¿Se acuerdan cuando el COHEP, meses antes de las elecciones, respaldó a Nasry Asfura al señalar que era el candidato con la “mejor propuesta económica para Honduras”?
Ahora, tras más de seis meses de su gobierno, Honduras enfrenta un menor crecimiento económico proyectado, un alza en la inflación y en el costo de la canasta básica, además de una mayor presión sobre el consumo de los hogares, según datos del propio sector empresarial.
Este es el mismo sector que impulsa las reformas a la ENEE orientadas a mayor participación privada y “eficiencia”. ¿Podemos entonces confiar en los intereses del COHEP para decirle al pueblo hondureño qué es y qué no es beneficioso para la economía del país?
Por coherencia democrática, no se puede exigir la aplicación del juicio político sin reformarlo cuando la Corte IDH ya ha dejado claro que, tal como está diseñado, pone en riesgo el debido proceso. Pedirlo es avalar un mecanismo que la propia justicia interamericana condenó.
1/10. La sentencia que inaplicó el art. 239 constitucional (prohibición de reelección) es ilegítima de origen. Dicho artículo es pétreo según el art. 374, irreformable incluso por los poderes constituidos. Su modificación solo corresponde al pueblo soberano, no a un tribunal.
1/2. El Congreso logra los votos para vulnerar el principio de separación de poderes, promover juicios políticos al margen de obligaciones internacionales y criminalizar la salud reproductiva de mujeres, incluso en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo para la madre.
Recuerden que los medios corporativos en Honduras tienen la capacidad y las herramientas para investigar y exponer la corrupción en el país, pero prefieren dedicar sus recursos a lavarle la imagen, día y noche, a un narcotraficante.
En el caso del pueblo garífuna de San Juan, el sistema de justicia asume que son una comunidad de criminalidad organizada para encarcelarlos. Pero a quienes son condenados por narcotráfico o señalados por corrupción, ese mismo sistema les pone una alfombra roja hacia la libertad.
La "justicia selectiva" en Honduras se concreta cuando al pueblo garífuna se le criminaliza por defender su territorio y el Poder Judicial ordena que sean juzgados en un Juzgado de Criminalidad Organizada, y a Juan Orlando Hernández se le suspenden las órdenes de captura.
NO instale la nueva app del gobierno BIEN si no ha leído la política de privacidad y de uso. Léala, hay puntos bien preocupantes sobre el uso de sus datos, la intervención de privados y la falta completa de protección del Estado sobre sus derechos. Aquí algunos puntos: 1. La app recopilará información sobre el dispositivo en el que la use pero además la podrá compartir con quien esté aliado, además 2. La responsabilidad se la deja a usted y si entra en controversia no se encarga el Estado sino el sector privado
Vaya, por si no le creen a LIBRE que la privatización de la ENEE va, aquí una explicación técnica de Dennis Rivera; académico de la UNAH y miembro del Colegio de Ingenieros mecánicos, electricistas y químicos de Honduras.
Tómese estos 8 minutos para escuchar con atención y que después no diga que no se le advirtió.
Juan Orlando Hernández tiene tanto poder que puede ordenar al Poder Judicial violentar una cláusula petrea para reelegirse ilegalmente y hoy, para que le suspendan las órdenes de captura en su contra a pesar de tantas evidencias sobre corrupción y su condena por narcotráfico.
"Perdonen mi Castellano", pero así va la estructura nepotista en SECAPPH, sin artistas, ni cultura...
Que viva el familión, y los agregados sentimentales.