“La paz y la guerra son estados de conciencia, por lo que toda dictadura o régimen reclama, sin saberlo, el monopolio de la estupidez. .” Pedro Aja Castaño
🇨🇴🧐| ¡INAUDITO! En menos de 5 minutos la senadora María Clara Posada nos explica cuáles han sido los mayores escándalos del presupuesto de la JEP:
❌ $40.365 millones de pesos en defensa jurídica para los criminales de las FARC.
❌ $600 millones de dólares tenía las FARC en el 2019 según la revista FORBES clasificándolos como el 3 grupo terrorista más rico del mundo. Ellos debieron pagar su propia defensa según el mismo acuerdo de paz.
❌ $160.000 millones de pesos en el arrendamiento de la sede principal. Estamos hablando de un edificio cuyo avalúo ronda los $45.000 millones, es decir, la JEP ha pagado 5 veces el valor del edificio solo en arriendo.
❌ Los dueños de este edificio son anónimos y sus cuentas bancarias se crearon después del acuerdo de paz y se encuentran en paraísos fiscales.
❌ $56.000 millones de pesos solo en tiquetes aéreos a destinos como Paris, Miami, Panamá, Sevilla, Chicago, entre otros.
Que no nos quede la más minimalista duda, la JEP se tiene que acabar.
¿Puerta giratoria en la JEP?
Harvey Danilo Suárez, Secretario Ejecutivo y encargado de la contratación de la entidad, antes de estar vinculado a la JEP tuvo 11 contratos entre 2006-2018 con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD de acuerdo a la información que él mismo publicó en el SIGEP.
Recordemos que la JEP ha firmado 22 convenios con el PNUD por $182.120 millones por derecho privado, a dedo, que explican en buena medida el interés de la ONU por mantener intacto el presupuesto de la entidad.
¿Suárez informó de este posible confilcto de interés antes de entregarle al PNUD $182.120 millones?
Siguen surgiendo dudas sobre el manejo de la JEP y las explicaciones brillan por su ausencia.
Eran tan cínicos que ni se tomaron la molestia de cambiar el objeto contractual para disimular un poco el evidente saqueo.
La pregunta que uno se hace como senador, y que seguramente se hará todo el país, es: ¿dónde estaban los entes de control?
Que no soy madre comunitaria ni trabajadora social? Por supuesto que no!!Y las respeto profundamente.
Pero el ICBF no se dirige solo con vocación social, se GERENCIA. Son 12 billones de pesos que exigen conocimiento financiero, administrativo y contractual.
Como no encuentran nada, congresistas nos inundan con derechos de petición y ahora cuestionan mi experiencia. Pues les tengo noticias, llegó alguien que sabe leer estados financieros, revisar contratos y seguirle la pista a cada peso.
A los que creían que el presupuesto de la niñez era su caja menor, se les acabó la fiesta! Aquí no se van a robar ni un patacón.
Voy más allá: todo el ejército de procuradores y contralores delegados andan en súper camionetas del Estado.
No existe ninguna razón para que le tengamos que pagar carros de 500-600 millones a un “contralor delegado”.
A pie, en taxi o se paga su carro. Punto.
No es por ser cansón, pero realmente la JEP es el colmo y su presidente, Ramelli, también. Pare bolas a este dato:
Durante el gobierno de Petro, recortaron el presupuesto destinado a salvaguardar a las víctimas en un 92,4 %, mientras el presupuesto general de la entidad crecía año tras año. Y nunca dijeron nada.
Pero cuando logramos reducir en 170 mil millones de pesos el presupuesto de la JEP para 2027, ahí sí Ramelli se despelucó.
¿Y qué fue lo primero que dijo que iba a recortar? ¡La protección a las víctimas! Qué contradictorio el señor, ¿cierto? En la JEP, todo es una vergüenza.
Dizque "gracias a la JEP sabemos" que en Colombia secuestraron a miles de personas. No sean descarados. Eso lo supimos día a día durante muchos años; nos lo contaban las familias, lo denunciaban en radio @herbinhoyos y en su trabajo la ONG País Libre
Ahora sabemos que Miguel Uribe fue chuzado por el gobierno. Sabemos que pidió más de 20 veces reforzar su seguridad y la UNP se lo negó. Sabemos que hubo infiltración de su esquema. Y sabemos que después lo asesinaron. Tiene todas las características de un crimen de Estado.
#ATENCIÓN
Con chats, celdas de teléfono y testimonios reconstruimos la ruta de la coima de los carrotanques de la UNGRD.
Recogida el 2, 3 y 4 de enero y llevada al apartamento de SolAngel Torres, mano derecha de Vladimir Fernández.
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Lo que empieza mal
El 2 de octubre de 2016 los colombianos respondieron. Ganó el No con 6.431.376 votos frente a 6.377.482 por el Sí.
Ese resultado representa una relevancia constitucional que ninguna interpretación retrospectiva debería borrar.
Pero legalidad y legitimidad no son conceptos idénticos. Acá se perdió la legitimidad del proceso.
Columna completa :
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@elcolombiano
Y el oscuro Vladimir sigue como si nada, como si esto no fuera con él. Y ahí está, sentado en la Corte Constitucional, una de las instituciones llamadas a salvaguardar los derechos de los colombianos. Inaceptable.
Mientras a Andrés Felipe Arias la justicia de otrora condenó a 17 años de cárcel x apropiación de terceros, la justicia corrupta de ahora condena a 3 años de estadía en su casa a Miguel Quintero x apropiación personal e interés en la celebración de contratos. Justicia de mierda
SEMANA revela cómo el Icbf, en el gobierno de Gustavo Petro, pagó por el arriendo de una casa en el Valle del Cauca el mismo valor del alquiler del penthouse de Ricardo Roa.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, recorrió el Valle del Cauca durante la semana anterior y descubrió un nuevo hallazgo de la administración de Gustavo Petro en esa entidad que podría tipificarse como otro escándalo nacional de corrupción: el arriendo de una propiedad en el municipio de Sevilla, de 400 metros cuadrados, por el que se pagaron casi 50 millones de pesos mensuales. Nunca fue ocupada por los funcionarios del Instituto en la regional del Valle del Cauca que laboran en esa ciudad, ubicada a dos horas y media de Cali, y donde el costo de vida no es tan elevado.
El arriendo del predio, a juzgar por el precio, se equipara con el canon de arrendamiento del penthouse de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, calificado por la inmobiliaria Pizo como el “penthouse más exclusivo de Museo Chicó”. Además de sus lujosas características, está ubicado sobre la calle 91, en el norte de Bogotá. Por el polémico apartamento de Roa se piden 40 millones de pesos mensuales.
SEMANA conoció los detalles de este contrato que tienen a la directora María Carolina Restrepo con los pelos de punta y a punto de enviar la denuncia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por posibles sobrecostos e incumplimientos.
El valor inicial del contrato fue de 409.333.027 millones de pesos durante siete meses, es decir, hasta el 31 de julio de 2026. En cifras, se refiere a 57.943.480 pesos mensuales, algo más de 1.900.000 pesos por día. Con esos más de 400 millones, ¿no era más factible comprarse unas instalaciones de propiedad del Icbf en Sevilla, Valle? Es una de las preguntas que se plantean desde Bogotá.
Roban a manos llenas y, mientras la justicia los "investiga", los mandan a descansar a su casa con detención domiciliaria.
Qué drama tan terrible debe ser reflexionar sobre la ética desde la comodidad de su piscina. 🏊♂️💸 #AsíNoSePuede
Al congresista Daniel Briceño le tienen más envidia que rabia… brilla con luz propia, es asertivo, valiente y decente. No es zurdo, ni lagarto, tampoco politiquero. Y no tiene precio.
Por eso se ha ganado la confianza de los ciudadanos que se mamaron de los corruptos y de los politiqueros.
@Danielbricen
El plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos fue el peor atentado contra la democracia en este siglo en Colombia. La mayoría dijo NO en las urnas, pero Santos hizo todo para que fuera SÍ.
10 años después vemos las consecuencias, impunidad para los peores criminales, cocaína por todos lados y 4 años del Gobierno Petro en el que se robaron todo y empoderaron a los bandidos.
Santos es el primer gran responsable de la tragedia que han vivido los colombianos. Pero sigue sin responder.
@JuanManSantos
🇨🇴🧐LA CORTE NO DEBE DEFENDER A SUS MAGISTRADOS: DEBE DEFENDER SU MAJESTAD
Una Corte Constitucional tiene dos bienes distintos que proteger: los derechos del magistrado cuestionado y la confianza pública en la institución. El primero puede defenderlo el propio magistrado con todas las garantías del debido proceso. El segundo corresponde protegerlo a la Corte mediante distancia institucional, transparencia y aplicación rigurosa de sus mecanismos de imparcialidad.
La presunción de inocencia de un magistrado no necesita ser proclamada por la Corte Constitucional: la garantiza la Constitución. Lo que sí necesita protección especial es la majestad, independencia e imparcialidad de la propia Corte.
Cuando uno de sus integrantes enfrenta cuestionamientos públicos que deben ser esclarecidos, la institución no debería confundirse con la persona ni prestar su autoridad para anticipar defensas que corresponden al magistrado interesado.
Más discutible aún resulta afirmar, sin matices, que una situación personal de un magistrado no compromete la validez de las decisiones colegiadas. Si fuera siempre así, carecerían de sentido los impedimentos, las recusaciones y las reglas destinadas precisamente a garantizar la imparcialidad de quienes integran los tribunales colegiados.
La colegialidad protege la deliberación; no purifica automáticamente cualquier eventual conflicto individual. Y la presunción de inocencia protege al magistrado; no releva a las instituciones de preservar la apariencia y la realidad de imparcialidad.
Amén