El Gobierno Nacional anunció que establecerá un protocolo para la actuación de la Fuerza Pública en universidades. Al respecto, resulta fundamental que cualquier medida que se adopte preserve simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas.
El Gobierno plantea la necesidad de distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. Esa distinción es esencial y debe orientar tanto la construcción del protocolo anunciado como cualquier actuación de las autoridades.
Leer pronunciamiento aquí 👇🏽
Garantizar el funcionamiento adecuado de la Jurisdicción Especial para la Paz @JEP_Colombia es una obligación constitucional en virtud de:
- El Acto Legislativo 01 de 2017 que la crea como una garantía de los derechos de las víctimas y de seguridad jurídica para los firmantes de paz.
- La obligación de cumplir de buena fe el Acuerdo Final de Paz, según el Acto Legislativo 02 de 2017.
La obligación de cumplir el Acuerdo de Paz tiene implicaciones inclusive presupuestales, como lo establecieron el Acto Legislativo 01 de 2016 y 04 de 2017.
Entonces, la decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución. Gobierno y Congreso, como todas las instituciones del Estado, tienen el deber de habilitar, de buena fe, las condiciones para que la JEP pueda operar.
De acuerdo con la importancia de la crítica y la autocrítica. Ahora, ¿cómo se compara el desempeño de la JEP con otros procesos de justicia transicional en el mundo? Va un repaso basado en datos verificables...
Exministro: veo que reconoce que no pagaron el déficit, sino que lo programaron para que lo hiciera el gobierno actual, quitándole además espacio fiscal, y dejaron abierto el subsidio para que el costo político de su desmonte lo asumiera la nueva administración
Corte recuerda que derechos a la libertad de expresión, de prensa y de información no son absolutos y encuentran límites en la carga de veracidad y en los derechos a la intimidad, honra, el buen nombre y la imagen
T-063/24
M.P. Antonio J. Lizarazo O.
https://t.co/PSwcsvdtBJ
My new paper with Giovanna Ciaffi & Matteo Deleidi in Industrial & Corporate Change @OUPAcademic has just been published! Our results show that public R&D investment generates the largest multiplicative effect both on GDP and business R&D.
Read ➡️ https://t.co/YTVlHtSWjJ
🌍 En respuesta a la invitación del Consejo Comunitario Prodefensa del Río Tapaje, el @FondoFenoge, junto a @MinEnergiaCo y @UdenarDigital llevó a cabo un recorrido para realizar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad en El Charco, Nariño.
#EnergíaPacífico
@dgomezco “...Nos decimos una mentira colectiva siempre, los Conpes se cumplen, los planes de desarrollo se cumplen y por qué este país está tan mal” @Portafolioco
Es mejor que quienes gobiernan sean sinceros!. Es preferible.
Se equivocan quienes argumentan que la desaceleración de la economía es un efecto de los altos impuestos a las empresas que estableció la reforma tributaria de 2022. Fue la reforma tributaria del gobierno Duque (2021) la que elevó a 35% el impuesto de renta a la empresas. La de 2022 eliminó beneficios sectoriales injustificados; mejoró la progresividad de los impuestos pagados por las personas naturales, y se enfocó en sectores con ganancias extraordinarias para mejorar el financiamiento de la inversión pública. Como ya lo he dicho, el reto actual es ejecutar bien los recursos públicos para reactivar la economía.
La contaminación del aire, un asunto de vida o muerte.
El #DNP reveló que en Colombia la degradación ambiental por contaminación del aire cobra la vida de más de 7 mil personas al año.
Conozcan los detalles en este estudio: https://t.co/eGMvdSDADj
#DNPCentroDePensamiento
Algunos partidos políticos viven hablando muy mal de los profes, lo que no saben es que los jóvenes no creen en los partidos (solo el 14%) Por el contrario, los jóvenes confían mucho en los docentes y las U. públicas (77%) y privadas (59%). VIII estudio @cifrasyconcepto@URosario
Hilo recomendado. A propósito los resultados de los últimos días. Debemos repensar la importancia que le damos a los rankings. Lo mas importante, como el impacto social y ambiental de nuestras universidades, especialmente en Latinoamérica, es desplazado.
Según el artículo 20 de la Constitución, es un derecho fundamental "recibir información veraz e imparcial". La politización de algunos medios -no todos- ha conducido a la desconfianza del público. Toda información se debe confirmar tres o cuatro veces. Hemos retrocedido.
Ante la crisis de credibilidad que atraviesan los medios y el enojo que manifiestan cada vez en mayor medida las audiencias, pienso que la prensa debería recuperar dos figuras importantes y adaptarlas a los nuevos formatos: el verificador de datos y el defensor del lector.