¿Para qué hay funcionarios si los funcionarios se pliegan a las presiones de arriba?
Esa es, en teoría, LA RAZÓN de que existan puestos de funcionarios: que puedan negarse a hacer barrabesadas (pun intended).
No quieren soltar el cargo, el sueldo, la prebenda, el poder. Harán lo que haga falta. Atacar a jueces, perseguir a funcionarios, calumniar a policías, acosar, señalar, mentir, difamar, amenazar. Es impresionante.
Ufff, el cabreo porque Aldama haya tirado de la manta y esto anime a otros a hacer lo mismo delata a demasiados.Solo si prefieres la impunidad puedes usar ese argumento.
Hay mucha gente que no se está enterando de nada. Mira a corto y es incapaz de ver la razón de la desproporcionada reacción de ayer o de la reunión urgente del CGPJ.
Hay una amenaza real al Estado de derecho... y no es la que el PSOE indica: es la que promueve.
Si eso sucede, se acabó. El edificio democrático español no aguanta un año más de asalto. Y la presencia de ciertos apparatchik en América me hace temer lo peor, compra de votos incluida. ¿Por qué no vendería alguien su voto en un país que ni conoce ni le importa ni le afecta?
¿Cómo es posible que entre seis y nueve millones de españoles, dependiendo del estudio demoscópico, sigan dispuestos a votar al PSOE aunque Pedro Sánchez repita como número uno de la lista?
De mi puño y tecla en @TheObjective_es https://t.co/gJA1kev25O
Un país en el que se espía a una jueza, se la extorsiona incluso usando a la Agencia Tributaria y se compra con ascensos a varios testigos de un juicio contra el hermano del presidente es un país en el que es peligroso vivir. Esto lo ve cualquiera medio despierto
Esta mañana nos hemos despertado con UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz, y también en otros inmuebles vinculados al caso (despacho de Gaspar Zarrías, casa de Santos Cerdán en Milagro, residencia de Javier Pérez Dolset).
Posteriormente se ha conocido un auto del juez Santiago Pedraz fechado el 26 de mayo, que he recibido hace unas horas, en el que ordena la operación para recabar una larga lista de documentación.
El auto está bajo secreto, pero su contenido ha trascendido y lleva todo el día provocando una guerra de relatos.
De un lado algunos han titulado “la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE”.
Del otro lado, RTVE y medios afines, lo despachan como “un simple requerimiento de información en el caso Leire Díez, no es un registro”.
Y la verdad es que no tienen razón ni unos ni otros.
Lo que el auto autoriza son dos figuras jurídicas distintas pero relacionadas.
La principal es un requerimiento judicial al PSOE para que entregue documentación detallada.
La subsidiaria es una entrada y registro forzoso en la sede, que se activa automáticamente si el partido se niega a entregar lo pedido, sin necesidad de un nuevo auto.
El plazo autorizado para la diligencia es de 24 horas: de las 7:00 del 27 a las 7:00 del 28 de mayo.
Lo que ocurre hoy en Ferraz es la primera, no la segunda… al menos por ahora.
El PSOE está colaborando, la UCO está recibiendo documentación y, por tanto, técnicamente esto no es un registro forzoso.
Hasta ahí, tienen parte de razón quienes lo llaman “requerimiento”.
Pero llamarle “un simple requerimiento” es ocultar la mitad de la foto.
La UCO está físicamente dentro de la sede nacional del partido del Gobierno durante 24 horas, con autorización judicial, recabando volcado íntegro de correos, libros contables, registros de visitas, matrículas, contratos con despachos y campañas de publicidad.
La autorización de registro subsidiario está activa: si en cualquier momento se aprecia que el partido no está entregando todo, los agentes pasan al registro forzoso sin pedir permiso a nadie.
Y la causa por la que están ahí no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor.
Son nueve tipos penales que incluyen organización criminal, cohecho a fiscales, revelación de secretos y delito contra las instituciones del Estado.
En sentido estricto, lo que está pasando es un requerimiento judicial ejecutado in situ con presencia policial y bajo amenaza de registro subsidiario.
Eso no es un registro, pero tampoco es lo mismo que un email o fax pidiendo papeles.
Lo más exacto sería llamarlo lo que es: una diligencia de obtención de prueba en sede de partido, con la UCO dentro y con la autorización judicial sobre la mesa.
En los siguientes posts voy a intentar contar lo que dice el auto lo mejor posible.
La valoración la sacáis vosotros al final.
Empezamos. 🧵
Esto, lo del jefe de la UDEF con la casa empapelada en chistorras y los miles de euros en efectivos para “cuidar jueces, discales y policías” es lo más grave de todo lo que estamos conociendo.
Primero os pasáis días señalando a Jon, publicando dónde trabaja, reconstruyendo su biografía y orquestando un linchamiento público. Cuando se cierra la cuenta, la culpa la tiene el BBVA. Vosotros solo pasabais por allí.
Y de paso se cae vuestro propio argumento inicial. Si el BBVA es el que ha forzado el cierre, es porque su actividad en redes no defendía la posición del banco, sino que la incomodaba. Llevábais semanas insinuando que Jon era el portavoz oculto de los intereses del BBVA, y ahora resulta que el banco prefiere que se calle. No se sostiene ni cinco minutos.
Habéis ido a por el empleado, no por la empresa. Habéis hurgado en su nómina, no en sus datos. Habéis convertido un debate sobre pensiones e impuestos en una caza personal. Y ahora que ha funcionado, exigís que se señale como responsable a la entidad para no asumir vuestro propio papel en el linchamiento. Es la cobardía elevada a método.
Si tuvierais un solo argumento sobre el fondo, lo habríais usado. No lo teníais. Por eso escogisteis el atajo: destruir al mensajero y luego lavarse las manos.
Algunos llevan demasiado tiempo acostumbrados a que el cargo, la forma, incluso la edad, sean suficiente excusa para cubrir el vacío total de datos y argumentos. Pues no lo es, o ese señor ofrece públicamente los detalles de su estimación, o su valor es exactamente cero, igual que cuando este mismo diputado hizo mal los números más básicos del IRPF la semana pasada.
Esto lo contamos en ElPaís entonces. Sánchez, encolerizado, fue a accionistas de Prisa a pedir despido de directivos por revelarlo. (Uno de ellos, el director hoy del Objective, que tuvo la exclusiva). Creó una cosa llamada PSOELab para injuriarnos. Después se hizo con todo.