Jorge es civil. Nunca fue militar. La ley venezolana prohíbe juzgar civiles con el Código de Justicia Militar. El juez lo condenó con ese código de todas formas. Al máximo de la pena. Sin motivación. Sin individualizar su conducta. Sin respetar la rebaja que la ley le ordenaba aplicar en caso tal de que ciertamente fuera responsable.
Un civil condenado a 30 años por un video.
Con una confesión obtenida bajo tortura.
Por el testimonio de su propio torturador.
Que ni siquiera estuvo presente en los hechos.
Sin que el juez explicara en qué delito encuadra grabar un video.
Igual que todos los demás acusados. Sin distinción. Sin análisis. Sin justicia.
Esto está documentado. Está en la sentencia. Está en el expediente.
El mundo tiene que saber Los delitos de lesa humanidad no prescriben y el
juez Ovalles debe pagar por su acción. Ahora vamos por la apelación.
@SenRickScott@marcorubio@POTUS45
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