El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupados por comprar y vender aticazos, han hecho caso omiso a una demanda social que debería haber sido resuelta por quienes tienen esa responsabilidad principal.
El Gobierno va a dar una respuesta, pero pido altura de miras a los grupos parlamentarios para aprobar un Real Decreto Ley de Vivienda que es imperioso sacar.