Reflexiones sobre los planteamientos económicos del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez
En entrevista concedida a la Revista Semana, presentó un diagnóstico económico que no se compadece con la realidad y los datos oficiales. Pese a ello, plantea la necesidad de un ajuste del gasto público, sin reflexionar sobre la importancia de seguir profundizando en la progresividad tributaria (los que más tienen, más deben pagar). Esto indica que no será un principio orientador de la política fiscal.
🛑El nuevo ministro habla de "parranda"; los datos oficiales hablan de crecimiento, menos pobreza, menos desigualdad, menos desempleo y más empleo. El verdadero guayabo lo deja un discurso que pretende borrar estos resultados para justificar un programa de austeridad.
🛑Evade los resultados del crecimiento económico que revelan una economía menos dependiente del extractivismo.
🛑El enfoque de las políticas públicas será: menos Estado, menos inversión pública y menos protección social.
🛑Presentar la austeridad como la única salida es ocultar que existen alternativas basadas en progresividad tributaria y mayor justicia fiscal.
🛑Concibe el salario como un costo, no como un instrumento de redistribución del ingreso, ni como un promotor de mayor consumo y dinámica económica
Analicemos los planteamientos
1⃣Dijo: "aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo"
Calificar los últimos cuatro años como una "parranda" constituye una afirmación política que desconoce los resultados económicos y sociales obtenidos durante el gobierno @petrogustavo.
Las cifras oficiales desmienten al nuevo ministro y 4 datos y gráficas revelan que sus diagnóstico no tiene sustento.
✅Crecimiento sostenido de la economía de 0,8% a 2,6% (ver gráfico 1)
✅Reducción significativa de la pobreza monetaria (34,6% a 28%) y pobreza monetaria extrema (12,6% a 9,6%). Ver gráficos 2 y 3.
✅Disminución gradual de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini de 0,553 a 0,531 (gráfico 4).
✅Recuperación del empleo y reducción sostenida a niveles históricamente bajos del desempleo (8% en mayo).
✅Reducción de la informalidad de 57% a 54%.
Estos resultados estuvieron acompañados por una política económica que fortaleció la inversión social, recuperó el papel redistributivo del Estado y protegió el ingreso de los hogares más vulnerables.
Frente a la frase del ministro: “aquí hubo una parranda de cuatro años y ahora viene el guayabo”, con estos resultados queda comprobado que no hubo ninguna "parranda". Lo que hubo fue un gobierno que redujo la pobreza, disminuyó la desigualdad, llevó el desempleo a mínimos históricos y mantuvo el crecimiento económico.
Si esos son los resultados de una "parranda", entonces el problema no son las cifras, sino el relato. Los datos oficiales desmienten la caricatura. Los calificativos pueden servir para hacer política de mala calidad, pero no sustituyen la evidencia, donde claramente no hubo "parranda", sino que queda un balance económico que merece ser discutido con datos y no con consignas. La verdadera resaca la deja un discurso que pretende borrar estos resultados para justificar un programa de austeridad.
2⃣ Propone reducir el gasto antes que fortalecer los ingresos
Plantea que la prioridad será reducir el gasto y posteriormente revisará la estructura tributaria. Este enfoque invierte el orden de las prioridades que requiere la economía colombiana y la aplicación del principio constitucional de progresividad. La progresividad no empieza en el gasto, inicia en la tributación; además, no es una opción política; es un mandato del artículo 363 de la Constitución.
Además, el problema fiscal del país no radica únicamente en el nivel de gasto, sino en el desacople estructural e histórico que existe entre ingresos y gastos, donde los ingresos crecen más lentamente que el gasto; también en el espacio que existe para que personas naturales y jurídicas con altos ingresos tributen más.
El nuevo ministro quiere hacer creer que la situación fiscal y el déficit obedecen a un exceso de gasto, cuando buena parte de la situación se explica por factores estructurales y extraordinarios, entre ellos la reducción del recaudo ocasionada por decisiones de las ramas legislativa (Congreso) y judicial (Cortes) que impidieron la entrada en vigencia de importantes medidas tributarias, lo cual no le merece ninguna referencia. Su silencio es como si desconociera estos hechos o los avalara; ambas posturas revelan que su diagnóstico de impreciso, débil y selectivo. Reducir el déficit exclusivamente por la vía del gasto significa trasladar el costo del ajuste a quienes menos tienen, mientras se renuncia a discutir si quienes más tienen están aportando lo que constitucionalmente les corresponde.
Lo destacable es que pese a estos obstáculos se lograron los avances sociales mencionados antes que terminaron beneficiando a millones de colombianos.
El nuevo ministro utiliza la idea de exceso de gasto para justificar su propuesta de reducción y congelamiento. Esto tiene varios problemas, 1) no será fácil porque se enfrentará al alto nivel de inflexibilidad o gastos comprometidos por Constitución y por ley y es aquí donde seguramente lo único que quede para recortar sean los programas sociales de @petrogustavo; 2), se corre el riesgo de reducir gastos importantes para el funcionamiento del aparato estatal, empezando así la reducción del tamaño del Estado y de la inversión pública.
En síntesis, si los buenos resultados económicos y sociales le producen guayabo al nuevo ministro, el problema no son los resultados; es el modelo de país que defiende y la evidente incomodidad que le genera la justicia social.
3⃣ Propone eliminación del impuesto al patrimonio
La primera propuesta tributaria del nuevo ministro consiste, precisamente, en aliviar la carga de quienes poseen los mayores patrimonios del país. Es evidente el poco interés que revelan para reducir la desigualdad.
Reducir la tributación sobre los grandes patrimonios implica trasladar el costo del ajuste fiscal hacia otras fuentes de financiamiento, ya sea mediante mayor endeudamiento, mayores impuestos indirectos o recortes del gasto público social.
La sostenibilidad fiscal debe construirse sobre el principio constitucional de progresividad, según el cual quienes poseen mayor capacidad económica deben realizar una contribución proporcionalmente mayor al financiamiento del Estado Social de Derecho.
4⃣ Revisarán los subsidios: riesgo de marchitamiento de la política social de @petrogustavo
El ministro delegado afirma que no eliminará los subsidios, sino que revisará la existencia de posibles "colados" dentro de los programas sociales. Parece más una excusa para marchitar la política social del gobierno progresista y quitarles ingresos a familias vulnerables.
Si bien es legítimo fortalecer los mecanismos de control para garantizar el buen uso de los recursos públicos, una estrategia centrada exclusivamente en identificar "colados" puede generar un efecto no deseado: aumentar los errores de exclusión y retirar de los programas sociales a personas y hogares que realmente cumplen las condiciones para ser beneficiarios.
El mayor riesgo de una política obsesionada con encontrar 'colados' es terminar dejando por fuera a quienes sí tienen derecho. En política social, excluir a un beneficiario legítimo también constituye una falla del Estado.
5⃣ Concibe el salario como un costo
Es propio del neoliberalismo y de la ortodoxia económica concebir el salario como un costo, negando que es un instrumento que sirve para redistribuir el ingreso y que contribuye al consumo y al impulso de la demanda.
El nuevo ministro sostiene que aumentar el salario genera problemas. Parece que no se ha percatado de las cifras de desempleo, informalidad, crecimiento del consumo de los hogares y de la demanda agregada.
Esto indica que no vendrán aumentos del salario mínimo más allá del reconocimiento de la inflación. Obviamente no aplicarán el criterio de salario vital, que es constitucional.
Conclusión
El diagnóstico presentado por el nuevo ministro de Hacienda enfatiza la disciplina fiscal y la reducción del gasto como principales respuestas a la situación económica del país; pero el verdadero debate no consiste en escoger entre responsabilidad fiscal y justicia social, ni entre déficit y justicia social. La verdadera discusión es quién paga el ajuste: los sectores de mayores ingresos mediante un sistema tributario progresivo o la ciudadanía mediante menos Estado, menos inversión pública y menos derechos.
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