Olivia
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Daniel Healy
@dhealy13
Sonorense, Periodista
Hermosillo, Sonora
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Esta semana fue lanzado el documental ¿Ballenas o Gas? que aborda la amenaza que representan las plantas de licuefacción de gas que se pretenden construir en la costa del Golfo de California.
El documental es dirigido por el director británico Hugh Pearson. La versión en inglés es narrada por la actriz y activista ambiental Jane Fonda y en español por la actriz y cantautora Ximena Sariñana. https://t.co/wwB7TbJzSM
TOÑO PRIVATIZARÁ MÁS LA BASURA
EL MODELO PRIVADO YA COSTABA EL DOBLE Y AHORA QUIEREN CONCESIONARLO POR 20 AÑOS
La decisión de continuar con el modelo privado ya está tomada y ahora quieren definir quién manejará buena parte de la basura de Hermosillo durante los próximos 20 años en un proceso de apenas 15 días. El Ayuntamiento publicó la convocatoria el 5 de octubre y estableció como fecha límite el 20 de octubre para recibir las propuestas de las empresas interesadas. Quince días para presentar ofertas que podrían comprometer el manejo de la basura de Hermosillo durante dos décadas.
El alcalde Antonio Astiazarán no está entregando la recolección domiciliaria. Los camiones que pasan por las casas y los trabajadores seguirán siendo municipales. Lo que se concesionará es prácticamente toda la cadena posterior: transferencia, trasvase, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Una parte importante de estas actividades ya se encuentra en manos privadas, pero ahora se pretende garantizar su continuidad mediante una nueva concesión de largo plazo.
La convocatoria CP-DGSPM-TC-01-2026 establece que el contrato podrá durar hasta 20 años y comprende la operación integral, modernización y cumplimiento ambiental del sistema municipal, incluidos los rellenos sanitarios de Lista Blanca, en Hermosillo, y el de la comisaría Miguel Alemán. No se trata, por lo tanto, únicamente de recibir camiones y enterrar basura.
Pero existe un antecedente económico que resulta difícil de ignorar. En 2020, el entonces director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza, declaró que Hermosillo pagaba aproximadamente 60 millones de pesos anuales a TecMed, mientras calculaba que el Municipio podría hacerse cargo de la operación por aproximadamente 30 millones de pesos. Según aquella estimación, el esquema privado resultaba prácticamente el doble de costoso.
Las cifras corresponden a 2020 y no demuestran que la nueva concesión vaya a costar exactamente el doble. Tampoco se ha publicado una comparación actualizada de ambas modalidades con el mismo alcance de servicios. Pero precisamente por eso surge una pregunta: si el propio Ayuntamiento había identificado la posibilidad de reducir considerablemente los costos, ¿por qué ahora vuelve a apostar por una concesión privada de hasta dos décadas?
Hay otro detalle importante. El terreno del relleno sanitario de Hermosillo es propiedad del Ayuntamiento, según declaraciones oficiales de 2020. El Municipio también cuenta con camiones, empleados y experiencia en el manejo de los residuos. Entonces, ¿qué infraestructura tendrá que aportar la empresa, cuánto invertirá realmente y cuánto cobrará por tonelada durante los próximos 20 años?
En 2025, una investigación reportó una tarifa de 286 pesos por tonelada y pagos cercanos a 6 millones de pesos mensuales por el esquema concesionado. Y todavía en marzo de 2026, trabajadores municipales denunciaron demoras de varias horas para descargar basura en el relleno, en medio de controversias económicas entre el Ayuntamiento y TecMed.
A pesar de estos antecedentes, el Cabildo aprobó el pasado 5 de octubre mantener el modelo concesionado que ha funcionado durante aproximadamente tres décadas. Ese mismo día apareció la convocatoria oficial, firmada por el alcalde Antonio Astiazarán y el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Padilla.
El procedimiento establece que los interesados deberán pagar 60 mil pesos no reembolsables para obtener el paquete de condiciones de la concesión. El registro comenzó el 6 de octubre, la visita voluntaria a las instalaciones será el 14 y la recepción de propuestas terminará el 20 de octubre a las 13:00 horas. Posteriormente, la Comisión de Servicios Públicos analizará las solicitudes y Cabildo decidirá al ganador mediante mayoría calificada.
@sergiozaragoza https://t.co/LaUVO1A82N
3/3
Si Cruz Roja Nacional mantiene su decisión hasta que concluya el periodo, estará defendiendo esa independencia. Pero si Durazo consigue que cambien anticipadamente al delegado como consecuencia de presión política o financiera, la institución puede sufrir un daño enorme de credibilidad.
Porque Cruz Roja puede mantener escrita la palabra “Independencia” en todos sus estatutos. Pero para los ciudadanos lo que contará serán los hechos.
Una cosa es colaborar con un gobierno. Otra es doblarse ante él.
Y entonces aparece el problema más delicado: las donaciones.
Los ciudadanos ya pagamos impuestos para seguridad, salud, infraestructura, agua y servicios públicos, muchas veces recibiendo servicios deficientes. Donamos adicionalmente a Cruz Roja precisamente porque la consideramos independiente del Gobierno.
Si deja de ser vista así, la pregunta será inevitable: si ya le pago impuestos al Gobierno, ¿por qué voy a donar también a una institución que termina haciendo lo que quiere ese mismo Gobierno?
Cruz Roja podría resolver una disputa política en Sonora y perder algo muchísimo más valioso en todo México: la confianza de la ciudadanía.
Medina pide rendición de cuentas dentro de Cruz Roja. Perfecto. Pero Hacienda también tiene que rendirlas.
¿Dónde está el dinero, quién decidió no entregarlo oportunamente, con qué fundamento y qué quieren a cambio?
Porque si una narrativa tendenciosa termina sirviendo para justificar la presión del Gobierno, y esa presión logra doblar a Cruz Roja hasta modificar sus decisiones internas, el problema dejará de ser solamente de Alfonso Durazo.
Será también un problema de credibilidad para Cruz Roja Mexicana.
Y para la ciudadanía quedará una pregunta devastadora: si Cruz Roja deja de ser independiente del Gobierno, ¿quién va a querer seguir donando?
https://t.co/NC3WRbJphz
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Medina centra su argumento en David Andrés Camou León, Carlos Freaner Figueroa y la relación familiar entre ambos. Pero Cruz Roja Mexicana conoce perfectamente esa relación. Ya decidió quién dirige la delegación de Sonora y, hasta donde se ha acreditado públicamente, no existe una irregularidad que invalide ese nombramiento.
El periodo tiene además una duración definida. La siguiente decisión sobre la dirigencia corresponde cuando concluya el mandato actual, dentro de aproximadamente dos años.
Por eso utilizar ahora ese parentesco como eje de la discusión puede terminar siendo una forma de influir en la opinión pública para justificar un cambio anticipado que Cruz Roja Nacional no ha considerado necesario.
El verdadero foco rojo aparecería si Alfonso Durazo logra forzar que Cruz Roja Mexicana cambie al delegado antes de terminar su periodo.
Ahí ya no estaríamos hablando de Camou ni de Freaner. Estaríamos hablando de la independencia de Cruz Roja Mexicana.
Si existe alguna irregularidad interna, corresponde a Cruz Roja Nacional investigarla. Que revise actas, estatutos, nombramientos y procedimientos. Pero esa decisión le corresponde a Cruz Roja, no al gobernador de Sonora ni a Hacienda.
El Gobierno puede fiscalizar recursos públicos, exigir comprobaciones y denunciar irregularidades financieras. Lo que no debería poder hacer es utilizar recursos destinados a Cruz Roja para influir en sus decisiones internas.
Y la pregunta sigue intacta: ¿dónde está el dinero?
Si Hacienda tiene fundamento legal para detener o retrasar las ministraciones, que lo publique. Que diga cuánto recaudó, cuánto correspondía entregar, cuánto entregó, cuánto falta, quién tomó la decisión y con qué fundamento.
Medina puede cuestionar a Cruz Roja. Nosotros podemos cuestionar el sesgo de su columna.
Porque cuando un periodista dedica buena parte de su espacio a explicar parentescos mientras la dependencia que tiene el dinero permanece sin dar una explicación suficiente, el resultado puede terminar encubriendo políticamente la cuestión principal, aunque esa no haya sido necesariamente su intención.
La pregunta no es quién es pariente de quién. La pregunta es quién tiene los 36 millones de la cruz roja.
Y si ese dinero estuviera siendo utilizado para presionar un cambio dentro de Cruz Roja, entonces estaríamos ante algo mucho más grave que un conflicto administrativo. Estaríamos ante un intento de influir en una institución que debe ser independiente.
1/3
Si Cruz Roja se dobla ante un gobernador, ¿quién va a querer seguir donando?
Luis Alberto Medina regresó a escribir a El Imparcial con una columna sobre los “focos rojos” en Cruz Roja Sonora. Pero en vez de empezar por la pregunta central —qué pasó con los recursos que el Gobierno recauda y debe transferir a Cruz Roja— puso el reflector sobre la propia institución.
La columna de Medina me parece tendenciosa porque selecciona un ángulo que termina beneficiando políticamente al Gobierno. Concentra la atención en relaciones familiares, nombramientos y supuestas disputas internas, mientras deja en segundo plano la pregunta que realmente importa para los ciudadanos: ¿dónde están los 36 millones de pesos de Cruz Roja?
El contexto también importa. Medina es fundador y director de Proyecto Puente, que dentro de la información proporcionada por diversas dependencias del Gobierno de Sonora al periodista Héctor Yeomans apareció como el medio de internet con mayor monto recibido. El Imparcial acumuló 13 millones 829 mil 878 pesos y Proyecto Puente 4 millones 399 mil 880 pesos.
Es decir, Medina pasó de dirigir el medio digital que más recursos recibió dentro de esa revisión a escribir ahora en El Imparcial, que dentro del mismo ejercicio fue el medio privado con mayor monto.
Eso no demuestra por sí mismo que exista una instrucción del Gobierno ni que Medina escriba a cambio de publicidad oficial. Pero sí crea un contexto que el lector merece conocer y que obliga a preguntarse si existe un posible conflicto de interés, o cuando menos un sesgo, cuando una columna termina justificando o ayudando a justificar la posición del mismo Gobierno que ha destinado cantidades importantes de publicidad oficial a esos medios.
Entiendo perfectamente que los medios necesitan dinero del gobierno para sobrevivir. No cuestiono que Proyecto Puente tenga publicidad oficial ni pretendo decirle a Medina cómo manejar su medio. Esa es su responsabilidad.
Pero El Imparcial es distinto para mí. Es el periódico que fundó mi abuelo, José S. Healy Brennan, y del cual soy socio. Actualmente existen juicios en curso en los que buscamos recuperar la voz y el voto que nuestro padre nos heredó y que nos fueron arrebatados en un contexto que, a nuestro juicio, refleja una preocupante ausencia de Estado de derecho en Sonora. Hoy, además, frente a este tipo de actuaciones, resulta difícil no cuestionar hasta qué punto el periódico ha quedado sujeto a los intereses del poder estatal.
Precisamente por eso, cuando alguien utiliza sus páginas para influir en un asunto de enorme interés público, voy a ser crítico con lo que escriba, especialmente cuando considero que esa narrativa puede servir para justificar, encubrir o desviar la atención de decisiones que ponen en riesgo la operación de una institución cuya función es salvar vidas.
Si mi abuelo pudiera ver que el medio que fundó está siendo utilizado para justificar que se retengan recursos destinados a Cruz Roja, se estaría retorciendo en su tumba.
José S. Healy Brennan ayudó a construir un periódico para informar, cuestionar al poder y servir a la sociedad. Ese esfuerzo fue continuado por mi padre, José Alberto, y por mi hermano, José Santiago. No para encubrir al poder ni para construir argumentos que le faciliten al Gobierno explicar por qué el dinero destinado a ambulancias, paramédicos y emergencias no llega a donde tiene que llegar.
Aquí no estamos hablando solamente de política, cargos o parentescos. Estamos hablando de vidas humanas.
¿“No garantizó la seguridad” significa que no pagó piso?
Lo ocurrido anoche en el CUM de Hermosillo es suficientemente grave por sí mismo: reportes periodísticos señalan que un grupo de hombres armados irrumpió en el inmueble, realizó detonaciones y posteriormente incendió el ring donde este sábado se realizaría “Noche Suprema”, una función de boxeo entre influencers. Un medio local reportó incluso que fueron cuatro individuos y que utilizaron un lanzallamas.
Pero quizá tan preocupante como el ataque sea la explicación que ofreció después la Mesa Estatal de Seguridad.
La autoridad decidió llamarlos “actos vandálicos” y aseguró que estaban dirigidos específicamente contra “la producción y organización del evento”. Inmediatamente después agregó que la función quedaba suspendida porque el promotor, aunque sí contaba con los permisos de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, “no garantizó las medidas de seguridad a las que estaba obligado”.
¿Exactamente qué seguridad esperaba el Gobierno que garantizara un promotor de boxeo ante hombres armados?
Una cosa es contratar guardias para revisar boletos, controlar accesos, separar una pelea entre asistentes o mantener despejadas las salidas de emergencia. Otra completamente diferente es pedirle a una empresa privada que sea capaz de repeler a hombres con armas de fuego que llegan a incendiar deliberadamente un evento.
Eso no se llama seguridad privada. Eso se llama seguridad pública. Y es responsabilidad del Estado.
La contradicción se vuelve todavía más absurda por un pequeño detalle: el CUM se encuentra en Periférico Norte y Solidaridad, contra esquina de una comandancia de la Policía Municipal, ubicación que también consigna la cobertura local.
Es decir: hombres armados pudieron entrar al CUM, hacer detonaciones e incendiar el ring prácticamente frente a instalaciones policiales. Después de ocurrido el ataque, la explicación oficial pone el reflector sobre que el promotor “no garantizó” la seguridad.
Entonces que nos expliquen algo muy sencillo:
¿Cómo iba a garantizarla?
¿Con cinco guardias más? ¿Con diez? ¿Revisando mejor las pulseras de acceso? ¿Contratando cadeneros capaces de enfrentar rifles?
Porque si la policía que estaba prácticamente enfrente no pudo evitar el ataque, resulta extraordinario que la primera explicación pública encuentre necesario señalar las deficiencias de seguridad del organizador.
Y aquí aparece la pregunta que algunos usuarios comenzaron a plantear en internet: ¿esto tuvo que ver con cobro de piso?
No hay, hasta este momento, evidencia pública que permita afirmarlo. Y precisamente por eso la autoridad tiene que aclararlo, no dejar un comunicado redactado de una manera que alimenta todavía más esa sospecha.
La pregunta tampoco surge en el vacío. Apenas esta semana, una columna local recogió el temor a posibles extorsiones después de que dejaran la cabeza de una vaca frente a un restaurante del Raquet Club, aunque señaló también que la Fiscalía rechazaba esa interpretación y manejaba otra hipótesis.
Ahora ocurre algo todavía más espectacular: hombres armados irrumpen en un evento, disparan y queman el escenario principal. Y la Mesa Estatal no habla de un ataque armado en su comunicado. Habla de “actos vandálicos”.
¿Vandalismo?
Vandalismo es romper un vidrio, pintar una pared o destruir mobiliario. Entrar armado, realizar detonaciones y prender fuego deliberadamente al objetivo no debería diluirse detrás de un eufemismo.
Más inquietante todavía es otra frase oficial: los hechos, dice la Mesa Estatal, “estuvieron dirigidos a la producción y organización del evento”.
Si la propia autoridad ya puede precisar que el ataque estaba dirigido contra la organización, entonces debe explicar qué sabe para llegar a esa conclusión.
Si un grupo armado puede hacer esto prácticamente frente a una comandancia, ¿quién es realmente el que no está garantizando la seguridad en Hermosillo?
Listas de los primeros seis días de exportación de ganado por Agua Prieta. ¿Quién decidió quiénes pasan primero?
Unión Ganadera: para los grandes, perdedera para los chicos
La reapertura de la exportación de ganado por Agua Prieta debería ser una buena noticia para todos los productores de Sonora. Después de meses de incertidumbre, finalmente vuelve a abrirse una puerta fundamental para el sector. Sin embargo, las primeras listas de ganado programado para cruzar muestran una concentración importante de espacios en productores y empresas de gran tamaño, mientras pequeños ganaderos siguen esperando.
Reportero H tuvo acceso a relaciones correspondientes a los primeros días de esta reapertura. En ellas aparecen productores con 100, 150, 170, 195 e incluso más de 250 cabezas programadas. Algunos nombres y empresas se repiten en distintos días, acumulando cientos de animales en una etapa en la que la capacidad de cruce sigue siendo limitada.
Uno de los nombres que más llama la atención es Ramón Ángel Castillo, quien aparece con 168 cabezas programadas para el 26 de agosto. Castillo ha sido mencionado públicamente por sus relaciones empresariales con figuras que han estado bajo escrutinio judicial y político, entre ellas Fernando Farías Laguna, recientemente trasladado a México, además de vínculos societarios con empresas relacionadas con Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora.
La presencia de Castillo en la lista no demuestra por sí misma ninguna irregularidad. Tampoco la presencia de productores grandes. El problema está en otra parte: no se conoce públicamente cuál fue el criterio utilizado para decidir quiénes cruzan primero, cuántos espacios corresponden a cada productor y cuánto tiempo deben esperar quienes tienen hatos pequeños.
En una reapertura limitada, cada espacio tiene un valor económico considerable. Cruzar hoy puede significar vender a mejores precios, liberar inventario, recuperar liquidez y dejar atrás meses de pérdidas. Para un pequeño productor que tiene 10, 20 o 30 becerros, quedarse fuera de los primeros turnos puede representar una diferencia enorme.
Por eso la Unión Ganadera Regional de Sonora tiene que explicar con claridad cómo se elaboraron estas listas. Si existe un orden cronológico, debe publicarse. Si se priorizaron ciertos requisitos sanitarios, deben conocerse. Si existe un límite de animales por productor, también debe hacerse público. Y si no existe límite, habría que explicar por qué unos cuantos pueden ocupar cientos de espacios mientras otros siguen esperando.
La discusión no debería convertirse en una confrontación entre ganaderos grandes y pequeños. Los grandes tienen derecho a exportar y a defender sus inversiones. Pero una organización que lleva en su nombre la palabra “Unión” tiene la obligación de garantizar que las reglas sean iguales para todos y que los espacios más valiosos no dependan de cercanía, influencia o relaciones personales.
La reapertura de la frontera puede convertirse en una oportunidad para recuperar al sector ganadero sonorense. Pero para que eso ocurra, la recuperación tiene que alcanzar también al productor pequeño, al que tiene unas cuantas cabezas y depende directamente de cada venta para sostener su rancho.
Porque si los grandes cruzan primero, cruzan más y además repiten turno mientras los pequeños permanecen en espera, la pregunta deja de ser solamente cómo se reabrió la frontera.
La pregunta es para quién se abrió.
36 millones que ya pagaron los sonorenses: ¿por qué no llegan a Cruz Roja?
Hoy son 36 millones retenidos. Mañana puede ser una ambulancia que no llegue a tiempo. Y puede poner en riesgo la vida de cualquier sonorense.
El Gobierno de Sonora mantiene pendientes de entregar a Cruz Roja aproximadamente 36 millones de pesos correspondientes a marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026. Así lo reclama la propia Cruz Roja en un documento oficial dirigido a la Secretaría de Hacienda del Estado.
Y ese dinero no es una aportación voluntaria del Gobierno. De acuerdo con el documento, son recursos que los sonorenses ya aportaron mediante el pago de placas y licencias, con un destino específico establecido en la ley: fortalecer y sostener la operación de Cruz Roja.
Hay algo todavía más difícil de explicar. En julio, funcionarios de Hacienda informaron a representantes de Cruz Roja que los recursos no estaban comprometidos y acordaron realizar ministraciones diarias hasta ponerse al corriente. Poco después, los pagos volvieron a detenerse.
Las consecuencias no son abstractas. La propia institución advierte que su estabilidad financiera sostiene ambulancias, atención prehospitalaria, consultas médicas y acciones humanitarias, y que retrasar estos recursos afecta su capacidad de respuesta.
Y es aquí donde el asunto adquiere otra dimensión.
La retención ocurre, además, en medio de una disputa por el control de Cruz Roja Sonora. Dentro de la institución han circulado versiones que señalan al empresario Jorge Alberto Aguirre Robles, expresidente de Cruz Roja Hermosillo y contratista importante de Grupo México en Sonora, como interesado en recuperar influencia dentro de la organización.
También existen versiones de que la calidad y crecimiento de los servicios de Cruz Roja habrían generado incomodidad frente al deterioro de instituciones públicas como ISSSTE e ISSSTESON.
Tampoco existe, hasta ahora, prueba documental de que Aguirre, Grupo México o el gobernador Alfonso Durazo hayan ordenado retener los aproximadamente 36 millones de pesos.
Pero hay algo que sí es indiscutible: retener recursos de Cruz Roja no es una presión administrativa sin consecuencias. Es poner en riesgo ambulancias, atención prehospitalaria, consultas y capacidad de respuesta en emergencias. Y cuando una ambulancia no puede salir o una atención se retrasa, lo que está en juego no es un cargo: son vidas.
Si el gobernador conoce lo que ocurre, puede intervenir para que Hacienda entregue los recursos. Y si alguna persona vinculada con Grupo México participa en esta presión, la empresa también tiene capacidad para actuar dentro de su ámbito.
Si pueden detenerlo y no lo detienen, la pregunta deja de ser solamente quién dio la orden. También hay que preguntar quién decidió permitir que continuara, aun sabiendo que cada día de retención puede traducirse en menos capacidad para salvar una vida.
Y si algún día se demuestra que el dinero fue retenido para modificar el control de la institución, entonces ya no estaremos hablando de una disputa interna.
Estaremos hablando de utilizar recursos destinados a salvar vidas para doblegar a Cruz Roja.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para controlarla?
Actualización: Después de publicar este artículo, recibimos información adicional, aún no confirmada oficialmente, que señala que Cruz Roja Sonora no habría recibido una cantidad considerable de recursos del Gobierno del Estado de Sonora desde marzo. Estamos buscando documentar el monto y el origen de esos recursos.
La Cruz Roja no se gobierna desde Palacio
La disputa alrededor de Cruz Roja Sonora está llegando a un punto delicado. Cuando una lucha por posiciones de poder comienza a tocar recursos destinados a ambulancias y emergencias, el problema deja de ser interno y puede terminar afectando vidas.
En el centro aparece Jorge Alberto Aguirre Robles, director de Proyectos y Construcciones Virgo, expresidente de Cruz Roja Hermosillo y de CMIC Sonora. En las últimas semanas han circulado versiones de que buscaría recuperar influencia dentro de Cruz Roja Sonora con respaldo político del gobernador Alfonso Durazo. Reportero H no pudo confirmar de manera independiente esas versiones.
Lo que sí es público es que el delegado estatal no lo nombra el gobernador. David Andrés Camou León fue designado el 26 de marzo por el Consejo Nacional de Directores de Cruz Roja Mexicana.
Cruz Roja no es una dependencia del Gobierno de Sonora. El gobernador puede apoyarla y canalizar recursos públicos, pero no decidir quién la dirige.
También han circulado versiones de que determinados recursos destinados a Cruz Roja Sonora estarían siendo retenidos o que se habría planteado retenerlos. Tampoco pudimos confirmar que exista una instrucción formal para hacerlo.
Pero la pregunta debe responderse: ¿hay recursos pendientes de entregar y existe alguna relación con esta disputa?
Porque ese dinero no es de Durazo, de Aguirre ni de ningún funcionario. Es dinero de los ciudadanos de Sonora, destinado a ambulancias, combustible, mantenimiento, equipo y atención de emergencias.
Si recursos públicos llegaran a utilizarse como instrumento de presión, estaríamos frente a algo mucho más grave que una disputa por un cargo.
El nombramiento de Camou corresponde a la estructura nacional de Cruz Roja. Si alguien quiere cambiarlo, deberá hacerlo por los procedimientos de la propia institución.
No desde Palacio. Y mucho menos poniendo en riesgo la atención de una emergencia.
¿Por qué hay un séptimo aspirante?
En política, algunas veces el personaje aparentemente menos importante termina siendo la pieza que modifica todo el tablero. Eso puede estar ocurriendo en Sonora.
Durante semanas, Morena presentó públicamente a seis aspirantes rumbo a la definición de quien encabezará la coordinación estatal y eventualmente buscará la gubernatura. Pero apareció un séptimo: Carlos Manuel “Charly” Soto Hernández, quien se registró electrónicamente y cuyo registro terminó siendo validado por la Comisión Nacional de Elecciones.
La pregunta interesante no es si Charly puede ganar. Es otra: ¿qué cambia por el simple hecho de que exista? Mucho.
Los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena establecen que cuando existen más de seis registros para un mismo cargo puede realizarse un sondeo de opinión para identificar a los seis aspirantes con mayor reconocimiento territorial antes de pasar a la encuesta definitiva. Y eso es precisamente lo que Morena anunció para Sonora: un sondeo entre siete para seleccionar a seis.
Por eso siete no es simplemente seis más uno. Siete cambia el proceso.
Imaginemos que Charly nunca se hubiera registrado. Habría seis aspirantes. No sería necesario reducirlos a seis porque ya serían seis y el proceso podría avanzar hacia la encuesta definitiva sin ese ejercicio adicional de reconocimiento.
Pero al aparecer el séptimo surge una primera medición. Y una encuesta, incluso cuando solamente pretende medir conocimiento, produce información. Permite saber quién está fuerte, quién está débil, qué tan grandes son las diferencias y cómo se distribuye territorialmente el reconocimiento de los distintos aspirantes. Esa información tiene un enorme valor político.
Pensando mal —y dejando perfectamente claro que entramos aquí al terreno de las hipótesis— aparece una pregunta incómoda: ¿qué sucede si quienes tienen influencia sobre el proceso esperan determinado resultado y esa primera fotografía muestra algo diferente?
Con una sola encuesta, cuando conoces el resultado posiblemente el juego ya terminó. Con dos mediciones existe un espacio entre la primera fotografía y la decisión definitiva. Y ese espacio significa tres cosas muy importantes en política: información, tiempo y capacidad de reacción.
Eso no demuestra manipulación. No existe evidencia pública que permita afirmar que Morena pretenda alterar la encuesta definitiva ni que Charly haya sido incorporado para conseguir ese propósito. Pero tampoco puede ignorarse una realidad elemental: quien conoce el tablero antes de la partida definitiva dispone de información que no tendría si solamente existiera una medición.
Existe, sin embargo, una segunda hipótesis posiblemente todavía más interesante: ¿y si Charly realmente llegó solo? El propio aspirante ha manifestado sentirse excluido y ha señalado que no lo invitan a reuniones y actividades de los demás participantes. Su registro fue electrónico y durante un tiempo incluso existió incertidumbre pública sobre si sería aceptado. Todo eso podría apuntar exactamente en dirección contraria a una operación política: Charly pudo simplemente haber decidido registrarse por su cuenta.
Perfectamente posible. Pero entonces aparece otra pregunta. Si el séptimo llegó sin formar parte de ningún acuerdo y quienes tienen influencia política sobre el proceso no desean esa medición adicional, ¿qué ocurriría si uno de los demás aspirantes dejara de participar antes del sondeo? Si las reglas permiten que una declinación en ese momento reduzca oficialmente el número de participantes, siete volverían a ser seis y desaparecería la razón de realizar el filtro.
Por eso quizá resulte más revelador observar lo que suceda después que discutir únicamente cómo llegó Charly. Si los siete permanecen hasta el sondeo, significará cuando menos que nadie con capacidad política suficiente quiso —o pudo— evitar esa primera medición.
@DoliaEstevez @dossierpolitico Hola, Dolia. ¿Quienes te pasaron la lista te dijeron por qué no te enviaron la página donde aparecen los periódicos locales? Según la información oficial de transparencia, son los que más recursos reciben.
La Red de las riberas
https://t.co/vNdSY9RVac
@DurazoConr17045 @NARANJERO75 @Jorge_MoralesB @ogarzon13 @acastrejon @ricardoaayala @bhehehr @elarielbe @jcubedo @JeChuyHuerta @BenjaminGaxiola @alexeron2018 @Nestorobampo Es información pública. Tanto el Gobierno del Estado como el Ayuntamiento de Hermosillo deberían publicar todos los convenios con medios, sus montos y los criterios utilizados para asignarlos.
@DurazoConr17045 @NARANJERO75 @Jorge_MoralesB @ogarzon13 @acastrejon @ricardoaayala @bhehehr @elarielbe @jcubedo @JeChuyHuerta @BenjaminGaxiola @alexeron2018 @Nestorobampo Según lo que me dijeron, los montos reales son más o menos el triple de lo que aparece en esa lista de 2022, y eso ya se puede observar en algunos de los que aparecen en ambas listas.
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