Trino inaceptable y peligroso. Si Pte Petro tiene evidencias de fraude debe trasladarlas a las autoridades competentes pero al Pdte no le corresponde certificar quien ganó o no la eleccion. Eso le corresponde a las autoridades electorales y conforme a ellas el electo es ADLE
De mi experiencia en empalmes: se escucha, se pregunta, se toma nota, se escribe el informe, no se critica y no se grita a los cuatro vientos que uno está en el empalme.
Atentos. Más casos que reconfirman mis denuncias acerca de la inviabilidad tecnológica de los nuevos pasaportes "Made in Petro".
Esta persona viajó a ver un partido de la Selección Colombia en el Mundial. Aquí su narración, que copio literal:
"Lo que viví al entrar a México con el nuevo pasaporte colombiano.
Quiero contar lo que me pasó hace poco al llegar a México, porque fue un momento muy difícil y creo que es importante que se sepa, sobre todo porque parece que no soy el único colombiano al que le está pasando.
Hace un tiempo se me venció el pasaporte, así que hice todo el trámite para sacar uno nuevo con las autoridades colombianas, como debe ser. Viajé tranquilo, con mis papeles en regla y con un plan de viaje completamente normal. Pero cuando llegué al control migratorio en México empezó el problema: el funcionario pasó mi pasaporte por el lector y el chip no leyó. Lo intentó varias veces y nada.
A partir de ahí la cosa se puso tensa. Me dijeron que en su sistema mi documento salía con un registro muy malo, que generaba alertas, y que por la forma en que aparecía parecía un pasaporte adulterado o falso. Imagínense lo que es escuchar eso cuando uno sabe que sacó el pasaporte por los canales oficiales y no ha hecho nada malo.
Me retuvieron mientras revisaban. En ese momento me dijeron, sin rodeos, que existía la posibilidad de que no me dejaran entrar al país e incluso de que me deportaran, porque para ellos el pasaporte podía no ser válido. Fue una angustia tremenda. Uno se siente impotente, porque por más que explique que el documento es legítimo, la máquina dice otra cosa y son ellos los que deciden.
Lo que me salvó, gracias a Dios, fue que todavía conservaba mi pasaporte anterior, el que estaba vencido, y en ese pasaporte tenía vigente mi visa de Estados Unidos, porque después de México seguía para allá. Al mostrarles los dos pasaportes, las autoridades pudieron confirmar que eran de la misma persona y, después de hacer sus verificaciones, por fin me autorizaron la entrada. Si no hubiera tenido ese pasaporte viejo a la mano, no sé cómo habría terminado todo.
En mi caso la historia se resolvió, pero me quedó una preocupación grande. No me parece normal que un documento oficial, expedido por el propio Estado colombiano, le genere a uno este tipo de problemas en un control migratorio. Que a una persona la traten como si llevara un documento falso, por una falla que no depende de ella, es algo serio. Y no es solo el mal rato: si a uno lo devuelven, pierde los vuelos, las reservas, la plata, compromisos de trabajo o de familia, y encima queda con un antecedente migratorio que después le puede complicar la entrada a otros países.
He sabido de otros viajeros colombianos que han pasado por algo parecido con el nuevo pasaporte, incluyendo casos de menores de edad. No puedo dar fe de cada uno de esos casos porque no me constan directamente, pero sí me parece que ya son demasiados como para tratarlos como simple coincidencia. Por eso creo que vale la pena que las autoridades revisen en serio si hay un problema repetido con la lectura o la validación de estos documentos en los sistemas migratorios de otros países.
Mi intención al contar esto no es quejarme por quejarme, sino alertar a las autoridades colombianas sobre algo que puede estar afectando a muchos ciudadanos que viajamos de manera legítima. Ojalá se revisen la fabricación, la calidad y la compatibilidad tecnológica del nuevo pasaporte, para que más personas no tengan que pasar por esto.
Ningún colombiano debería arriesgarse a que lo traten como portador de un documento falso cuando sacó su pasaporte como toca, por los canales oficiales, y cumple con todos los requisitos para poder viajar".
Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y el legado de Dora Deyanira Bernal Nieto, física, docente y líder de internacionalización en la @UNALOficial. #SomosUNAL#DocenteUNAL#BogotaUNAL@fibogunal
Conozco personas buenas, decentes, razonables que elegirán las cuatro opciones posibles (Cepeda, ADLE, blanco, no voto).
La decisión de voto es un juicio individual que no define la identidad, la bondad o la inteligencia de nadie.
Votar es una decisión difícil. La mayoría de las personas quiere lo mejor para el país pero llega a conclusiones distintas porque también han vivido experiencias distintas.
Esa diversidad de perspectivas es precisamente lo que enriquece nuestro pacto democrático. Y es justamente por esa diversidad que necesitamos instituciones fuertes, capaces de tramitar tales diferencias de manera pacífica, legítima y constructiva.
No juzguen a un colega, amigo o familiar por votar diferente. Ellos también creen estar actuando en beneficio del país y también comparten miedos, todos válidos, acerca de hacia dónde nos dirigimos.
A los políticos, a ellos sí, júzguenlos cuando no actúen en beneficio del bien común, exíjanles resultados sobre sus promesas, cuestiónenlos cuando debiliten esas instituciones, pero a los otros ciudadanos, escúchenles y entiendan sus razones para diferir de ustedes.
Nunca tan bien dicho:
"Uno y otro tienen una máscara que oculta al oportunista y al justiciero: a quien quiere satisfacer sus sueños infantiles de riqueza y a quien intenta curar sus heridas juveniles con el poder".
@CarlosGranes
https://t.co/Cgw8aZLQQ5 vía @abc_es
Colombia: la encrucijada imposible por @CarlosGranes
"Así están las cosas: nos piden que votemos por las pasiones patrióticas y el instinto matonil del primero, o por la ideología inflexible y mórbida del segundo".
https://t.co/FLhcH4FnNC a través de @TheObjective_es
Invito a todos los colombianos a apoyar estos principios que defendemos desde el Centro Político.
Manifiesto del centro político[i]
Uruguay nos dio recientemente a los latinoamericanos una lección de alto valor democrático. En medio de los últimos comicios electorales, todos los expresidentes del período post dictatorial miembros de las tres fuerzas políticas principales de la nación: Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, firmaron un acuerdo en torno a los temas centrales que requería el país para mantener la democracia, la estabilidad política y el crecimiento económico. El nuevo presidente, Yamandú Orsi, en su discurso de posesión el 1 de marzo de 2025 afirmó sin titubeos que ese gran acuerdo nacional iba a constituir uno de los ejes principales de su mandato presidencial.
Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país.
1. Respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha adelantado los recientes comicios con eficiencia y transparencia, tal como lo ha hecho a lo largo de muchos años y lo han reconocido sin ningún titubeo todos los observadores internacionales. Resulta inexplicable que el mismo sistema electoral mediante el cual Gustavo Petro fue escogido, ahora resulte cuestionable. El supuesto fraude denunciado por éste carece de veracidad, le hace daño a las instituciones democráticas y genera un clima de pugnacidad que puede terminar en actos de violencia.
2. Defensa de la Constitución de 1991
La Constitución de 1991 es producto del más amplio pacto político de la historia de Colombia. Basta recordar que hubo una presidencia colectiva integrada por dirigentes de diversas tendencias ideológicas que debe preservarse, así sea susceptible en el futuro de reformas derivadas de amplios consensos nacionales.
3. Ajustes a las políticas de orden público
La creciente desaparición de motivaciones políticas por parte de los grupos armados derivados de las guerrillas del pasado y la multiplicación de organizaciones criminales exige, de manera urgente, el diseño de una nueva política para el manejo del orden público en el país, fundado en un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, una presencia del Estado en todo el territorio nacional (ante todo, en las fronteras marítimas y terrestres más vulnerables) y el debilitamiento de las rentas ilegales.
4. Una nueva política antidrogas
Aun cuando, es indispensable debilitar las rentas ilegales que alimentan a la totalidad de los “actores armados no estatales”, al mismo tiempo deben adoptarse estrategias adecuadas para proteger a los sectores pobres de la población que viven de los cultivos ilícitos, su procesamiento y transporte. ¡Tenemos alrededor de un millón de campesinos que viven del cultivo de coca. Su suerte no puede sernos indiferente!
5. Plena vigencia de los derechos humanos
La plena vigencia de los derechos humanos en ningún caso puede ponerse en entredicho. Los criminales, salvo que resistan la acción de las autoridades, deben ser capturados y puestos a disposición de la Justicia. Darlos de baja sin fórmula de juicio es inadmisible.
6. Lucha contra la corrupción
La abrumadora corrupción que padecemos no se resuelve con más normas y nuevas instancias decisorias. El uso de la contratación directa para esconder la transferencia de cuantiosos recursos a clientelas políticas es hoy un delito. También es contrario a la ley la proliferación de contratos transitorios en el gobierno central. La laxitud moral que padecemos en muchos casos ha sido propiciada por la acción del gobierno o por su negligencia. Es fundamental fortalecer, no debilitar, la carrera administrativa.
7. Superar la pobreza; lograr equidad en la distribución de los ingresos
La preocupación por la pobreza y la equidad en la distribución del ingreso deben ser elementos esenciales de una agenda nacional y no el monopolio de ningún partido o ideología. El nuevo gobierno debe revisar las acciones adelantadas por el actual teniendo en cuenta su progresividad, eficacia y sostenibilidad.
8. Una revolución educativa
El acceso a la educación es un elemento central de la dignidad humana. Garantizar el acceso a este bien público por excelencia es tarea del Estado. La pretensión de monopolizarlo por el gobierno nos devuelve a un debate estéril que resolvimos, ojalá para siempre, en la Carta de 1991. La educación en todos sus niveles debe ser mixta y, en todo caso, de buena calidad. En promedio, y con notables excepciones, la estatal adolece de severos problemas de calidad. La deserción escolar es un problema grave, indicativo de fallas en la pertinencia curricular, y de un deterioro en la percepción de los estudiantes sobre el valor de la educación. La baja cobertura de la educación preescolar es causa eficiente de que la pobreza se transmita de una generación a la siguiente. He aquí una de las principales fuentes de la inequidad social. El nuevo gobierno debe darle a este déficit de desarrollo humano atención preferente.
9. Austeridad fiscal
En materias fiscales, la administración Petro nos ha conducido a una crisis que se hará plenamente visible tan pronto se produzca la transición hacia el siguiente gobierno. Esa crisis obedece a un crecimiento desmesurado del gasto público a nivel nacional, especialmente destinado a un aumento desmedido de la burocracia. Dada la insuficiencia del recaudo de impuestos, ese gasto ha sido financiado asumiendo volúmenes cuantiosos de deuda por la que todos los colombianos estamos pagando, sin advertirlo, costos elevados. Actuando con veracidad frente a sus electores, los candidatos están obligados a explicarnos de qué manera se proponen enfrentar este enorme reto.
10. Incentivar el crecimiento económico
La corrección de los déficits estructurales de las finanzas públicas será menos dolorosa si la economía recupera tasas adecuadas de crecimiento. Si esto ocurre, se producirán efectos virtuosos tanto en la reducción de la pobreza como en mejoras en la distribución del ingreso. Restablecer los flujos de inversión privada, que se han deteriorado en cifras significativas en estos años, es una tarea urgente; serviría para incrementar el acervo de la riqueza nacional y se traduciría en nuevos empleos en el sector productivo. En este contexto, hay que advertir la conexión virtuosa entre empleo formal, cobertura de la seguridad social, incremento de los salarios reales y mejoras en la productividad.
11. Enfrentar la crisis de la salud
La administración Petro deja como herencia al nuevo gobierno crisis muy complejas de resolver, tales como la que afecta al sistema de salud. Los candidatos deberán decirle al país cuales son las causas de la crisis y la manera de resolverla. Desde nuestra óptica, así se hayan producido actos de fraude, que en todo caso son marginales frente a la magnitud del desastre, la razón principal consiste en que los recursos que destinamos a la salud son insuficientes para garantizar a los colombianos el óptimo servicio al que aspiran.
12. Reactivar el sistema eléctrico
El gobierno actual no estableció reglas claras para estimular inversión nueva en los diferentes módulos de un sistema eléctrico que era muy bien valorado por los colombianos. En ausencia de nuevos capitales, la oferta de energía no ha crecido al ritmo necesario para garantizar la satisfacción de la demanda a mediano plazo. Estamos, pues, al borde de un “apagón”; sus consecuencias sociales y económicas serían demoledoras. Esta situación crítica depende, en lo fundamental, de dos obsesiones ideológicas: el sesgo contra el sector empresarial como actor importante del sistema; y la preferencia por ciertas fuentes de generación sin advertir que las nuevas energías, tales como la solar y la eólica, también tienen impactos sobre el medio ambiente y son inestables: dependen de si hay sol y viento. En esta fase de la campaña electoral no son admisibles declaraciones vagas y buenas intenciones. Los ciudadanos demandan, antes de decidir su voto, información clara y precisa sobre el rumbo que tomarían cada uno de los candidatos.
13. Proteger la autonomía del Banco de la República
Uno de los avances institucionales más importantes de la Carta de 1991 fue haber asignado la regulación monetaria a una entidad autónoma: el Banco de la República. Su primordial obligación consiste en velar por la estabilidad de los precios o, lo que es lo mismo, controlar la inflación. Esta institución, que existe en numerosos países, impide que los gobiernos, como consecuencia de su propensión a gastar más de lo que es posible con sus ingresos corrientes, no use la emisión de moneda como un recurso a su disposición. ¿Qué sucede cuanto esa “muralla china”, por así llamarla, se deteriora o derrumba? Una expropiación masiva (y, al comienzo, invisible) de los ingresos de los más pobres, tal como ha sucedido en Venezuela y Cuba. Teniendo en cuenta los recientes intentos del presidente Petro por debilitar al Banco, es indispensable que los candidatos expongan su posición ante esta crucial materia.
14. Una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional
La tradición colombiana en materia de política internacional ha consistido en mantener buenas relaciones con los distintos países del mundo, siempre en defensa del interés nacional, el cual mejor se sirve mientras mayor sea el espectro de nuestros lazos con el exterior. El gobierno actual ha arrasado con ese modelo. Ha utilizado las relaciones internacionales como instrumento de identificación ideológica con otros gobiernos, sin considerar sus efectos sobre el interés nacional. Igualmente, ha intervenido, sin escrúpulo alguno, en los asuntos internos de otros países, en especial en nuestra región. Por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. Los candidatos deberían ilustrarnos en detalle si introducirán o no correctivos a una política internacional tan disruptiva como la actual.
Un tema de especial importancia en el terreno internacional son las relaciones con los Estados Unidos -nuestro principal socio comercial-, cuya política exterior fundada en un reavivamiento de la Doctrina Monroe ahora denominada por la prensa como la Doctrina Donroe, está generando fuertes tensiones en la región. Por ello, es indispensable un rediseño serio de las políticas bilaterales entre Washington y Bogotá.
15. Fortalecimiento de la moral pública
El país debe restablecer el valor de la verdad en los debates públicos, el respeto por los antagonistas, la moral en el ejercicio de responsabilidades estatales y la profesionalización del Estado.
Bogotá, junio 9 de 2026
Suscriben este documento los siguientes ciudadanos:
Moises Wasseraman
Eduardo Pizarro L.
Eduardo Lora
José Antonio Ocampo
Luis Carlos Villegas
Arturo Sarabia
Pilar Gaitán
María del Rosario Aguilar
Martha Ardila
Andelfo García
José Luis Ramírez
Paula Ruiz
Litza Mayorga
Raúl Barake
Mónica Fonseca
Juan Camilo Restrepo
Jorge Iván González
Cecilia López M.
María Teresa Garcés
Andrés Caro
Mauricio García V.
Gonzalo Pérez
Rafael Aubad
Pedro Medellín T.
Guillermo Trujillo
Jorge H. Botero
Santiago Pombo
Francisco Escobar
Viviana Barberena
Paula Ruiz
[i]Los candidatos que representaron las propuestas que hacen parte de nuestro ideario político, no tendrán participación directa en la segunda vuelta electoral. Por esta razón, este grupo de ciudadanos, afines desde el punto de vista ideológico, pero sin asumir representación alguna, ponemos a consideración de los candidatos estas ideas que nos parecen valiosas para el país .
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