Yo puedo votar en las elecciones generales y autonómicas en España (pero no en las municipales). Esto no tiene mucho sentido: me mudé a Estados Unidos en 1996, apenas pago impuestos en España y recibo servicios mínimos. Que mi voto decida, por ejemplo, si se abre un nuevo instituto en Mieres o se sube el IRPF en el territorio común tiene una justificación democrática más bien débil.
A la vez, buena parte de mi familia vive en España; existe una probabilidad (baja) de que regrese en algún momento; tengo propiedades inmobiliarias en el territorio nacional; y, en comparación con otros votantes en el extranjero, conozco los detalles de muchas discusiones sobre política económica. No creo que haya muchos millones de votantes que se sepan las cuentas de la Seguridad Social mejor que yo. No es que entender estas discusiones me dé una legitimidad especial, sino que demuestra una vinculación efectiva con España.
Por ello sigo votando en las elecciones generales, aunque en las autonómicas, de carácter local más acentuado, he dejado de hacerlo. Y, cuando considere que la probabilidad de regresar a España haya caído por debajo de un mínimo, dejaré de votar también en las generales.
La discusión de la “ley de nietos” durante las últimas semanas en España ilustra, pues, un punto fundamental en toda democracia: ¿quién es el demos que puede decidir el futuro colectivo?
Una persona no residente en España, por mucho que sea hijo o nieto de españoles, pero sin una vinculación directa con la vida cotidiana del país (o una probabilidad razonable de recuperarla demostrada con pruebas fehacientes, no una simple declaración de intenciones), no es parte del demos. Puede ser una persona con la que sintamos cercanía afectiva y que tenga un vínculo legal con España más fuerte que el de otras personas. Pero no debe ser votante.
Las respuestas que leo en la prensa son decepcionantes. Muchos argumentan que, a fin de cuentas, estos nuevos votantes no influirán en los resultados de las elecciones. Quizás. En el pasado no lo han hecho. Pero este argumento tiene dos problemas. Primero, ahora que forman un grupo tan grande, los partidos tienen un incentivo muy distinto para movilizar a ese electorado. Segundo, y mucho más importante, ir regalando nacionalidades y derechos de voto sin la debida seriedad demuestra que en España nunca pensamos las cosas con cuidado. Da igual si son 100 o dos millones y da igual si tienen efecto o no sobre las elecciones. Es una cuestión de legitimidad.
Una y otra vez, en España, tomamos decisiones sin hacer números, movidos por el “buenismo” de quedar bien en el telediario de las nueve. Y no, no son los políticos. Estoy 100% seguro de que, de haberse realizado un referéndum sobre la “ley de nietos” (olvidándonos del resto de la Ley de Memoria Democrática), el sí habría ganado de manera abrumadora.
No nos tomamos nada en serio y somos frívolos.
El fenómeno de los alquileres turísticos se contiene: los límites regulatorios y el alquiler de temporada borran 60.000 viviendas en dos años. https://t.co/Yd6mici4Wi
No tener más hijos por no poder pagar la guardería: "Es inviable y como hagas jornada partida, estás vendida" | Actualidad Económica https://t.co/PTmx1pirCD
La diferencia de tono no puede explicarse solo por el ciclo económico —España creció más del 3% en 2024 y 2025, condiciones que deberían favorecer exigencias de consolidación más firmes, no menos—. Esto es el hallazgo más llamativo del análisis.”
“Existe una asimetría notable: Hernández de Cos (bajo el Gobierno Sánchez) fue sistemáticamente más exigente en materia fiscal que Escrivá (también bajo el Gobierno Sánchez)….
Le he pasado 9 informes anuales (2017-2025) del Banco de España a Claude y le he pedido una comparativa buscando énfasis, sesgos y omisiones. Este es el resultado:
Tres gobernadores, tres voces: independencia, agenda y sesgos
https://t.co/sAF73lwo2k
Me entristece, aunque no me sorprende, cuánta gente no ha entendido mi post de esta mañana sobre la “política sin romance”. España es un país de letras, sin tradición de análisis ni formal ni cuantitativo.
Lo explico de otra manera.
Uno: si con Zapatero el PSOE hubiera tenido más diputados en Castilla y León que en Cataluña, el Archivo se habría quedado en Salamanca.
Dos: si el PP hubiera tenido más diputados en Cataluña que en Castilla y León, Aznar lo habría trasladado a Cataluña.
La idea es sencilla: las decisiones políticas responden, ante todo, a intereses electorales. Las justificaciones son eso, justificaciones. El motivo es claro. Quien ignora esos intereses no llega a liderar su partido, y un partido que obvia esos intereses no forma gobierno.
Nos gusta creer que votamos de forma desinteresada e idealista. No es así. Ni en España ni en ninguno de los casi 200 estados del mundo. Como un demócrata no puede llegar a la Casa Blanca sin ganar Michigan, en Estados Unidos no te puedes comprar un BYD. Es exactamente lo mismo que el Archivo de Salamanca.
Por eso mi análisis no justifica en ningún momento recortar el poder de los votantes catalanes. Los catalanes eligen a sus diputados, y es lógico que estos defiendan lo que consideran sus intereses. Es más, Cataluña está infrarrepresentada en el Congreso, así que ni siquiera cabe alegar que pese más de lo que le correspondería en cualquier sistema sensato.
Mi post solo señala una cosa: sin entender que el camino del PSOE hacia el gobierno pasa por Cataluña, no se entiende la política española. Los muchos que me han insultado, atribuyéndome intenciones aviesas, delatan sus propias ansiedades más que cualquier otra cosa.
Mi análisis tampoco predice que, con una Cataluña independiente, la derecha gobernaría siempre en España. La posición de los partidos es endógena. Sin Cataluña, los partidos de las 16 comunidades restantes se reubicarían en el espectro ideológico y, en ese nuevo escenario, la derecha no tendría por qué ganar. Ese razonamiento no vale para la situación actual, porque al PSOE le sale más barato entenderse con Junts y ERC que reposicionarse en el resto de España.
Y no, lo siento: reformar la ley electoral no cambiará nada. La realidad, guste o no, es esta. Primero, en 2023, el bloque territorial (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC, UPN, CUP, NC y Teruel Existe) obtuvo el 7,9% de los votos y el 8,0% de los escaños. Está, pues, en su nivel de representación casi exacto, aunque con grandes desigualdades internas: la CUP, con casi el doble de votos que UPN, se queda fuera del Congreso, mientras que la formación navarra logra un escaño.
Segundo, PSOE y Sumar obtuvieron el 44,0% de los votos y el 43,4% de los escaños, de nuevo, casi a su nivel de representación exacto.
Tercero, el único bloque sobrerrepresentado es la derecha nacional (PP y Vox): el 48,6% de los escaños con el 44,5% de los votos.
El 99% de quienes proponen reformar la ley electoral para recortar el poder nacionalista está diciendo, en realidad, lo siguiente: que el 51,9% de los españoles que votó al bloque territorial o al de izquierdas no puede gobernar, pese a poder pactar entre sí, y que debe ceder el gobierno al 44,5% de la derecha mediante algún artilugio electoral. Artilugios que, además, fracasarían en el 99% de los casos, porque es facilísimo sortearlos con partidos instrumentales.
Esto no solo es injusto. A largo plazo, además, sería contraproducente.
El problema del nacionalismo catalán está, en lo esencial, resuelto. Lo ha matado la inmigración masiva (a la que yo me he opuesto por otros motivos). Los “nuevos catalanes” no hablarán catalán fuera de la escuela, por más miles de millones que la Generalitat gaste en lo contrario, ni se sentirán nacionalistas y, por tanto, muy pocos votarán a ERC y casi ninguno a Junts. De hecho, en términos electorales, el nacionalismo catalán atraviesa su peor momento desde 1907.
Y, casi más importante, esa misma inmigración ha creado AC, que crecerá en los próximos años absorbiendo el voto nacionalista, y con la que el PSOE/PSC no podrá pactar jamás.
Pero hay algo más de fondo. Quienes piden reformar la ley electoral ofrecen la típica solución castiza: en lugar de afrontar el problema real, que el PP es un partido de inútiles incapaz de elegir líderes y construir una hegemonía electoral, prefieren el apaño legislativo. La ironía es redonda: la derecha nacional es mediocre porque sus votantes, al exigir cambiar una ley electoral que ya les favorece, demuestran su propia mediocridad intelectual.
La política siempre es sin romance.
Adjunto una conferencia mía en la que explico todo esto en detalle.
https://t.co/d4XaTCWx2t
Inquilinos a la fuerza: El 86% de los hogares en alquiler carece del ahorro para dar el salto a la vivienda en propiedad | Macroeconomía https://t.co/gRffiYaQyc
Estuve en Suiza y había un debate político en mi cantón:
¿Debe el servicio municipal subir la tasa y recoger las basuras a diario, o es mejor congelar la tasa y seguir recogiendo los residuos en días alternos?
Había un debate —un cruce de argumentos—, una reflexión y una opinión en cada casa.
Me gustaría que el debate político en mi país fuese así. Una reflexión serena sobre nuestros retos colectivos. Pero, ¿qué ocupa los diarios y las conversaciones?
Que una exministra ha sido condenada por insultar a un juez. Que un ministro llevaba prostitutas a sus viajes oficiales. Que un expresidente ocultaba una fortuna en joyas de dudoso origen. Que un ministro está siendo juzgado por utilizar a la Policía para obstruir investigaciones judiciales. Que un diputado amañaba contratos públicos. Que la familia del primer ministro está sentada en el banquillo. Que asesores, comisionistas y tipos carcelarios campan e influyen en los poderes del Estado. Que los diputados —que habrían de ser para todos ejemplo de rectitud— utilizan nuestras lenguas, nuestra historia y nuestra diversidad no para celebrarlas sino para enfrentarnos a los unos contra los otros.
En este cenagal, cada cual toma su patético bando. «Los míos». «Los tuyos». «A favor». «En contra». Y los medios —inclusive los públicos— azuzan esta reyerta que, como un cáncer, está concomiendo mi país.
¿Cómo soportar este nauseabundo hedor en que se ha convertido el debate público? ¿Cómo podría alguien honesto querer implicarse en algo así?
Puedo aceptar que nos gobiernen mediocres, si son rectos. Pero cada caso es una herida. Cada noticia lacera el espejismo menguante de la ilusión que me gustaría sentir por mi país.
Quisiera tener líderes con grandes valores, aunque no sean exactamente los míos. Instituciones que, al frente, tienen hombres y mujeres respetables y elevados de espíritu. Quisiera no leer los insultos y las zafiedades que a menudo encuentro por aquí en la boca de las más altas magistraturas del Estado y la soberanía nacional. Quisiera ver la ética por encima de las ideologías.
Pero siento tristeza.
No habrá sido el menor de los rendimientos espirituales de la Prevostíada esta rehabilitación puntual del orgullo patrio, con lo mucho que nos cuesta hablar bien de España sin que otro español salga herido del elogio.
Mi columna en @elmundoes: https://t.co/58rofznDWE
España es el cuarto país de la UE que más ha subido los impuestos sobre el trabajo desde 2019, y el primero entre las grandes economías.
La carga fiscal sobre el trabajo pasó del 17,4% al 19,0% del PIB. En Francia, Italia y Alemania apenas se movió o incluso cayó. El 90% del aumento de la presión fiscal española de la última década procede del trabajo, por la falta de deflactación del IRPF y la subida de cotizaciones.
Cargamos a quien produce para sostener un gasto que mira hacia otra parte.
La economía política del caso Leire va mucho más allá del epifenómeno de los pagos ilegales a la “fontanera” del PSOE.
La evidencia apunta a que se montó una estructura, casi con seguridad desde Moncloa, para subvertir los pilares del Estado de derecho y preservar el poder de Pedro Sánchez. Es, desde el caso GAL, el escándalo más grave de nuestra democracia.
Este socavamiento, sin embargo, forma parte de un patrón más amplio: el desmantelamiento del Estado en el que el PSOE se embarcó el 13 de noviembre de 2003, cuando Zapatero prometió en el Palau Sant Jordi que “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”.
La realidad electoral española, cada vez más clara, es que el PSOE solo puede gobernar con los votos del nacionalismo (o cuasinacionalismo) de Cataluña, País Vasco y Navarra. Sin los escaños de estas tres comunidades, la derecha nacional habría tenido mayoría absoluta en todas las elecciones desde 1996 hasta 2023, salvo en 2004.
Pero para lograr esos votos, el PSOE tiene que comprometerse con el desmantelamiento del Estado, ya sea de forma directa (la reforma de la financiación autonómica) o indirecta (el control partidista de las instituciones). De ahí a intentar destruir la UCO solo hay un paso, y se da a la primera tentación.
Por tanto, el PSOE solo elegirá como secretario general a alguien como Zapatero o Sánchez, a quienes el Estado trae al fresco. No son accidentes: son la respuesta estructural del sistema. No hay “PSOE bueno”, porque un “PSOE bueno” no puede gobernar y la mayoría de sus militantes no tienen vocación de suicidio político. Para suicidarse, es mucho más rápido apuntarse a Podemos.
Enfrente solo hay un PP sin la menor visión de futuro (la reciente visita de Feijóo a Cataluña demuestra, por enésima vez, que el PP no tiene plan para nada) y un Vox con un Santiago Abascal que no da más de sí (que Vox ronde el 18%-20% en las encuestas, dada la situación actual, debería leerse como un fracaso).
El problema es que no veo salida en el marco actual. Tras la crisis del euro surgieron dos proyectos de reforma: C’s y Podemos. Los votantes rechazaron ambos. Sí, los dos partidos cometieron errores tácticos y de liderazgo, pero, a fin de cuentas, el votante mediano prefirió lo malo conocido (PSOE y PP) a lo malo por conocer (C’s y Podemos). El votante mediano no quiere que nada cambie porque vive del Estado, de forma directa (pensiones, empleo público) o indirecta (transferencias varias, regulaciones).
Creo que todo esto saltará por los aires en algún momento hacia 2030, año arriba o año abajo. Pero no descarto que sigamos, en su lugar, un camino de declive irreversible. Con una fecundidad de 1,1 hijos por mujer y la inmigración que tenemos, quizá en 2080 la España que conocemos desde 1492 ya no exista.
Y si usted, lector, me pregunta qué se puede hacer: no solo no lo sé, sino que dudo que pudiera arreglar nada aunque yo fuera el que tomara las decisiones.
Ahí se acabarían todas las persecuciones. Los guardias preservarían sus vidas, pero también las de los narcos. Yo he estado en una de esas patrulleras, y lo he visto. Por sostener algo así en las redes sociales me han crucificado».
«Hay que artillar las patrulleras de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene tiradores de sobra, y muy buenos, para disparar sobre los motores de las lanchas de unos narcos armados hasta los dientes.
Que el ministro del Interior Grande-Marlaska no haya querido asistir al funeral de los guardias, es en verdad una infamia. Pero no tanto como que esas dos muertes y otras parecidas hubieran podido evitarse.
Que esas muertes hayan sido calificadas como «accidente laboral» por María Jesús Montero, candidata del Psoe a presidir la Junta de Andalucía, es muy grave.