![EstebanOrtizMD's tweet photo. Mañana son elecciones nuevamente en el Ecuador. He visto, como siempre, a los dos bandos hablar (y mentir) sobre los efectos de una Constituyente en salud o educación, y ninguno habla sobre la única manera seria de cambiar los resultados, que es haciendo énfasis real en prevención y promoción de salud. Hay tantas muertes y enfermedades evitables que es ridículo pensar que podemos seguir pagando; algo de eso hablaré después, pero, de lo que tengo memoria, desde tiempos de Plutarco Naranjo no se hace nada realmente bien en este tema. Ese es otro debate, pero mientras tanto:
Les vengo a explicar por qué sí debemos cambiar la Constitución en materia de salud, independientemente de si el mecanismo es Asamblea Constituyente, reforma parcial u otro. El problema central es el artículo 362, que establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos […] para diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. En la práctica, esta redacción impide cualquier esquema de copagos moderados y focalizados, incluso para personas con clara capacidad de pago.
Y no, no se asusten: esto no significa privatizar la salud; sería un error gravísimo al que me opongo al 100 %. Tampoco defiendo trasladar las competencias del IESS al MSP, a lo que también me opongo. Lo que planteo es que hoy, por diseño constitucional, es imposible implementar copagos regulados para quienes sí pueden pagarlos, como ocurre en sistemas universales sólidos (Reino Unido, países nórdicos, etc.). Antes de 2008, en Ecuador existían copagos simbólicos y progresivos (por ejemplo, USD 0,50 por consulta externa, valores bajos por cirugías complejas), con exención para niños, adultos mayores y personas sin capacidad de pago, o 20 dólares para una cirugía de aneurisma (que en el sector privado puede costar 10.000).
Cuando se revisan los datos en salud, en algunos de los principales indicadores no se observa un “salto” atribuible a la Constitución de 2008. La edad promedio al morir aumenta de forma continua tanto en hombres como en mujeres desde 1990; la mortalidad infantil desciende de manera sostenida; y la tasa de mortalidad hospitalaria mejora en los años noventa e inicios de los 2000, con un pico excepcional en 2020–2021 por COVID-19. La trayectoria ya venía mejorando antes de la gratuidad total y continúa después, sin un cambio de pendiente atribuible al nuevo texto constitucional. De igual forma, la distribución público–privado se mantiene relativamente estable, alrededor de 35–40 % de atenciones en el sector privado y 60–65 % en el público, sin evidencia de un desplazamiento masivo hacia la red estatal después de 2008.
Al mismo tiempo, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido, pero ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en ganancias proporcionales en años de vida ni en saltos cualitativos en los indicadores. La razón es sencilla: la salud es cada vez más cara. Los fármacos innovadores cuestan más, la tecnología diagnóstica y terapéutica es más compleja y costosa, y el manejo de enfermedades crónicas y de alta complejidad exige muchísimos recursos. Pretender que la respuesta a esta dinámica sea una gratuidad absoluta y permanente es desconocer la realidad económica del sistema.
A esto se suma la presión adicional de la migración reciente. Desde 2015, el uso del sistema de salud por parte de personas extranjeras ha aumentado de forma sostenida: en 2015 apenas el 1,0 % de todos los egresos hospitalarios (11.810 casos) correspondía a pacientes extranjeros; para 2019 esta proporción subió al 2,4 % (29.064 egresos) y, a pesar de la caída global de hospitalizaciones en 2020, la participación de extranjeros alcanzó el 2,6 % (23.240 casos). Entre 2021 y 2023 se mantiene alrededor del 2,2–2,5 %, con 25.778 egresos de personas extranjeras solo en 2023, y aproximadamente el 80 % de estos en el sector público. A lo largo del período analizado, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 0,7 % de todos los egresos, seguidos por colombianos (0,5 %), peruanos (0,1 %) y más de 120 nacionalidades adicionales. Ecuador ha sido un país que abre sus puertas, y eso es valioso; pero también es razonable discutir un pago anual moderado (por ejemplo, USD 50) para personas extranjeras que deseen acceso pleno al sistema público, con excepciones claras en casos de emergencia, pobreza y protección internacional.
En cuanto al financiamiento interno, las magnitudes son relevantes. Solo en hospitalizaciones, desde 2008 se han registrado alrededor de 18 millones de egresos. Si el 85 % de esos casos pagara un copago de apenas USD 10, se habrían generado aproximadamente USD 153 millones. Cada año, desde 2021, hay más de 18 millones de consultas en el sector público: un copago de USD 1 para quienes pueden pagarlo significaría unos USD 18 millones anuales. Con cerca de 700.000 radiografías al año, un copago de USD 2 aportaría alrededor de USD 1,4 millones. Si se añadiera un copago de USD 5 por receta en IESS y red pública (excluyendo explícitamente a niños, embarazadas y adultos mayores), el sistema podría captar del orden de USD 100 millones adicionales al año. En conjunto, copagos focalizados podrían acercarse a USD 200 millones anuales, recursos que permitirían a los hospitales financiar insumos, mantenimiento, talento humano y mejoras de calidad, además de introducir un componente de corresponsabilidad y uso racional de los servicios.
La evidencia es consistente: la gratuidad total no ha cambiado radicalmente la trayectoria de los indicadores de salud, pero sí ha vuelto más frágil la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto donde la medicina es objetivamente más costosa y la demanda —incluida la migrante— va en aumento. Seguir prometiendo gratuidad del 100 % para todo y para todos, sin ningún tipo de copago progresivo ni contribución adicional de quienes sí pueden pagar, no es una política responsable. Por eso, al menos en el ámbito de la salud, el texto constitucional debe reformarse para permitir esquemas de copago regulado y protector, compatibles con un sistema verdaderamente universal, sostenible y centrado en la prevención y la promoción de la salud.](https://pbs.twimg.com/media/G52A0UfWsAAWwlq.jpg)
![EstebanOrtizMD's tweet photo. Mañana son elecciones nuevamente en el Ecuador. He visto, como siempre, a los dos bandos hablar (y mentir) sobre los efectos de una Constituyente en salud o educación, y ninguno habla sobre la única manera seria de cambiar los resultados, que es haciendo énfasis real en prevención y promoción de salud. Hay tantas muertes y enfermedades evitables que es ridículo pensar que podemos seguir pagando; algo de eso hablaré después, pero, de lo que tengo memoria, desde tiempos de Plutarco Naranjo no se hace nada realmente bien en este tema. Ese es otro debate, pero mientras tanto:
Les vengo a explicar por qué sí debemos cambiar la Constitución en materia de salud, independientemente de si el mecanismo es Asamblea Constituyente, reforma parcial u otro. El problema central es el artículo 362, que establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos […] para diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. En la práctica, esta redacción impide cualquier esquema de copagos moderados y focalizados, incluso para personas con clara capacidad de pago.
Y no, no se asusten: esto no significa privatizar la salud; sería un error gravísimo al que me opongo al 100 %. Tampoco defiendo trasladar las competencias del IESS al MSP, a lo que también me opongo. Lo que planteo es que hoy, por diseño constitucional, es imposible implementar copagos regulados para quienes sí pueden pagarlos, como ocurre en sistemas universales sólidos (Reino Unido, países nórdicos, etc.). Antes de 2008, en Ecuador existían copagos simbólicos y progresivos (por ejemplo, USD 0,50 por consulta externa, valores bajos por cirugías complejas), con exención para niños, adultos mayores y personas sin capacidad de pago, o 20 dólares para una cirugía de aneurisma (que en el sector privado puede costar 10.000).
Cuando se revisan los datos en salud, en algunos de los principales indicadores no se observa un “salto” atribuible a la Constitución de 2008. La edad promedio al morir aumenta de forma continua tanto en hombres como en mujeres desde 1990; la mortalidad infantil desciende de manera sostenida; y la tasa de mortalidad hospitalaria mejora en los años noventa e inicios de los 2000, con un pico excepcional en 2020–2021 por COVID-19. La trayectoria ya venía mejorando antes de la gratuidad total y continúa después, sin un cambio de pendiente atribuible al nuevo texto constitucional. De igual forma, la distribución público–privado se mantiene relativamente estable, alrededor de 35–40 % de atenciones en el sector privado y 60–65 % en el público, sin evidencia de un desplazamiento masivo hacia la red estatal después de 2008.
Al mismo tiempo, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido, pero ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en ganancias proporcionales en años de vida ni en saltos cualitativos en los indicadores. La razón es sencilla: la salud es cada vez más cara. Los fármacos innovadores cuestan más, la tecnología diagnóstica y terapéutica es más compleja y costosa, y el manejo de enfermedades crónicas y de alta complejidad exige muchísimos recursos. Pretender que la respuesta a esta dinámica sea una gratuidad absoluta y permanente es desconocer la realidad económica del sistema.
A esto se suma la presión adicional de la migración reciente. Desde 2015, el uso del sistema de salud por parte de personas extranjeras ha aumentado de forma sostenida: en 2015 apenas el 1,0 % de todos los egresos hospitalarios (11.810 casos) correspondía a pacientes extranjeros; para 2019 esta proporción subió al 2,4 % (29.064 egresos) y, a pesar de la caída global de hospitalizaciones en 2020, la participación de extranjeros alcanzó el 2,6 % (23.240 casos). Entre 2021 y 2023 se mantiene alrededor del 2,2–2,5 %, con 25.778 egresos de personas extranjeras solo en 2023, y aproximadamente el 80 % de estos en el sector público. A lo largo del período analizado, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 0,7 % de todos los egresos, seguidos por colombianos (0,5 %), peruanos (0,1 %) y más de 120 nacionalidades adicionales. Ecuador ha sido un país que abre sus puertas, y eso es valioso; pero también es razonable discutir un pago anual moderado (por ejemplo, USD 50) para personas extranjeras que deseen acceso pleno al sistema público, con excepciones claras en casos de emergencia, pobreza y protección internacional.
En cuanto al financiamiento interno, las magnitudes son relevantes. Solo en hospitalizaciones, desde 2008 se han registrado alrededor de 18 millones de egresos. Si el 85 % de esos casos pagara un copago de apenas USD 10, se habrían generado aproximadamente USD 153 millones. Cada año, desde 2021, hay más de 18 millones de consultas en el sector público: un copago de USD 1 para quienes pueden pagarlo significaría unos USD 18 millones anuales. Con cerca de 700.000 radiografías al año, un copago de USD 2 aportaría alrededor de USD 1,4 millones. Si se añadiera un copago de USD 5 por receta en IESS y red pública (excluyendo explícitamente a niños, embarazadas y adultos mayores), el sistema podría captar del orden de USD 100 millones adicionales al año. En conjunto, copagos focalizados podrían acercarse a USD 200 millones anuales, recursos que permitirían a los hospitales financiar insumos, mantenimiento, talento humano y mejoras de calidad, además de introducir un componente de corresponsabilidad y uso racional de los servicios.
La evidencia es consistente: la gratuidad total no ha cambiado radicalmente la trayectoria de los indicadores de salud, pero sí ha vuelto más frágil la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto donde la medicina es objetivamente más costosa y la demanda —incluida la migrante— va en aumento. Seguir prometiendo gratuidad del 100 % para todo y para todos, sin ningún tipo de copago progresivo ni contribución adicional de quienes sí pueden pagar, no es una política responsable. Por eso, al menos en el ámbito de la salud, el texto constitucional debe reformarse para permitir esquemas de copago regulado y protector, compatibles con un sistema verdaderamente universal, sostenible y centrado en la prevención y la promoción de la salud.](https://pbs.twimg.com/media/G52A0UdXgAArih2.jpg)
![EstebanOrtizMD's tweet photo. Mañana son elecciones nuevamente en el Ecuador. He visto, como siempre, a los dos bandos hablar (y mentir) sobre los efectos de una Constituyente en salud o educación, y ninguno habla sobre la única manera seria de cambiar los resultados, que es haciendo énfasis real en prevención y promoción de salud. Hay tantas muertes y enfermedades evitables que es ridículo pensar que podemos seguir pagando; algo de eso hablaré después, pero, de lo que tengo memoria, desde tiempos de Plutarco Naranjo no se hace nada realmente bien en este tema. Ese es otro debate, pero mientras tanto:
Les vengo a explicar por qué sí debemos cambiar la Constitución en materia de salud, independientemente de si el mecanismo es Asamblea Constituyente, reforma parcial u otro. El problema central es el artículo 362, que establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos […] para diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. En la práctica, esta redacción impide cualquier esquema de copagos moderados y focalizados, incluso para personas con clara capacidad de pago.
Y no, no se asusten: esto no significa privatizar la salud; sería un error gravísimo al que me opongo al 100 %. Tampoco defiendo trasladar las competencias del IESS al MSP, a lo que también me opongo. Lo que planteo es que hoy, por diseño constitucional, es imposible implementar copagos regulados para quienes sí pueden pagarlos, como ocurre en sistemas universales sólidos (Reino Unido, países nórdicos, etc.). Antes de 2008, en Ecuador existían copagos simbólicos y progresivos (por ejemplo, USD 0,50 por consulta externa, valores bajos por cirugías complejas), con exención para niños, adultos mayores y personas sin capacidad de pago, o 20 dólares para una cirugía de aneurisma (que en el sector privado puede costar 10.000).
Cuando se revisan los datos en salud, en algunos de los principales indicadores no se observa un “salto” atribuible a la Constitución de 2008. La edad promedio al morir aumenta de forma continua tanto en hombres como en mujeres desde 1990; la mortalidad infantil desciende de manera sostenida; y la tasa de mortalidad hospitalaria mejora en los años noventa e inicios de los 2000, con un pico excepcional en 2020–2021 por COVID-19. La trayectoria ya venía mejorando antes de la gratuidad total y continúa después, sin un cambio de pendiente atribuible al nuevo texto constitucional. De igual forma, la distribución público–privado se mantiene relativamente estable, alrededor de 35–40 % de atenciones en el sector privado y 60–65 % en el público, sin evidencia de un desplazamiento masivo hacia la red estatal después de 2008.
Al mismo tiempo, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido, pero ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en ganancias proporcionales en años de vida ni en saltos cualitativos en los indicadores. La razón es sencilla: la salud es cada vez más cara. Los fármacos innovadores cuestan más, la tecnología diagnóstica y terapéutica es más compleja y costosa, y el manejo de enfermedades crónicas y de alta complejidad exige muchísimos recursos. Pretender que la respuesta a esta dinámica sea una gratuidad absoluta y permanente es desconocer la realidad económica del sistema.
A esto se suma la presión adicional de la migración reciente. Desde 2015, el uso del sistema de salud por parte de personas extranjeras ha aumentado de forma sostenida: en 2015 apenas el 1,0 % de todos los egresos hospitalarios (11.810 casos) correspondía a pacientes extranjeros; para 2019 esta proporción subió al 2,4 % (29.064 egresos) y, a pesar de la caída global de hospitalizaciones en 2020, la participación de extranjeros alcanzó el 2,6 % (23.240 casos). Entre 2021 y 2023 se mantiene alrededor del 2,2–2,5 %, con 25.778 egresos de personas extranjeras solo en 2023, y aproximadamente el 80 % de estos en el sector público. A lo largo del período analizado, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 0,7 % de todos los egresos, seguidos por colombianos (0,5 %), peruanos (0,1 %) y más de 120 nacionalidades adicionales. Ecuador ha sido un país que abre sus puertas, y eso es valioso; pero también es razonable discutir un pago anual moderado (por ejemplo, USD 50) para personas extranjeras que deseen acceso pleno al sistema público, con excepciones claras en casos de emergencia, pobreza y protección internacional.
En cuanto al financiamiento interno, las magnitudes son relevantes. Solo en hospitalizaciones, desde 2008 se han registrado alrededor de 18 millones de egresos. Si el 85 % de esos casos pagara un copago de apenas USD 10, se habrían generado aproximadamente USD 153 millones. Cada año, desde 2021, hay más de 18 millones de consultas en el sector público: un copago de USD 1 para quienes pueden pagarlo significaría unos USD 18 millones anuales. Con cerca de 700.000 radiografías al año, un copago de USD 2 aportaría alrededor de USD 1,4 millones. Si se añadiera un copago de USD 5 por receta en IESS y red pública (excluyendo explícitamente a niños, embarazadas y adultos mayores), el sistema podría captar del orden de USD 100 millones adicionales al año. En conjunto, copagos focalizados podrían acercarse a USD 200 millones anuales, recursos que permitirían a los hospitales financiar insumos, mantenimiento, talento humano y mejoras de calidad, además de introducir un componente de corresponsabilidad y uso racional de los servicios.
La evidencia es consistente: la gratuidad total no ha cambiado radicalmente la trayectoria de los indicadores de salud, pero sí ha vuelto más frágil la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto donde la medicina es objetivamente más costosa y la demanda —incluida la migrante— va en aumento. Seguir prometiendo gratuidad del 100 % para todo y para todos, sin ningún tipo de copago progresivo ni contribución adicional de quienes sí pueden pagar, no es una política responsable. Por eso, al menos en el ámbito de la salud, el texto constitucional debe reformarse para permitir esquemas de copago regulado y protector, compatibles con un sistema verdaderamente universal, sostenible y centrado en la prevención y la promoción de la salud.](https://pbs.twimg.com/media/G52A0UaWIAAn527.jpg)
Olivia
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Dr. Batman
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@Salvadorhs10 @Chekomariscal @Volkswagen_MX Por que sospechas de falla del soporte del motor del lado izquierdo?
@TendenciasDepor Fuente:Arial 12
Tienes derecho de putear a Noboa, pero no a costa de defender a Correa.
Ese rato, tu protesta queda nula.
🚨 JAMÁS olviden los nombres de los Asambleístas que no estuvieron de acuerdo con la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. ¡JAMÁS!
Esa es la gente que está vinculada con el #CrimenOrganizado. Esa es la gente que prefiere que sigan existiendo índices de muertos cada 100k habitantes, antes que arreglar al #Ecuador.
Esa es la gente que te dice “vamos a luchar por los pobres”, pero les vale un culo que a ustedes, pobres, los maten en las calles. Mientras ellos siguen sosteniendo un discurso de “soberanía”.
¿Qué soberanía va a existir, cuando los #Delincuentes los hayan matado A TODOS?
¿Qué soberanía va a existir, cuando los #GDO hayan reclutado a todos los jóvenes y niños, para que pasen a formar parte de las filas del #Narcotrafico, y posterior a eso sean parte de los índices que llenan las Funerarias?
¿De qué soberanía hablan?
Son la ESCORIA de la Política... Son la BASURA MAS GRANDE que ha tenido este hermoso país.
Y pensar que fueron poder... 🤦🏻♂️🙄
¿Entienden por qué estamos donde estamos?.
Esa gente cree que hay que tratarlos como a “personas”, a esos que MATAN a tus hermanos, a tus hijos. VIOLAN a tus esposas, hijas o hermanas. SECUESTRAN a tus seres queridos...
Piden “respeto” a ESOS que no respetan tus #DDHH, pero cuando están ahí, jodidos, claman por los suyos... ESOS que deberían ser tratados como lo que son... ¡ANIMALES!
Pero estos 58 nombres que aparecen aquí, son los DIRECTAMENTE RESPONSABLES de que TÚ no tengas seguridad, #Borrego Gil... 😉
El #Correismo se caga en TUS DERECHOS, mientras los aplaudes y defiendes. 🤡 🤡 🤡
#Socialistas 🙄
🧵 5.
Hay que parar la fábrica de médicos desempleados. Y esto implica que las Universidades PAREN de matricular alumnos en sus 34 facultades de medicina a nivel nacional.
Y sí, eso implica que dejen su jugoso negocio a un lado.
Antes que sus intereses comerciales, tienen que pensar en el futuro de los 41 mil médicos que hoy no tienen empleo y en los 40 mil estudiantes que hoy están en sus aulas y mañana tampoco tendrán empleo.
La Academia está obligada a estudiar la realidad del país y a plantear soluciones. No pueden seguir siendo parte del problema.
Hoy su fábrica de médicos es parte de la crisis de la salud.
¿Qué dice el CES?
Hasta ahora nada.
Toda esta dura realidad se la contaron un grupo de médicos ecuatorianos en una carta enviada la semana anterior y que hasta ahora no tiene respuesta.
#ParenLaFabricaDeMédicos
@Salud_Ec
@ces_ec
@DanielNoboaOk
@daandina ¡Increíble! Es como que a los médicos
fuera de España no les enseñan desde PRIMER AÑO de carrera que tienen que hacer el MIR, como si desde el cuarto año no tienen academias ofreciéndoles cursos, ni que se puedan dedicar todo un año a estudiar y no trabajar... Que sorpresa.
@DerechaDiarioEC Más indignante es que teniendo la oportunidad de cambiar todo esto en las urnas con la constituyente el pueblo haya dicho NO el 16 de noviembre.
Bien dijo Lenín Moreno "Como quisiera un mejor PUEBLO"
Cuando un ciudadano comun y corriente decide dejar su ciudady aceptar un trabajo en otra NO EXISTE COMPENSACION POR VIVIENDA, debe pagar la misma de sus ingresos. Si quieres ser Asambleita sabes que debes vivir en Quito. Si te pagan sobre los 4 mil dólares lo justo es que de esos ingresos saques para pagar tu vivienda, Trabajas solo de Martes a Jueves y haces que te paguen 1500 adicionales por vivienda mientras nop hay ni paracetamol en los hospitales. Entoces ya no eres asambleista ERES UN PARASITO MISERABLE QUE LE CHUPA LA SANGRE A UN PAIS QUE YA ESTA EN LA MISERIA. DAN ASCO
A ver señores: nada de que "Noboa suspendió a la RC." Déjense de estupideces: la RC se suspendió así misma el día que comenzaron a hacer tratos por debajo de la mesa pasándose la ley por el 🍑 Es decir: desde siempre. Esto se veía venir desde el inicio del Correismo 👊
@politicsecu Pero como 😮 si a mi me dijeron que fiaba la cola en la tienda de la esquina... Esto debe ser un error... Ese dinero es de juguete.. Ellos como organización no tienen ni para la gasolina 🤣🤣🤣
🚨 DEJEN DE ATACAR A GABRIELA RIVADENEIRA 😠
La atacan por rumores de que es "lesbiana".
Señores, a quién le importa eso?
Si la vamos a atacar, que sea porque:
1) se dió a la fuga cómo una cobarde a penas tuvo la oportunidad, con la ayuda de la embajada de México en el 2019.
2) porque se hace "revolucionaria socialista" pero se compró una casa de $250,000 usd.
3) porque dijo que si no eres pobre, te puedes ir a comer un pastel de 💩 de vaca.
4) porqué defendió a la dictadura de Nicolás Maduro y los Castro en Cuba.
Eso es lo que cuenta. Si es "lesbiana" o no, no debería interesarle a nadie. Lo que importa son sus acciones de lacra Correista.
No perdamos la oportunidad de caerles a los Correistas donde les duele. Y su pasado, sus acciones y sus hipocresías, es lo que más les duele.
Ahí tenemos que darles duro, hasta que no se puedan levantar 👊😌
Cuándo sientan pena por Glas recuerden que el muy santo cuenta con sentencias ejecutoriadas, pruebas, audios, contratos amañados y millones perdidos. Aun así, el correísmo insiste en venderlo como “inocente” y “perseguido”.🤐
Arduino Tomasi (@ArduinoTomasi2) disecciona por qué la desafiliación de Marcela Aguiñaga del correísmo podría ser el primer caso ecuatoriano de "opoficción": esa táctica chavista donde una estructura político-criminal en estado de descomposición avanzada orquesta antagonismos internos para fabricar su propia oposición controlada, expandir espacios electorales y capturar el voto de los desencantados.
📖 Lee el análisis completo aquí: https://t.co/6ChxoyovCe
🧐¿La opoficción ya llegó a Ecuador?
Cuando un sistema político fabrica su propia “oposición”, no está cediendo poder: está asegurando su permanencia.
🎭 El caso de Marcela Aguiñaga no es una ruptura.
Es un guion.
Un reciclaje.
Una operación.
👀Lee el análisis completo escrito por @ArduinoTomasi2 en 👉 https://t.co/6ChxoynXMG
El plan de Marcela Aguiñaga es alejarse de Rafael Correa para luego lanzarse de candidata a la Presidencia y verse como independiente para ver si rascar más votos, ellos saben que el tope solo es de 45%, para luego traerse el prófugo están cambiando de formula.
No coma cuento.
Mañana son elecciones nuevamente en el Ecuador. He visto, como siempre, a los dos bandos hablar (y mentir) sobre los efectos de una Constituyente en salud o educación, y ninguno habla sobre la única manera seria de cambiar los resultados, que es haciendo énfasis real en prevención y promoción de salud. Hay tantas muertes y enfermedades evitables que es ridículo pensar que podemos seguir pagando; algo de eso hablaré después, pero, de lo que tengo memoria, desde tiempos de Plutarco Naranjo no se hace nada realmente bien en este tema. Ese es otro debate, pero mientras tanto:
Les vengo a explicar por qué sí debemos cambiar la Constitución en materia de salud, independientemente de si el mecanismo es Asamblea Constituyente, reforma parcial u otro. El problema central es el artículo 362, que establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos […] para diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. En la práctica, esta redacción impide cualquier esquema de copagos moderados y focalizados, incluso para personas con clara capacidad de pago.
Y no, no se asusten: esto no significa privatizar la salud; sería un error gravísimo al que me opongo al 100 %. Tampoco defiendo trasladar las competencias del IESS al MSP, a lo que también me opongo. Lo que planteo es que hoy, por diseño constitucional, es imposible implementar copagos regulados para quienes sí pueden pagarlos, como ocurre en sistemas universales sólidos (Reino Unido, países nórdicos, etc.). Antes de 2008, en Ecuador existían copagos simbólicos y progresivos (por ejemplo, USD 0,50 por consulta externa, valores bajos por cirugías complejas), con exención para niños, adultos mayores y personas sin capacidad de pago, o 20 dólares para una cirugía de aneurisma (que en el sector privado puede costar 10.000).
Cuando se revisan los datos en salud, en algunos de los principales indicadores no se observa un “salto” atribuible a la Constitución de 2008. La edad promedio al morir aumenta de forma continua tanto en hombres como en mujeres desde 1990; la mortalidad infantil desciende de manera sostenida; y la tasa de mortalidad hospitalaria mejora en los años noventa e inicios de los 2000, con un pico excepcional en 2020–2021 por COVID-19. La trayectoria ya venía mejorando antes de la gratuidad total y continúa después, sin un cambio de pendiente atribuible al nuevo texto constitucional. De igual forma, la distribución público–privado se mantiene relativamente estable, alrededor de 35–40 % de atenciones en el sector privado y 60–65 % en el público, sin evidencia de un desplazamiento masivo hacia la red estatal después de 2008.
Al mismo tiempo, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido, pero ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en ganancias proporcionales en años de vida ni en saltos cualitativos en los indicadores. La razón es sencilla: la salud es cada vez más cara. Los fármacos innovadores cuestan más, la tecnología diagnóstica y terapéutica es más compleja y costosa, y el manejo de enfermedades crónicas y de alta complejidad exige muchísimos recursos. Pretender que la respuesta a esta dinámica sea una gratuidad absoluta y permanente es desconocer la realidad económica del sistema.
A esto se suma la presión adicional de la migración reciente. Desde 2015, el uso del sistema de salud por parte de personas extranjeras ha aumentado de forma sostenida: en 2015 apenas el 1,0 % de todos los egresos hospitalarios (11.810 casos) correspondía a pacientes extranjeros; para 2019 esta proporción subió al 2,4 % (29.064 egresos) y, a pesar de la caída global de hospitalizaciones en 2020, la participación de extranjeros alcanzó el 2,6 % (23.240 casos). Entre 2021 y 2023 se mantiene alrededor del 2,2–2,5 %, con 25.778 egresos de personas extranjeras solo en 2023, y aproximadamente el 80 % de estos en el sector público. A lo largo del período analizado, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 0,7 % de todos los egresos, seguidos por colombianos (0,5 %), peruanos (0,1 %) y más de 120 nacionalidades adicionales. Ecuador ha sido un país que abre sus puertas, y eso es valioso; pero también es razonable discutir un pago anual moderado (por ejemplo, USD 50) para personas extranjeras que deseen acceso pleno al sistema público, con excepciones claras en casos de emergencia, pobreza y protección internacional.
En cuanto al financiamiento interno, las magnitudes son relevantes. Solo en hospitalizaciones, desde 2008 se han registrado alrededor de 18 millones de egresos. Si el 85 % de esos casos pagara un copago de apenas USD 10, se habrían generado aproximadamente USD 153 millones. Cada año, desde 2021, hay más de 18 millones de consultas en el sector público: un copago de USD 1 para quienes pueden pagarlo significaría unos USD 18 millones anuales. Con cerca de 700.000 radiografías al año, un copago de USD 2 aportaría alrededor de USD 1,4 millones. Si se añadiera un copago de USD 5 por receta en IESS y red pública (excluyendo explícitamente a niños, embarazadas y adultos mayores), el sistema podría captar del orden de USD 100 millones adicionales al año. En conjunto, copagos focalizados podrían acercarse a USD 200 millones anuales, recursos que permitirían a los hospitales financiar insumos, mantenimiento, talento humano y mejoras de calidad, además de introducir un componente de corresponsabilidad y uso racional de los servicios.
La evidencia es consistente: la gratuidad total no ha cambiado radicalmente la trayectoria de los indicadores de salud, pero sí ha vuelto más frágil la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto donde la medicina es objetivamente más costosa y la demanda —incluida la migrante— va en aumento. Seguir prometiendo gratuidad del 100 % para todo y para todos, sin ningún tipo de copago progresivo ni contribución adicional de quienes sí pueden pagar, no es una política responsable. Por eso, al menos en el ámbito de la salud, el texto constitucional debe reformarse para permitir esquemas de copago regulado y protector, compatibles con un sistema verdaderamente universal, sostenible y centrado en la prevención y la promoción de la salud.
![EstebanOrtizMD's tweet photo. Mañana son elecciones nuevamente en el Ecuador. He visto, como siempre, a los dos bandos hablar (y mentir) sobre los efectos de una Constituyente en salud o educación, y ninguno habla sobre la única manera seria de cambiar los resultados, que es haciendo énfasis real en prevención y promoción de salud. Hay tantas muertes y enfermedades evitables que es ridículo pensar que podemos seguir pagando; algo de eso hablaré después, pero, de lo que tengo memoria, desde tiempos de Plutarco Naranjo no se hace nada realmente bien en este tema. Ese es otro debate, pero mientras tanto:
Les vengo a explicar por qué sí debemos cambiar la Constitución en materia de salud, independientemente de si el mecanismo es Asamblea Constituyente, reforma parcial u otro. El problema central es el artículo 362, que establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos […] para diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios”. En la práctica, esta redacción impide cualquier esquema de copagos moderados y focalizados, incluso para personas con clara capacidad de pago.
Y no, no se asusten: esto no significa privatizar la salud; sería un error gravísimo al que me opongo al 100 %. Tampoco defiendo trasladar las competencias del IESS al MSP, a lo que también me opongo. Lo que planteo es que hoy, por diseño constitucional, es imposible implementar copagos regulados para quienes sí pueden pagarlos, como ocurre en sistemas universales sólidos (Reino Unido, países nórdicos, etc.). Antes de 2008, en Ecuador existían copagos simbólicos y progresivos (por ejemplo, USD 0,50 por consulta externa, valores bajos por cirugías complejas), con exención para niños, adultos mayores y personas sin capacidad de pago, o 20 dólares para una cirugía de aneurisma (que en el sector privado puede costar 10.000).
Cuando se revisan los datos en salud, en algunos de los principales indicadores no se observa un “salto” atribuible a la Constitución de 2008. La edad promedio al morir aumenta de forma continua tanto en hombres como en mujeres desde 1990; la mortalidad infantil desciende de manera sostenida; y la tasa de mortalidad hospitalaria mejora en los años noventa e inicios de los 2000, con un pico excepcional en 2020–2021 por COVID-19. La trayectoria ya venía mejorando antes de la gratuidad total y continúa después, sin un cambio de pendiente atribuible al nuevo texto constitucional. De igual forma, la distribución público–privado se mantiene relativamente estable, alrededor de 35–40 % de atenciones en el sector privado y 60–65 % en el público, sin evidencia de un desplazamiento masivo hacia la red estatal después de 2008.
Al mismo tiempo, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha crecido, pero ese mayor esfuerzo fiscal no se traduce en ganancias proporcionales en años de vida ni en saltos cualitativos en los indicadores. La razón es sencilla: la salud es cada vez más cara. Los fármacos innovadores cuestan más, la tecnología diagnóstica y terapéutica es más compleja y costosa, y el manejo de enfermedades crónicas y de alta complejidad exige muchísimos recursos. Pretender que la respuesta a esta dinámica sea una gratuidad absoluta y permanente es desconocer la realidad económica del sistema.
A esto se suma la presión adicional de la migración reciente. Desde 2015, el uso del sistema de salud por parte de personas extranjeras ha aumentado de forma sostenida: en 2015 apenas el 1,0 % de todos los egresos hospitalarios (11.810 casos) correspondía a pacientes extranjeros; para 2019 esta proporción subió al 2,4 % (29.064 egresos) y, a pesar de la caída global de hospitalizaciones en 2020, la participación de extranjeros alcanzó el 2,6 % (23.240 casos). Entre 2021 y 2023 se mantiene alrededor del 2,2–2,5 %, con 25.778 egresos de personas extranjeras solo en 2023, y aproximadamente el 80 % de estos en el sector público. A lo largo del período analizado, los migrantes venezolanos aportan alrededor del 0,7 % de todos los egresos, seguidos por colombianos (0,5 %), peruanos (0,1 %) y más de 120 nacionalidades adicionales. Ecuador ha sido un país que abre sus puertas, y eso es valioso; pero también es razonable discutir un pago anual moderado (por ejemplo, USD 50) para personas extranjeras que deseen acceso pleno al sistema público, con excepciones claras en casos de emergencia, pobreza y protección internacional.
En cuanto al financiamiento interno, las magnitudes son relevantes. Solo en hospitalizaciones, desde 2008 se han registrado alrededor de 18 millones de egresos. Si el 85 % de esos casos pagara un copago de apenas USD 10, se habrían generado aproximadamente USD 153 millones. Cada año, desde 2021, hay más de 18 millones de consultas en el sector público: un copago de USD 1 para quienes pueden pagarlo significaría unos USD 18 millones anuales. Con cerca de 700.000 radiografías al año, un copago de USD 2 aportaría alrededor de USD 1,4 millones. Si se añadiera un copago de USD 5 por receta en IESS y red pública (excluyendo explícitamente a niños, embarazadas y adultos mayores), el sistema podría captar del orden de USD 100 millones adicionales al año. En conjunto, copagos focalizados podrían acercarse a USD 200 millones anuales, recursos que permitirían a los hospitales financiar insumos, mantenimiento, talento humano y mejoras de calidad, además de introducir un componente de corresponsabilidad y uso racional de los servicios.
La evidencia es consistente: la gratuidad total no ha cambiado radicalmente la trayectoria de los indicadores de salud, pero sí ha vuelto más frágil la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto donde la medicina es objetivamente más costosa y la demanda —incluida la migrante— va en aumento. Seguir prometiendo gratuidad del 100 % para todo y para todos, sin ningún tipo de copago progresivo ni contribución adicional de quienes sí pueden pagar, no es una política responsable. Por eso, al menos en el ámbito de la salud, el texto constitucional debe reformarse para permitir esquemas de copago regulado y protector, compatibles con un sistema verdaderamente universal, sostenible y centrado en la prevención y la promoción de la salud.](https://pbs.twimg.com/media/G52A0VZXcAAaKcA.jpg)
Exigen que los militares vayan a combatir a los terroristas sin pasamontañas, perfectamente identificados con su nombre bien visible y si es posible que den a conocer hasta la dirección del domicilio, ah pero a los criminales cuidadito y vayan a exhibirlos o a publicarles el nombre completo porque pobrecitos sus derechos.
@JuanitoSay Fuente: Miami me lo confirmó 🤣
#NoTeConozcoJose 😅😅😅😅😅
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